José Ángel Arista Hernández
Expediente 268/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Ángel Arista Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio mediante el cual el Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, acusa recibo del original del toca penal JOTPAI/29/2023 de su índice y de un disco en formato DVD, que le fue remitido en cumplimiento a lo ordenado en auto cinco de julio de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************; por lo tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso a) (Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es conservable; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Se devuelve tomo de pruebas y DVD. Por otra parte, devuélvase a la Sexta Sala Penal Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, el original de toca penal ******************** de su índice, así como el DVD que remitió en apoyo a su informe justificado. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
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Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número ******************** y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado del Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que en el considerando segundo se precisará. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de veintidós de marzo del presente año, la demanda fue registrada con el número 268/2023 y se previno al quejoso en los siguientes términos: "1. Señale si el acto que reclama en este juicio de amparo, lo es la vinculación a proceso en la causa penal ********************, dictada por el Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, el primero de agosto de dos mil veintidós, o en su caso, la confirmación de la misma -vinculación a proceso-, en el toca penal ********************, de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, del índice de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. 2. De tratarse de diversos actos reclamados, precise todos y cada uno de ellos, así como la autoridad de quién los reclama, y la fecha en que tuvo conocimiento de los mismos. 3. Indique el carácter que le reviste a ******************** en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control del Circuito de Valles Centrales. 4. De resultarle el carácter de tercera interesada en el presente juicio de amparo a ********************, proporcione el domicilio completo de la misma. 5. Aclare los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto -actos- reclamado. 6. Manifieste de forma clara y sucinta los conceptos de violación que dan origen a su demanda de amparo". TERCERO. Admisión de la demanda. En acuerdo de treinta y uno de marzo del año en curso, este juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; emplazó a los terceros interesados; posteriormente, citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, fracción I (materia penal), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que el acto reclamado del Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, es el siguiente: La resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal número ********************, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso de uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, en la causa penal ********************, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar en agravio de ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado (foja 31). Para corroborarlo, anexó el original del toca penal número ********************, y un disco óptico relativo a la causa penal número ********************, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Este Juzgado de Distrito no advierte causa de improcedencia del juicio de control constitucional que deba analizarse de oficio o haya sido invocada por las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Transcripción innecesaria de conceptos de violación. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados por el quejoso en su escrito de demanda, son infundados. Como se precisó en el considerando segundo de esta sentencia, el peticionario del amparo reclama la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal número ********************, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso de uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, en la causa penal ********************, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar en agravio de ********************. Dicho ilícito se encuentra previsto en los artículos ******************** y ******************** Bis, fracción I, y sancionado en el diverso numeral 405, del Código Penal del Estado de Oaxaca, que establecen: "Artículo ********************. Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Artículo ******************** Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas. Artículo 405.