José Andrés Ávila García

Expediente 1112/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1112/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • José Andrés Ávila García
  • Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio de la Ciudad Deméxico Con Sede En el Reclusorio Oriente

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, México, quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el cinco de diciembre dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que dicho medio de impugnación se haya interpuesto, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la resolución de referencia HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos judiciales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo que dispone el artículo 15 del acuerdo general aludido; manténgase en el ARCHIVO JUDICIAL de este órgano jurisdiccional por el plazo de TRES AÑOS, y una vez transcurrida dicha temporalidad procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a lo que dispone el artículo 35 del repetido Acuerdo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. En términos de los numerales 1, 3, 68, 71 y 108 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto que desechó la demanda constituye información pública y considerando que puede contener información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada legislación, se elaboró versión pública del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, México, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda promovida por ******, contra actos del Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y otras autoridades, consistentes en la orden de traslado del reclusorio aludido al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla denominado "El Diamante" y su ejecución, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1112/2022-II. Con fundamento en los artículos 61, fracciones XVIII y XX, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA la demanda de amparo. .... Lo anterior, porque se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional; en atención a que al reclamar la orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla denominado "El Diamante", la ley vigente y aplicable es la referida; por tanto, la inaplicación de la jurisprudencia de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA", de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que además se refiere a la temporalidad en la promoción de la demanda de amparo y no a la excepción en la observancia del principio de definitividad. ..... De la transcripción de dichos artículos, en primer término se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal es de observancia obligatoria respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local. De igual forma, que los procesados o sentenciados podrán iniciar el procedimiento administrativo ante las autoridades penitenciarias y si éstas resultan contrarias a lo solicitado por el inconforme, o no fuesen atendidas dentro del término legal, el peticionario podrá formular controversia o demandar la omisión ante el Juez de Ejecución. Y en específico, por lo que a los traslados se refiere, en todos los supuestos de excepción sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en la Ley. En caso de que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad de los actos, las personas privadas de la libertad podrán interponer una controversia judicial contra las determinaciones administrativas, como en el caso acontece, de los actos reclamados derivados de autoridades administrativas. Ahora, el promovente reclama la orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla denominado "El Diamante" que reclama tanto del Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente como del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta Ciudad, esto es, dicha orden la reclama tanto a una autoridad judicial como a una autoridad penitenciaria. Y toda vez que los diversos artículos transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén los medios de defensa que deben agotarse respecto de las condiciones de internamiento que consideren los internos les agravian y en particular respecto de la orden de traslado se contempla el recurso de apelación cuando la orden de traslado ha sido ordenada por el juez y, en caso, de no existir autorización judicial, deberá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, es inconcuso, que previo a acudir a esta instancia constitucional, debió impugnar dicha resolución y al no haber agotado los medios ordinarios de defensa, el juicio de amparo es improcedente, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo biinstancial. Por lo que al no tener el carácter de definitivo el acto que por esta vía constitucional se combate, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, es inconcuso que éste resulta improcedente, pues la orden traslado del quejoso por lo que hace a la atribuida a la autoridad penitenciaria, es impugnable a través de la controversia judicial en términos de los artículos 107, 114, 115, 116, 117 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; mientras que dicha orden de traslado dictada por la autoridad judicial señalada como responsable, puede impugnarse en términos de los artículos 52, 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través del recurso de apelación; los cuales tienen por objeto modificar, revocar o nulificar la determinación en la que se ordenó el cambio o traslado del quejoso. Por consiguiente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese las notificaciones al quejoso en el lugar que en encuentra recluido. Se tienen por autorizadas, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas que indica, en términos de lo dispuesto en la última parte del párrafo segundo del arábigo 12 de la normatividad de la materia, en virtud de que si bien proporciona los números de sus cédulas profesionales, no acredita que estén incorporadas en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal (REGPROF); sin perjuicio de que, de justificarlo, se les reconozcan las amplias facultades a que alude el dispositivo invocado. En términos de lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el adecuado despacho de los asuntos se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles realice las notificaciones personales que deriven del presente juicio de amparo. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, actúen en el presente expediente en la modalidad de "juicio en línea" de conformidad con lo establecido en los artículos 52, 261 y 263 del Acuerdo Genera del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós. De conformidad con los numerales 1, 3, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución que se dicte en este juicio de amparo, constituye información pública y considerando que la misma puede contener información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada legislación, se elaborará una versión pública de ella.

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