José Andres y/o Andres Martínez González
Expediente 606/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Andres y/o Andres Martínez González
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días ***, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, ***, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, ***, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve *** o ***, en contra del Juez Primero de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Estado de Hidalgo y otras autoridades. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 606/2021-F. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En la especie, el suscrito considera la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, el cual, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Con el objeto de comprender por qué se estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene determinar qué debe entenderse por persona extraña a juicio, en virtud de que en la especie el agraviado se ostenta como tal. Tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo; sin embargo, de acuerdo con las interpretaciones sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio durante su tramitación o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido la jurisprudencia 331, cuyo rubro es el siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.". Por su parte, la entonces Cuarta Sala del Máximo Tribunal del país sostuvo que cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación y reclama el emplazamiento y requerimiento de pago y embargo practicado en el procedimiento de origen, porque a pesar de haber sido demandado no se cumplieron las formalidades previstas en la ley ordinaria, ya sea porque no se le notificó personalmente el emplazamiento o porque se le citó en forma diversa a la establecida en la ley, procede el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución General de la República. Tal criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia 190, con rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO.". Empero, para que pueda tenerse como persona extraña a juicio por equiparación a quien acude al órgano de control constitucional con motivo del juicio de amparo, es necesario que: 1) No hubiera tenido conocimiento del juicio antes de que se dicte sentencia o después de su dictado, pero antes de que esta cause ejecutoria o; 2) No haya comparecido en él; ya que de actualizarse cualquiera de estas hipótesis, pierde el carácter de extraño al procedimiento, pues está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 67/2013, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de junio de dos mil trece, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 4/2013, con rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92).". Así como la jurisprudencia 9/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3A./J. 18/92).". En la especie, no se materializa la hipótesis de procedencia del juicio de amparo estatuido en los referidos artículos 107, fracción VII, de la Carta Magna, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo el quejoso manifestó lo siguiente: "[.] 1.- Con fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), presente demanda de amparo indirecto el cual fue radicado ante el Juzgado Segundo del Distrito Vigésimo Octavo, con residencia en el estado, registrado fue en el libro de gobierno bajo el número 237/2017-MESA G. Por el acto de autoridad consistente fundamentalmente en la falta de citación al procedimiento ejecutivo mercantil proceso número 753/2013 (emplazamiento), de los radicados ante el JUEZ PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE APAN, ESTADO DE HIDALGO. Concediéndose la protección de la justicia federal para el efecto de dejar insubsistente el emplazamiento realizado al aquí quejoso, así como todo lo actuado en el juicio de origen.". Tal manifestación constituye una confesión expresa del quejoso, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2 de esta última legislación. Es aplicable a lo expuesto, la tesis de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL.". En ese orden de ideas, cabe señalar que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión de su artículo 2, es un hecho notorio para este juzgador que en el juicio de amparo 237/2017-G del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue promovido por el quejoso en contra de actos derivados del mismo expediente de origen, el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en la que, en su primer punto resolutivo sobreseyó en el juicio de amparo y, en el segundo, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Primero Civil y Familiar de Apan, Hidalgo: "1. Deje sin efectos el emplazamiento practicado a José Andrés Martínez González y/o Andrés Martínez González, así como todo lo actuado con posterioridad, en el juicio ejecutivo mercantil 753/2013, solo respecto del aquí quejoso, sin que lo anterior implique dejar sin efectos las actuaciones practicadas en relación al codemandado José Severo Martínez Carreón; y 2. Proceda conforme a sus facultades legales, en relación con la prosecución del juicio de origen.". Cobra aplicación la jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con registro 164049 y rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.". De lo que se advierte que el quejoso José Andrés Martínez González o Andrés Martínez González, a través del juicio de amparo 237/2017-G del índice de este órgano jurisdiccional, tuvo conocimiento del juicio ejecutivo mercantil 753/2013 del índice del Juzgado Primero Civil y Familiar de Apan, Hidalgo, que se sigue en su contra. Asimismo, derivado de que en dicho sumario se concedió el fallo protector respecto de la falta de emplazamiento al citado controvertido, para el efecto de que se dejara sin efectos el emplazamiento practicado, de ahí que el quejoso se encontraba en aptitud de comparecer al citado juicio, en virtud de la reposición del procedimiento. Lo