- A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por la legislación en la materia; además, se sujetará a tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia familiar establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género. La pena señalada en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad de su mínimo y su máximo, en los casos en que la violencia se ejerza en contra de personas adultas mayores, personas con discapacidad o mujeres en estado de gravidez. En ningún caso se entenderá como tratamiento o rehabilitación, la violencia hacia persona alguna con trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores de edad". De los preceptos legales transcritos se colige que los elementos del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, que tuvo correctamente por acreditados la sala responsable, son los siguientes: El imputado, por medio de una acción, agreda de manera física a la víctima. Ello ocurra fuera del domicilio familiar. Entre el imputado y la víctima haya una relación de índole legal, en el caso, ello se origina con el concubinato formado entre ambos. Los hechos que dieron origen al ilícito, son los siguientes: "1. Que el imputado ******************** y la víctima ********************, tuvieron una relación de concubinato, en la cual procrearon a una hija (sic), durante dicha relación tuvieron diversos domicilios familiares, siendo el último el ubicado en la calle ******************** número ********************, colonia ********************, ********************, y derivado de la violencia que el imputado había ejercido en contra de la víctima, él se fue del domicilio familiar mencionado. 2. Entre las veintitrés horas del dieciséis de marzo y las cero horas del diecisiete de marzo del dos mil veintidós, en el interior del domicilio ubicado en la calle ********************; lugar en el que habían acudido a una fiesta el imputado y la víctima; entonces el imputado le dijo a la víctima: "¡No te vas a ir!" Esto porque ella le dijo que ya se iría con su hijo. Posteriormente salieron del domicilio juntos con otros individuos, por lo que al estar en el exterior del domicilio, el imputado le dio un puñetazo en el ojo izquierdo a la víctima, ella cayó al piso y una de las invitadas la auxilió intentando sentarla, el imputado se alejó un poco, pero posteriormente regresó, hizo a un lado a la invitada que auxiliaba a la víctima y mientras ella aún se encontraba en el piso, él le dio un puñetazo a la víctima en la nariz, enseguida le dio de patadas en la cara del lado izquierdo, posteriormente la dejó de agredir porque uno de los individuos salió del domicilio y detuvo al imputado y éste se fue de lugar, luego la víctima fue auxiliada por unas invitadas, quienes posteriormente la llevaron a que le brindaran atención médica. 3. Derivado de estos hechos la víctima presentó lesiones consistentes en moretón y raspón en ambos párpados del ojo izquierdo, enrojecimiento del ojo izquierdo, moretón en pómulo y mejilla izquierda, moretón en mejilla derecha, moretón en mentón, inflamación con sangre de la nariz y raspón en el labio inferior y emocionalmente cursa una reacción aguda de estrés a consecuencia de la agresión vivida". [Lo anterior se retoma del acto reclamado] Para confirmar la resolución impugnada, la sala responsable consideró los siguientes datos de prueba: 1.- La declaración de la víctima ********************, quien en esencia refirió que el dos de agosto de dos mil diecisiete, inició una relación de noviazgo con el imputado ********************; en el mes de enero del dos mil dieciocho, iniciaron una vida en común debido a que quedó embarazada y posteriormente nació su hijo; asimismo, que durante su concubinato habitaron en diversos domicilios. El dieciséis de marzo del año dos mil veintidós, en compañía del imputado y su hijo acudieron a una fiesta al domicilio ubicado en ********************, en donde estuvieron conviviendo. Más tarde, tuvo una discusión con el imputado derivado de que ella ya se quería retirar de la fiesta con su hijo, fue cuando el aquí quejoso, en estado de ebriedad, le dio un puñetazo en el ojo izquierdo, momentos después la golpeó nuevamente en la nariz con el puño y luego le propinó patadas en la cara del lado izquierdo. Las personas que la auxiliaron en ese momento fueron ********************, ********************y ********************. 2. La entrevista realizada a ********************, el diecinueve de marzo de dos mil veintidós, por la Agente Estatal de Investigaciones ********************, en la cual dicha víctima exhibió una copia del acta de nacimiento de un menor de edad de iniciales ********************, en el que aparece el nombre del imputado como padre y la firma electrónica de la Directora del Registro Civil en el Estado de Oaxaca. 3.