José Ángel Cervantes Monzalbez

Expediente 466/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
466/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • José Ángel Cervantes Monzalbez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    diecisiete de octubre de dos mil veintidós SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 466/2022 RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y turnado ese mismo día a éste órgano jurisdiccional, la parte quejosa JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 1-14). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós (fojas 15-19) se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo, solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a la tercera interesada Martha Isabel Campos Juárez misma que fue emplazada el uno de junio de dos mil veintidós (foja 80). Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en Veracruz, Veracruz (fojas 26-72). Por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintidós, dada la naturaleza del acto reclamado y que en el juicio de origen la contienda versa sobre la convivencia de un menor de edad, resulta evidente que existe un claro conflicto de intereses para el promovente del presente juicio de amparo JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ y la progenitora del infante por lo que se ordenó la designación de un representante especial para el menor de identidad reservada y se ordenó girar oficio al Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judiatura Federal con residencia en Veracruz, Veracruz a fin de que designara un representante para el menor (fojas 85-86). Mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Titular de la Delegación Veracruz del Instituto Federal Defensoría Pública con sede en Veracruz, Veracruz designando a la Asesora Jurídica Maribel Galicia Siles como representante del menor quejoso de identidad reservada (fojas 90-93). Por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la asesora jurídica Maribel Galicia Siles, aceptando el cargo de representante del menor de identidad reservada (fojas 103-107). Asimismo se hace constar que la tercera interesada no se apersonó a juicio. Por lo que, una vez que se encontró integrado el juicio de garantías, la audiencia constitucional se celebró en la hora y fecha prevista al efecto (foja 125). Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto emitido por una autoridad civil, atinente a un derecho fundamental de petición de derecho de convivencia entre un menor y su progenitor dentro de un proceso jurisdiccional, lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de éste Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: La resolución de dos de mayo de dos mil veintidós dictada dentro del juicio ordinario civil 1444/2020 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familiar (fojas 51-52 de autos y 401-402 Tomo I cuaderno de pruebas) misma que fue emitida en relación al recurso de revocación presentado por el quejoso en contra del proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós (foja 29-50 de autos y 385-400 Tomo I cuaderno de pruebas) pronunciado por el juez responsable, en el cual no acordó favorable suspender la convivencia del quejoso con su menor hijo (resolución que fue notificada por lista de acuerdos el propio dos de mayo de dos mil veintidós). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (fojas 26-28). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esa determinación (fojas 51-52 de autos y 401-402 Tomo I cuaderno de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Constitucionalidad del acto. Los conceptos de violación formulados por la quejosa resultan infundados. Ello en virtud que, contrario a lo afirmado por el quejoso, en la resolución reclamada (de fecha dos de mayo de dos mil veintidós) al juez responsable sí expuso los fundamentos y razonamientos en los que se basó para confirmar el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, sin que el mismo resulte violatorio al principio del Interés Superior del Menor y el Derecho de Convivencia como lo pretende el impetrante de garantías. MARCO NORMATIVO I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN En principio, cabe decir que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en su primera parte, garantiza uno de los derechos humanos que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento a la determinación adoptada por la autoridad responsable. En ese tenor, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de ésta y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulen en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria, como lo es en este último caso el juicio de amparo. Una de las interpretaciones respecto de los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el precepto constitucional de previa cita, es la establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 204, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual forma, se invocarse el criterio jurisprudencial número 139/2005, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.- Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Entonces, conforme a lo dispuesto por nuestro Máximo Tribunal de la Nación, las autoridades jurisdiccionales, cualquiera que sea el fuero al que pertenecen, al emitir sus resoluciones y con las particularidades propias establecidas en el criterio de previa cita, deben, en todos los casos, cumplir con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación a fin de que sus actos sean respetuosos del derecho humano de legalidad a que se ha hecho referencia. Por consiguiente, a fin de que una resolución jurisdiccional pueda válidamente afectar valores trascendentes, entre otros requisitos, desde luego debe satisfacerse a plenitud el de fundamentación y motivación, lo que significa que el juzgador deberá realizar de manera expresa y categórica, un análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En este contexto, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso y, por motivación, las razones o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. II. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR La obligación constitucional de que en las determinaciones judiciales se atienda primordialmente al interés superior de los menores, implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida, buscando que la decisión tomada les beneficie directamente, para lo cual habrá de realizarse un escrutinio más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales, ya que son destinatarios de un trato preferente por su carácter jurídico de sujetos de especial protección. Orienta la consideración anterior, la Jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a), integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la página 10, del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2012592, que impone: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." Así, se encuentra constitucional y convencionalmente justificado que se ejerza una protección reforzada en su beneficio, aunque ello signifique agravar la situación de quien incluso, en su caso, insta la acción constitucional, cuando sus intereses son adversos a los de cualquier menor, cuyos derechos fundamentales se relacionan con el acto reclamado, porque constituye un imperativo de la sociedad la protección de éstos con una mayor intensidad, ubicado por encima de la protección que debe darse a los derechos de los adultos, no obstante que a éstos les asista el carácter de quejosos, pues los derechos fundamentales de los menores no pueden estar subordinados a los de aquéllos. Sin que dicho actuar vulnere el principio de relatividad de las sentencias porque el derecho de los adultos no puede prevalecer frente al interés superior de los menores, el cual resulta de mayor entidad; de igual manera ocurre por cuanto hace al principio de agravio o instancia de parte, considerando que, cuando los intereses del impetrante resultan opuestos a los de algún menor involucrado en el asunto materia de la litis constitucional, se actualiza una hipótesis de excepción al principio en mención. Debido a lo anterior, el respectivo asunto debe ser analizado bajo el parámetro objetivo de respeto, observancia y protección de los derechos sustantivos de los menores, cuando se advierta que existen obligaciones soslayadas o incompletamente determinadas en el propio acto reclamado, toda vez que al encontrarse involucrada la situación jurídica de un menor, se justifica la excepción de que el estudio atinente se elabore en beneficio de éste, aunque materialmente implique ampliar el ámbito de las obligaciones previamente determinadas, de las que se duele el promovente del amparo, en aras de salvaguardar el interés superior del menor involucrado. Así también, orienta lo considerado la Jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 270, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006593, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Así, dada su trascendencia, la protección en cita no puede limitarse al cumplimiento de requisitos de carácter formal, de tal manera que considerando que la protección de los menores es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, no puede estimarse que éstos deban sufrir la consecuencia del error o negligencia en la actuación de quien omitió instar la protección constitucional en su nombre, por lo que dicha omisión no puede generar el efecto de dejarlos inauditos. De igual forma, apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 175053, de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Así también, es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a), integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 406, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006011, que impone: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." Hasta aquí las premisas normativas que informan el asunto. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto sujeto a examen constitucional, conviene destacar algunos antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 1444/2020, remitidas por el juez responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, las cuales se encuentran en el expediente y en el Tomo I, cuaderno de pruebas. a).- Por escrito acordado el trece de noviembre de dos mil veinte, JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ demandó en la vía ordinaria civil a Martha Isabel Campos Juárez entre otras cosas, la convivencia con su menor hijo, por lo que se admitió la demanda de referencia y ordenó el emplazamiento de la demandada, lo que se hizo el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte (fojas 1-40). b).- En la audiencia prevista por el artículo 345 del Código Civil, de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se hizo constar la incomparecencia del ahora quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ; se escucharon las manifestaciones de la aquí tercero interesada Martha Isabel Campos Juárez y se fijó una convivencia entre el quejoso y su menor hijo, los días sábados y domingos de cada quince días, comenzando el sábado siguiente, esto es el seis de febrero de dos mil veintiuno a las once horas y feneciendo el domingo a las dieciocho horas, ordenando que el quejoso pasara a recoger a su menor hijo en el domicilio en el cual vive y lo reintegrará a ese mismo domicilio al finalizar la convivencia, con el apercibimiento a las partes que de no cumplir con la convivencia ordenada, se les impondrá una multa de treinta veces la unidad de medida y actualización (UMA) por desacato a un mandato judicial como lo establece el numeral 53 fracción I del Código Procesal Civil (fojas 64-65). c).- Mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por Martha Isabel Campos Juárez, y al propio tiempo demandó en reconvención a JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia en representación de su menor hijo, y se ordenó el emplazamiento del demandado (lo que se hizo el veintisiete de enero de dos mil veintiuno fojas 59-62) y decretó como medida cautelar, pensión alimenticia provisional consistente en salario mínimo y medio a razón de $123.22 (CIENTO VEINTITRÉS PESOS 22/100 M.N.) por lo que multiplicado por uno punto cinco da un total de $184.83 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.) diarios a favor de su menor hijo (fojas 41-58). d).- En auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, y al propio tiempo interpuso reclamación respecto de la medida provisional decretada por el juez el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, consistente en pensión alimenticia provisional a favor de su menor hijo, con el que se dio vista a la demandante (foja 72-73 y 87-114) misma que se tuvo por desahogada mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 125-145 y 181). e).