José Ángel Bastida Arzate
Expediente 948/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/04/2021
Partes del expediente
- José Ángel Bastida Arzate
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se evidencia que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo la parte quejosa, no recurrió la determinación de nueve de marzo de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita). En consecuencia, una vez que se haya cumplido el plazo de conservación, y que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. De igual manera, atento a lo ordenado en el artículo 18, párrafo segundo, del referido Acuerdo General, se deja a disposición de la parte quejosa el documento original que adjuntó a su escrito inicial de demanda, apercibido que de no recogerla en el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, dicho documento será destruido. En el entendido de que deberá sujetarse a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid- 19, del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, por lo que para el caso de comparecer ante este juzgado se le sugiere hacer uso del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, contenido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órgano jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Se informa a las partes, que el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran tres años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Presidente en representación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, rinde su informe justificado; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, la documental que adjunta a dicho informe. Ahora, cabe precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo constituye: - La dilación procesal por parte de la autoridad señalada como responsable al paralizar el juicio de origen, absteniéndose de llevar a cabo la celebración de la diligencia de ejecución laboral (de requerimiento de pago y embargo) en el expediente ***. De las constancias enviadas por el Tribunal responsable, se desprende que el uno de marzo de la presente anualidad, se dictó el acuerdo correspondiente en el expediente **** en el cual, entre otras cosas, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo, asimismo, señaló las once horas del diecinueve de marzo del año en curso, para las diligencias antes mencionadas con los apercibimientos correspondientes. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto han cesado los efectos del acto reclamado, lo que impone sobreseer en el presente juicio, en virtud de que mediante oficio ***, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de marzo de este año, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, remitió constancias que acreditan que el uno de marzo de la anualidad cursante se pronunció respecto del acto reclamado; esto es, dictó el auto relativo al expediente **** y lo notificó por medio de boletín laboral el cinco siguiente; tal y como se advierte de las constancias que anexó en copia certificada; documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Así es, el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Sobre el particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. En ese contexto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del gobernado, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, en el caso, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado, pues si la parte quejosa reclama la dilación procesal de la autoridad señalada como responsable al paralizar el juicio de origen, absteniéndose de llevar a cabo la celebración de la diligencia de ejecución laboral (de requerimiento de pago y embargo) en el expediente ***; y, éste fue acordado el uno de marzo de dos mil veintiuno, acuerdo en el cuál se dictó auto de requerimiento de pago y embargo, asimismo, señaló las once horas del diecinueve de marzo del año en curso, para las diligencias antes mencionadas con los apercibimientos correspondientes, es evidente que el acto reclamado dejó de existir; pues al dictar el acuerdo respectivo, la omisión de la que se dolió dentro del juicio laboral quedó insubsistente, creándose una situación jurídica que destruyó la que originó la promoción del presente juicio, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro 196820, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación jurídica anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la ley de Amparo." Por tanto, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y procede sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En ese entendido, queda sin efectos la audiencia constitucional prevista para las once horas del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como lo dispuesto en el punto 16 del numeral II de la Circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se señala que a partir del dieciocho de febrero del año en curso se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la reanudación del presente juicio de amparo; en consecuencia, se fijan las diez horas del nueve de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior, sin que sea el caso notificar personalmente a las partes dicha reanudación, ya que los acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y las Circulares en las que se decretó la suspensión de actividades, las prórrogas de la misma, así como la reanudación de labores constituyen hechos notorios; aunado a que, a fin de no dejar a las partes en estado de indefensión, la fecha para la celebración de la audiencia constitucional se fijó con suficiente anticipación y atendiendo a las cargas de trabajo. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Civil Colegiada de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual informa que se encuentra imposibilitada para remitir las copias certificadas solicitadas por este órgano jurisdiccional, en proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dado que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, no se las ha proporcionado. Atento a lo anterior, se le requiere de nueva cuenta a dicha autoridad, para que en el término de tres días contado a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, envíe las mismas; quedando subsistente el apercibimiento ordenado en el auto citado en el párrafo que precede. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS122/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el licenciado José Fernando García Quiroz, será el nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
III.- Toluca, Estado de México, diez de diciembre de dos mil veinte. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ****, representante legal del quejoso ****, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, regístrese bajo el número 948/2020-III. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2°, 36, 107, 112 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite, sin tramitarse el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Ministerio Público Federal. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se deberá notificar la admisión del juicio mediante oficio, corriéndole traslado con copia de la demanda. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las once horas con veinte minutos del siete de enero de dos mil veintiuno. Informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de la notificación del presente proveído, adjuntando al mismo copias debidamente certificadas de todas y cada una de las constancias de donde emana el acto reclamado; lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; con el apercibimiento que de ser omisa se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la ley de la materia. Con apoyo en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a las partes para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, lo hagan saber a este juzgado, pues de no hacerlo se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 251 del ordenamiento invocado. Cabe señalar que tanto el informe justificado como la información requerida deberá enviarse al correo electrónico a la dirección 8jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx. Tercero interesado. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se establece que en el caso no existe. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, se tienen por autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en virtud de que tiene el carácter de trabajador en el juicio de origen ****. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese.
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