- Las entrevistas practicadas a ******************** y ********************, por el Agente Estatal de Investigaciones ********************, quienes medularmente refirieron: La primera: El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, realizó una fiesta por el cumpleaños de su novio ********************, a la que acudieron diversas personas, entre ellas el imputado, la víctima y su hijo. Alrededor de las once y media de la noche, escuchó que discutían ******************** y ********************, porque ésta ya se quería retirar con su hijo; y momentos después presenció cuando el imputado le dio un golpe en la cara a la víctima, lo que causó que ésta cayera al piso; que acudió a ayudarla pero el quejoso la hizo a un lado y siguió dándole puñetazos en la cara a la víctima, además le propinó patadas en la cara y abdomen, hasta que acudió a impedirlo ********************. La segunda: El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, alrededor de las dieciséis horas con treinta minutos, llegó a la fiesta de cumpleaños que se celebraba en el domicilio ubicado en ********************, en donde ya estaban el imputado, la víctima y su hijo menor de edad. Después de las once de la noche observó la discusión entre ******************** y ********************, porque ésta ya se quería retirar con su hijo, y después vio cuando el quejoso le dio un golpe en la cara a la víctima, lo que provocó que cayera al piso, por lo que ******************** intervino para auxiliarla; sin embargo, haciendo a ésta a un lado la siguió golpeando en la cara y le propinó patadas en la cara y abdomen, hasta que intervino ********************. 4. Dictamen de lesiones, ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas, de diecisiete de marzo del año dos mil veintidós, emitido por la médico ********************, quien hizo referencia a que la víctima presentaba las siguientes lesiones: "1) Una equimosis del parpado superior del ojo izquierdo, con presencia de excoriación de un centímetro de longitud con rastros hemáticos de color rojo oscuro; 2) Segunda lesiones (sic) equimosis del párpado inferior del ojo izquierdo como referencia de escoriación de un centímetro de longitud en comisura externa bipalpebral con rastros hemáticos de color rojo oscuro; 3) Tercera lesión, importante eritema conjuntival del ojo izquierdo con dificultad para la apertura palpebral del mismo; 4) Cuarta lesiones (sic) un hematoma de color rojo en la nariz con inflamación perilesional, presencia de rastros hemáticos en ambas fosas nasales y congestión nasal de color rojo obscuro; 5) Quinta lesiones (sic), una equimosis del pómulo y mejillas izquierda de color rojo oscuro; 6) Sexta lesiones (sic), equimosis de mejilla derecha de color rojo oscuro; 7) Séptima lesiones (sic), es una excoriación lineal de 1 centímetros de longitud, el labio inferior, parte media de color rojo oscuro; 8) Octava lesiones (sic), una equimosis de 3 centímetros de diámetro en región mentoniana, parte media de color rojo obscuro; Que eran lesiones anteriores, que tenían características de haber sido producidas por agente mecánico, con objeto contuso y tiene una temporalidad de más de doce horas de evolución. Diagnósticos según nota de alta, traumatología, traumatismo, óculo palpebral, ojo izquierdo que condiciona hemorragia subconjuntival, más blefaro-querato-conjuntivitis postraumática con inicio de proceso infeccioso, más edema de Merlín, otorrinolaringología, pirámide y septo nasal alineados, equimosis y edema con pirámide nasal, laceración en cornete inferior, sangrante con colocación de gelfoam, no amerita tratamiento quirúrgico. Como señas particulares tatuajes en pectoral derecho y pectoral izquierdo, en brazo y antebrazo izquierdo en antebrazo y el muslo derecho. Por lo que hace a la exploración ginecológica y exploración proctológica, ésta no se efectuó por no haber dado la autorización la persona valorada. También asentó un informe de zonas erógenas y un apartado sobre las conclusiones, en las que hizo referencia: Que la persona del sexo femenino que responde al hombre de ********************, a nivel extragenital presenta la siguiente clasificación médico legal de lesiones: Que son lesiones las cuales abarcan piel, tejidos blandos y ocular, no ponen en peligro la vida, tarda en sanar más de quince días, y las secuelas y complicaciones se valorarían en sanidad definitiva. Se observan estudios de gabinete, simple de cráneo, encontrándose dentro de parámetros normales sin rastros de fractura, así como un apartado sobre la biografía". 5.- Nota de alta y tratamiento a nombre de ********************, de fecha de ingreso diecisiete de marzo del dos mil veintidós, en la que se aprecia: "A las cero una horas con doce minutos y la fecha de egreso el mismo diecisiete de marzo del dos mil veintidós, a las once horas con cuarenta y cinco minutos, con un diagnóstico de ingreso de traumatismo en la cabeza no especificado, una herida en párpado superior derecho, contusiones ojo derecho, sobreingesta alcohólica. Asimismo un diagnóstico de egreso de contusión de glóbulo ocular, del tejido orbitario, también el tipo de egreso fue domiciliar, también que necesitaba observación y hace referencia que se trata de ******************** de veintiún años, que sus primeras horas de ********************. con los siguientes antecedentes generaba alérgicos, niega enfermedades crónicas, niegan embarazo, el resto preguntando y negando; padecimiento actual refiere agresión por tercera persona durante la ingesta de bebidas alcohólicas causando heridas en rostro, niega perdida de estado de alerta, motivo por el que se traslada hasta esta institución para su valoración a su ingreso