- En proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en atención a las manifestaciones del quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ en relación a su fuente de trabajo, se modificó la convivencia fijada en la audiencia del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, para fijarla los días domingos de cada semana en un horario de catorce a diecisiete horas, con el apercibimiento decretado en dicha audiencia en caso de incumplimiento (foja 115). f).- El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el juez responsable resolvió: declarar procedente la reclamación de alimentos interpuesta por el demandado, modificando el monto de la pensión alimenticia inicialmente fijada a cargo del demandado (aquí quejoso) que consistió en la cantidad líquida de $184.83 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/83 M.N.) diarios que corresponde a un salario y medio mínimo diario a favor de su menor hijo, y en su lugar fijar el 30% (TREINTA POR CIENTO) del sueldo que percibe en su fuente laboral (fojas 225-232). g).- En treinta de marzo de dos mil veintidós, el Juez responsable no acordó favorable suspender la convivencia del quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, con su menor hijo (foja 385). h).- Resolución de fecha dos de mayo de dos mil veintidós, en la que el Juez responsable resolvió de plano el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós ( fojas 401-402 Tomo I cuaderno de pruebas). Hasta aquí los antecedentes que informan el presente asunto. SUBSUNCIÓN Ahora, inconforme con esa decisión el quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, plantea en esta vía como conceptos de violación que con la resolución reclamada de treinta de marzo de dos mil veintidós, se viola el principio de Interés Superior del Menor tutelado por los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el juez de origen al desechar el recurso de revocación lo obliga a tener sesiones con la madre de su hijo, lo cual debe evitar por su integridad emocional, ya que cada vez que la ve se dan situaciones desfavorables; en lugar de haber emitido un acuerdo lo más favorable a favor de la salud emocional de su hijo y que de no cumplir lo apercibe de multa. Concluyendo el quejoso que no se niega a convivir con su hijo en el centro de Convivencia, pero lo que no acepta es que el Juez de origen le imponga que debe ir acompañado con la madre de su hijo, lo cual debe evitar por su propia integridad personal, aunado a que por cuestiones de trabajo no le será permitido acudir a las convivencias, considerando que dicha resolución no está fundada ni motivada, y contraviene su dignidad humana y el interés superior del menor. Lo cual resulta infundado, ya que en el acto reclamado (resolución de dos de mayo de dos mil veintidós) se advierte que el Juez responsable resolvió de plano el recurso de revocación hecho valer por el quejoso en contra del auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, confirmando éste último, en el que el quejoso solicitó se suspendiera la convivencia decretada en los autos del juicio de origen, no acordando favorable su solicitud, al considerar que, de hacer lo contrario, iría contra los intereses del menor involucrado y su derecho a convivir con su padre en términos de los artículos 1, 3 y 9 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Refiriendo el Juez de origen que una vez analizados los archivos proporcionados por el ahora quejoso advirtió la existencia de conflictos al momento de la transición, los cuales demuestran la irresponsabilidad de ambos padres para abordar el derecho del menor a convivir con su progenitor, haciéndose reproches, por ello dicho juzgador estimó oportuno se realicen pláticas asistidas para los progenitores y menor involucrado por parte del Centro de Convivencia Familiar, en términos del artículo 60 del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar Asistida del Poder Judicial, a fin de que las partes traten las circunstancias que se presentan en la convivencia, con la finalidad de sensibilizarla y lograr acuerdos. Ordenando girar el oficio a la Coordinadora del Centro Familiar de Convivencias Familiares adscrito a ese Juzgado, remitiendo copias de las evaluaciones de cada una de las partes y menor, así como de la audiencia de menores. Conminando a los progenitores a que son ellos los que deberán vigilar los días y horas para dichas convivencias, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa consistente en treinta veces la unidad de medida y actualización (UMA) por desacato a un mandato judicial como lo establece el numeral 53 fracción I, del Código Procesal Civil. En esos términos, el Juzgador de origen adujo que confirma dicho auto por las siguientes consideraciones: la manera en que ambos padres se muestran en los videos que el propio quejoso aportó, son muestras de falta de respeto y consideración a su hijo, quien como lo aduce el juzgador se muestra acorralado entre ambos padres, en la disyuntiva de tener que solucionar aspectos de su vida inmediata (convivencia) cuando es a los padres en su primer momento a quien les corresponde hacerlo, en el ejercicio de la patria potestad, de ahí que se requiera el apoyo en un experto en la materia para el desarrollo de la convivencia y les pide a los padres el cumplimiento de la medida, de manera precisa y que vigilen cuando el Centro de Convivencias señale los días y horarios de las sesiones, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa consistente en treinta veces la unidad de medida y actualización (UMA) por desacato a un mandato judicial como lo establece el numeral 53 fracción I, del Código Procesal Civil, lo cual considera el juzgador es su obligación de hacer cumplir con sus determinaciones. Por otra parte, el Juez responsable señala que en cuanto a la actividad laboral del quejoso se ha considerado en la fijación de la medida y en relación con las sesiones, resulta aventurado la conclusión del mismo de no poder acudir, cuando no se ha precisado, lo anterior tomando en consideración que los artículos 2, 12, 21, 70 y 71 de la Ley Número 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, que reconocen a éstos como titulares de derechos; garantizan su protección integral, así como el respeto de sus derechos fundamentales reconocidos en las disposiciones constitucionales relativas y tratados internacionales; establecen la obligación de todas las autoridades que conozcan de asuntos en cualquier materia donde se encuentren afectados derechos de menores, de vigilar su desarrollo integral en el seno de una familia, en la que convivan con ambos padres manteniendo relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Refiriendo el Juez resolutor, que cuando se trate de un asunto que involucre el derecho de un menor a la familia, los órganos jurisdiccionales deben asegurar su desarrollo integral y, por tanto, establecer un régimen de convivencia supervisado entre los progenitores y éste, a fin de que no quede en un estado vulnerable, pues tiene el derecho a vivir en la familia de origen, reunirse con ella cuando por diferentes razones ha habido una separación, vincularse con ambos progenitores en casos de conflictos entre éstos, por lo que la obligación del juzgador es velar porque los infantes sólo sean separados de ellos por una sentencia judicial que declare válida y legítimamente la necesidad de hacerlo y no por la negativa del padre no custodio de convivir con su hijo por razones de trabajo, tener más hijos o por no haber convivido nunca con él, pues esta justificación atenta contra el derecho irrenunciable de una familia. Refiere el Juez responsable que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos criterios en los que determinó que el régimen de convivencia o derecho de visita es un derecho fundamental de los menores y que debe tener siempre como eje rector, el principio de interés superior de éstos, el cual busca la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes allegados, desde luego sin soslayar que este derecho no es absoluto, pero tampoco está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que debe atenderse al caso concreto para determinarlo y puede estar limitado de forma temporal, espacial y modal, para asegurar su bienestar y estabilidad emocional. Concluyendo el resolutor de origen que en la especie no se advierte que el menor corra riesgo al convivir con el padre, que dicha convivencia se puede realizar en su domicilio o en cualquier otro que el menor tenga un sano esparcimiento. Lo cual el suscrito juzgador considera que fue correcto y apegado a derecho, en virtud de que si bien, el presente asunto se tiene que velar el principio orientador del Interés Superior del Menor, no menos cierto es que la autoridad competente para fijar el régimen de convivencia es el juez de lo familiar. En esa tesitura, para que el Juez Familiar fije un régimen de convivencia, deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados, lo cual tomó en cuenta el Juez Responsable. Por ello dicho juzgador estimó oportuno se realicen pláticas asistidas para los progenitores y menor involucrado por parte del Centro de Convivencia Familiar, en términos del artículo 60 del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar Asistida del Poder Judicial, a fin de que las partes traten las circunstancias que se presentan en la convivencia, con la finalidad de sensibilizarla y lograr acuerdos y ordenó girar oficio a la Coordinadora del Centro Familiar de Convivencias Familiares adscrito a ese Juzgado, remitiendo copias de las evaluaciones de cada una de las partes y menor, así como de la audiencia de menores, conminando a los progenitores a que son ellos los que deberán vigilar los días y horas para dichas convivencias, apercibiéndolos de multa, en caso no cumplir con lo ordenado. Así las cosas, según asentó la autoridad responsable, una vez que se realice lo anterior y se informe al juez de lo familiar, se deberán establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial, sin embargo al momento de resolver el juez responsable adujo que, en la especie, no se advierte que el menor corra riesgo al convivir con el padre, que dicha convivencia se puede realizar en su domicilio o en cualquier otro que el menor tenga un sano esparcimiento, aunado a ello, el suscrito juzgador no advierte algún peligro en la integridad personal del quejoso. Finalmente, como consideró el Juez de origen, ha tomado en cuenta la actividad laboral del quejoso en la fijación de la medida de convivencia, ya que en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en atención a las manifestaciones del quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ en relación a su fuente de trabajo, se modificó la convivencia fijada en la audiencia del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, para fijarla los días domingos de cada semana en un horario de catorce a diecisiete horas, con el apercibimiento decretado en dicha audiencia en caso de incumplimiento (foja 115) y en relación con las sesiones o convivencias futuras, resulta aventurada la conclusión del mismo de no poder acudir, cuando no se han señalado los días o precisado las fechas, ya que todo depende de las pláticas asistidas para los progenitores y menor involucrado por parte del Centro de Convivencia Familiar, cumpliendo así cabalmente el Juez de origen con el principio orientador del Interés Superior del Menor. Apoya a lo anterior, la Tesis: 1a. CCCVIII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Supera Corte de justicia de la Nación, Época: Décima Época, Registro: 2004774, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Civil, Página: 1063, cuyo rubro y contenido se leen: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial." Por otra parte, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sustenta lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, intitulada "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". CONCLUSIÓN Por las consideraciones antes establecidas y, al no advertirse que el acto aquí reclamado presente algún vicio de inconstitucionalidad que deba repararse, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ respecto del acto precisado en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley. SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 466/2022 RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y turnado ese mismo día a éste órgano jurisdiccional, la parte quejosa JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 1-14). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós (fojas 15-19) se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo, solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a la tercera interesada Martha Isabel Campos Juárez misma que fue emplazada el uno de junio de dos mil veintidós (foja 80). Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en Veracruz, Veracruz (fojas 26-72). Por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintidós, dada la naturaleza del acto reclamado y que en el juicio de origen la contienda versa sobre la convivencia de un menor de edad, resulta evidente que existe un claro conflicto de intereses para el promovente del presente juicio de amparo JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ y la progenitora del infante por lo que se ordenó la designación de un representante especial para el menor de identidad reservada y se ordenó girar oficio al Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judiatura Federal con residencia en Veracruz, Veracruz a fin de que designara un representante para el menor (fojas 85-86). Mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Titular de la Delegación Veracruz del Instituto Federal Defensoría Pública con sede en Veracruz, Veracruz designando a la Asesora Jurídica Maribel Galicia Siles como representante del menor quejoso de identidad reservada (fojas 90-93). Por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la asesora jurídica Maribel Galicia Siles, aceptando el cargo de representante del menor de identidad reservada (fojas 103-107). Asimismo se hace constar que la tercera interesada no se apersonó a juicio. Por lo que, una vez que se encontró integrado el juicio de garantías, la audiencia constitucional se celebró en la hora y fecha prevista al efecto (foja 125). Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto emitido por una autoridad civil, atinente a un derecho fundamental de petición de derecho de convivencia entre un menor y su progenitor dentro de un proceso jurisdiccional, lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de éste Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: La resolución de dos de mayo de dos mil veintidós dictada dentro del juicio ordinario civil 1444/2020 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familiar (fojas 51-52 de autos y 401-402 Tomo I cuaderno de pruebas) misma que fue emitida en relación al recurso de revocación presentado por el quejoso en contra del proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós (foja 29-50 de autos y 385-400 Tomo I cuaderno de pruebas) pronunciado por el juez responsable, en el cual no acordó favorable suspender la convivencia del quejoso con su menor hijo (resolución que fue notificada por lista de acuerdos el propio dos de mayo de dos mil veintidós). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (fojas 26-28). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esa determinación (fojas 51-52 de autos y 401-402 Tomo I cuaderno de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Constitucionalidad del acto. Los conceptos de violación formulados por la quejosa resultan infundados. Ello en virtud que, contrario a lo afirmado por el quejoso, en la resolución reclamada (de fecha dos de mayo de dos mil veintidós) al juez responsable sí expuso los fundamentos y razonamientos en los que se basó para confirmar el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, sin que el mismo resulte violatorio al principio del Interés Superior del Menor y el Derecho de Convivencia como lo pretende el impetrante de garantías. MARCO NORMATIVO I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN En principio, cabe decir que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en su primera parte, garantiza uno de los derechos humanos que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento a la determinación adoptada por la autoridad responsable. En ese tenor, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de ésta y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulen en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria, como lo es en este último caso el juicio de amparo. Una de las interpretaciones respecto de los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el precepto constitucional de previa cita, es la establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 204, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual forma, se invocarse el criterio jurisprudencial número 139/2005, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.- Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Entonces, conforme a lo dispuesto por nuestro Máximo Tribunal de la Nación, las autoridades jurisdiccionales, cualquiera que sea el fuero al que pertenecen, al emitir sus resoluciones y con las particularidades propias establecidas en el criterio de previa cita, deben, en todos los casos, cumplir con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación a fin de que sus actos sean respetuosos del derecho humano de legalidad a que se ha hecho referencia. Por consiguiente, a fin de que una resolución jurisdiccional pueda válidamente afectar valores trascendentes, entre otros requisitos, desde luego debe satisfacerse a plenitud el de fundamentación y motivación, lo que significa que el juzgador deberá realizar de manera expresa y categórica, un análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En este contexto, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso y, por motivación, las razones o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. II. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR La obligación constitucional de que en las determinaciones judiciales se atienda primordialmente al interés superior de los menores, implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida, buscando que la decisión tomada les beneficie directamente, para lo cual habrá de realizarse un escrutinio más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales, ya que son destinatarios de un trato preferente por su carácter jurídico de sujetos de especial protección. Orienta la consideración anterior, la Jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a), integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la página 10, del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2012592, que impone: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." Así, se encuentra constitucional y convencionalmente justificado que se ejerza una protección reforzada en su beneficio, aunque ello signifique agravar la situación de quien incluso, en su caso, insta la acción constitucional, cuando sus intereses son adversos a los de cualquier menor, cuyos derechos fundamentales se relacionan con el acto reclamado, porque constituye un imperativo de la sociedad la protección de éstos con una mayor intensidad, ubicado por encima de la protección que debe darse a los derechos de los adultos, no obstante que a éstos les asista el carácter de quejosos, pues los derechos fundamentales de los menores no pueden estar subordinados a los de aquéllos. Sin que dicho actuar vulnere el principio de relatividad de las sentencias porque el derecho de los adultos no puede prevalecer frente al interés superior de los menores, el cual resulta de mayor entidad; de igual manera ocurre por cuanto hace al principio de agravio o instancia de parte, considerando que, cuando los intereses del impetrante resultan opuestos a los de algún menor involucrado en el asunto materia de la litis constitucional, se actualiza una hipótesis de excepción al principio en mención. Debido a lo anterior, el respectivo asunto debe ser analizado bajo el parámetro objetivo de respeto, observancia y protección de los derechos sustantivos de los menores, cuando se advierta que existen obligaciones soslayadas o incompletamente determinadas en el propio acto reclamado, toda vez que al encontrarse involucrada la situación jurídica de un menor, se justifica la excepción de que el estudio atinente se elabore en beneficio de éste, aunque materialmente implique ampliar el ámbito de las obligaciones previamente determinadas, de las que se duele el promovente del amparo, en aras de salvaguardar el interés superior del menor involucrado. Así también, orienta lo considerado la Jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 270, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006593, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Así, dada su trascendencia, la protección en cita no puede limitarse al cumplimiento de requisitos de carácter formal, de tal manera que considerando que la protección de los menores es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, no puede estimarse que éstos deban sufrir la consecuencia del error o negligencia en la actuación de quien omitió instar la protección constitucional en su nombre, por lo que dicha omisión no puede generar el efecto de dejarlos inauditos. De igual forma, apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 175053, de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Así también, es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a), integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 406, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006011, que impone: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." Hasta aquí las premisas normativas que informan el asunto. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto sujeto a examen constitucional, conviene destacar algunos antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 1444/2020, remitidas por el juez responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, las cuales se encuentran en el expediente y en el Tomo I, cuaderno de pruebas. a).- Por escrito acordado el trece de noviembre de dos mil veinte, JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ demandó en la vía ordinaria civil a Martha Isabel Campos Juárez entre otras cosas, la convivencia con su menor hijo, por lo que se admitió la demanda de referencia y ordenó el emplazamiento de la demandada, lo que se hizo el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte (fojas 1-40). b).- En la audiencia prevista por el artículo 345 del Código Civil, de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se hizo constar la incomparecencia del ahora quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ; se escucharon las manifestaciones de la aquí tercero interesada Martha Isabel Campos Juárez y se fijó una convivencia entre el quejoso y su menor hijo, los días sábados y domingos de cada quince días, comenzando el sábado siguiente, esto es el seis de febrero de dos mil veintiuno a las once horas y feneciendo el domingo a las dieciocho horas, ordenando que el quejoso pasara a recoger a su menor hijo en el domicilio en el cual vive y lo reintegrará a ese mismo domicilio al finalizar la convivencia, con el apercibimiento a las partes que de no cumplir con la convivencia ordenada, se les impondrá una multa de treinta veces la unidad de medida y actualización (UMA) por desacato a un mandato judicial como lo establece el numeral 53 fracción I del Código Procesal Civil (fojas 64-65). c).- Mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por Martha Isabel Campos Juárez, y al propio tiempo demandó en reconvención a JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia en representación de su menor hijo, y se ordenó el emplazamiento del demandado (lo que se hizo el veintisiete de enero de dos mil veintiuno fojas 59-62) y decretó como medida cautelar, pensión alimenticia provisional consistente en salario mínimo y medio a razón de $123.22 (CIENTO VEINTITRÉS PESOS 22/100 M.N.) por lo que multiplicado por uno punto cinco da un total de $184.83 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.) diarios a favor de su menor hijo (fojas 41-58). d).- En auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, y al propio tiempo interpuso reclamación respecto de la medida provisional decretada por el juez el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, consistente en pensión alimenticia provisional a favor de su menor hijo, con el que se dio vista a la demandante (foja 72-73 y 87-114) misma que se tuvo por desahogada mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 125-145 y 181). e).- En proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en atención a las manifestaciones del quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ en relación a su fuente de trabajo, se modificó la convivencia fijada en la audiencia del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, para fijarla los días domingos de cada semana en un horario de catorce a diecisiete horas, con el apercibimiento decretado en dicha audiencia en caso de incumplimiento (foja 115). f).- El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el juez responsable resolvió: declarar procedente la reclamación de alimentos interpuesta por el demandado, modificando el monto de la pensión alimenticia inicialmente fijada a cargo del demandado (aquí quejoso) que consistió en la cantidad líquida de $184.83 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/83 M.N.) diarios que corresponde a un salario y medio mínimo diario a favor de su menor hijo, y en su lugar fijar el 30% (TREINTA POR CIENTO) del sueldo que percibe en su fuente laboral (fojas 225-232). g).- En treinta de marzo de dos mil veintidós, el Juez responsable no acordó favorable suspender la convivencia del quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, con su menor hijo (foja 385). h).