anterior, pone de manifiesto que a quien promueve el amparo, no puede equiparársele a tercero extraño, ya que únicamente tienen ese carácter aquellos que no estuvieron en aptitud de tener alguna intervención en el juicio del cual emana el acto que les afecta, por no haber sido señalados como parte, o bien, aquellos que, señalados como parte en el juicio, no son llamados a dicho litigio o se les cita en forma contraria a la ley, y en este último supuesto, sólo puede entablarse el amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Sin que en la especie operen esas circunstancias, pues se reitera, el quejoso a través del juicio de amparo 237/2017-G, conoció de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 20/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017849 y rubro: "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO.". En ese contexto, el quejoso se encontraba obligado a agotar los recursos ordinarios previstos en el código de la materia, ahora bien, los actos que reclama el quejoso consisten en: La emisión, acuerdo, dictado y signatura del auto que ordena la anotación marginal de embargo, sobre el predio identificado como*** y la ejecución de actos judiciales tendientes a desposeerlo de dicho inmueble. La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el expediente ***, incluidas multas, apercibimientos o medidas de apremio y cualquier otro juicio seguido en su contra. En efecto, cabe precisar que los actos reclamados consistentes en el emplazamiento y embargo decretado en el juicio ejecutivo mercantil ***, así como todo lo actuado en dicho procedimiento, resultan impugnables a través del incidente de defectuoso emplazamiento y cancelación de embargo. EMBARGO PRECAUTORIO Así, esta autoridad de amparo advierte que el quejoso no cumplió con los requisitos establecidos en la legislación procesal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1349, 1350, 1353, 1357 y 1414 del Código de Comercio, que establecen: "Artículo 1349.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano (.). Artículo 1350. Los incidentes se substanciarán por cuerda separada, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal (.). Artículo 1353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten (.). Artículo 1357.- Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase (.). Artículo 1414.- Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas.". De los artículos transcritos con anterioridad se advierte que procede el incidente contra las cuestiones accesorias que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal; y que en específico las cuestiones que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez del conocimiento. En efecto, si la parte quejosa aduce que se embargó en forma indebida un bien del cual es titular, es evidente que con base en esas circunstancias se impugnaría la legalidad de la actuación, lo que podía realizarse a través de un incidente de nulidad o cancelación de embargo, porque la materia de ese recurso ordinario sería precisamente determinar si en la diligencia cuestionada se cumplieron o no los presupuestos formales y legales conforme a los cuales debió realizarse, entre ellos lo relativo a lo embargable o inembargable del bien inmueble. En el caso, en contra del embargo decretado sobre el predio identificado como Ex Hacienda de San Bartolomé del Monte, ubicado en la población de Calpulalpan, Estado de Tlaxcala, procede el incidente de cancelación de embargo; por lo tanto, resultan aplicables los artículos del Código de Comercio transcritos. En ese orden de ideas, toda vez que el quejoso es parte dentro del juicio de origen, se encuentra facultado para hacer uso de los medios ordinarios de impugnación antes de acudir a la vía constitucional, con el fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, de tal modo que en el caso debió agotar la vía incidental señalada en los artículos 1349, 1350, 1353 y 1357 del Código de Comercio, que establecen la procedencia de este medio de defensa en contra de la diligencia de embargo practicada en los autos del juicio de origen, ya que con la interposición de ese medio de defensa pueden obtener la modificación, confirmación o nulidad del acto reclamado, y al no agotar dicho recurso, deja de satisfacerse el principio de definitividad requerido para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, aun cuando la afectación sufrida con motivo del embargo sea de naturaleza sustantiva e irreparable, esa circunstancia no releva al quejoso de la obligación de promover el incidente de cancelación de embargo, que, si bien no constituye un recurso propiamente dicho, sí es un medio de defensa que deben hacerse valer antes de acudir a la vía constitucional de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que lo rige. Es aplicable la jurisprudencia II.2o.C. J/26, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia civil del Segundo Circuito, con registro digital 164410 y rubro: "ACTUACIONES PROCESALES VICIADAS. EN PREPARACIÓN DE SU CONOCIMIENTO EN EL AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIONES PROCESALES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, POR QUEDAR COMPRENDIDO DENTRO DEL CONCEPTO "RECURSOS ORDINARIOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE AMPARO.". También resulta aplicable al particular, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con rubro: "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPUGNABLE EN LA VÍA INCIDENTAL.". De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.2o.C.319 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con registro digital 184494 y epígrafe: "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDE INCIDENTE Y NO REVOCACIÓN EN SU CONTRA.". INDEBIDO EMPLAZAMIENTO. En este orden de ideas, como ya se demostró, el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del juicio ejecutivo mercantil ***, seguido en su contra, a través del juicio de amparo *** del registro de este juzgado