bajo efectos de alcohol, paciente inquieta, irritable, en el que se inicia manejo de paciente traumatizado, se inicia terapias y curación de heridas en la cara, se realizan tac simple de cráneo y macizo facial sin novedad, ni fracturas o lesiones primarias, intracraneales, se realiza los siguientes estudios y valoraciones en el laboratorio: Leucocitos, neurofolios, también plaquetas, sin alteraciones, esto sin alteraciones, el tac del cráneo simple, también una valoración por oftalmología, traumatismo óculo-palpebral ojo izquierdo que condiciona hemorragia subconjuntival más de faroquera, conjuntivitis postraumática que indica proceso infeccioso más edema de Merlín e indica tratamiento sintomático, también la valoración por otorrinolaringología, pirámide y septum nasal alineados, equimosis y edema y pirámide nasal, laceración en cornete inferior sangrante con colocación de gelfoam, no amerita tratamiento quirúrgico. Se refiere leve dolor en región ocular derecho y región nasal, cefalea, en escala de Eva despierta, orientada, neurológicamente Integra, seguimiento de adecuada coloración, pupilas isocóricas normoreflexicas, hemorragia conjuntival, ojo izquierdo se aprecia dermoabrasión y edema a nivel de párpado superior izquierdo sin alteraciones en la agudeza visual, cráneo sin agretipa-crepitaciones, región nasal con edema a nivel de tabique no se palpa crepitación, ni protuberancias, tórax simétrico, adecuadamente mecánica ventilatoria, ruidos cardíacos con adecuada frecuencia sin fenómenos agregados, abdomen normoperistalsis, no dolor a la palpación, no datos de irritación perienal, extremidades integras, llenado capilar inmediato, sin edema; femenino en tercera década de la vida que ingresa por agresión de tercera persona, cuenta con notificación al Ministerio Público, manejada con líquidos y tratamiento sintomático paraclínicos, cursa con datos de respuesta inflamatoria sistémica secundarios a trauma, cuenta con estudios de imagen en evidencia de lesiones a nivel encefálico al momento de su realización, valoración por especialidades oftalmológicas y otorrinolaringología de quienes descartan tratamiento quirúrgico e indican ambulatorio sintomático, al momento estado neurológico integro con gasgo de quince, no focaliza hemodinámico, estable respiratorio, sin alteraciones, paciente quien puede continuar con tratamiento indicado en forma ambulatoria sin criterios que ameriten mayor estancia hospitalaria, por lo que se recibe su egreso con indicaciones, cita abierta para urgencias en caso de referirlo (sic), se egresa con las siguientes indicaciones médicas, se le da las indicaciones médicas, nota de alta firmada por la Licenciada ********************, con cédula ********************, también por ********************, con cédula ******************** y cédula ********************". 6. Acta de inspección realizada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, por la agente estatal de investigaciones ********************, quien en compañía de la victima se trasladó al lugar de los hechos, en dónde ésta le señaló el sitio en que los mismos acontecieron. Datos de prueba que fueron valorados por la jueza de la causa de manera libre y lógica, de conformidad con los numerales 261, 262, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya justipreciación fue avalada por la sala responsable, y que resultaron eficaces para configurar hasta ese estadio procesal, indicios razonables y suficientes, que permitieron acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar y hacen probable la participación del quejoso en su comisión y, sustentaron la emisión del auto de vinculación a proceso que ahora se reclama. Lo cual se realizó de manera fundada y motivada en términos del artículo 16 constitucional, porque se citaron como fundamento los numerales 19 de la Carta Magna, 261, 262, 263, 265 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 8, fracción I, 11, fracción II, 14, ********************, ******************** Bis, fracción I, y 405 del Código Penal del Estado de Oaxaca, donde se encuentran previsto y sancionado el hecho atribuido al peticionario del amparo, así como la forma de su comisión y participación, expresando las razones tenidas en cuenta para emitir el auto cuestionado. Efectivamente, la autoridad responsable al confirmar el auto de vinculación a proceso, tuvo por acreditado el hecho constitutivo del delito de mérito, con los datos de prueba a que se hizo referencia, en donde se señalan al imputado como la persona que entre las veintitrés horas del dieciséis de marzo y las cero horas del diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en el domicilio ubicado en ********************, en primer término, propinó un puñetazo en el ojo izquierdo a la víctima, lo que provocó que ésta cayera al piso y, momentos después, la golpeó nuevamente con el puño en la nariz y le propinó patadas en la cara del lado izquierdo y estómago; siendo así, como el peticionario del amparo alteró la integridad física de la víctima y transgredió el vínculo afectivo entre ellos, derivado de su relación legal de concubinato, de la que procrearon un hijo de iniciales ******************** Figura jurídica que es definida por el artículo 7 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca, el cual señala: "Artículo 7.