- Resolución de fecha dos de mayo de dos mil veintidós, en la que el Juez responsable resolvió de plano el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós ( fojas 401-402 Tomo I cuaderno de pruebas). Hasta aquí los antecedentes que informan el presente asunto. SUBSUNCIÓN Ahora, inconforme con esa decisión el quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, plantea en esta vía como conceptos de violación que con la resolución reclamada de treinta de marzo de dos mil veintidós, se viola el principio de Interés Superior del Menor tutelado por los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el juez de origen al desechar el recurso de revocación lo obliga a tener sesiones con la madre de su hijo, lo cual debe evitar por su integridad emocional, ya que cada vez que la ve se dan situaciones desfavorables; en lugar de haber emitido un acuerdo lo más favorable a favor de la salud emocional de su hijo y que de no cumplir lo apercibe de multa. Concluyendo el quejoso que no se niega a convivir con su hijo en el centro de Convivencia, pero lo que no acepta es que el Juez de origen le imponga que debe ir acompañado con la madre de su hijo, lo cual debe evitar por su propia integridad personal, aunado a que por cuestiones de trabajo no le será permitido acudir a las convivencias, considerando que dicha resolución no está fundada ni motivada, y contraviene su dignidad humana y el interés superior del menor. Lo cual resulta infundado, ya que en el acto reclamado (resolución de dos de mayo de dos mil veintidós) se advierte que el Juez responsable resolvió de plano el recurso de revocación hecho valer por el quejoso en contra del auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, confirmando éste último, en el que el quejoso solicitó se suspendiera la convivencia decretada en los autos del juicio de origen, no acordando favorable su solicitud, al considerar que, de hacer lo contrario, iría contra los intereses del menor involucrado y su derecho a convivir con su padre en términos de los artículos 1, 3 y 9 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Refiriendo el Juez de origen que una vez analizados los archivos proporcionados por el ahora quejoso advirtió la existencia de conflictos al momento de la transición, los cuales demuestran la irresponsabilidad de ambos padres para abordar el derecho del menor a convivir con su progenitor, haciéndose reproches, por ello dicho juzgador estimó oportuno se realicen pláticas asistidas para los progenitores y menor involucrado por parte del Centro de Convivencia Familiar, en términos del artículo 60 del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar Asistida del Poder Judicial, a fin de que las partes traten las circunstancias que se presentan en la convivencia, con la finalidad de sensibilizarla y lograr acuerdos. Ordenando girar el oficio a la Coordinadora del Centro Familiar de Convivencias Familiares adscrito a ese Juzgado, remitiendo copias de las evaluaciones de cada una de las partes y menor, así como de la audiencia de menores. Conminando a los progenitores a que son ellos los que deberán vigilar los días y horas para dichas convivencias, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa consistente en treinta veces la unidad de medida y actualización (UMA) por desacato a un mandato judicial como lo establece el numeral 53 fracción I, del Código Procesal Civil. En esos términos, el Juzgador de origen adujo que confirma dicho auto por las siguientes consideraciones: la manera en que ambos padres se muestran en los videos que el propio quejoso aportó, son muestras de falta de respeto y consideración a su hijo, quien como lo aduce el juzgador se muestra acorralado entre ambos padres, en la disyuntiva de tener que solucionar aspectos de su vida inmediata (convivencia) cuando es a los padres en su primer momento a quien les corresponde hacerlo, en el ejercicio de la patria potestad, de ahí que se requiera el apoyo en un experto en la materia para el desarrollo de la convivencia y les pide a los padres el cumplimiento de la medida, de manera precisa y que vigilen cuando el Centro de Convivencias señale los días y horarios de las sesiones, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa consistente en treinta veces la unidad de medida y actualización (UMA) por desacato a un mandato judicial como lo establece el numeral 53 fracción I, del Código Procesal Civil, lo cual considera el juzgador es su obligación de hacer cumplir con sus determinaciones. Por otra parte, el Juez responsable señala que en cuanto a la actividad laboral del quejoso se ha considerado en la fijación de la medida y en relación con las sesiones, resulta aventurado la conclusión del mismo de no poder acudir, cuando no se ha precisado, lo anterior tomando en consideración que los artículos 2, 12, 21, 70 y 71 de la Ley Número 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, que reconocen a éstos como titulares de derechos; garantizan su protección integral, así como el respeto de sus derechos fundamentales reconocidos en las disposiciones constitucionales relativas y tratados internacionales; establecen la obligación de todas las autoridades que conozcan de asuntos en cualquier materia donde se encuentren afectados derechos de menores, de vigilar su desarrollo integral en el seno de una familia, en la que convivan con ambos padres manteniendo relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Refiriendo el Juez resolutor, que cuando se trate de un asunto que involucre el derecho de un menor a la familia, los órganos jurisdiccionales deben asegurar su desarrollo integral y, por tanto, establecer un régimen de convivencia supervisado entre los progenitores y éste, a fin de que no quede en un estado vulnerable, pues tiene el derecho a vivir en la familia de origen, reunirse con ella cuando por diferentes razones ha habido una separación, vincularse con ambos progenitores en casos de conflictos entre éstos, por lo que la obligación del juzgador es velar porque los infantes sólo sean separados de ellos por una sentencia judicial que declare válida y legítimamente la necesidad de hacerlo y no por la negativa del padre no custodio de convivir con su hijo por razones de trabajo, tener más hijos o por no haber convivido nunca con él, pues esta justificación atenta contra el derecho irrenunciable de una familia. Refiere el Juez responsable que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos criterios en los que determinó que el régimen de convivencia o derecho de visita es un derecho fundamental de los menores y que debe tener siempre como eje rector, el principio de interés superior de éstos, el cual busca la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes allegados, desde luego sin soslayar que este derecho no es absoluto, pero tampoco está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que debe atenderse al caso concreto para determinarlo y puede estar limitado de forma temporal, espacial y modal, para asegurar su bienestar y estabilidad emocional. Concluyendo el resolutor de origen que en la especie no se advierte que el menor corra riesgo al convivir con el padre, que dicha convivencia se puede realizar en su domicilio o en cualquier otro que el menor tenga un sano esparcimiento. Lo cual el suscrito juzgador considera que fue correcto y apegado a derecho, en virtud de que si bien, el presente asunto se tiene que velar el principio orientador del Interés Superior del Menor, no menos cierto es que la autoridad competente para fijar el régimen de convivencia es el juez de lo familiar. En esa tesitura, para que el Juez Familiar fije un régimen de convivencia, deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados, lo cual tomó en cuenta el Juez Responsable. Por ello dicho juzgador estimó oportuno se realicen pláticas asistidas para los progenitores y menor involucrado por parte del Centro de Convivencia Familiar, en términos del artículo 60 del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar Asistida del Poder Judicial, a fin de que las partes traten las circunstancias que se presentan en la convivencia, con la finalidad de sensibilizarla y lograr acuerdos y ordenó girar oficio a la Coordinadora del Centro Familiar de Convivencias Familiares adscrito a ese Juzgado, remitiendo copias de las evaluaciones de cada una de las partes y menor, así como de la audiencia de menores, conminando a los progenitores a que son ellos los que deberán vigilar los días y horas para dichas convivencias, apercibiéndolos de multa, en caso no cumplir con lo ordenado. Así las cosas, según asentó la autoridad responsable, una vez que se realice lo anterior y se informe al juez de lo familiar, se deberán establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial, sin embargo al momento de resolver el juez responsable adujo que, en la especie, no se advierte que el menor corra riesgo al convivir con el padre, que dicha convivencia se puede realizar en su domicilio o en cualquier otro que el menor tenga un sano esparcimiento, aunado a ello, el suscrito juzgador no advierte algún peligro en la integridad personal del quejoso. Finalmente, como consideró el Juez de origen, ha tomado en cuenta la actividad laboral del quejoso en la fijación de la medida de convivencia, ya que en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en atención a las manifestaciones del quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ en relación a su fuente de trabajo, se modificó la convivencia fijada en la audiencia del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, para fijarla los días domingos de cada semana en un horario de catorce a diecisiete horas, con el apercibimiento decretado en dicha audiencia en caso de incumplimiento (foja 115) y en relación con las sesiones o convivencias futuras, resulta aventurada la conclusión del mismo de no poder acudir, cuando no se han señalado los días o precisado las fechas, ya que todo depende de las pláticas asistidas para los progenitores y menor involucrado por parte del Centro de Convivencia Familiar, cumpliendo así cabalmente el Juez de origen con el principio orientador del Interés Superior del Menor. Apoya a lo anterior, la Tesis: 1a. CCCVIII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Supera Corte de justicia de la Nación, Época: Décima Época, Registro: 2004774, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Civil, Página: 1063, cuyo rubro y contenido se leen: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial." Por otra parte, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sustenta lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, intitulada "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". CONCLUSIÓN Por las consideraciones antes establecidas y, al no advertirse que el acto aquí reclamado presente algún vicio de inconstitucionalidad que deba repararse, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ respecto del acto precisado en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercero interesada la sentencia dictada el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, misma que dice: "... SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 466/2022 RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y turnado ese mismo día a éste órgano jurisdiccional, la parte quejosa JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 1-14). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós (fojas 15-19) se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo, solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a la tercera interesada Martha Isabel Campos Juárez misma que fue emplazada el uno de junio de dos mil veintidós (foja 80). Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en Veracruz, Veracruz (fojas 26-72). Por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintidós, dada la naturaleza del acto reclamado y que en el juicio de origen la contienda versa sobre la convivencia de un menor de edad, resulta evidente que existe un claro conflicto de intereses para el promovente del presente juicio de amparo JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ y la progenitora del infante por lo que se ordenó la designación de un representante especial para el menor de identidad reservada y se ordenó girar oficio al Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judiatura Federal con residencia en Veracruz, Veracruz a fin de que designara un representante para el menor (fojas 85-86). Mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Titular de la Delegación Veracruz del Instituto Federal Defensoría Pública con sede en Veracruz, Veracruz designando a la Asesora Jurídica Maribel Galicia Siles como representante del menor quejoso de identidad reservada (fojas 90-93). Por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la asesora jurídica Maribel Galicia Siles, aceptando el cargo de representante del menor de identidad reservada (fojas 103-107). Asimismo se hace constar que la tercera interesada no se apersonó a juicio. Por lo que, una vez que se encontró integrado el juicio de garantías, la audiencia constitucional se celebró en la hora y fecha prevista al efecto (foja 125). Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto emitido por una autoridad civil, atinente a un derecho fundamental de petición de derecho de convivencia entre un menor y su progenitor dentro de un proceso jurisdiccional, lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de éste Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: La resolución de dos de mayo de dos mil veintidós dictada dentro del juicio ordinario civil 1444/2020 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familiar (fojas 51-52 de autos y 401-402 Tomo I cuaderno de pruebas) misma que fue emitida en relación al recurso de revocación presentado por el quejoso en contra del proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós (foja 29-50 de autos y 385-400 Tomo I cuaderno de pruebas) pronunciado por el juez responsable, en el cual no acordó favorable suspender la convivencia del quejoso con su menor hijo (resolución que fue notificada por lista de acuerdos el propio dos de mayo de dos mil veintidós). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (fojas 26-28). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esa determinación (fojas 51-52 de autos y 401-402 Tomo I cuaderno de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Constitucionalidad del acto. Los conceptos de violación formulados por la quejosa resultan infundados. Ello en virtud que, contrario a lo afirmado por el quejoso, en la resolución reclamada (de fecha dos de mayo de dos mil veintidós) al juez responsable sí expuso los fundamentos y razonamientos en los que se basó para confirmar el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, sin que el mismo resulte violatorio al principio del Interés Superior del Menor y el Derecho de Convivencia como lo pretende el impetrante de garantías. MARCO NORMATIVO I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN En principio, cabe decir que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en su primera parte, garantiza uno de los derechos humanos que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento a la determinación adoptada por la autoridad responsable. En ese tenor, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de ésta y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulen en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria, como lo es en este último caso el juicio de amparo. Una de las interpretaciones respecto de los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el precepto constitucional de previa cita, es la establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 204, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual forma, se invocarse el criterio jurisprudencial número 139/2005, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.- Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Entonces, conforme a lo dispuesto por nuestro Máximo Tribunal de la Nación, las autoridades jurisdiccionales, cualquiera que sea el fuero al que pertenecen, al emitir sus resoluciones y con las particularidades propias establecidas en el criterio de previa cita, deben, en todos los casos, cumplir con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación a fin de que sus actos sean respetuosos del derecho humano de legalidad a que se ha hecho referencia. Por consiguiente, a fin de que una resolución jurisdiccional pueda válidamente afectar valores trascendentes, entre otros requisitos, desde luego debe satisfacerse a plenitud el de fundamentación y motivación, lo que significa que el juzgador deberá realizar de manera expresa y categórica, un análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En este contexto, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso y, por motivación, las razones o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. II. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR La obligación constitucional de que en las determinaciones judiciales se atienda primordialmente al interés superior de los menores, implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida, buscando que la decisión tomada les beneficie directamente, para lo cual habrá de realizarse un escrutinio más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales, ya que son destinatarios de un trato preferente por su carácter jurídico de sujetos de especial protección. Orienta la consideración anterior, la Jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a), integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la página 10, del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2012592, que impone: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." Así, se encuentra constitucional y convencionalmente justificado que se ejerza una protección reforzada en su beneficio, aunque ello signifique agravar la situación de quien incluso, en su caso, insta la acción constitucional, cuando sus intereses son adversos a los de cualquier menor, cuyos derechos fundamentales se relacionan con el acto reclamado, porque constituye un imperativo de la sociedad la protección de éstos con una mayor intensidad, ubicado por encima de la protección que debe darse a los derechos de los adultos, no obstante que a éstos les asista el carácter de quejosos, pues los derechos fundamentales de los menores no pueden estar subordinados a los de aquéllos. Sin que dicho actuar vulnere el principio de relatividad de las sentencias porque el derecho de los adultos no puede prevalecer frente al interés superior de los menores, el cual resulta de mayor entidad; de igual manera ocurre por cuanto hace al principio de agravio o instancia de parte, considerando que, cuando los intereses del impetrante resultan opuestos a los de algún menor involucrado en el asunto materia de la litis constitucional, se actualiza una hipótesis de excepción al principio en mención. Debido a lo anterior, el respectivo asunto debe ser analizado bajo el parámetro objetivo de respeto, observancia y protección de los derechos sustantivos de los menores, cuando se advierta que existen obligaciones soslayadas o incompletamente determinadas en el propio acto reclamado, toda vez que al encontrarse involucrada la situación jurídica de un menor, se justifica la excepción de que el estudio atinente se elabore en beneficio de éste, aunque materialmente implique ampliar el ámbito de las obligaciones previamente determinadas, de las que se duele el promovente del amparo, en aras de salvaguardar el interés superior del menor involucrado. Así también, orienta lo considerado la Jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 270, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006593, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Así, dada su trascendencia, la protección en cita no puede limitarse al cumplimiento de requisitos de carácter formal, de tal manera que considerando que la protección de los menores es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, no puede estimarse que éstos deban sufrir la consecuencia del error o negligencia en la actuación de quien omitió instar la protección constitucional en su nombre, por lo que dicha omisión no puede generar el efecto de dejarlos inauditos. De igual forma, apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 175053, de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Así también, es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a), integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 406, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006011, que impone: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." Hasta aquí las premisas normativas que informan el asunto. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto sujeto a examen constitucional, conviene destacar algunos antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 1444/2020, remitidas por el juez responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, las cuales se encuentran en el expediente y en el Tomo I, cuaderno de pruebas. a).- Por escrito acordado el trece de noviembre de dos mil veinte, JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ demandó en la vía ordinaria civil a Martha Isabel Campos Juárez entre otras cosas, la convivencia con su menor hijo, por lo que se admitió la demanda de referencia y ordenó el emplazamiento de la demandada, lo que se hizo el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte (fojas 1-40). b).- En la audiencia prevista por el artículo 345 del Código Civil, de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se hizo constar la incomparecencia del ahora quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ; se escucharon las manifestaciones de la aquí tercero interesada Martha Isabel Campos Juárez y se fijó una convivencia entre el quejoso y su menor hijo, los días sábados y domingos de cada quince días, comenzando el sábado siguiente, esto es el seis de febrero de dos mil veintiuno a las once horas y feneciendo el domingo a las dieciocho horas, ordenando que el quejoso pasara a recoger a su menor hijo en el domicilio en el cual vive y lo reintegrará a ese mismo domicilio al finalizar la convivencia, con el apercibimiento a las partes que de no cumplir con la convivencia ordenada, se les impondrá una multa de treinta veces la unidad de medida y actualización (UMA) por desacato a un mandato judicial como lo establece el numeral 53 fracción I del Código Procesal Civil (fojas 64-65). c).- Mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por Martha Isabel Campos Juárez, y al propio tiempo demandó en reconvención a JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia en representación de su menor hijo, y se ordenó el emplazamiento del demandado (lo que se hizo el veintisiete de enero de dos mil veintiuno fojas 59-62) y decretó como medida cautelar, pensión alimenticia provisional consistente en salario mínimo y medio a razón de $123.22 (CIENTO VEINTITRÉS PESOS 22/100 M.N.) por lo que multiplicado por uno punto cinco da un total de $184.83 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.) diarios a favor de su menor hijo (fojas 41-58). d).- En auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, y al propio tiempo interpuso reclamación respecto de la medida provisional decretada por el juez el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, consistente en pensión alimenticia provisional a favor de su menor hijo, con el que se dio vista a la demandante (foja 72-73 y 87-114) misma que se tuvo por desahogada mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 125-145 y 181). e).- En proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en atención a las manifestaciones del quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ en relación a su fuente de trabajo, se modificó la convivencia fijada en la audiencia del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, para fijarla los días domingos de cada semana en un horario de catorce a diecisiete horas, con el apercibimiento decretado en dicha audiencia en caso de incumplimiento (foja 115). f).- El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el juez responsable resolvió: declarar procedente la reclamación de alimentos interpuesta por el demandado, modificando el monto de la pensión alimenticia inicialmente fijada a cargo del demandado (aquí quejoso) que consistió en la cantidad líquida de $184.83 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/83 M.N.) diarios que corresponde a un salario y medio mínimo diario a favor de su menor hijo, y en su lugar fijar el 30% (TREINTA POR CIENTO) del sueldo que percibe en su fuente laboral (fojas 225-232). g).- En treinta de marzo de dos mil veintidós, el Juez responsable no acordó favorable suspender la convivencia del quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, con su menor hijo (foja 385). h).