federal; atento a lo anterior, este órgano de control constitucional considera que, respecto del citado acto impugnado, el juicio de amparo resulta improcedente, en virtud de que el quejoso acude ante esta instancia constitucional, a reclamar la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ***. No obstante, en su contra, procede el incidente sobre declaración de nulidad de todo lo actuado a que se refiere el artículo 319, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054, para cumplir con el principio de definitividad que rige en esta instancia constitucional. Por tanto, el citado artículo establece que procede el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado en contra de aquéllas notificaciones que al ser practicadas no cumplan con las formalidades esenciales establecidas en la legislación procesal respectiva y puede ser promovido por cualquiera de las partes legitimada para ello que estime haber quedado sin defensa con motivo de la práctica ilegal de alguna diligencia de notificación; por tanto el afectado puede hacer valer el medio de defensa en cita, con el fin de dejar sin efectos la notificación que considere no fue practicada legalmente. De lo anteriormente expuesto, se observa que si la parte quejosa es demandada en el juicio de origen y plantea como violación la falta de emplazamiento y como ya se precisó en párrafos anteriores, el hecho de no ser tercero extraño a juicio le imposibilita de atacarlo en el juicio biinstancial. Motivo por el cual, debió hacer uso del medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, con el fin de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de tal suerte que en el caso que nos ocupa debió agotar el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado contemplado en el citado artículo 319, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece la procedencia de ese medio de defensa contra las actuaciones judiciales que no cumplan con alguna de las formalidades esenciales del procedimiento, ya que con la interposición de ese medio de defensa pudo obtener la nulidad del acto reclamado, y al no haber agotado el medio de defensa respectivo, dejó de satisfacer el principio de definitividad requerido para la procedencia del juicio de amparo indirecto que nos ocupa, actualizándose, por tanto la causal de improcedencia que se analiza. Resulta aplicable la jurisprudencia J/243, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con rubro: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.". De igual modo es aplicable la jurisprudencia III.1o.C. J/34, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, registro digital 185542 y epígrafe: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.". TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO DE ORIGEN Ahora bien, respecto al acto reclamado que refiere el quejoso, consistente en todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 753/2013, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 107, del mismo ordenamiento legal, interpretado a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.].". De esta manera, se pone de manifiesto que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, por actos de ejecución irreparable se entienden únicamente aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, se excluye la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se comprendan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Por consiguiente, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación del juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudiera considerar que afectan sin que alcancen las condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto. Por ello, los actos dictados en este tipo de procedimientos son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final y sólo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. De ahí que el acto consistente en todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ***, del que se duele el quejoso, no le produce una afectación material, ya que únicamente tiene efectos procesales, y los mismos pueden desaparecer si la resolución que se dicté dentro del juicio de origen es favorable a sus intereses. En ese sentido, no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, dado que las actuaciones que integran el controvertido de origen, en caso de no favorecer sus intereses, únicamente afectarían derechos procesales y no los derechos sustantivos antes mencionados. De esta manera, en caso de que la resolución dictada por el juez del procedimiento en el referido controvertido, sea contraria a los intereses de la parte quejosa, esta tendrá la posibilidad de controvertirla a través del medio ordinario de defensa, haciendo valer las violaciones procesales que estime se cometieron y, posterior a ello, de ser procedente, a través del juicio de amparo directo. Aunado a que el caso no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción que se contemplan en los incisos a), b) y c) del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni se trata de persona extraña al procedimiento, como se estableció al principio del presente auto. En consecuencia, toda vez que el quejoso *** o ***, no agotó los medios de defensa ordinarios que la ley prevé en contra de los actos señalados como reclamados, antes de acudir al juicio de amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo por improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio (como lo establecen las jurisprudencias citadas); por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de amparo, con objeto de que quien promueve tenga conocimiento desde este momento del resultado y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso les permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. En otro ámbito, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señaló en su demanda de amparo. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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