- El concubinato es la unión de hecho, realizada voluntariamente entre dos personas libres de vínculo matrimonial, que han vivido públicamente como cónyuges durante dos años o más o que, en su caso, han procreado uno o más hijos. Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización por daños y perjuicios". En relación con el tema que se estudia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo directo en revisión 6606/2015, el ocho de junio de dos mil dieciséis, en el que analizó el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 284 Bis del Código de Defensa Social de Puebla -cuyos elementos guardan semejanza con los artículos ******************** y ******************** Bis del Código Penal del Estado de Oaxaca-, tal y como se advierte en las consideraciones cuya parte medular se transcriben enseguida: "70. En el caso del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 284 Bis del Código de Defensa Social de Puebla -idéntico al correspondiente del Código Penal de Puebla, vigente-, el bien jurídicamente tutelado al que se dirige la norma penal es -como se dijo antes al hablar de la cualificación de los sujetos activos y pasivos de la conducta- la integridad personal de quienes unidos por lazos afectivos, de seguridad o dependencia, conviven y pueden verse particularmente afectados por las conductas dañosas física o psicológicamente de quienes comparten con ellos y ellas esos lazos y esa convivencia. 71. Esta Primera Sala considera que, al tomar la decisión de incorporar la conducta típica que se estudia, el legislador secundario sopesa adecuadamente la importancia de la integridad personal y la especial situación de vulnerabilidad de quienes conviven en relaciones afectivamente significativas, con el entendimiento que el Derecho Penal debe configurar la última respuesta -recurso- de un Estado democrático social de Derecho como el nuestro. 72. En principio, mediante la incorporación de la figura típica, el legislador secundario reconoce la extendida realidad social de que en el entorno familiar, aunque pensado como un ámbito de solidaridad y ayuda mutua, ocurren actos de violencia, particularmente contra quienes están en desventaja por sexo, género, discapacidad, edad, o padecen otras formas de opresión, que también se manifiestan dentro de la familia. Estos actos de violencia demandan la intervención estatal en la forma de pretensión punitiva relacionada con los fines del derecho penal: entre otros; la protección de bienes jurídicos, la prevención general y la prevención específica de las conductas que atentan contra éstos. 73. Es segundo lugar, el legislador secundario admite a la familia como un bien valioso y las relaciones y arreglos que en ella se generan como un espacio de interés para el Estado no para justificar injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas, sino por la necesidad de emprender acciones protectoras de la integridad de las personas que conviven en ese ámbito. De manera que -contrariamente a lo señalado por el tribunal colegiado de conocimiento, en su oportunidad- la situación personal en la relación de pareja o dentro de la familia no siempre carecerá de interés para el Estado, ni atañerá exclusivamente a quienes participan o se desarrollan dentro de ella. 74. En tercer término, el Estado reconoce su responsabilidad de intervenir en el espacio privado para garantizar el bienestar y seguridad de las personas sujetas a su jurisdicción. Actitud consonante con las obligaciones de debida diligencia en materia del derecho a una vida libre de violencia dentro de la familia, surgidas del marco constitucional y convencional. 75. Por tanto, esta Primera Sala concluye que la incorporación de la figura típica cumple con el mandato constitucional de ocuparse de un bien jurídico valioso, y que guarda respecto de él una relación instrumental de protección y salvaguarda. Ahora bien, ¿cómo responde a esta finalidad atribuir sanción penal a quien ejecute un solo acto de violencia contra algún miembro o integrante de la familia? 76. Al respecto, esta Primera Sala observa que -contrario a lo estimado por el quejoso- lo que provee base razonable y justifica -por ende- la sanción penal atribuida a quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad -física, moral o patrimonial-, de las agresiones, sino la certeza de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros o integrantes de la familia: con la afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que puedan producir afectación orgánica. 77. Así, lo que interesa y finalmente acarrea sanción a quien transgrede la norma penal es que la conducta desplegada -singular o reiterada- resulte apta, eficiente y suficiente para lesionar el bien jurídicamente tutelado por la norma penal: la integridad física o psicológica de algún miembro o integrante de la familia. Sobre todo, cuando es factible que un evento singular -dada su eficacia, gravedad o impacto- ocasione el daño que la norma penal quiere evitar. 