José Álvarez Tejeda

Expediente 415/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
415/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
03/12/2018

Partes del expediente

  • José Álvarez Tejeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, provenientes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 415/2018 y un anexo; además, remite testimonio de la resolución emitida en el toca R.P. 294/2018; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor confirmó la sentencia dictada en el presente controvertido. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el seis de junio de dos mil diecinueve. Ahora, dado que no es necesaria la retención del anexo que remitió la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva. En otro aspecto, la parte quejosa exhibió documentos originales como prueba en este juicio, se dejan a su disposición por el término de noventa días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no recogerlos en la temporalidad indicada, se destruirán al momento en que se depure este expediente, tal como lo establece el punto veinte, párrafo segundo del acuerdo general en cita. Por otra parte, en cuanto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto -previo desglose de las constancias originales de este expediente-, procédase a su destrucción. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.

  2. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, recibido mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del que se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, acusa recibo del oficio 26390 de diez del mes en curso, e informa a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en autos, quedando registrado con el orden R.P. 294/2018.

  3. Principal

    Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el escrito signado por el quejoso y anexo de cuenta, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del impreso de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que se encuentre integrado el expediente remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el original del ocurso de agravios y los presentes autos, para la sustanciación del recurso de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 415/2018, promovido por José Álvarez Tejeda, contra acto del fiscal Desconcentrado de Investigación en Coyoacán de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por razón de turno a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló violados en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, el seis de junio siguiente se admitió a trámite la demanda registrada bajo el orden 415/2018; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al numeral 74, fracción I, de la ley de la materia y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de todos los elementos que constan en autos, se precisa que el acto reclamado en este juicio es la determinación de veinticuatro de abril de este año emitida por el fiscal Desconcentrado de Investigación en Coyoacán de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, en que declaró procedente el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FCY/COY-3/T2/722/14-05. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió en apoyo a ese comunicado, entre cuyas constancias se encuentra la resolución reclamada (fojas 1250 a 1269 del anexo); documental que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 830 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación que expresa el amparista, sin que exista materia para suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional que solicita. Para sustentar lo anterior, es necesario precisar los siguientes antecedentes: - La agente del ministerio público investigador, una vez que realizó diversas diligencias en la averiguación previa FCY/COY-3/T2/722/14-05, por determinación de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, propuso el no ejercicio de la acción penal, en lo que interesa, por los siguientes motivos: ".ES PROCEDENTE PROPONER DE NUEVA CUENTA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN XVI INCISO 'f', EN RELACIÓN CON EL 23 CONSTITUCIONAL Y 122 DEL CODIGO PENAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, ELLO EN ATENCIÓN A LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: a) QUE EL PROPIO AGRAVIADO