José Amador Ruano Lara
Expediente 386/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- José Amador Ruano Lara
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de marzo de dos mil veintitrés. SEÑALA AUTORIDAD RESPONSABLE. Visto el estado que guarda los autos, de los que se advierte que en auto de este a misma fecha, en el juicio principal del cual deriva este incidente, se tuvo al quejoso ***, manifestando que es su deseo señalar como autoridad responsable al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta I, adscrito a la Dirección General de Investigación y Litigación Poniente, con residencia en Huichapan de Villagrán, Hidalgo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. INFORME PREVIO. En consecuencia, con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas rinda su informe previo, en el que deberá expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen y proporcionar los datos que tenga a su alcance para que, en su caso, permita a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Para que la autoridad pueda rendir el informe requerido, se ordena enviarle copia simple del escrito de demanda y aclaratorio. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, en caso de no rendir su informe dentro del plazo que se le concede, se presumirán ciertos los actos reclamados, únicamente para efectos de la resolución de este incidente, y se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En términos de los artículos 3 y 36, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se les hace del conocimiento a las responsables que no se les tendrá por rindiendo los informes solicitados a través de correo electrónico, a menos que los mismos contengan firma electrónica vigente. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL POR LO QUE HACE AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA NEGATIVA A OTORGAR COPIAS AUTÉNTICAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 06-2022-00320. La suspensión provisional debe negarse, en atención a lo que a continuación se expone. La institución procesal de la suspensión en el juicio de amparo encuentra su base constitucional en la fracción X del artículo 107, que establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; Conforme a lo reproducido, se obtiene que, en el juicio de amparo es posible suspender los actos que se reclaman y sus efectos, mediante una institución de naturaleza procesal comprendida en las medidas cautelares, y que, acorde con su carácter provisional, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados, y de esa manera no llegue a resultar inútil para el quejoso la protección de la Justicia Federal que pretende. Sin embargo, la procedencia de dicha medida no es ilimitada, pues la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé determinadas restricciones. En efecto, los numerales 128, fracciones I y II, y 138, primer párrafo, de dicha legislación señalan: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: Tales porciones normativas precisan los requisitos que el peticionario de la protección constitucional debe reunir y los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, para que sea procedente el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. Que la parte quejosa solicite la suspensión de los actos reclamados; 2. La certeza de los actos reclamados cuya paralización se solicita, de manera presuntiva en caso de que se trate de la medida cautelar en su aspecto provisional; 3. Que la propia naturaleza de los actos reclamados permita su detención temporal; 4. Que la suspensión no vulnere disposiciones de orden público ni contravenga el interés social; y, 5. Que se lleve a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, el cual deberá realizarse en estrecha relación con el punto anterior. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia PC.IV.A. J/35 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el cual puede consultarse en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo II, página 1561, con los siguientes rubro y texto: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados y los requisitos que el quejoso debe reunir para su procedencia. Entonces, con base en la tesis aislada 2a. XXIII/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA., para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: 1. Expresamente la solicite el quejoso; 2. Haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; 3. El acto reclamado sea susceptible de suspensión; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo; y, 5. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Cumplidos los requisitos precisados, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la ley citada. Por tanto, el órgano jurisdiccional debe analizar, en el orden señalado, que se reúnan los mencionados requisitos en cada caso en concreto, por lo que si el acto reclamado no es suspendible, como lo es la resolución interlocutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, a través de la cual niega la medida cautelar solicitada en el juicio contencioso administrativo, entonces, resulta innecesario estudiar si se reúnen el resto de los requisitos, dado que aun surtiéndose los presupuestos señalados, no existiría materia que suspender por la naturaleza del propio acto reclamado. Al estudiar la petición de la medida suspensional, se concluye que se encuentran colmados los primeros dos puntos, en virtud de que, en su escrito inicial, la parte quejosa pidió que le fuera otorgada la providencia precautoria. El segundo requisito también se encuentra también satisfecho, en virtud de que, al tratarse de la suspensión provisional, se debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos; lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia 2a./J. 5/93, sustentada por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava, Núm. 68, Agosto de 1993, página 12; de rubro: SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Sin embargo, el tercer requerimiento no se cumple, ya que, como se adelantó, la propia naturaleza de los actos reclamados no permite su detención temporal. En la especie, se reclama la negativa del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta I, adscrito a la Dirección General de Investigación y Litigación Poniente, con residencia en Huichapan de Villagrán, Hidalgo, a otorgar copias auténticas de la carpeta de investigación número 06-2022-00320. Esto es, se trata de un acto negativo que no posee efectos positivos, y consecuentemente, no existe materia para conceder la suspensión. Por tanto, debe negarse la medida suspensional. No se soslaya que, conforme al artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión puede actuar no únicamente mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto reclamado se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada o efectos restitutorios). Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no procede conceder la suspensión cuando los efectos de la medida cautelar se identifiquen con los que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal; pues, de ser así, la suspensión podría agotar o dejar sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En efecto, de otorgar la suspensión provisional en el presente incidente se rebasaría la finalidad de una medida cautelar, pues sus efectos coincidirían con los de una posible sentencia estimatoria de amparo, lo que impediría un análisis de fondo del asunto plateado, ya que la concesión de la suspensión agotaría o dejaría sin materia la litis constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2021263, de rubro y texto: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Por otra parte, el análisis integral de la demanda de amparo pone de manifiesto que, en esencia, la parte quejosa reclama la orden que implique una molestia a su libertad personal, misma puede ser perturbada, por autoridades de la naturaleza de las señaladas como responsables, por los siguientes actos: orden de molestia a su libertad personal y su ejecución. Con fundamento en los artículos 162, 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa Froilán Navarrete Ugalde la medida cautelar que solicita para los siguientes efectos: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LA ORDEN QUE IMPLIQUE UNA MOLESTA A LA LIBERTAD PERSONAL ATRIBUIDA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Por encontrarse reunidos los requisitos señalados en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, esto es, que la medida fue solicitada por el quejoso, de otorgarse no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; se concede la suspensión provisional solicitada en relación con los actos a los que se refiere este apartado. Si el acto de molestia a la libertad personal derivado de una carpeta de investigación, se trata de una orden de detención dictada en los términos a que se contrae el sexto párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República, el efecto de la medida cautelar concedida sólo será que, una vez que se detenga al quejoso, sea puesto sin dilación a disposición del Agente del Ministerio Público responsable que la haya emitido, para que éste determine lo procedente en términos del citado precepto constitucional. Por otro lado, si la orden que implique una molestia a la libertad personal del quejoso, no se trata de un mandamiento del tipo precisado en el párrafo anterior, el efecto de la suspensión será que no se ejecute, por lo que no podrá detenérsele...VIII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de marzo de dos mil veintitrés. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Del estado de autos se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para dar contestación a la vista que se les dio con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hayan hecho pronunciamiento alguno. Por tanto, procede su análisis en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Tal precepto legal prevé que, una vez fenecido el plazo concedido, habiéndose desahogado o no la vista ordenada en autos, el juez de distrito deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y la resolución que se emita podrá ser en los sentidos siguientes: a) Que declare que la sentencia está cabalmente cumplida; b) Que declare que no está cumplida; c) Que al cumplimentarse se incurrió en exceso; d) Que al cumplimentarse se incurrió en defecto; o e) Que existe imposibilidad para cumplirla. En el caso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***, para el efecto de que el Juez Penal de Control adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo: 1. Dejara sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso. 2. Resolviera la solicitud correspondiente del agente del Ministerio Público atendiendo a la exposición y los datos de prueba referidos por las partes en la audiencia, debiendo excluir de la valoración el reconocimiento de persona, por las razones expuestas en el fallo; y, 3. Con libertad de jurisdicción resolviera conforme proceda. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al requerimiento realizado en acuerdo de veinticinco de enero del presente año, el Juez Penal de Control adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, por oficio 670/2023, informó a este órgano jurisdiccional haber dejado insubsistente el auto de vinculación a proceso de treinta de junio de dos mil veintidós; así mismo, que en audiencia de dos de febrero de dos mil veintitrés, atendiendo a la exposición de los datos de prueba referidos por las partes, excluyendo la valoración de reconocimiento de persona, dictó auto de vinculación a proceso en contra de *** también identificado como *** por su probable coautoría de los hechos que la ley señala como los delitos de asalto equiparado agravado y robo cometidos en agravio de ** Lo anterior, quedó corroborado con la copia digital de la audiencia de referencia de la cual se advierte que, para emitir el auto de vinculación a proceso, el Juez Penal de Control adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo tomo en consideración como datos de prueba la declaración de la víctima, el informe policial homologado de los elementos de policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, dictamen pericial en materia de psicología practicado a la víctima, identificación vehicular, inspección del agente de investigación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado respecto del local comercial de venta de pollos en donde se ejecutaron los hechos posiblemente constitutivos del delito, factura de la motocicleta objeto del delito, dictamen de identificación vehicular y avalúo, sin que se advierta que para arribar a la conclusión del dictado del auto de vinculación a proceso, el Juez Penal de Control adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, hubiera tomado en consideración el reconocimiento de persona realizado por *** como la persona señalada de haber cometido el delito, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de la citada policía estatal; es decir, que el Juez responsable dejó de considerar en su resolución el reconocimiento de persona del hoy quejoso, tal y como fue ordenado en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se observa que, con la emisión de la citada resolución, la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, para posteriormente, con libertad de jurisdicción dictar la vinculación a proceso de dos de febrero de dos mil veintitrés. SE DECLARA CUMPLIDA. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Carta Magna, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, quedando expedito el derecho de la parte legitimada para hacer valer el medio de defensa que considere oportuno, en caso de inconformidad con la presente determinación. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Penal de Control adscrito al Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, los discos versátiles digitales certificados que remitió en apoyo a su informe justificado y el diverso por el que dio cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto, solicitando el acuse de recibo correspondiente. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable, al tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 fracción II, inciso a) y 21 inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del mismo, son destruibles. ...M-I
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