José Ángel Cobos Farias

Expediente 407/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
407/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • José Ángel Cobos Farias

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el catorce de junio de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.

  2. Principal

    Vista la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por José Ángel Cobos Farias; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 407/2021-V, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Previamente a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, es necesario invocar el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto de mérito se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio...De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Congruente con ello, se advierte la actualización de la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, que son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior es así en razón de que de la lectura integra de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La omisión por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en hacer entrega de las copias certificadas de los autos del expediente del juicio ordinario civil número 499/2018/I, sin que hasta el momento recaiga auto de promoción del escrito signado por este quejoso, de fecha 24 de febrero del 2021, presentado ante el Juzgado Segundo por la licenciada Marlene Seba, en fecha 20 de mayo del 2021 Esto es, la omisión de dictar acuerdo al escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintiuno ante el Juzgado responsable, en el cual solicitó copias certificadas del expediente 499/2018/I, juicio ordinario civil, según se constata con los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad indicó el quejoso en su escrito de demanda. Sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticinco de mayo de dos mil veintiuno) no se ha actualizado una dilación excesiva por parte de la autoridad responsable que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que hiciera procedente el juicio de amparo indirecto. Así, en la especie, el impetrante de amparo combate actos vinculados con el derecho de petición, en ese sentido, debe hacerse hincapié que el artículo 8° constitucional establece que el titular de ese derecho es el gobernado en general y se concibe como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera. El Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve. Mismo que debe hacerse de su conocimiento en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional, y para la correcta observancia de la ley, esto es, que se les administre justicia por los tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación. Lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. Así las cosas, se considera que el acto combatido tiene el carácter de una violación procesal, esto es, no es de imposible reparación, al versar en la omisión del Juez Segundo de Primera Instancia, del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, de proveer el escrito de la parte quejosa en donde solicita se le otorguen copias certificadas del expediente 499/2018/I, juicio ordinario civil. Conforme a ello, es importante precisar que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna y, en el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente basado en un "derecho de petición" de índole procedimental relativo a la omisión de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud del quejoso de expedirle copias certificadas. Por lo que así planteado el reclamo, la acción de amparo deviene improcedente. El criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. A menos que se advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Hipótesis esta última que no se da en la especie, pues el término genérico con el que cuenta la responsable para proveer una promoción es de tres días para los autos y de veinticuatro horas para decretos, en atención a lo señalado por el numeral 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz; destacándose que entre la fecha de presentación de la promoción, cuya omisión de acordarse constituye el acto reclamado (veinte de mayo de dos mil veintiuno) y la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa (veinticinco de mayo de dos mil veintiuno), únicamente han transcurrido dos días hábiles, esto es, el veintiuno y veinticuatro de mayo del año en curso, con descuento de los días veintidós y veintitrés de mayo de esta anualidad por haber sido sábado y domingo y por tanto inhábiles, en términos del artículo 44 de la citada legislación procesal civil del estado; por tanto, resulta evidente que no existe una abierta dilación del procedimiento, menos aún su total paralización. Incluso en la diversa materia laboral la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia donde cataloga como abierta dilación solo un periodo mayor a cuarenta y cinco días naturales sin actuación... Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por José Ángel Cobos Farías, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia...

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