JOSÉ ÁLVAREZ TEJEDA INICIO LA AVERIGUACIÓN PREVIA FBJ/BJ-3/T1/00295/10-02 POR EL ILÍCITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD COMETIDO EN AGRAVIO DE LA VÍCTIMA ISABEL TEJEDA FUENTES Y/O MARÍA ISABEL TEJEDA FUENTES, QUIEN FUERA SU MADRE, DESCONOCIENDO LOS RESTOS INCINERADOS QUE LE FUERON ENTREGADOS POR SU FALLECIMIENTO ASÍ COM EL ACTA DE DEFUNCIÓN EMITIDA POR DICHO EVENTO A NOMBRE DE CON NÚMERO 17887 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2009 EMITIDA ANTE EL JUEZ DÉCIMO CUARTO DEL REGISTRO CIVIL, SOLICITANDO DIVERSAS DILIGENCIAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS RESTOS, SIENDO RADICADA E INTEGRADA DICHA AVERIGUACIÓN PREVIA EN LA FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PARA SECUESTROS, AGENCIA INVESTIGADORA 'B'. B) QUE EL AGRAVIADO JOSÉ ÁLVAREZ TEJEDA FUE PREVIAMENTE SENTENCIADO POR EL ILÍCITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, COMETIDO EN AGRAVIO DE LA VÍCTIMA ISABEL TEJEDA FUENTES Y/O MARÍA ISABEL TEJEDA FUENTES DENTRO DE LA CAUSA PENAL 139/09, RADICADA ANTE EL JUZGADO 7°. SÉPTIMO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, EN DONDE LE FUE IMPUESTA LA SANCIÓN DE NO ACERCARSE A A LA VÍCTIMA Y PERDIDA DE DERECHOS RESPECTO A LA MISMA. C) QUE DURANTE DICHO PROCEDIMIENTO LA C. ISABEL TEJEDA FUENTES Y/O MARÍA ISABEL TEJEDA FUENTES FALLECIÓ, ENCARGÁNDOSE DE DICHOS TRÁMITES EL C. CARLOS TEJEDA FUENTES, QUIEN CUBRE LOS PAGOS DE SERVICIOS FUNERARIOS, Y QUIEN SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA REALIZAR DICHO TRÁMITE, QUIEN APORTA DICHOS DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE DEFUNCIÓN Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE QUE INDISTINTAMENTE UTILIZABA LOS NOMBRES DE ISABEL TEJEDA FUENTES Y/O MARÍA ISABEL TEJEDA FUENTES SU MADRE, HECHO QUE TAMBIÉN ES DEL CONOCIMIENTO DEL PROPIO C. JOSÉ ÁLVAREZ TEJEDA. D) QUE DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA FBJ/BJ-3/T1/00295/10-02 SE EMITIÓ ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2010, POR PARTE DEL PERSONAL DE LA FISCALÍA ESPECIAL EN INVESTIGACIÓN PARA SECUESTROS EL CUAL FUE RECURRIDO POR DICHO AGRAVIADO, SIENDO RATIFICADO EL MISMO MEDIANTE ACUERDO EMITIDO EN FECHA 03 TRES DE OCTUBRE DEL 2011, DOS MIL ONCE, EN DONDE SE DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN DE DICHA PROPUESTA, EN LAS CUALES, SE PRONUNCIAN TAMBIÉN RESPECTO A LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS POR EL AGRAVIADO RESPECTO AL DESCONOCIMIENTO DE LOS RESTOS INCINERADOS QUE LE FUERON ENTREGADOS ASÍ COMO EL ACTA DE DEFUNCIÓN EMITIDA POR DICHO EVENTO A NOMBRE DE CON NÚMERO 17887 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2009 EMITIDA ANTE EL JUEZ DECIMO CUARTO DEL REGISTRO CIVIL. E) CONSECUENTEMENTE ES PROCEDENTE PROPONER EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL CON BASE AL ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL Y 122 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, YA QUE UNA PERSONA NO PUEDE SER JUZGADA DOS VECES POR EL MISMO DELITO, SIN QUE SEA NECESARIO QUE SE LLEGUE A UNA SENTENCIA A ALGUIEN O QUE EXISTAN DOS PROCESOS PARA TRANSGREDIR EL PRINCIPIO MENCIONADO, YA QUE EL PODER JUDICIAL FEDERAL HA DETERMINADO QUE ES SUFICIENTE CON QUE UNA PERSONA SE LE HAYA SOMETIDO A UN PROCEDIMIENTO PENAL O SE HAYAN INVESTIGADO LOS HECHOS PREVIAMENTE EN UN AVERIGUACIÓN PREVIA, TODA VEZ QUE DICHA ACCIÓN TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD JURÍDICA QUE IMPERA EN EL ESTADO DE DERECHO VIGENTE, TODA VEZ QUE HA QUEDADO DEBIDAMENTE DETERMINADO QUE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA ES UN PROCEDIMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN DONDE INICIA: ARTÍCULO 1.- EL PRESENTE CÓDIGO COMPRENDE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: I.