- Resolución de fecha dos de mayo de dos mil veintidós, en la que el Juez responsable resolvió de plano el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós ( fojas 401-402 Tomo I cuaderno de pruebas). Hasta aquí los antecedentes que informan el presente asunto. SUBSUNCIÓN Ahora, inconforme con esa decisión el quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, plantea en esta vía como conceptos de violación que con la resolución reclamada de treinta de marzo de dos mil veintidós, se viola el principio de Interés Superior del Menor tutelado por los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el juez de origen al desechar el recurso de revocación lo obliga a tener sesiones con la madre de su hijo, lo cual debe evitar por su integridad emocional, ya que cada vez que la ve se dan situaciones desfavorables; en lugar de haber emitido un acuerdo lo más favorable a favor de la salud emocional de su hijo y que de no cumplir lo apercibe de multa. Concluyendo el quejoso que no se niega a convivir con su hijo en el centro de Convivencia, pero lo que no acepta es que el Juez de origen le imponga que debe ir acompañado con la madre de su hijo, lo cual debe evitar por su propia integridad personal, aunado a que por cuestiones de trabajo no le será permitido acudir a las convivencias, considerando que dicha resolución no está fundada ni motivada, y contraviene su dignidad humana y el interés superior del menor. Lo cual resulta infundado, ya que en el acto reclamado (resolución de dos de mayo de dos mil veintidós) se advierte que el Juez responsable resolvió de plano el recurso de revocación hecho valer por el quejoso en contra del auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, confirmando éste último, en el que el quejoso solicitó se suspendiera la convivencia decretada en los autos del juicio de origen, no acordando favorable su solicitud, al considerar que, de hacer lo contrario, iría contra los intereses del menor involucrado y su derecho a convivir con su padre en términos de los artículos 1, 3 y 9 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Refiriendo el Juez de origen que una vez analizados los archivos proporcionados por el ahora quejoso advirtió la existencia de conflictos al momento de la transición, los cuales demuestran la irresponsabilidad de ambos padres para abordar el derecho del menor a convivir con su progenitor, haciéndose reproches, por ello dicho juzgador estimó oportuno se realicen pláticas asistidas para los progenitores y menor involucrado por parte del Centro de Convivencia Familiar, en términos del artículo 60 del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar Asistida del Poder Judicial, a fin de que las partes traten las circunstancias que se presentan en la convivencia, con la finalidad de sensibilizarla y lograr acuerdos. Ordenando girar el oficio a la Coordinadora del Centro Familiar de Convivencias Familiares adscrito a ese Juzgado, remitiendo copias de las evaluaciones de cada una de las partes y menor, así como de la audiencia de menores. Conminando a los progenitores a que son ellos los que deberán vigilar los días y horas para dichas convivencias, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa consistente en treinta veces la unidad de medida y actualización (UMA) por desacato a un mandato judicial como lo establece el numeral 53 fracción I, del Código Procesal Civil. En esos términos, el Juzgador de origen adujo que confirma dicho auto por las siguientes consideraciones: la manera en que ambos padres se muestran en los videos que el propio quejoso aportó, son muestras de falta de respeto y consideración a su hijo, quien como lo aduce el juzgador se muestra acorralado entre ambos padres, en la disyuntiva de tener que solucionar aspectos de su vida inmediata (convivencia) cuando es a los padres en su primer momento a quien les corresponde hacerlo, en el ejercicio de la patria potestad, de ahí que se requiera el apoyo en un experto en la materia para el desarrollo de la convivencia y les pide a los padres el cumplimiento de la medida, de manera precisa y que vigilen cuando el Centro de Convivencias señale los días y horarios de las sesiones, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa consistente en treinta veces la unidad de medida y actualización (UMA) por desacato a un mandato judicial como lo establece el numeral 53 fracción I, del Código Procesal Civil, lo cual considera el juzgador es su obligación de hacer cumplir con sus determinaciones. Por otra parte, el Juez responsable señala que en cuanto a la actividad laboral del quejoso se ha considerado en la fijación de la medida y en relación con las sesiones, resulta aventurado la conclusión del mismo de no poder acudir, cuando no se ha precisado, lo anterior tomando en consideración que los artículos 2, 12, 21, 70 y 71 de la Ley Número 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, que reconocen a éstos como titulares de derechos; garantizan su protección integral, así como el respeto de sus derechos fundamentales reconocidos en las disposiciones constitucionales relativas y tratados internacionales; establecen la obligación de todas las autoridades que conozcan de asuntos en cualquier materia donde se encuentren afectados derechos de menores, de vigilar su desarrollo integral en el seno de una familia, en la que convivan con ambos padres manteniendo relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Refiriendo el Juez resolutor, que cuando se trate de un asunto que involucre el derecho de un menor a la familia, los órganos jurisdiccionales deben asegurar su desarrollo integral y, por tanto, establecer un régimen de convivencia supervisado entre los progenitores y éste, a fin de que no quede en un estado vulnerable, pues tiene el derecho a vivir en la familia de origen, reunirse con ella cuando por diferentes razones ha habido una separación, vincularse con ambos progenitores en casos de conflictos entre éstos, por lo que la obligación del juzgador es velar porque los infantes sólo sean separados de ellos por una sentencia judicial que declare válida y legítimamente la necesidad de hacerlo y no por la negativa del padre no custodio de convivir con su hijo por razones de trabajo, tener más hijos o por no haber convivido nunca con él, pues esta justificación atenta contra el derecho irrenunciable de una familia. Refiere el Juez responsable que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos criterios en los que determinó que el régimen de convivencia o derecho de visita es un derecho fundamental de los menores y que debe tener siempre como eje rector, el principio de interés superior de éstos, el cual busca la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes allegados, desde luego sin soslayar que este derecho no es absoluto, pero tampoco está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que debe atenderse al caso concreto para determinarlo y puede estar limitado de forma temporal, espacial y modal, para asegurar su bienestar y estabilidad emocional. Concluyendo el resolutor de origen que en la especie no se advierte que el menor corra riesgo al convivir con el padre, que dicha convivencia se puede realizar en su domicilio o en cualquier otro que el menor tenga un sano esparcimiento. Lo cual el suscrito juzgador considera que fue correcto y apegado a derecho, en virtud de que si bien, el presente asunto se tiene que velar el principio orientador del Interés Superior del Menor, no menos cierto es que la autoridad competente para fijar el régimen de convivencia es el juez de lo familiar. En esa tesitura, para que el Juez Familiar fije un régimen de convivencia, deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados, lo cual tomó en cuenta el Juez Responsable. Por ello dicho juzgador estimó oportuno se realicen pláticas asistidas para los progenitores y menor involucrado por parte del Centro de Convivencia Familiar, en términos del artículo 60 del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar Asistida del Poder Judicial, a fin de que las partes traten las circunstancias que se presentan en la convivencia, con la finalidad de sensibilizarla y lograr acuerdos y ordenó girar oficio a la Coordinadora del Centro Familiar de Convivencias Familiares adscrito a ese Juzgado, remitiendo copias de las evaluaciones de cada una de las partes y menor, así como de la audiencia de menores, conminando a los progenitores a que son ellos los que deberán vigilar los días y horas para dichas convivencias, apercibiéndolos de multa, en caso no cumplir con lo ordenado. Así las cosas, según asentó la autoridad responsable, una vez que se realice lo anterior y se informe al juez de lo familiar, se deberán establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial, sin embargo al momento de resolver el juez responsable adujo que, en la especie, no se advierte que el menor corra riesgo al convivir con el padre, que dicha convivencia se puede realizar en su domicilio o en cualquier otro que el menor tenga un sano esparcimiento, aunado a ello, el suscrito juzgador no advierte algún peligro en la integridad personal del quejoso. Finalmente, como consideró el Juez de origen, ha tomado en cuenta la actividad laboral del quejoso en la fijación de la medida de convivencia, ya que en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en atención a las manifestaciones del quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ en relación a su fuente de trabajo, se modificó la convivencia fijada en la audiencia del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, para fijarla los días domingos de cada semana en un horario de catorce a diecisiete horas, con el apercibimiento decretado en dicha audiencia en caso de incumplimiento (foja 115) y en relación con las sesiones o convivencias futuras, resulta aventurada la conclusión del mismo de no poder acudir, cuando no se han señalado los días o precisado las fechas, ya que todo depende de las pláticas asistidas para los progenitores y menor involucrado por parte del Centro de Convivencia Familiar, cumpliendo así cabalmente el Juez de origen con el principio orientador del Interés Superior del Menor. Apoya a lo anterior, la Tesis: 1a. CCCVIII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Supera Corte de justicia de la Nación, Época: Décima Época, Registro: 2004774, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Civil, Página: 1063, cuyo rubro y contenido se leen: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial." Por otra parte, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sustenta lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, intitulada "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". CONCLUSIÓN Por las consideraciones antes establecidas y, al no advertirse que el acto aquí reclamado presente algún vicio de inconstitucionalidad que deba repararse, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ respecto del acto precisado en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley. SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 466/2022 RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y turnado ese mismo día a éste órgano jurisdiccional, la parte quejosa JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 1-14). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós (fojas 15-19) se ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo, solicitar su informe justificado a la autoridad responsable, dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó emplazar a la tercera interesada Martha Isabel Campos Juárez misma que fue emplazada el uno de junio de dos mil veintidós (foja 80). Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en Veracruz, Veracruz (fojas 26-72). Por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintidós, dada la naturaleza del acto reclamado y que en el juicio de origen la contienda versa sobre la convivencia de un menor de edad, resulta evidente que existe un claro conflicto de intereses para el promovente del presente juicio de amparo JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ y la progenitora del infante por lo que se ordenó la designación de un representante especial para el menor de identidad reservada y se ordenó girar oficio al Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judiatura Federal con residencia en Veracruz, Veracruz a fin de que designara un representante para el menor (fojas 85-86). Mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Titular de la Delegación Veracruz del Instituto Federal Defensoría Pública con sede en Veracruz, Veracruz designando a la Asesora Jurídica Maribel Galicia Siles como representante del menor quejoso de identidad reservada (fojas 90-93). Por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la asesora jurídica Maribel Galicia Siles, aceptando el cargo de representante del menor de identidad reservada (fojas 103-107). Asimismo se hace constar que la tercera interesada no se apersonó a juicio. Por lo que, una vez que se encontró integrado el juicio de garantías, la audiencia constitucional se celebró en la hora y fecha prevista al efecto (foja 125). Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto emitido por una autoridad civil, atinente a un derecho fundamental de petición de derecho de convivencia entre un menor y su progenitor dentro de un proceso jurisdiccional, lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de éste Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: La resolución de dos de mayo de dos mil veintidós dictada dentro del juicio ordinario civil 1444/2020 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familiar (fojas 51-52 de autos y 401-402 Tomo I cuaderno de pruebas) misma que fue emitida en relación al recurso de revocación presentado por el quejoso en contra del proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós (foja 29-50 de autos y 385-400 Tomo I cuaderno de pruebas) pronunciado por el juez responsable, en el cual no acordó favorable suspender la convivencia del quejoso con su menor hijo (resolución que fue notificada por lista de acuerdos el propio dos de mayo de dos mil veintidós). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos. Son ciertos los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (fojas 26-28). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esa determinación (fojas 51-52 de autos y 401-402 Tomo I cuaderno de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Constitucionalidad del acto. Los conceptos de violación formulados por la quejosa resultan infundados. Ello en virtud que, contrario a lo afirmado por el quejoso, en la resolución reclamada (de fecha dos de mayo de dos mil veintidós) al juez responsable sí expuso los fundamentos y razonamientos en los que se basó para confirmar el auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, sin que el mismo resulte violatorio al principio del Interés Superior del Menor y el Derecho de Convivencia como lo pretende el impetrante de garantías. MARCO NORMATIVO I. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN En principio, cabe decir que el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en su primera parte, garantiza uno de los derechos humanos que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no sólo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento a la determinación adoptada por la autoridad responsable. En ese tenor, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de ésta y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulen en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria, como lo es en este último caso el juicio de amparo. Una de las interpretaciones respecto de los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el precepto constitucional de previa cita, es la establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 204, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual forma, se invocarse el criterio jurisprudencial número 139/2005, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.- Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Entonces, conforme a lo dispuesto por nuestro Máximo Tribunal de la Nación, las autoridades jurisdiccionales, cualquiera que sea el fuero al que pertenecen, al emitir sus resoluciones y con las particularidades propias establecidas en el criterio de previa cita, deben, en todos los casos, cumplir con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación a fin de que sus actos sean respetuosos del derecho humano de legalidad a que se ha hecho referencia. Por consiguiente, a fin de que una resolución jurisdiccional pueda válidamente afectar valores trascendentes, entre otros requisitos, desde luego debe satisfacerse a plenitud el de fundamentación y motivación, lo que significa que el juzgador deberá realizar de manera expresa y categórica, un análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En este contexto, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso y, por motivación, las razones o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. II. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR La obligación constitucional de que en las determinaciones judiciales se atienda primordialmente al interés superior de los menores, implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la aplicación de normas en todos los órdenes relativos a su vida, buscando que la decisión tomada les beneficie directamente, para lo cual habrá de realizarse un escrutinio más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales, ya que son destinatarios de un trato preferente por su carácter jurídico de sujetos de especial protección. Orienta la consideración anterior, la Jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a), integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la página 10, del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2012592, que impone: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." Así, se encuentra constitucional y convencionalmente justificado que se ejerza una protección reforzada en su beneficio, aunque ello signifique agravar la situación de quien incluso, en su caso, insta la acción constitucional, cuando sus intereses son adversos a los de cualquier menor, cuyos derechos fundamentales se relacionan con el acto reclamado, porque constituye un imperativo de la sociedad la protección de éstos con una mayor intensidad, ubicado por encima de la protección que debe darse a los derechos de los adultos, no obstante que a éstos les asista el carácter de quejosos, pues los derechos fundamentales de los menores no pueden estar subordinados a los de aquéllos. Sin que dicho actuar vulnere el principio de relatividad de las sentencias porque el derecho de los adultos no puede prevalecer frente al interés superior de los menores, el cual resulta de mayor entidad; de igual manera ocurre por cuanto hace al principio de agravio o instancia de parte, considerando que, cuando los intereses del impetrante resultan opuestos a los de algún menor involucrado en el asunto materia de la litis constitucional, se actualiza una hipótesis de excepción al principio en mención. Debido a lo anterior, el respectivo asunto debe ser analizado bajo el parámetro objetivo de respeto, observancia y protección de los derechos sustantivos de los menores, cuando se advierta que existen obligaciones soslayadas o incompletamente determinadas en el propio acto reclamado, toda vez que al encontrarse involucrada la situación jurídica de un menor, se justifica la excepción de que el estudio atinente se elabore en beneficio de éste, aunque materialmente implique ampliar el ámbito de las obligaciones previamente determinadas, de las que se duele el promovente del amparo, en aras de salvaguardar el interés superior del menor involucrado. Así también, orienta lo considerado la Jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 270, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006593, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Así, dada su trascendencia, la protección en cita no puede limitarse al cumplimiento de requisitos de carácter formal, de tal manera que considerando que la protección de los menores es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, no puede estimarse que éstos deban sufrir la consecuencia del error o negligencia en la actuación de quien omitió instar la protección constitucional en su nombre, por lo que dicha omisión no puede generar el efecto de dejarlos inauditos. De igual forma, apoya lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 175053, de rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Así también, es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a), integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 406, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2006011, que impone: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." Hasta aquí las premisas normativas que informan el asunto. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto sujeto a examen constitucional, conviene destacar algunos antecedentes que se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 1444/2020, remitidas por el juez responsable, cuyo valor probatorio ya ha sido asignado, las cuales se encuentran en el expediente y en el Tomo I, cuaderno de pruebas. a).- Por escrito acordado el trece de noviembre de dos mil veinte, JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ demandó en la vía ordinaria civil a Martha Isabel Campos Juárez entre otras cosas, la convivencia con su menor hijo, por lo que se admitió la demanda de referencia y ordenó el emplazamiento de la demandada, lo que se hizo el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte (fojas 1-40). b).- En la audiencia prevista por el artículo 345 del Código Civil, de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se hizo constar la incomparecencia del ahora quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ; se escucharon las manifestaciones de la aquí tercero interesada Martha Isabel Campos Juárez y se fijó una convivencia entre el quejoso y su menor hijo, los días sábados y domingos de cada quince días, comenzando el sábado siguiente, esto es el seis de febrero de dos mil veintiuno a las once horas y feneciendo el domingo a las dieciocho horas, ordenando que el quejoso pasara a recoger a su menor hijo en el domicilio en el cual vive y lo reintegrará a ese mismo domicilio al finalizar la convivencia, con el apercibimiento a las partes que de no cumplir con la convivencia ordenada, se les impondrá una multa de treinta veces la unidad de medida y actualización (UMA) por desacato a un mandato judicial como lo establece el numeral 53 fracción I del Código Procesal Civil (fojas 64-65). c).- Mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por Martha Isabel Campos Juárez, y al propio tiempo demandó en reconvención a JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia en representación de su menor hijo, y se ordenó el emplazamiento del demandado (lo que se hizo el veintisiete de enero de dos mil veintiuno fojas 59-62) y decretó como medida cautelar, pensión alimenticia provisional consistente en salario mínimo y medio a razón de $123.22 (CIENTO VEINTITRÉS PESOS 22/100 M.N.) por lo que multiplicado por uno punto cinco da un total de $184.83 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.) diarios a favor de su menor hijo (fojas 41-58). d).- En auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de contestación de demanda signado por JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, y al propio tiempo interpuso reclamación respecto de la medida provisional decretada por el juez el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, consistente en pensión alimenticia provisional a favor de su menor hijo, con el que se dio vista a la demandante (foja 72-73 y 87-114) misma que se tuvo por desahogada mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno (fojas 125-145 y 181). e).- En proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en atención a las manifestaciones del quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ en relación a su fuente de trabajo, se modificó la convivencia fijada en la audiencia del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, para fijarla los días domingos de cada semana en un horario de catorce a diecisiete horas, con el apercibimiento decretado en dicha audiencia en caso de incumplimiento (foja 115). f).- El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el juez responsable resolvió: declarar procedente la reclamación de alimentos interpuesta por el demandado, modificando el monto de la pensión alimenticia inicialmente fijada a cargo del demandado (aquí quejoso) que consistió en la cantidad líquida de $184.83 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/83 M.N.) diarios que corresponde a un salario y medio mínimo diario a favor de su menor hijo, y en su lugar fijar el 30% (TREINTA POR CIENTO) del sueldo que percibe en su fuente laboral (fojas 225-232). g).- En treinta de marzo de dos mil veintidós, el Juez responsable no acordó favorable suspender la convivencia del quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, con su menor hijo (foja 385). h).