José Alonso Anguiano

Expediente 2122/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2122/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • José Alonso Anguiano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    AVISO PRINCIPAL, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS LA CUAL DICE Zapopan, Jalisco, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; con fundamento en lodispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Orden de archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Orden de destrucción. Con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación,2 dado que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. IV. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. V. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del referido acuerdo general, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días naturales contado a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este órgano de control constitucional a efecto de recoger los documentos exhibidos al juicio, apercibida que de no hacerlo dichos documentos correrán la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese por lista física y electrónica; personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; con fundamento en lodispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Orden de archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Orden de destrucción. Con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación,2 dado que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. IV. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. V. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del referido acuerdo general, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días naturales contado a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este órgano de control constitucional a efecto de recoger los documentos exhibidos al juicio, apercibida que de no hacerlo dichos documentos correrán la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese por lista física y electrónica; personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    AVISO. Por este medio se notifica a la parte QUEJOSA, la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, que dice: Zapopan, Jalisco, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Relación de estado procesal de autos. Del estado procesal de autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, a efecto de desahogar la vista respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo. II. Análisis del cumplimiento de sentencia. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronunciará respecto al cumplimiento aludido, con base en lo siguiente: Antecedentes. 1. En sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables, realizaran lo siguiente: a) "Realicen el pago de la indemnización y demás prestaciones a las que tenga derecho el quejoso, con motivo de la separación de su cargo. Esto es, la presente resolución de amparo constriñe a la autoridad responsable a subsanar la violación correspondiente (garantía de audiencia y seguridad jurídica) y resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, mediante el pago de: I. La indemnización respectiva, consistente en el pago de tres meses de salario, veinte días por año de servicio y partes proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes, conforme a lo que establecen los artículos 123, apartado B, fracción XIII constitucional y 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; y, II. De las demás prestaciones a que tenga derecho, consistente en el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional. b) Ordenen se realice la anotación en el expediente personal del quejoso y en los registros que se debe inscribir tal acuerdo conforme a lo establecido en los artículos 1271 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y 742 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de que la resolución de separación de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho se declaró inconstitucional en el presente juicio de amparo, porque no se respetó la garantía de audiencia del interesado. En el entendido de que como resultado de esta sentencia de amparo quedan vinculadas todas las autoridades que deban darle cumplimiento aun cuando no hubieran sido señaladas como responsables, o bien, que se haya decretado el sobreseimiento respecto de los actos que se les haya atribuido, como es el caso de la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 144, Tomo XXV, mayo de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto." 2. En auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en resolución pronunciada en la revisión principal 233/2019, confirmó la referida sentencia, por lo que se requirió a las responsables para efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 3. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable, luego de diversas prórrogas otorgadas para tal efecto, informó y remitió las siguientes constancias: Del oficio de registro 6616, se advierte que el veintinueve de octubre de dos mil veintidós, se entregó a la parte quejosa, el cheque número ****, por la cantidad de ****. Posteriormente, mediante oficio de registro ****, las autoridades responsables remitieron copias certificadas de los documentos de los que se advierte la anotación realizada en el expediente personal de la parte quejosa con motivo del despido injustificado. Finalmente, mediante oficio de registro 19148, la autoridad responsable informó haber emitido el cheque correspondiente a la parte quejosa, por la cantidad faltante para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es ****; el cual fue entregado al quejoso el pasado tres de octubre. Con lo anterior se dio vista a las partes mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós. III. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se ha dado cabal cumplimiento al fallo protector, en tanto que se cumplieron los extremos señalados, ya que: 1. El veintinueve de octubre de dos mil veintidós, se entregó a la parte quejosa, el cheque número *****, por la cantidad de *****. 2. Las autoridades responsables remitieron copias certificadas de los documentos de los que se advierte la anotación realizada en el expediente personal de la parte quejosa con motivo del despido injustificado. 3. Finalmente, mediante oficio de registro ****, la autoridad responsable informó haber emitido el cheque correspondiente a la parte quejosa, por la cantidad faltante para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, ******, el cual fue entregado al quejoso el pasado tres de octubre. Acciones con las que se colman los lineamientos dictados en la sentencia de amparo; por tanto, es dable concluir que la autoridad responsable tomó en consideración los alcances ordenados en el fallo protector. Sobre esa base, se considera que se han cumplido los efectos para los cuales se concedió el amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cumplida la sentencia dictada, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. IV. Archivo del expediente. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la ley de la materia. Notifíquese por lista física y electrónica; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo que anteceden, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados del juicio de amparo 1195/2022, promovido por por conducto de sus apoderados legales contra actos del Juez Noveno de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción III y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformados por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente tiene validez legal suficiente y constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, el cual contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. Asimismo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. En el entendido que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Los cuadernos auxiliares estarán a disposición de las partes y podrán ser consultados físicamente con las salvaguardas respectivas si se trata de información reservada o confidencial. En acatamiento a lo establecido por los diversos 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, requiérase su informe previo que deberá rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que señalará: En relación a esta última exigencia, de manera enunciativa y no limitativa, en concordancia con lo previsto en el artículo 143 del ordenamiento legal en cita, deberá expresar Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado o bien, omitir informar el impedimento legal o material que tengan para ello, de conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de CIEN Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación: Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado arábigo. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga lugar la audiencia incidental en el local de este juzgado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la audiencia incidental se realizará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como tal La interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictada en el juicio mercantil ejecutivo por la que se resolvió el incidente de liquidación de intereses formulado en etapa de ejecución de sentencia. PRETENSIÓN DE LA SUSPENSIÓN. La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se suspendan los actos consistentes en la prosecución del juicio de origen, hasta en tanto no sea resuelto el juicio de garantías. En principio, cabe puntualizar que de conformidad con el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y los numerales 125 a 158 de la Ley de Amparo, la suspensión constituye una medida cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia de la controversia y evitar que su solicitante sufra una afectación a su esfera mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante la aplicación de medidas conservativas, es decir, paralizantes de la ejecución del acto reclamado, o bien, de tutela anticipada, esto es, con efectos restitutorios de las condiciones necesarias para garantizar el goce del derecho fundamental que se estima violado. Para su otorgamiento, es necesario que se acrediten en su conjunto, las siguientes condiciones normativas: 1 Que los actos reclamados sean ciertos. Para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender. En su fase provisional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado que las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo sobre la existencia de los actos generan una presunción sobre su certeza, al ser los únicos elementos con que se cuenta para resolver. 2 Que el solicitante de la medida acredite su interés suspensional. Dependiendo de la naturaleza del acto reclamado y el derecho fundamental sobre el que éste se proyecta, la parte quejosa debe probar que es titular de un derecho subjetivo interés jurídico o bien, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, derivado de su especial situación frente al orden jurídico interés legítimo Para el otorgamiento de la suspensión provisional, el máximo tribunal del país ha establecido que basta que el interés suspensional se pruebe de forma indiciaria. 3 Que los efectos del acto reclamado sean susceptibles de paralizarse. En términos de los artículos 131 y 147 de la Ley de Amparo, no es factible otorgar la suspensión, cuando su concesión implique: La modificación o restricción de derechos. La constitución de derechos que no se tenían antes de la presentación de la demanda. Que se agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, cuando la suspensión se solicita con efectos restitutorios. 4 Ponderación de la apariencia de buen derecho frente al perjuicio que la concesión puede causar sobre el interés social o la contravención a normas de orden público. Para otorgar la suspensión, es necesario realizar de forma simultánea, un juicio de probabilidad anticipado acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y una valoración sobre si la eventual concesión causaría perjuicio al interés social o al orden público, lo que, en términos generales puede acontecer cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Bajo ese contexto normativo, este Juzgado Federal arriba a la convicción de que se encuentran reunidas todas las condiciones necesarias para la concesión de la suspensión provisional, en razón de que: Se presumen ciertos los actos reclamados considerando las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, obrantes en la demanda de amparo. Se acredita indiciariamente el interés suspensional con las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad en el sentido de que el quejoso es parte en el juicio de origen. Los efectos del acto reclamado son susceptibles de paralizarse, porque el acto reclamado consiste en una resolución que entraña efectos positivos, porque el acto reclamado consiste en la liquidación de una condena, lo cual conlleva un principio de ejecución material. Se inadvierte que la presente concesión irrogue perjuicio al interés social o al orden público porque de concederse la medida cautelar no se materializará ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, es decir no se ocasiona daño a la sociedad ni se le priva de un beneficio que de otra manera obtendría. En tales condiciones, con fundamento en lo establecido por el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede la presente medida cautelar para el efecto de que no se ejecute la interlocutoria de liquidación reclamada; lo anterior, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva del acto reclamado. Se enfatiza en que, en caso de que los actos reclamados ya se hubieren ejecutado si correspondan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo o si corresponden a autoridades distintas a las señaladas como responsables la suspensión otorgada no surtirá efectos legales. Cabe precisar que si bien la suspensión es susceptible de ocasionar daños o perjuicios a la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, también es cierto que ésta es un organismo descentralizado de la administración pública federal por lo que se trata de una persona moral oficial que, en términos del artículo 7 párrafo segundo de la Ley de Amparo está exenta de prestar las garantías que el ordenamiento de la materia exige de ahí que no es el caso de condicionar los efectos de la suspensión a que se exhiba garantía de los daños y perjuicios o a cualquier otra condición. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 fracción I, inciso c párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 36 del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. En el entendido que este órgano jurisdiccional verificará si la persona autorizada cuenta con la capacidad procesal necesaria y solamente se acordará favorablemente la solicitud de quienes cumplan los requisitos respectivos a través de una promoción electrónica o física, siempre y cuando la firma electrónica se encuentre vigente. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de juicio en línea, para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones del referido Acuerdo General, las políticas de transformación digital, la Estrategia Digital del Consejo de la Judicatura Federal y demás normatividad aplicable en cada materia. Asimismo, acorde con lo señalado en el artículo 61 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso Acuerdo General señalado en la última parte del párrafo precedente, al seleccionar la resolución o resoluciones judiciales correspondientes, las partes se notificarán electrónicamente, con lo que se generará una constancia de consulta, acorde con el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo; constancia que servirá como constancia de notificación, la que será válida sin que se requiera certificación por parte de Actuario o Secretario y será integrada al expediente electrónico. Notifíquese por lista física y electrónica.

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