78. Por tanto si, como ya se dijo, esta Primera Sala entiende que el legislador secundario adopta una decisión constitucionalmente sensata al proteger un bien jurídico valioso, resulta también adecuado y razonable que dejara al intérprete la determinación respecto a las circunstancias, contexto, grado y consecuencias de la agresión perpetrada, independientemente de su repetición". Dicha ejecutoria dio origen a la tesis 1a. CXXXV/2017 (10a.), registro digital: 2015244, de rubro y texto siguientes: "VIOLENCIA FAMILIAR. EL ARTÍCULO 284 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 QUE PREVÉ DICHO DELITO, SANCIONA LA CONDUCTA SINGULAR O REITERADA APTA, EFICIENTE Y SUFICIENTE PARA LESIONAR LA INTEGRIDAD FÍSICA O PSICOLÓGICA DE ALGÚN MIEMBRO O INTEGRANTE DE LA FAMILIA. La justificación para la sanción penal atribuida por el precepto referido a quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad, de las agresiones, sino la certeza de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros de la familia. Así, lo que acarrea sanción para quien transgrede esa norma es que la conducta desplegada -singular o reiterada- sea apta, eficiente y suficiente para lesionar el bien jurídico tutelado por la norma, esto es, la integridad física o psicológica de algún miembro de la familia. De esta forma, el legislador secundario adopta una decisión constitucionalmente sensata al proteger un bien jurídico valioso y al dejar al intérprete la determinación respecto a las circunstancias, contexto, grado y consecuencias de la agresión perpetrada, independientemente de su repetición". De igual forma, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" ratificado por el Estado Mexicano, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve, en su artículo 1, dispone que violencia contra la mujer se entiende cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause sufrimiento físico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado; en tanto que en el artículo 2 punto "a" dispone que violencia contra la mujer incluye violencia física, que tenga lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. El texto de esos numerales es el siguiente: "Artículo 1 Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 2 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual". Por lo que respecta a la probable intervención del peticionario del amparo en la comisión del hecho delictivo referido, la sala responsable confirmó que intervino como autor material en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción II, del Código Penal de esta entidad federativa, lo que tuvo por acreditado en su conjunto con los datos de prueba precisados, cuya reproducción nuevamente se estima innecesaria. También, como bien lo consideró la responsable, tal conducta se considera dolosa, de conformidad con el numeral 8, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, en razón de que conociendo los elementos objetivos del hecho típico, aceptó su realización, aunado a que no se advierte que exista a favor del imputado alguna causa de exclusión del hecho que la ley señala como delito en términos del arábigo 14 del ordenamiento legal citado. Apoya lo anterior la tesis XXIII.10 P (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, registro 2013696, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente". En ese contexto, se procede a dar respuesta a los conceptos de violación que en forma destacada formula el quejoso, mismos que resultan infundados. Aduce que el dictamen de la médico ********************, no acredita que las lesiones se hayan inferido a la víctima con un objeto o una parte de su cuerpo, además que no se indican lesiones en el abdomen de la víctima. Contrario a lo expuesto, se encuentra acreditada la violencia física exigida por el tipo penal en el artículos ******************** y ******************** Bis, fracción I, del Código Penal del Estado de Oaxaca, consistente en toda agresión en la que se haga uso de alguna parte del cuerpo, para lesionar físicamente a otro miembro de la familia, con quien tenga o haya tenido relación de concubinato. En el caso, en el dictamen de lesiones, ginecológico, proctológico e informe de zonas erógenas, de diecisiete de marzo del año dos mil veintidós, emitido por la médico ********************, y en la nota de alta y tratamiento, se hizo referencia a diversas lesiones que presentó la víctima como consecuencia de la acción desplegada por su agresor, que fueron detalladas previamente en esta sentencia. Lo que se concatena con la declaración de la víctima ********************, y las entrevistas de ******************** y ********************, quienes refirieron que en el lugar y hora de los acontecimientos, el imputado propinó golpes en la cara y estomago a la pasivo del hecho. De manera que se encuentra acreditado tal extremo, sin que exista dato de prueba que corrobore que "la víctima haya ido hacia el objeto" para golpearse, como señala el peticionario del amparo. Sin dejar de mencionar que conforme