José Alonso Iñiguez Rodriguez
Expediente 251/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 12/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Alonso Iñiguez Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintiuno. En un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 251/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido en su momento por la encargada del despacho del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido en su momento por la encargada del despacho del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 251/2021, promovido por José Alonso Iñiguez Rodríguez, yR E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el quince de abril dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Federal, José Alonso Iñiguez Rodríguez promovió juicio de amparo contra actos del 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, residente en Veracruz, Veracruz, mismos que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló alegatos; emplazar a la tercera interesada, Estefanía Quintero de la Hoz por su propio derecho y en representación del menor de iniciales J.S.Q.H., y fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Agotada la secuela procesal, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 50); se emplazó a la representación ministerial de la federación (foja 19) y a la tercera interesada, quien opone una causa de improcedencia en el presente asunto (foja 20) misma que es reiterada por el aquí quejoso (foja 26); y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, la audiencia constitucional tuvo verificativo en la fecha y hora señalada para tal efecto, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal emitido por una autoridad judicial, susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales relativos al derecho de recibir alimentos, lo que es impugnable en amparo indirecto. Así también es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, toda vez que se trata de un acto que se atribuye a una autoridad que radica en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado y que es el lugar en el que se emitió y surte sus efectos dicho acto. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la aplicable Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman. Atendiendo a lo narrado por la parte quejosa en la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, residentes en Veracruz, Veracruz, lo constituye: La resolución de veintidós de marzo de la presente anualidad, emitida dentro del juicio ordinario civil 575/2020 de la estadística del Juzgado responsable, por medio de la cual se resuelve el recurso de reclamación promovido por el aquí quejoso (deudor alimentario en el juicio de origen) declarándolo improcedente. Establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Existencia de actos. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado (fojas 50 y 51); lo cual es suficiente para considerar la existencia de dicho acto, acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que adjuntaron como complemento a su informe (Cuaderno de pruebas anexo a constancias) pues de éstas se deduce la existencia del acto reclamado (fojas 151-161). A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. MARCO NORMATIVO En relación con la omisión combatida, en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado en sus efectos la resolución interlocutoria combatida. El numeral citado al respecto cita: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del artículo trascrito se advierte que la causa de improcedencia precitada se genera por la insubsistencia del acto reclamado; es decir, que materialmente las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido no deje ninguna huella, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De ahí que la razón de ser de dicha causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia y tesis aislada que son del contenido siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes de los actos reclamados, mismas que se desprenden de las copias certificadas del juicio ordinario civil 575/2020 (cuaderno único de pruebas anexo a constancias) que la autoridad responsable remitió en justificación de sus actos. 1. El juicio de origen se promovió por Estefanía Quintero de la Hoz por su propio derecho y en representación del menor de iniciales J.S.Q.H., en contra de José Alonso Iñiguez Rodríguez, a quien demandó en la vía ordinaria civil, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia primeramente provisional y luego definitiva; el aseguramiento de la pensión alimenticia; la guarda y custodia de su menor hijo; el pago de una pensión alimenticia de forma retroactiva (fojas 1 a 13, del cuaderno único de pruebas anexo a constancias) y por lo cual, en el auto de admisión de la demanda de catorce de agosto de dos mil veinte, se ordenó emplazar al demandado y decretó una pensión alimenticia provisional a favor de la acreedora alimenticia, consistente en el treinta por ciento (30%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí tercero interesado (fojas 49 a 50 vuelta, del cuaderno único de pruebas anexo a constancias). 2. Luego de que se emplazara al demandado en el juicio, mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veinte, se le tuvo por contestada la demanda, e interpuso el recurso de reclamación contra el proveído que fijo el monto de la pensión alimenticia provisional (fojas 54 a 72 del cuaderno único de pruebas anexo a constancias). 3. El procedimiento de dicha reclamación fue sustanciado y se turnaron los autos para emitir la resolución correspondiente (fojas 118 del cuaderno único de pruebas anexo a constancias) el veintitrés de noviembre de dos mil veinte se dictó la interlocutoria en la que modificó la pensión provisional alimenticia originalmente decretada del treinta por ciento (30%) al veinte (20%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el aquí tercero interesado (fojas 118 a 122, del cuaderno único de pruebas anexo a constancias). 4. En contra de dicha resolución, la citada parte actora promovió el diverso juicio de amparo 645/2020 del índice de este juzgado, mismo que fue concedido por deficiencias formales advertidas y por lo cual, se ordenó dejar sin efecto la resolución combatida y emitir una diversa en la que se colmaran dichas deficiencias; lo que así se pretendió hacer en la resolución interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil veintiuno (fojas 151-161) que constituye el acto reclamado en el presente juicio. 5. No obstante lo anterior, mediante diversa resolución de veintiuno de abril de este mismo año (fojas 171-181) dicha resolución se dejó insubsistente y se procedió, nuevamente en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, a emitir la resolución de dicha reclamación de la pensión alimenticia provisional, misma que se declaró "improcedente". Las anteriores son las constancias que se remitieron como parte del juicio civil de origen y hasta aquí la relatoría de antecedentes. SUBSUNCIÓN En términos de lo anterior, se estima que la resolución que es materia de análisis constitucional en el presente asunto, ha quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues si bien en cumplimiento a la ejecutoria del amparo concedido a la aquí tercera interesada, dentro de los autos del diverso juicio de amparo 645/2020 del índice de este juzgado, se emitió en un primer momento la interlocutoria que aquí se combate, esto es la de veintidós de marzo de dos mil veintiuno (fojas 151-161); sin embargo, mediante diversa resolución de veintiuno de abril de este mismo año (fojas 171-181) la autoridad responsable dejó insubsistente aquella resolución y procedió nuevamente, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, a emitir la resolución de dicha reclamación de la pensión alimenticia provisional, misma que se declaró "improcedente". Por tanto, la resolución interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil veintiuno reclamada quedó destruida en forma total e incondicional, de manera que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiese afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo, pues basta que el Juez pueda apreciar por las constancias de autos, que dichos efectos han dejado de existir, para que de oficio declare que el juicio es improcedente en relación con dicho acto reclamado. CONCLUSIÓN En los términos antes apuntados, al quedar probada la cesación de la omisión aquí combatida, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. En congruencia con lo anterior no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, 74 a 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Alonso Iñiguez Rodríguez, contra el acto precisado en el considerando segundo, que atribuye al 1. Juez Cuarto de Primera Instancia, residente en Veracruz, Veracruz, por las razones que quedaron precisadas en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia, en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de la Encargada del Despacho del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora, dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto. En otro orden de ideas, de la certificación de cuenta se advierte que entre la fecha en que se pondría a vista de las partes el informe aquí atendido y la de la audiencia constitucional, sólo median siete días hábiles; ello en razón de que el presente acuerdo se notificará por lista de acuerdos el dieciocho de mayo del actual, surtirá sus efectos el diecinueve siguiente y el citado plazo comprenderá sólo del veinte al veintiséis del presente mes y año, pues la audiencia está fijada para el veintisiete de mayo de la presente anualidad. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.
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