José Alonso Ramos Muñoz

Expediente 107/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
107/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • José Alonso Ramos Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil veintitrés. Conforme a la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la parte promovente no se inconformó en contra del auto por el que se desechó la demanda dictado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta de la Actuaria Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión adhesiva interpuesto por ********************e********************ambos de apellidos********************autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por la tercera interesada ********************, en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, dentro del recurso de revisión ********************, de su índice. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento. Notifíquese. ***********

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 107/2023. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ******************** representante legal de ********************, en contra de los actos del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla, por violación de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, se provee: Exhortación a las partes para mejorar la comunicación. Asimismo, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese a las partes para que señalen números telefónicos -ya sea oficiales o personales, según corresponda- y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean partes, con el propósito de que se pueda entablar comunicaciones no procesales. En el entendido de que deberán registrarse y, de ser necesario incorporarse previa certificación correspondiente. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en el artículo 263, fracción II del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 55 y 57 del acuerdo general 12/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. En términos de lo dispuesto por el primer párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados a ********************y ******************** sin necesidad de verificar si se encuentran inscritas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral, de conformidad con el párrafo segundo del citado ordenamiento. Consulta electrónica Con fundamento en los artículos 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se otorgan los permisos necesarios a la parte quejosa, para la consulta electrónica del presente juicio de amparo, dado que el usuario "********************" se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se comisiona al analista jurídico SISE para realizar las gestiones necesarias a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de consultar el expediente electrónico en el presente juicio de amparo. Análisis de la demanda Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respeto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Actos reclamados Atendiendo a los datos que emanan del escrito inicial de demanda y en un sentido congruente con todos sus elementos y preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, se advierte que el quejoso ******************** representante legal de ********************, reclama del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla, el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ******************** mediante el cual ordenó el requerimiento de pago a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social de la cantidad condenada en sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado consistente en el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ******************** mediante el cual se ordenó el requerimiento de pago a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social de la cantidad condenada en sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós,planteado por la parte quejosa, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso." De la lectura, del numeral transcrito se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido; y se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y en el caso de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; de tal manera que, para la impugnación de actos dictados en ejecución de sentencias, específicamente en el caso que se analiza, cuando se afecta en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo. En el caso a estudio, se desprende que el acto reclamado antes citado, es ajeno a la hipótesis consistente a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia a que alude la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, toda vez que en el mismo, en forma alguna se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, se ordena el archivo definitivo del expediente, sino que en el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó el requerimiento de pago a la parte demandada Instituto Mexicano del Seguro Social de la cantidad condenada en sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Por lo tanto, es claro que el procedimiento que se sigue en el juicio de origen, se encuentra encaminado a lograr el debido cumplimiento de la sentencia definitiva, sin que en forma alguna constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo que hace improcedente la tramitación del juicio de amparo en su contra; más aún que tal determinación en forma alguna afecta de manera directa derechos sustantivos de la parte promovente. Sin que en el caso nos encontremos ante alguna excepción para la procedencia del presente juicio de amparo, ya que la parte promovente no es tercera extraña al procedimiento, pues es parte formal y material en el juicio de origen y por otro lado se advierte que el acto combatido va encaminado al trámite de ejecución de sentencia. Por lo que dicho acto no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que de no cumplirse de forma material, se continuarán ejecutando diversas diligencias a efecto de lograr el cabal cumplimiento de lo resuelto, esto es, el citado acto constituye una resolución intermedia en contra de la cual es improcedente esta vía biinstancial. Lo anterior es así, dado que el acto reclamado del que se duele el impetrante, se encuentra comprendido dentro del periodo de ejecución de sentencia, por lo que la procedencia del amparo indirecto se actualiza únicamente hasta que se dicte la "última resolución" en el periodo ejecutivo; a saber aquélla en la que se reconoce expresa o tácitamente que la resolución ha quedado cumplida, o aquélla en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente y, en el caso de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, tal y como se aprecia de la lectura del citado numeral 107 de la ley de la materia. En virtud de lo expuesto, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el aludido juicio de origen, es claro que se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis de rubro y contenido siguiente: "Registro digital: 196894 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. VIII/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 230 Tipo: Aislada RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." Igualmente, la tesis de rubro y contenido siguiente: "Registro digital: 163652 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XIX.1o.P.T.3 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Octubre de 2010, página 2982 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento." En este orden de ideas, se considera se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, pues de un análisis de los citados numerales se concluye que el juicio de amparo resulta improcedente contra resoluciones intermedias de un procedimiento que se encuentre en etapa de ejecución como lo es el acto reclamado que se estudia, pues sólo es procedente el juicio constitucional en contra de la última resolución dictada en el mismo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente y en el caso de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, y es hasta ese momento que se pueden combatir las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis "Registro digital: 199576 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XV.2o.9 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, página 420 Tipo: Aislada AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE EJECUCION DE SENTENCIA. QUE DEBE ENTENDERSE POR ULTIMA RESOLUCION, EN TERMINOS DEL ARTICULO 114, FRACCION III, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, ante la imposibilidad de establecer reglas claras y precisas que indiquen cuándo se está ante la "última resolución", dictada en la etapa ejecutiva, se debe de acudir a la Ley de Amparo, la que en su artículo 113, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en la que se haya concedido al agraviado la Protección Constitucional, o apareciere que ya no haya materia para la ejecución. De lo anterior, se autoriza a concluir que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que ya fue oído y vencido el demandado, y el cumplimiento de las sentencias no debe obstaculizarse por ser de interés público. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte interesada para instar a los Jueces, tribunales administrativos o del trabajo, para que pronuncien el acuerdo conclusivo de la ejecución, cuando omitan hacerlo, pues el presente criterio determina que esa actuación resulta básica para la promoción del amparo." Desechamiento En consecuencia, al tener por actualizadas las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XXI y XXII, ésta última en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo en los artículos 112 y 113 de la ley en cita. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 y 23 del referido Acuerdo General 12/2020. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el diverso 209 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1

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