a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 6606/2015, lo que provee base razonable y justifica -por ende- la sanción penal atribuida a quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad -física, moral o patrimonial-, de las agresiones, sino la certeza de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros o integrantes de la familia: con la afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que puedan producir afectación orgánica. El acta de inspección en el lugar del hecho, realizada por el agente estatal de investigaciones, sólo demuestra la existencia de un inmueble en que se afirma ocurrió la violencia, pero de ninguna manera acredita que en ese lugar haya sucedido el hecho para considerar que corrobora las declaraciones de la víctima y los testigos, incluso, ni siquiera demuestra que el lugar haya sido lavado. Es infundado tal argumento, en la medida que la inspección estuvo practicada por un agente estatal de investigaciones en cumplimiento a las obligaciones que le impone el artículo 132, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es como sigue: "Artículo 132. Obligaciones del Policía El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: (.) VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público". El cual no es dato de prueba aislado, sino que se encuentra corroborado con la declaración de la propia víctima (que acudió a esa diligencia), y las entrevistas practicadas a ******************** y ********************, en el sentido de que el imputado ejerció violencia familiar de tipo físico contra ********************, en el domicilio ubicado en ********************, sin que hasta ese momento procesal se aprecie demostrado que el hecho haya acontecido en diverso lugar. Ahora, el hecho que el agente estatal de investigación no haya descrito si ese lugar ya fue lavado o no, es irrelevante para efectos de integrar el tipo penal de violencia familiar, porque no se exige. La responsable viola el principio de presunción de inocencia, el derecho a la defensa adecuada y la exacta aplicación de la ley penal, al otorgarle valor probatorio a un dictamen carente del elemento objetivo atinente a la naturaleza activa o pasiva de las lesiones, porque la víctima pudo haberse golpeado, yendo su cuerpo hacia el objeto que la lesionó, aunado al hecho que las declaraciones en su contra carecen de objetividad e imparcialidad. Es desacertado lo que afirma el peticionario del amparo, toda vez que como se sostuvo en la resolución recurrida, los datos de prueba aportados a la audiencia inicial, son aptos para justificar con un grado de aproximación, cercana a la realidad, de que el quejoso intervino en los hechos que se le atribuyen; es decir, los datos de prueba resultaron suficientes para vincularlo a proceso. Consecuentemente, acorde con lo ponderado en párrafos precedentes y contrario a lo argumentado por el quejoso, no existe trasgresión a los principios del debido proceso y presunción de inocencia, en la medida que acorde con el sistema penal acusatorio oral, el imputado, durante las distintas fases del procedimiento, deberá ser considerado como inocente, hasta que, en su caso, se dicte una sentencia condenatoria en su contra y ésta quede firme. De esta forma, la resolución combatida se estima legal, pues el auto de vinculación a proceso se ciñe a las exigencias previstas en el precepto 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, porque se dictó acorde a los datos de prueba, los cuales fueron adecuadamente valorados, sin que exista vulneración al derecho de defensa ni a las formalidades esenciales del procedimiento. Además, es incorrecto el argumento en el que cuestiona la valoración del dato de prueba consistente en el dictamen de lesiones emitido por la médico ********************, porque a su criterio no describe la naturaleza de las lesiones. Ello, porque en términos de lo dispuesto en los artículos 16, párrafo tercero, 19, primer párrafo, y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sistema penal acusatorio adversarial la investigación del procedimiento penal y la consecuente acusación se apoyaran en el grado de razonabilidad de que los datos permitan establecer que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. Es decir, el estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Fiscal Investigador no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo. Por lo que este órgano de control constitucional, estima que hasta este momento procesal resulta innecesario que los datos de prueba en que se sustente un auto de vinculación a proceso tengan una calidad específica. Sobre todo, si el valor probatorio que se les ha dado y la eficacia de estos ofrecidos por la fiscalía, podrán ser analizados en la etapa intermedia, en su caso, cuando se discuta si de los datos que arroja tal investigación se advierte una violación a los derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que eventualmente pudiera desahogarse en el juicio oral. Asimismo, no debe perderse de vista que vincular a proceso a una persona en modo alguno implica prejuzgar definitivamente el delito y la responsabilidad