José Alonzo Reyes Alvarado

Expediente 61/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
61/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • José Alonzo Reyes Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por JOSÉ ALONZO REYES ALVARADO; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 61/2022-4, promovido por José Alonzo Reyes Alvarado, contra los actos que reclama de la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el dieciocho de enero de dos mil veintidós, y turnado a este órgano jurisdiccional el diecinueve siguiente, José Alonso Reyes Alvarado, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos y autoridad responsable, siguientes: Autoridad responsable: Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: ( "A).- La dilación en el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva de 24 de octubre del 2017, así como la omisión de acordar mis escritos de 09 de noviembre y 08 de diciembre ambos de 2021, presentados ante las responsables con esas mismas fechas; (que exhibo anexos a esta demanda como prueba), así como también la violación a los términos y plazos establecidos en el procedimiento de cumplimiento de sentencia en los artículos del 87 al 93 de la Ley de Justicia Administrativa, y la violación flagrante a mi derecho de tutela jurisdiccional, expedita, efectiva y completa establecida en el artículo 17 Constitucional". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veinte de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 61/2022-4; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en los términos que anteceden. TERCERO. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Los terceros interesados Fiscal; Visitador General; y, Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses; todos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, fueron emplazados al juicio constitucional mediante oficios 1957/2022, 1958/2022 y 1959/2022, mismos que se recepcionaron el tres de febrero de dos mil veintidós, veintisiete de enero del citado año, y dos de febrero en curso, respectivamente, tal como se advierte de la constancia de notificación relativa que obra en autos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181810, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como actos reclamados: La dilación en el procedimiento de ejecución de la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, y como consecuencia el no respetar los términos del proceso de ejecución previstos en Ley de Justicia Administrativa. Omisión de acordar los escritos de nueve de noviembre y ocho de diciembre, ambos de dos mil veintiuno. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos que se reclaman a la autoridad responsable Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte de su respectivo informe justificado; y al constituir éste en documentales públicas, se les otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". También sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos de los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca los actos mismos y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38, con registro digital 193758, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora, de la constancia remitida por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, relativa a la copia certificada del acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, se advierte que la Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, dictó un proveído en el expediente 325/2007-S-4 y su acumulado 309/2008-S-4, en el cual proveyó respecto de los escritos suscritos por el apoderado legal de la parte actora, mismos que fueron presentados en el buzón físico y digital, entre otras fechas, el dieciséis de noviembre y nueve de diciembre, ambos de dos mil veintiuno. Cabe precisar que las fechas de recibido antes señaladas, corresponden a los escritos de nueve de noviembre y ocho de diciembre, ambos de dos mil veintiuno. Asimismo, en el proveído de mérito, requirió a las autoridades condenadas Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, hoy Fiscal General del Estado, Directora de Asuntos Internos, Contraloría y Jefa del Departamentos adscrita a la Dirección de Asuntos internos y Contraloría, todos de la dependencia, para que en el término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo de referencia, pague al actor José Alonzo Reyes Alvarado, el importe de $1´425,399.68 (un millón cuatrocientos veinticinco mil trescientos noventa y nueve pesos 68/100 moneda nacional). Finalmente, la responsable en el informe justificado señala que el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, se encuentra sub judice al recurso de apelación que hicieron valer el ahora quejoso, y la Fiscalía General del Estado, a la resolución interlocutoria de liquidación de sentencia pronunciada el trece de febrero de dos mil diecinueve. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el dieciocho de enero de dos mil veintidós, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable, pues no había proveído respecto de los escritos presentados por el apoderado del quejoso de fechas nueve de noviembre y ocho de diciembre, ambos de dos mil veintiuno y que fueron recibidos mediante buzón físico y digital, el dieciséis de noviembre y nueve de diciembre, ambos del citado año, respectivamente; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos de los actos reclamados han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, materia común, página 210, con registro digital: 196820, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, materia común, página 49, con registro digital 239006, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que pasen inadvertidos los alegatos formulados por la parte tercero interesada los cuales al constituir en simples opiniones o conclusiones lógicas sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, y dado el sentido del fallo, de ahí que no resulte obligatorio para la suscrita juzgadora entrar a su estudio. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 80, Agosto de 1994, página 14, materia Común, registro 205449, de rubro y texto: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando CUARTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, consistente en copia certificada del proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, que obra en el expediente 325/2007-S-4 Y ACUMULADO 309/2008-S-4, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veinte de enero del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones, que remitiera la autoridad responsable y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por Irma Odette Fonseca Estrada, Directora General de Asuntos Jurídicos en representación de los terceros interesados Fiscal, Visitador General y Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, todos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco; con el cual se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo. Asimismo, téngase a la ocursante de cuenta, realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver en definitiva el presente asunto; sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional respectiva lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio 1960/2022 de veinte de enero de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad señalada como responsable Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, para que rindiera su informe justificado, el cual recibió el dos de febrero del año en curso, tal y como se advierte de la constancia de notificación relativa, por lo que, a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que lo rinda. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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