Jose Ángel Cortéz Benites
Expediente 660/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/10/2018
Partes del expediente
- Jose Ángel Cortéz Benites
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el dos de octubre del año en curso y anexos al mismo (fojas 125 a 126), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, comunicó la forma en que la aludida responsable informo dar cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso José Ángel Cortes Benítes. Mediante proveído de cuatro de octubre de la presente anualidad (foja 130), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se personalmente notificó a la parte quejosa, el cinco de octubre actual (foja 131), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el doce de junio de dos mil dieciocho (fojas 57 a 78), en el que se determinó, por una parte sobreseer en el presente juicio y, por otra, conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, para los efectos siguientes: "a) Los artículos 23, fracción IV, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo 30121087 emitido por la oficina recaudadora de rentas de Jala, Nayarit el cuatro de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Desincorporar a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en el presente y en el futuro. B).- Devolver al quejoso las contribuciones erogadas por este, con fundamento en las disposiciones anteriores. C).- Finalmente, la cantidad remanente a devolver debe ser actualizada. Luego, a través del oficio DJC/5505/2018, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el dos de octubre del presente año (foja 125), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó copia simple del reporte de Transferencia SPEI, (foja 126), que contiene la suma de la cantidad erogada y su actualización correspondiente,. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió la cantidad de $18,497.50 (dieciocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos con cincuenta centavos moneda nacional), que corresponde al monto erogado por la parte quejosa con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en cuatro de abril de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el dos de octubre dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 126), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a septiembre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre entre el índice para el mes de marzo de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436 y para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.76200; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $18,313.43 (dieciocho mil trecientos trece pesos 43/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $0.00 (cero pesos 00/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $18,313.43 (dieciocho mil trecientos trece pesos 43/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $18,497.50 (dieciocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos 50/00 moneda nacional), es decir hay un excedente de $184.07 (ciento ochenta y cuatro pesos con siete centavos moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, por una parte se SOBRESEYÓ y, por otra, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el dos de octubre del año en curso y anexos al mismo (fojas 125 a 126), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, comunicó la forma en que la aludida responsable informo dar cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso José Ángel Cortes Benítes. Mediante proveído de cuatro de octubre de la presente anualidad (foja 130), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se personalmente notificó a la parte quejosa, el cinco de octubre actual (foja 131), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el doce de junio de dos mil dieciocho (fojas 57 a 78), en el que se determinó, por una parte sobreseer en el presente juicio y, por otra, conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, para los efectos siguientes: "a) Los artículos 23, fracción IV, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo 30121087 emitido por la oficina recaudadora de rentas de Jala, Nayarit el cuatro de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho al quejoso; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Desincorporar a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 del mismo ordenamiento legal, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en el presente y en el futuro. B).- Devolver al quejoso las contribuciones erogadas por este, con fundamento en las disposiciones anteriores. C).- Finalmente, la cantidad remanente a devolver debe ser actualizada. Luego, a través del oficio DJC/5505/2018, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el dos de octubre del presente año (foja 125), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó copia simple del reporte de Transferencia SPEI, (foja 126), que contiene la suma de la cantidad erogada y su actualización correspondiente,. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió la cantidad de $18,497.50 (dieciocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos con cincuenta centavos moneda nacional), que corresponde al monto erogado por la parte quejosa con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en cuatro de abril de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el dos de octubre dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 126), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a septiembre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre entre el índice para el mes de marzo de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436 y para el mes de septiembre de dos mil dieciocho fue de 100.917, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.76200; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $18,313.43 (dieciocho mil trecientos trece pesos 43/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $0.00 (cero pesos 00/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de $18,313.43 (dieciocho mil trecientos trece pesos 43/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $18,497.50 (dieciocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos 50/00 moneda nacional), es decir hay un excedente de $184.07 (ciento ochenta y cuatro pesos con siete centavos moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, por una parte se SOBRESEYÓ y, por otra, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta suscrito por **, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector concedido, remite el comprobante de transferencia bancaria por la cantidad de $18,497.50 (dieciocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos 50/100 moneda nacional), a favor del promovente del amparo. En consecuencia, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el comunicado de mérito y anexo que acompaña, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, con apercibimiento de que en caso de no hacer expresión alguna al respecto, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos, se hará pronunciamiento en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Finalmente, téngase por recibido el escrito signado por Mario Iván García Ávila, autorizado en términos amplios de la parte quejosa y anexos que acompaña, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en veintiuno de septiembre pasado, remite copia simple de su credencial de elector y de un estado de cuenta relativo a una cuenta bancaria registrada a su nombre, a efecto de que dicha información sea proporcionada al recaudador responsable y éste a su vez se encuentre en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos; sin embargo, agréguese al presente juicio únicamente para que obre como legalmente corresponda, toda vez que la finalidad de dicha información era para que la autoridad responsable realizara la transferencia bancaria respectiva, con la cual devolvería al quejoso la cantidad que erogó con motivo de la aplicación de los normativos reclamados en la presente instancia constitucional, lo cual ya aconteció, según se advierte de párrafos que anteceden.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por ***, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual, en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo, informa que giró el comunicado DJC/5232/2018, al Director General de Tesorería, a efecto de que éste realice la transferencia electrónica a la parte quejosa; en consecuencia, agréguense a sus autos el comunicado de mérito y documental adjunta al mismo, para los efectos legales correspondientes; en la inteligencia de que éste Juzgado Federal quedará a la espera del cumplimiento total al fallo protector.
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