José Andres Hernández Sánchez
Expediente 10/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Andres Hernández Sánchez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de dos de febrero del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, y no se considera de relevancia jurídica o documental.
- Principal
Vista la circular SECNO/08/2021, de treinta de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el que se determinó que durante el periodo comprendido del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno se suspenden plazos y términos, con las salvedades que se precisan en la misma. se estableció que derivado de ello se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese contexto, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, cuyo artículo 1, fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos, por lo que se continúa con su trámite. En ese orden, vista la demanda de amparo promovida por Miguel Corona de la Luz en favor de José Andrés Hernández Sánchez, contra actos del Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo, Estado de México y otra autoridad, por violación a los derechos humanos consagrados en el artículo 1, 8 y 18 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 10/2021-V, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Atento a lo anterior, este juzgado de Distrito estima que la demanda que se analiza, resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, establece que el juzgador de amparo debe examinar la demanda, y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por ello, en acatamiento a dicho precepto, se analiza el escrito de demanda, y se concluye que debe desecharse, porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como a continuación se demostrará. El quejoso no agotó el principio de definitividad previo a acudir al juicio de amparo. El acto reclamado, cuya precisión se realiza atendiendo a la lectura integral de la demanda, versa, esencialmente, en lo siguiente: "A la autoridad marcada con el inciso A) le reclamo a título de inconstitucional la orden que emitió consistente en que el señor José Andrés Hernández Sánchez en próximos días sea cambiado de la estancia en la que actualmente se encuentra recluido." A la autoridad marcada con inciso B) le reclamo a título de inconstitucional el cabal cumplimiento de la orden en cambiar al señor José Andrés Hernández Sánchez de estancia".. Sin embargo, se afirma que José Andrés Hernández Sánchez, no agotó el principio de definitividad previo a acudir al juicio de amparo, porque no se aprecia que el impetrante haya acudido al procedimiento administrativo previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través de ese procedimiento es posible lograr que la autoridad penitenciaria se pronuncie respecto del cambio de instancia en la prisión de que se duele en esta vía constitucional. En efecto, la parte quejosa, contra el cambio de estancia que reclama a la autoridad carcelaria, debe acudir ante el Director del propio centro carcelario y hacerle saber su petición, tal como lo señala el numeral 111 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y luego de que el Director resolviera, el ahora quejoso en caso de inconformidad dentro de un término de diez días podría formular controversia ente el Juez de Ejecución (artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución). Por lo que, el Juez de Ejecución es el que requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda a la petición formulada por el promovente dentro del plazo previsto en esta ley, y, quien es la indicada para que le haga de su conocimiento el derecho que tiene a la interposición de algún recurso que puede ser llevado a controversia ante el juez de ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida, de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I y 120 a 135, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, la petición a la dirección del centro penitenciario constituye una primera etapa de dicho procedimiento que tiene como objeto solucionar las controversias surgidas con motivo de las condiciones a que se encuentra sujeto el directo quejoso con motivo de internamiento, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Atento a lo expuesto, quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción en la instancia adminsitrativa y luego la jurisdiccional, ante quien solo basta la simple petición de la suspensión del acto reclamado, y solo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga, hasta entonces pudiera ser procedente el juicio de amparo. Así, los actos que por esta vía se combaten están relacionados con un cambio de estancia dentro de la prisión. En ese contexto, previo acudir al amparo, el quejoso debió acreditar que una vez que realizó su petición ante la dirección del centro carcelario y este fue omiso en atender su petición, se constituyó ante el Juez de Ejecución respectivo para impugnar tal omisión y una vez agotada el trámite correspondiente sin obtener resultado favorable, ahora sí acudir al presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Reiterando que el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconformes con alguna decisión de la autoridad judicial, sea durante el trámite (revocación) o contra la resolución final (apelación) de la controversia sometida ante el juez de ejecución. Máxime que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el planteamiento de la petición, el juez de ejecución debe suspender en su caso, de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, sin que se advierta que dicho dispositivo exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor al estipulado para resolver sobre la suspensión provisional; de ahí que, se establecen símiles exigencias al solicitante para obtener la medida cautelar (comparado con las establecidas en los numerales 128 y 129 de la Ley de Amparo); incluso, en casos urgentes, la citada ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición. De tal manera, es claro que el quejoso debió observar el principio de definitividad, pues opinar lo contrario, daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad, pues se dejaría al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persigue el juicio de amparo y la propia Constitución. Es así, ya que por virtud de la condición del quejoso como interno en un centro de reclusión, le son aplicables los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, de ahí que resultaría innecesario esperar al resultado de la tramitación del juicio, si de cualquier forma la evaluación posterior del acto, en ese mismo escenario, no conduciría a una conclusión distinta. En este orden de ideas, resulta inconcuso que el directo quejoso José Andrés Hernández Sánchez, debío seguir el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo obliga a recorrer y agotar todas las instancias contempladas, en este caso, la impugnación relativa ante el Director del Centro carcelario y lo resuelto por éste si estuviera inconforme acudir al juez de ejecución (lo cual, incluso, es de una tramitación breve atendiendo a la celeridad del propio procedimiento, comparado con el trámite del juicio de amparo), contra los actos u omisiones en relación con el cambio de estancia en el centro de reclusión, pues de lo contrario, en cualquier circunstancia, a criterio del justiciable, podría acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. De igual forma, resulta aplicable al caso, la tesis aislada III.2o.P.135 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." Así como la diversa I.6o.P.133 P (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." Por ello, al quedar demostrada la notoria actualización de la causa de improcedencia a que hizo referencia esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Miguel Corona de la Luz en representación de José Andrés Hernández Sánchez. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones por encontrase interno el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Bordo, de conformidad con el numeral 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace de su conocimiento que podrán tener acceso al expediente electrónico y hacer uso de su FIREL el usuario: "MIGUELCORONA", toda vez que cumple con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico y el acceso a éste. En atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a las partes así como a sus autorizados para que se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que las partes y sus autorizados serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, mediante atento oficio, remítanse a la Oficina Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, la demanda que nos ocupa, para que por su conducto la registre con la finalidad de nivelar las cargas de trabajo.
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