Jose Andres Solano Mondragon (Apoderado Legal)
Expediente 897/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Jose Andres Solano Mondragon (Apoderado Legal)
- Juliana Juarez Ballastra
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiese recurrido el proveído de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual este Juzgado de Distrito ordenó desechar por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, se declara que el citado auto ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE CITA: por recibido el escrito signado por quien se ostenta como apoderado de ***, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada al escrito inicial de demanda en auto de siete de junio de dos mil diecisiete. sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, como enseguida se expondrá. Conforme al segundo de los artículos invocados, el juez de Distrito tiene la obligación de examinar con todo detenimiento el escrito de demanda y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Por las razones expuestas a continuación, se considera que con relación a los actos reclamados en la demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, fracción I y 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. De una lectura integral al escrito de demanda, se puede apreciar que el inconforme reclama sustancialmente la resolución de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral ****, a través del cual se declaró improcedente el recurso de revisión contra actos del ejecutor interpuesto por la parte demandada en el sumario de origen. De lo antes expuesto, se advierte claramente que el acto de molestia proviene de un procedimiento que se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, por lo que lo reclamado no es susceptible de combatirse por el momento ante esta potestad federal. Lo anterior, porque el acuerdo reclamado no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, entendida ésta como aquélla que aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado, para que sea procedente el juicio de amparo que se intenta. En efecto, el artículo antes invocado establece en la parte que nos interesa, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Y que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En el caso, a través de la resolución reclamada de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral ***, a través del cual se declaró improcedente el recurso de revisión contra actos del ejecutor interpuesto por la parte demandada en el sumario de origen, de modo que no se está en presencia de alguna de las hipótesis señaladas a efecto de que sea procedente el juicio de amparo que se intenta. Por lo que se reitera, no se está en alguna hipótesis de procedencia del juicio de amparo como el supuesto a que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, en cuanto dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; máxime que de la resolución combatida, se advierte que aún quedan diligenciar pendientes por verificar, lo que pone de manifiesto que no se está ante un caso en el que proceda el juicio constitucional, pues se insiste, únicamente procede contra la última resolución dictada en la etapa de ejecución de laudo. Consecuentemente, al no satisfacerse los requisitos de procedencia que contempla la legislación en consulta, aunado a que por el momento el acto de molestia no produce en el quejoso una afectación actual, real y directa, no es dable tramitar el juicio constitucional que se intenta y por consiguiente, de conformidad con los ordinales 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata.
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