penal, por lo que resulta innecesario que los datos de prueba en que se sustente dicho auto sean perfectos o irrefutables ya que para ello está la etapa intermedia o de juicio. De ahí que se sostenga que, contrario a lo que arguye el quejoso, la jueza de la causa -lo que fue avalado por la Sala responsable-, una vez que atendió la exposición realizada por el Agente del Ministerio Público y la contra-argumentación de la defensa, arribó a la conclusión de que se cometió un hecho que la ley señala como delito, independientemente de la metodología que adoptó. De lo anterior, es factible concluir que el acto reclamado se encuentra apegado a la legalidad, toda vez que para el dictado del auto de vinculación a proceso, sólo se necesita expresar el hecho que la ley señale como el delito que se imputa, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J.35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2014800, que señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". En abundamiento, la Sala responsable al responder los agravios del quejoso en el recurso de apelación, lo único que hizo fue juzgar con perspectiva de género, desechando cualquier estereotipo o prejuicio sobre ese tema, que impidiera el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. Lo anterior encuentra sustento en la tesis XXII.P.A.23 P (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, registro digital: 2017169, que señala: "IGUALDAD ANTE LA LEY. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL RELATIVO AL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO COMO PRINCIPIO RECTOR DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Los artículos 1o. y 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados referidos favoreciendo la protección más amplia a las personas, prohibiendo toda discriminación motivada por el género, las preferencias sexuales, las condiciones de salud, entre otros aspectos; asimismo, que el proceso penal tiene por objeto, entre otros, el esclarecimiento de los hechos y la protección al inocente, lo que implica para todos los operadores del sistema de justicia penal, la observancia del parámetro de regularidad constitucional en relación con el derecho humano a la no discriminación. Por su parte, el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es conforme con esta visión, pues dispone que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa y no admitirá discriminación motivada por género, condición de salud, entre otras, y establece la obligación de las autoridades de velar porque las personas en estas condiciones o circunstancias, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos; de manera que el principio de igualdad ante la ley, establecido en este numeral, no se reduce a la enunciación de la igualdad, sino que persigue una igualdad material mediante la compensación de las asimetrías o de las desventajas en que pudieran encontrarse las partes en el proceso. Relacionado con lo anterior, en su fuente convencional, el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación deriva de los artículos 2, inciso c), 6, 7 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), así como de los diversos 2, 5 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumentos que reconocen la igualdad de la mujer ante la ley, y el deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio por motivos de género. De lo cual se colige que el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar y juzgar con perspectiva de género, esto es, de velar por que en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad". Por otra parte, no pasa desapercibido que el imputado, para destruir la proposición realizada en su contra y desvirtuar las evidencias en que se apoya, formuló su teoría del caso en los siguientes términos: "Teoría del caso de la Defensa: La víctima no señala en ningún momento directamente al imputado, por lo tanto ni ella ni los testigos toda vez que al momento de declarar ella misma manifiesta que no se enteró de nada en el momento en que ocurrieron los hechos, por lo tanto no existe un señalamiento directo hacia el imputado". Sin embargo, conforme a las consideraciones vertidas en esta sentencia, es claro que los datos de prueba que desahogó en el término constitucional (contrainterrogatorio a la víctima ********************, la declaración de ******************** y la reproducción de audio y video), no fueron idóneos para desvirtuar las imputaciones que hasta este momento procesal pesan en su contra. En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado respecto a la resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso del promovente del amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado del Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos así como la certificación de cuenta se advierte que el veintinueve de mayo del año en curso, se tuvo por emplazada a la tercera interesada ********************, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan nuevamente las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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