José Alonso Muñoz Cupul

Expediente 652/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
652/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
12/08/2019

Partes del expediente

  • José Alonso Muñoz Cupul

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el escrito presentado vía electrónica mediante el uso de la FIREL de Édgar Iván Canto Ortiz, autorizado en términos amplios del quejoso, recibido en este Juzgado de Distrito el día hábil anterior, nueve de agosto de dos mil diecinueve a las doce horas con cincuenta minutos. En atención a su contenido y no existiendo impedimento legal alguno, devuélvansele los documentos que exhibió en este juicio de amparo, previo acuse de recibo que se deje en autos. Notifíquese como corresponda y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el quince de julio actual, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su punto resolutivo primero sobreseyó el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, notifíquese el presente proveído electrónicamente al quejoso, a fin de que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos en copia certificada que exhibió en autos y que obran glosados de la foja 5 a la 10, los cuales se le devolverán previa razón y acuse de recibo que se deje en este expediente. Apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente, de conformidad con lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese electrónicamente al quejoso y cúmplase.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 652/2019-I-B, promovido por JOSÉ ALONSO MUÑOZ CUPUL; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció JOSÉ ALONSO MUÑOZ CUPUL por conducto de su apoderada Carina Santiago Brito, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamaba a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, Tania Guadalupe Rivas Salazar y a la institución BANORTE/Seguros, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por una parte se desechó la demanda respecto del acto reclamado a BANORTE/Seguros; y, por otra, se admitió a trámite la misma por la restante autoridad. Se le solicitó su informe justificado; se dio la intervención legal que competía a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La denegación de justicia, ante la omisión de dar contestación al escrito presentado el catorce de marzo de dos mil diecinueve, por el que solicitó información completa y correcta del seguro de vida institucional de la finada Virginia Cupul Aguilar, pensionada de dicha secretaría, a fin de que el beneficiario aquí quejoso estuviera en aptitud de cobrarlo. TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. En efecto, en dicho informe de ley, la responsable en lo conducente indicó lo siguiente: "Le informo que no son ciertos los Actos Reclamados, por las manifestaciones siguientes: El quejoso presentó a la Subdirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Yucatán, un escrito de fecha 13 de marzo de 2019; en tal virtud la C.P. TANIA GUADALUPE RIVAS SALAZAR, en su carácter de Subdirectora de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Yucatán, procedió a dar debida contestación mediante oficio DAF/SRH/DRL/0689/2019, escrito que tiene firmado de recibido en fecha 9 de mayo de 2019, mismo oficio que aparejo en copia fotostática para los efectos legales correspondientes..." Acreditando lo anterior, con la copia certificada que anexó a su DAF/SRH/DRL/1429/2019, de trece de junio último, en cumplimiento a la prevención que se le hizo por auto de diez del propio mes y año, a la cual se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el juicio de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, pues resulta que a la fecha en que el quejoso presentó la demanda respectiva, es decir, el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (foja 1), no existía el acto de omisión que ahora reclama. Pues las constancias que integran el presente juicio así lo revelan, ya que con fecha siete de mayo del año en curso, mediante oficio DAF/SRH/DRL/0689/2019, se le dio respuesta a la petición formulada por el aquí quejoso, en su escrito de trece de marzo de esta misma anualidad y se lo hizo saber el nueve del citado mes de mayo. Lo anterior conlleva a que este órgano de control constitucional no pueda realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por ser inexistente, sin prueba en contrario, como ya se vio. Ni tampoco analizar la legalidad (fundamentación y motivación y congruencia) de lo resuelto a su petición, ya que al haberse dictado con anterioridad, el accionante tuvo expeditos sus derechos para inconformarse con los mismos, a través de los medios de defensas correspondientes. Así como la legalidad de la notificación de la respuesta a la petición del quejoso, pues la misma debe tenerse como válida hasta en tanto no exista una resolución que declare lo contrario. Aunado a ello, mediante proveído de dieciocho de junio pasado, dictado en los presentes autos (foja 59), al aquí quejoso se le puso a la vista la constancia relativa, a cuyo calce obra la rúbrica de recepción del oficio, la cual no fue objetada ni desvirtuada por su parte con medio de convicción alguno. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 26/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INCONFORMIDAD. NO PROCEDE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO. Si bien el debido respeto al derecho de petición que una ejecutoria de amparo determine infringido, supone no sólo que se dé contestación a la petición que le fue formulada a la autoridad responsable, sino también que la misma se haga de su conocimiento, ello no puede llevar a considerar que, para efectos de determinar el debido acatamiento a la ejecutoria, deba analizarse la legalidad de la notificación de la resolución por la que se da respuesta a la petición del quejoso, pues la misma debe tenerse como válida mientras no exista una resolución dictada en el medio de defensa legal procedente que declare lo contrario. Por tanto, en la inconformidad hecha valer contra el acuerdo en que se tiene por cumplida la ejecutoria no procede analizar los vicios de legalidad aducidos contra dicha notificación, por no ser materia de la misma dicho estudio." De ahí que, con apoyo en lo dispuesto en el invocado numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ ALONSO MÚÑOZ CUPUL en contra del acto que reclamaba a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, Tania Guadalupe Rivas Salazar, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los mismos se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación a la vista que se dio a las partes de la constancia remitida por la Subdirectora de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Yucatán, residente en esta capital, que se relacionó mediante proveído de dieciocho de junio en curso. Por tal motivo, con fundamento en el invocado numeral, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del quince de julio de dos mil diecinueve, como nuevas fecha y hora para su celebración. Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de existir un diverso diferimiento, no se le remitirá oficio para el efecto de notificarla, toda vez que tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/exped ientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese y cúmplase.

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