- EL DE AVERIGUACIÓN PREVIA A LA CONSIGNACIÓN A LOS TRIBUNALES, QUE ESTABLECE LAS DILIGENCIAS LEGALMENTE NECESARIAS PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PUEDA RESOLVER SI EJERCITA O NO LA ACCIÓN PENAL. PRECEPTOS QUE HACE CONCLUIR QUE AL REALIZAR LA IMPUTACIÓN DIRECTA Y CATEGÓRICA DICHO AGRAVIADO JOSÉ ÁLVAREZ TEJEDA RESPECTO AL O LOS IMPLICADOS EN LOS HECHOS QUE ARGUMENTA CONSTITUYE UN SOMETIMIENTO DE LOS MISMOS A DICHA CONSECUENCIA PENAL, SIENDO IMPROCEDENTE EL SOMETERSE DE NUEVA CUENTA POR TRATARSE DE UNA IDENTIDAD DE HECHOS Y DE PERSONAS, ASÍ COMO DE VÍCTIMAS QUE NO PUEDEN SER SOMETIDAS A OTRO PROCEDIMIENTO PENAL, YA QUE SE VULNERARÍA EL PRINCIPIO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL: 'NADIE PUEDE SER JUZGADO DOS VECES POR EL MISMO DELITO, YA SEA QUE EN EL JUICIO SE LE ABSUELVA O CONDENE', POR LO QUE ES PROCEDEN PROPONER EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL CON BASE A DICHOS PRECEPTOS Y CON FUNDAMENTO EN LO QUE DISPONEN EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN XVI, INCISO 'f', DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y ARTÍCULO 8 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENTO." (sic). - Determinación que fue aprobada por el responsable de agencia de la Coordinación Territorial COY-5, de la Fiscalía Desconcentrada en Coyoacán de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, mediante resolución de la fecha indicada. - Contra la anterior determinación el quejoso interpuso recurso de inconformidad, que resolvió el fiscal responsable mediante resolución de veinticuatro de abril pasado, en lo que interesa en los términos siguientes: ".Del análisis de las constancias que integraron la presente indagatoria, esta autoridad ministerial que resuelve considera que los argumentos esgrimidos por el recurrente JOSE ALVAREZ TEJEDA resultan inoperantes, ya que solo manifiesta que la resolución que combate es contraria a derecho por no cumplir con la debida motivación, conforme a las disposiciones legales que invoca en su recurso y que regulan la actividad del Ministerio Público como los artículos 9 y 124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, toda vez que contrario a lo que argumenta el ahora recurrente, el acuerdo de no ejercicio de la acción penal propuesto en fecha 31 de enero de 2018 y autorizado en esa misma fecha, fue emitido con la debida fundamentación y motivación en razón de qué los hechos denunciados por JOSE ALVAREZ TEJEDA fueron calificados jurídicamente por el agente del Ministerio Público atento a lo establecido en el párrafo inicial del artículo 276 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México como posiblemente constitutivos del delito de Privación de la Libertad Personal previsto en el artículo 160 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, valorando los medios de prueba desahogados tales como la documental consistente en la copia certificada de actuaciones que remitió el Juzgado Séptimo de lo Penal en la causa penal 138/09 instruida en contra de JOSE ALVAREZ TEJEDA por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR cometido en agravio de ISABEL TEJEDA FUENTES en la que viene agregada sentencia condenatoria al C. JOSE ALVAREZ TEJEDA por el delito de Violencia Familiar cometido en agravio de ISABEL TEJEDA FUENTES en la que se le impuso una pena de no acercarse a la víctima y pérdida de derechos respecto de ella. Constante de 315 fojas, la cual tiene valor probatorio que le confiere el artículo 250 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México. De igual manera, del caudal probatorio se desprende la valoración de la documental publica consistente en copia certificada de lo actuado en la averiguación previa FBJ/BJ-3/T1/295/10-02 que fue determinada por la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros con el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL en fecha 27 de diciembre de 2010 por el delito de privación ilegal de la libertad. Documental que tiene el valor probatorio que le confiere el artículo 250 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México. Siendo que al haberse investigado los mismos hechos que el recurrente JOSE ALVAREZ TEJEDA, denunció de nueva cuenta en la indagatoria en estudio respecto a que los restos óseos que le fueron entregados por su hermano mayor CARLOS ALVAREZ TEJEDA, no corresponden a los de su señora madre ISABEL TEJEDA FUENTES en virtud de que de dichos restos no se encuentran restos de las prótesis de titanio que su madre tenía en rodillas y cuello, por lo que no es procedente la acumulación de la presente indagatoria a la FBJ/BJ-3/T1/295/10-02; siendo que el agente del Ministerio Público emitió la determinación del no ejercicio de la acción penal, en base a los medios de prueba obtenidos de las diligencias practicadas. . Por