- Resolución de fecha dos de mayo de dos mil veintidós, en la que el Juez responsable resolvió de plano el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del proveído de treinta de marzo de dos mil veintidós ( fojas 401-402 Tomo I cuaderno de pruebas). Hasta aquí los antecedentes que informan el presente asunto. SUBSUNCIÓN Ahora, inconforme con esa decisión el quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ, plantea en esta vía como conceptos de violación que con la resolución reclamada de treinta de marzo de dos mil veintidós, se viola el principio de Interés Superior del Menor tutelado por los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el juez de origen al desechar el recurso de revocación lo obliga a tener sesiones con la madre de su hijo, lo cual debe evitar por su integridad emocional, ya que cada vez que la ve se dan situaciones desfavorables; en lugar de haber emitido un acuerdo lo más favorable a favor de la salud emocional de su hijo y que de no cumplir lo apercibe de multa. Concluyendo el quejoso que no se niega a convivir con su hijo en el centro de Convivencia, pero lo que no acepta es que el Juez de origen le imponga que debe ir acompañado con la madre de su hijo, lo cual debe evitar por su propia integridad personal, aunado a que por cuestiones de trabajo no le será permitido acudir a las convivencias, considerando que dicha resolución no está fundada ni motivada, y contraviene su dignidad humana y el interés superior del menor. Lo cual resulta infundado, ya que en el acto reclamado (resolución de dos de mayo de dos mil veintidós) se advierte que el Juez responsable resolvió de plano el recurso de revocación hecho valer por el quejoso en contra del auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, confirmando éste último, en el que el quejoso solicitó se suspendiera la convivencia decretada en los autos del juicio de origen, no acordando favorable su solicitud, al considerar que, de hacer lo contrario, iría contra los intereses del menor involucrado y su derecho a convivir con su padre en términos de los artículos 1, 3 y 9 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Refiriendo el Juez de origen que una vez analizados los archivos proporcionados por el ahora quejoso advirtió la existencia de conflictos al momento de la transición, los cuales demuestran la irresponsabilidad de ambos padres para abordar el derecho del menor a convivir con su progenitor, haciéndose reproches, por ello dicho juzgador estimó oportuno se realicen pláticas asistidas para los progenitores y menor involucrado por parte del Centro de Convivencia Familiar, en términos del artículo 60 del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar Asistida del Poder Judicial, a fin de que las partes traten las circunstancias que se presentan en la convivencia, con la finalidad de sensibilizarla y lograr acuerdos. Ordenando girar el oficio a la Coordinadora del Centro Familiar de Convivencias Familiares adscrito a ese Juzgado, remitiendo copias de las evaluaciones de cada una de las partes y menor, así como de la audiencia de menores. Conminando a los progenitores a que son ellos los que deberán vigilar los días y horas para dichas convivencias, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa consistente en treinta veces la unidad de medida y actualización (UMA) por desacato a un mandato judicial como lo establece el numeral 53 fracción I, del Código Procesal Civil. En esos términos, el Juzgador de origen adujo que confirma dicho auto por las siguientes consideraciones: la manera en que ambos padres se muestran en los videos que el propio quejoso aportó, son muestras de falta de respeto y consideración a su hijo, quien como lo aduce el juzgador se muestra acorralado entre ambos padres, en la disyuntiva de tener que solucionar aspectos de su vida inmediata (convivencia) cuando es a los padres en su primer momento a quien les corresponde hacerlo, en el ejercicio de la patria potestad, de ahí que se requiera el apoyo en un experto en la materia para el desarrollo de la convivencia y les pide a los padres el cumplimiento de la medida, de manera precisa y que vigilen cuando el Centro de Convivencias señale los días y horarios de las sesiones, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa consistente en treinta veces la unidad de medida y actualización (UMA) por desacato a un mandato judicial como lo establece el numeral 53 fracción I, del Código Procesal Civil, lo cual considera el juzgador es su obligación de hacer cumplir con sus determinaciones. Por otra parte, el Juez responsable señala que en cuanto a la actividad laboral del quejoso se ha considerado en la fijación de la medida y en relación con las sesiones, resulta aventurado la conclusión del mismo de no poder acudir, cuando no se ha precisado, lo anterior tomando en consideración que los artículos 2, 12, 21, 70 y 71 de la Ley Número 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, que reconocen a éstos como titulares de derechos; garantizan su protección integral, así como el respeto de sus derechos fundamentales reconocidos en las disposiciones constitucionales relativas y tratados internacionales; establecen la obligación de todas las autoridades que conozcan de asuntos en cualquier materia donde se encuentren afectados derechos de menores, de vigilar su desarrollo integral en el seno de una familia, en la que convivan con ambos padres manteniendo relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Refiriendo el Juez resolutor, que cuando se trate de un asunto que involucre el derecho de un menor a la familia, los órganos jurisdiccionales deben asegurar su desarrollo integral y, por tanto, establecer un régimen de convivencia supervisado entre los progenitores y éste, a fin de que no quede en un estado vulnerable, pues tiene el derecho a vivir en la familia de origen, reunirse con ella cuando por diferentes razones ha habido una separación, vincularse con ambos progenitores en casos de conflictos entre éstos, por lo que la obligación del juzgador es velar porque los infantes sólo sean separados de ellos por una sentencia judicial que declare válida y legítimamente la necesidad de hacerlo y no por la negativa del padre no custodio de convivir con su hijo por razones de trabajo, tener más hijos o por no haber convivido nunca con él, pues esta justificación atenta contra el derecho irrenunciable de una familia. Refiere el Juez responsable que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos criterios en los que determinó que el régimen de convivencia o derecho de visita es un derecho fundamental de los menores y que debe tener siempre como eje rector, el principio de interés superior de éstos, el cual busca la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes allegados, desde luego sin soslayar que este derecho no es absoluto, pero tampoco está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que debe atenderse al caso concreto para determinarlo y puede estar limitado de forma temporal, espacial y modal, para asegurar su bienestar y estabilidad emocional. Concluyendo el resolutor de origen que en la especie no se advierte que el menor corra riesgo al convivir con el padre, que dicha convivencia se puede realizar en su domicilio o en cualquier otro que el menor tenga un sano esparcimiento. Lo cual el suscrito juzgador considera que fue correcto y apegado a derecho, en virtud de que si bien, el presente asunto se tiene que velar el principio orientador del Interés Superior del Menor, no menos cierto es que la autoridad competente para fijar el régimen de convivencia es el juez de lo familiar. En esa tesitura, para que el Juez Familiar fije un régimen de convivencia, deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados, lo cual tomó en cuenta el Juez Responsable. Por ello dicho juzgador estimó oportuno se realicen pláticas asistidas para los progenitores y menor involucrado por parte del Centro de Convivencia Familiar, en términos del artículo 60 del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar Asistida del Poder Judicial, a fin de que las partes traten las circunstancias que se presentan en la convivencia, con la finalidad de sensibilizarla y lograr acuerdos y ordenó girar oficio a la Coordinadora del Centro Familiar de Convivencias Familiares adscrito a ese Juzgado, remitiendo copias de las evaluaciones de cada una de las partes y menor, así como de la audiencia de menores, conminando a los progenitores a que son ellos los que deberán vigilar los días y horas para dichas convivencias, apercibiéndolos de multa, en caso no cumplir con lo ordenado. Así las cosas, según asentó la autoridad responsable, una vez que se realice lo anterior y se informe al juez de lo familiar, se deberán establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial, sin embargo al momento de resolver el juez responsable adujo que, en la especie, no se advierte que el menor corra riesgo al convivir con el padre, que dicha convivencia se puede realizar en su domicilio o en cualquier otro que el menor tenga un sano esparcimiento, aunado a ello, el suscrito juzgador no advierte algún peligro en la integridad personal del quejoso. Finalmente, como consideró el Juez de origen, ha tomado en cuenta la actividad laboral del quejoso en la fijación de la medida de convivencia, ya que en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en atención a las manifestaciones del quejoso JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ en relación a su fuente de trabajo, se modificó la convivencia fijada en la audiencia del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, para fijarla los días domingos de cada semana en un horario de catorce a diecisiete horas, con el apercibimiento decretado en dicha audiencia en caso de incumplimiento (foja 115) y en relación con las sesiones o convivencias futuras, resulta aventurada la conclusión del mismo de no poder acudir, cuando no se han señalado los días o precisado las fechas, ya que todo depende de las pláticas asistidas para los progenitores y menor involucrado por parte del Centro de Convivencia Familiar, cumpliendo así cabalmente el Juez de origen con el principio orientador del Interés Superior del Menor. Apoya a lo anterior, la Tesis: 1a. CCCVIII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Supera Corte de justicia de la Nación, Época: Décima Época, Registro: 2004774, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Civil, Página: 1063, cuyo rubro y contenido se leen: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. Al momento de determinar el contenido del régimen de convivencia, el juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores de edad involucrados; el tipo de relación que mantienen con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor de edad en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. En este sentido, el juzgador podrá establecer que la convivencia entre los menores de edad y el progenitor no custodio tenga lugar en fines de semana, días entre semana, días de fiesta, vacaciones o días de importancia para el progenitor no custodio; que se desarrollen en la residencia del padre no custodio, del padre custodio, en un lugar distinto a los anteriores, mediante conversaciones telefónicas o por correo electrónico; determinar la necesidad de que esté presente una tercera persona; y cualquier otra modalidad que el juzgador considere pertinente de acuerdo a las circunstancias del caso concreto y a las necesidades del menor. Por otra parte, si del análisis de dichas constancias el juzgador advierte la existencia de situaciones extraordinarias en las que la convivencia con alguno de los progenitores sea más perjudicial que beneficiosa para el menor, podrá privar al progenitor en cuestión del derecho de convivencia mediante una resolución en la que exponga los hechos que indubitablemente demuestren la nocividad de la relación paterno-filial." Por otra parte, debe resaltarse, que si bien es cierto los artículos 1° y 17 constitucionales consagran el principio pro persona y el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita) también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, lo ha definido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso se ejecute dicha decisión. Sin embargo, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno al principio pro persona puede ser constitutivo de "derechos" alegados a dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sustenta lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.104/2013, intitulada "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". CONCLUSIÓN Por las consideraciones antes establecidas y, al no advertirse que el acto aquí reclamado presente algún vicio de inconstitucionalidad que deba repararse, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a JOSÉ ÁNGEL CERVANTES MONZALBEZ respecto del acto precisado en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley...."

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que el veintitrés de agosto de la presente anualidad, feneció el plazo de quince días concedido a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo, esto es, en relación con los conceptos de violación en contra de la resolución dictada el dos de mayo del año en curso en el juicio ordinario civil 1444/2020 del índice de la autoridad responsable. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, por lo que el presente asunto se continuará únicamente en relación a los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de dieciocho de agosto del año en curso, levantada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional y, en atención a su contenido, téngasele informando que se encuentra imposibilitada técnicamente de dar cumplimiento a lo requerido por acuerdo de diecisiete de los presentes; esto es, dar acceso a Maribel Galicia Siles representante especial del menor de edad de identidad reservada, a la totalidad de los acuerdos que obran agregados en el presente asunto. Sin embargo en atención a la relevancia del cargo conferido y para que dicha representante se imponga de las constancias de autos, así como también dé cumplimiento al auto de uno del mes y año en curso, instrúyase al personal de actuaría para que habilite en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el apartado de notificaciones, las actuaciones previas al auto donde aceptó el cargo; es decir del uno de agosto de dos mil veintidós. Lo anterior, solo para efectos de la visualización íntegra del expediente electrónico. Notifíquese en términos de ley.

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