José Amado Reyes Rafaela

Expediente 311/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
311/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
04/12/2018

Partes del expediente

  • José Amado Reyes Rafaela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa se inconformara en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho (fojas 144 a 148), en el que se declaró la imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, el que deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Finalmente, toda vez que existen glosados documentos originales presentados por la parte quejosa, se ordena notificar personalmente a dicha parte, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Oficial 04 del Registro Civil de esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al proveído de veinticuatro del mes y año en curso (fojas 135 y 136); e informa que en sus registros no se encontró el levantamiento de defunción que se le solicitó toda vez que el mismo obra en la oficialía 01 del Registro Civil de esta ciudad; sin embargo, se advierte que ya obra constancia de la referida defunción en autos (foja 143). Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LOS AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, a treinta de octubre de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Secretario en Funciones de Juez de Distrito, con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos, así como un oficio con anexo registrado en el libro de correspondencia de este juzgado con el número de orden 8530.- Conste. Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Oficial 01 del Registro Civil de esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al proveído de veinticuatro del mes y año en curso (fojas 135 y 136); remitiendo el acta de defunción del quejoso José Amado Reyes Rafaela, documental que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta de la que se advierte, que el término de tres días concedido a la autoridad responsable Director del Hospital General de esta ciudad, a efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, le fue notificado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 131), por lo que dicho plazo transcurrió del veintidós al veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, sin mediar días inhábiles. En este sentido, el efecto de la concesión de amparo, fue para los efectos siguientes: ".lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, al quejoso José Amado Reyes Rafaela, para el efecto de que el Director del Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí: Continúe la valoración y atención médica tomando en consideración la dolencia que padece el aquí quejoso por la que solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, hasta el restablecimiento de las lesiones por las que fue atendido en cumplimiento a la suspensión de plano concedida en este juicio Constitucional." Ahora bien, la responsable mediante oficio presentado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, turnado a este órgano jurisdiccional, al día siguiente, hizo del conocimiento de este Juzgado Federal que el quejoso José Amado Reyes Rafaela, falleció el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, para acreditar lo anterior, dicha responsable remitió copia simple del certificado de defunción número 180655957. Así, para efecto de tener la certeza fehaciente de que el aquí quejoso falleció, mediante auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se requirió a los Oficiales del Registro Civil número 01 y 04, ambos con residencia en esta ciudad, para que informaran a este Juzgado Federal si en sus registros existe acta de defunción expedida a nombre del citado quejoso. En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que el deceso del quejoso está probado fehacientemente pues de la copia certificada defunción número 00653 de veinticinco de octubre del presente año, se advierte que dicha persona (aquí quejoso) falleció el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, y toda vez que la naturaleza de la concesión de la protección de la Justicia Federal, únicamente afecta derechos personales del quejoso fallecido, se evidencia una causa que imposibilita a este Juzgador de amparo resolver respecto al cumplimiento o no del fallo protector emitido en el presente sumario constitucional. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196 último párrafo de la ley de amparo es procedente declarar que existe imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el controvertido constitucional en que se actúa, pues el derecho fundamental reclamado como se mencionó sólo afecta al quejoso, pues el acto reclamado consistió en la omisión de brindar atención médica al quejoso respecto de las dolencias físicas de las que se aqueja, mismas que fueron diversas a los motivos por los que éste falleció (senil, hipertensión arterial y paro cardiorespiratorio). Resulta aplicable la Jurisprudencia PC.III.P.J/16K, del Pleno de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil setecientos treinta y nueve, tomo II, agosto dos mil dieciocho, Décima Época, que dice: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente." Ahora bien, si bien es cierto, aún transcurre el término de tres días dado a los autorizados del quejoso, lo cierto es que dicha vista fue otorgada para acreditar que el quejoso había fallecido, lo que ya aconteció, sin que se vulnere derechos fundamentales; ello en virtud de que procede recurso de inconformidad; de ahí que se ordena dar vista a los autorizados de la parte quejosa para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este tribunal de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J.23/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y cuatro, tomo I, septiembre dos mil dieciocho, Décima Época, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese, y personalmente a los autorizados del quejoso.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a treinta de octubre de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Secretario en Funciones de Juez de Distrito, con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos, así como un oficio con anexo registrado en el libro de correspondencia de este juzgado con el número de orden 8530.- Conste. Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Oficial 01 del Registro Civil de esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al proveído de veinticuatro del mes y año en curso (fojas 135 y 136); remitiendo el acta de defunción del quejoso José Amado Reyes Rafaela, documental que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta de la que se advierte, que el término de tres días concedido a la autoridad responsable Director del Hospital General de esta ciudad, a efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, le fue notificado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 131), por lo que dicho plazo transcurrió del veintidós al veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, sin mediar días inhábiles. En este sentido, el efecto de la concesión de amparo, fue para los efectos siguientes: ".lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, al quejoso José Amado Reyes Rafaela, para el efecto de que el Director del Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí: Continúe la valoración y atención médica tomando en consideración la dolencia que padece el aquí quejoso por la que solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, hasta el restablecimiento de las lesiones por las que fue atendido en cumplimiento a la suspensión de plano concedida en este juicio Constitucional." Ahora bien, la responsable mediante oficio presentado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, turnado a este órgano jurisdiccional, al día siguiente, hizo del conocimiento de este Juzgado Federal que el quejoso José Amado Reyes Rafaela, falleció el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, para acreditar lo anterior, dicha responsable remitió copia simple del certificado de defunción número 180655957. Así, para efecto de tener la certeza fehaciente de que el aquí quejoso falleció, mediante auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se requirió a los Oficiales del Registro Civil número 01 y 04, ambos con residencia en esta ciudad, para que informaran a este Juzgado Federal si en sus registros existe acta de defunción expedida a nombre del citado quejoso. En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que el deceso del quejoso está probado fehacientemente pues de la copia certificada defunción número 00653 de veinticinco de octubre del presente año, se advierte que dicha persona (aquí quejoso) falleció el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, y toda vez que la naturaleza de la concesión de la protección de la Justicia Federal, únicamente afecta derechos personales del quejoso fallecido, se evidencia una causa que imposibilita a este Juzgador de amparo resolver respecto al cumplimiento o no del fallo protector emitido en el presente sumario constitucional. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196 último párrafo de la ley de amparo es procedente declarar que existe imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el controvertido constitucional en que se actúa, pues el derecho fundamental reclamado como se mencionó sólo afecta al quejoso, pues el acto reclamado consistió en la omisión de brindar atención médica al quejoso respecto de las dolencias físicas de las que se aqueja, mismas que fueron diversas a los motivos por los que éste falleció (senil, hipertensión arterial y paro cardiorespiratorio). Resulta aplicable la Jurisprudencia PC.III.P.J/16K, del Pleno de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil setecientos treinta y nueve, tomo II, agosto dos mil dieciocho, Décima Época, que dice: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente." Ahora bien, si bien es cierto, aún transcurre el término de tres días dado a los autorizados del quejoso, lo cierto es que dicha vista fue otorgada para acreditar que el quejoso había fallecido, lo que ya aconteció, sin que se vulnere derechos fundamentales; ello en virtud de que procede recurso de inconformidad; de ahí que se ordena dar vista a los autorizados de la parte quejosa para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este tribunal de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J.23/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y cuatro, tomo I, septiembre dos mil dieciocho, Décima Época, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Notifíquese, y personalmente a los autorizados del quejoso.

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