lo que al haberse emitido la determinación de no ejercicio de la acción penal en la presente indagatoria, no contraviene las disposiciones que alude el recurrente previstas en la ley procedimental, ni las contempladas en el instrumento internacional en cita, ya que compareció, manifestó lo que a su derecho convino y ofreció los medios de prueba que consideró idóneos para acreditar su dicho, ya que no puede juzgarse dos veces a la misma persona por el mismo delito como lo establece el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . Se reitera que al tratarse de hechos que ya fueron materia de investigación en diversa averiguación previa FBJ/BJ-3/T1/295/10-02 que concluyó con una determinación firme de no ejercicio de la acción penal, volviendo a denunciar en la indagatoria en estudio el fondo de los mismos hechos ya determinados ministerialmente; al prevenir alguna contravención a lo que dispone el artículo 23 de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 122 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, es incuestionable que la presente indagatoria, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 3°, fracción XVI, inciso f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. . .Se CONFIRMA la autorización de la propuesta de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL de fecha 31 de enero de 2018 dos mil dieciocho emitida por el titular adscrito a la Unidad Investigadora número uno sin Detenido de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia COY-5, de esta Fiscalía Desconcentrada, en relación con la Averiguación Previa FCY/COY-3/T2/722/14-05 iniciada contra de quien resulte responsable por el delito de Privación de la Libertad Personal" (sic). Ahora, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder, se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". En ese contexto, se establece que la resolución reclamada está adecuadamente fundada y motivada, pues el fiscal responsable citó los preceptos legales que consideró aplicables e indicó la razón o causa particular por la que resolvió en el sentido en que lo hizo, además expuso la adecuación entre el motivo aducido y la norma aplicable. Lo anterior es así, pues la autoridad responsable señaló que los hechos materia de la denuncia en la averiguación previa FCY/COY-3/T2/722/14-05, son los mismos que dieron origen a la diversa indagatoria FBJ/BJ-3/T2/295/10-02, en que se determinó en definitiva el no ejercicio de la acción penal, el veintisiete de diciembre de dos mil diez, por lo que no pueden analizarse esos hechos nuevamente, aunado a que la conducta que describió el justiciable en la denuncia que dio origen a la averiguación citada en segundo término se consideró atípica. Máxime que la autoridad responsable estableció que las pruebas que refirió el amparista son inconducentes para continuar con la integración de dicha indagatoria, pues no aporta algún dato distinto a los ya recabados en la averiguación de que se trata. En ese sentido, es infundado el concepto de violación hecho valer por el peticionario de amparo, pues no controvierte lo resuelto por la fiscal responsable, únicamente señala que la autoridad responsable no analiza la "desaparición forzada" que denunció, sin embargo, los hechos que relata en la indagatoria de que se trata, como se dijo anteriormente, resultan ser los mismos que dieron origen a la diversa averiguación previa FBJ/BJ-3/T2/295/10-02, aunado a que la autoridad fue precisa en señalar en esa indagatoria que la conducta que se describió es atípica, de ahí que sea infundado dicho motivo de disenso. Por tanto, al no existir algún aspecto por el que se deba suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso, respecto de la resolución reclamada del fiscal responsable. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Por los motivos expuestos en la última consideración, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Álvarez Tejeda, contra el acto consistente en la determinación de veinticuatro de abril de este año emitida por el fiscal Desconcentrado de Investigación en Coyoacán de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, en que declaró procedente el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FCY/COY-3/T2/722/14-05.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano