Jose Almanza Quiroz
Expediente 363/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Almanza Quiroz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución que desechó su demanda de garantías, sin que hicieran uso de tal derecho; en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a seis de junio de dos mil veintidós. Según constancia secretarial de cuenta, se advierte que el auto de veintinueve de abril del presente año, emitido en el juicio en que se actúa, se listó y publicó el dos de mayo del mismo año, sin embargo, por un error de la actuaria quien el día diez de mayo del año que transcurre, al momento de realizar la publicación del aviso que dejó el tres de mayo siguiente, sustituyó el archivo correspondiente a la lista en mención (la de dos de mayo del presente año, relativa a la determinación en donde se determinó desechar la demanda que dio origen al presente asunto); en tal virtud se ordena realizar los ajustes necesarios en el SISE, a fin de corregir dicho error. Asimismo, se hace una llamada de atención a la Actuaria correspondiente, para que en lo subsecuente realice su trabajo con profesionalismo y cuidado para evitar dichos errores, apercibida que de no hacerlo se tomaran las medidas procedentes. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA veintinueve de abril de dos mil veintidós, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la promovente precisada en supra líneas, mismo que presenta a efecto de cumplir con la prevención formulada en proveído de once de abril del presente año; y, amplía su demanda de garantías en los siguientes términos: Primeramente, dando cumplimiento al requerimiento indicado en los incisos a) y b), me permito precisar que con fechas 11 once de enero de 2017 dos mil diecisiete y 10 diez de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, respectivamente, el Juez Sexto de lo Civil de este Distrito de Morelia, dentro del juicio sumario civil radicado bajo el número de expediente -, emitió acuerdos por los cuales se ordena la ejecución del embargo sobre los bienes del ahora Quejoso, de dichos acuerdos se anexa copia. Sin embargo, es necesario precisar que estos acuerdos no son directamente el acto que se reclama sino el inminente embargo sobre la pensión jubilatoria del Quejoso, pues posterior a los acuerdos señalados en el párrafo anterior, el tercero interesado realizó diversas gestiones para identificar el número de la cuenta del ahora Quejoso, lo cual consiguió ya que mediante oficio número -, el responsable de CFE suministrador de Servicios Básicos Administración y Recursos Humanos, informó los datos de identificación de la cuenta en alusión, de lo cual se desprende la pretensión del ahora tercero interesado de trabar embargo sobre la pensión que recibe el Quejoso. Cabe aclarar que en virtud a lo anterior, dentro del juicio de origen, el ahora Quejoso, mediante escrito de fecha cinco de abril del presente año, solicitó a la Juez Responsable se ponderaran los criterios jurisprudenciales que sostienen la garantía constitucional sobre la pensión jubilatoria respecto al embargo, compensación o descuento, pues en el caso de que se ejecutara materializaría un acto de imposible reparación que afecta los derechos sustantivos de supervivencia del adulto mayor jubilado, escrito que se ratificó mediante comparecencia el 18 dieciocho de abril del año que transcurre. Se acompañan al presente ocurso la copia del escrito y ratificación mencionados. Por otro lado, dicho acuerdo que se combate, robustece el planteamiento que se ha venido sosteniendo sobre el inminente embargo sobre la cuenta donde recibe su pensión jubilatoria el quejoso el cual de consumarse estaría trasgrediendo los derechas humanos tutelados por la Constitución, y los consagrados en la Convención Interaméricana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En atención a lo anterior, vista la demanda de amparo presentada por el quejoso en cita y escritos aclaratorios, contra actos del Juez Sexto Civil de este Distrito Judicial, se advierte que el quejoso señala esencialmente como acto reclamado: El inminente embargo sobre la cuenta donde recibe su pensión jubilatoria, ordenado en el juicio de origen, el cual actualmente se encuentra en etapa de ejecución. Al respecto, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, para lo cual conviene citar lo que establece el precepto legal 113 de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En ese sentido, debemos estarnos a lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley... Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Este último precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución de sentencia -como lo es el caso en el presente asunto, ya que así se advierte del análisis de la demanda y escritos aclaratorios-, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese período que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Precisando que la última resolución, es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien la determinación que ordena el archivo definitivo del expediente, que será entonces, impugnable en amparo y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, ya que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público. Consecuentemente, del escrito de demanda y ocursos aclaratorios se advierte que el quejoso reclama actos derivados de la etapa de ejecución del juicio Sumario Civil -del índice del Juzgado Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial, dentro del cual es parte, y por tanto, la demanda de amparo para los efectos de procedencia del juicio de garantías, deviene improcedente, pues como ya se dijo, en tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, en el que podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, en términos del segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. En efecto, se estima que los actos reclamados, que aquí nos ocupan, no son los últimos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que no tienden a aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado o declarar la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al fallo definitivo de origen. Lo anterior se estima de ese modo, tomando en consideración que, si bien existen casos de excepción a la regla, cuando el juicio que se encuentre en etapa de ejecución, los actos reclamados gocen de autonomía propia, es decir, que no tengan como finalidad directa o inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; sin embargo, los autos dictados con fecha diecisiete y veintitrés de marzo del presente año, los cuales por una parte ordenan girar oficio a la Oficina de Seguridad Social en la Oficina de la División Centro Occidente de la Comisión Federal de Electricidad y al Departamento Jurídico de la División Centro de Occidente de la Comisión Federal de Electricidad para el efecto de que informe el número de cuenta bancaria en donde se deposita al quejoso la pensión por jubilación en edad avanzada, y en el segundo, se confirma el primero de los acuerdos, así como el diverso dictado el dieciocho de abril del presente año, por la autoridad señalada como responsable donde se tuvieron por hechas las manifestaciones realizadas por el quejoso ante la autoridad señalada como responsable mediante diverso presentado en el juicio de origen el cinco de abril del año que transcurre, para ser tomadas en consideración al momento en que la actuaria de su adscripción cumplimente en sus términos el auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, por ser la autoridad a quien corresponde llevar a cabo dicha diligencia y en su momento deberá tomar en consideración las manifestaciones a que se contrae el quejoso en el sentido de que se trata de un adulto mayor en estado de vulnerabilidad; actos emitidos en un juicio en el que el quejoso es parte y por ende, ha sido escuchado en defensa de sus intereses, actos que por su propia naturaleza no pueden ser conceptuados como una determinación judicial en la que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirigen a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentran supeditados a la eficacia de la diligenciación material de los mandamientos judiciales impetrados, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dichas resoluciones no pueden estimarse como la última dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo, precisamente porque fueron pronunciados estando el juicio de origen en la etapa de ejecución de la sentencia y no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y tampoco ordena el archivo definitivo del expediente. Asimismo, no se trata de determinaciones que afecten derechos sustantivos independientes o ajenos a la cosa juzgada, precisamente porque tienden al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el juicio natural, cuyo monto de liquidación fue establecido en sentencia interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis; habiéndose ordenado el embargo de bienes del quejoso desde el auto de once de enero de dos mil diecisiete, así como en los diversos ahora reclamados. Ello es así, toda vez que si se considera que la ejecución de la sentencia debe continuar hasta que se logre en los términos ordenados en la ejecutoria que así lo determine, misma que tiene como finalidad obedecer un fallo con rango de cosa juzgada que debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público; por lo que será hasta que dicte la úItima resolución o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que en su caso procedería el juicio de amparo en contra de los autos que alude el quejoso, pues en el caso, el embargo de la cuenta donde se deposita la pensión por edad avanzada del quejoso, que esencialmente se reclama, forma parte del sistema establecido para que cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado -en su caso- al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase que lo hubiese dejado sin defensa, porque la afectación que se reclama por el ahora inconforme no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de pago. En consecuencia, como la orden contenida en los actos reclamados en el presente asunto pretende la ejecución de sentencia definitiva dictada en el juicio natural, sin que de su contendido se advierta que se pretenda la afectación a derechos sustantivos del quejoso ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se reclama la última resolución. Por lo anterior, es innegable que la demanda de garantías que nos ocupa, deviene improcedente, habida cuenta que, tratándose de actos de ejecución de sentencia, los que no se dictan dentro del juicio del procedimiento de ejecución de sentencia gozan de autonomía con relación a dicha ejecución, por lo que debe impugnarse en el amparo indirecto que se promueva en contra de la resolución que lo apruebe o desapruebe, esto es que, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, la que, como puede apreciarse de los datos aportados por el quejoso aún no se emite, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, son de citarse la jurisprudencia número 108/2010, publicadas en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación, se transcribe su rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.. Resulta oportuno citar como precedente de lo antes determinado, la resolución emitida el dos de febrero de dos mil veintidós, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta Ciudad, en el amparo en revisión - que resolvió el recurso de revisión hecho valer por el aquí quejoso -, en contra de la sentencia dictada el nueve de julio de dos mil veintiuno en el juicio de amparo - del índice de este Juzgado, en el que se reclamaron los autos dictados en el juicio sumario civil - -mismo del que emanan los aquí impetrados- tramitado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con fechas veintiocho de noviembre y diez de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, ejecutoria en la que se determinó sobreseer dicho juicio de garantías, en el que inicialmente esta autoridad determinó negar el amparo y protección de la justicia federal al citado-. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente...." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
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Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la promovente precisada en supra líneas, mismo que presenta a efecto de cumplir con la prevención formulada en proveído de once de abril del presente año; y, amplía su demanda de garantías en los siguientes términos: Primeramente, dando cumplimiento al requerimiento indicado en los incisos a) y b), me permito precisar que con fechas 11 once de enero de 2017 dos mil diecisiete y 10 diez de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, respectivamente, el Juez Sexto de lo Civil de este Distrito de Morelia, dentro del juicio sumario civil radicado bajo el número de expediente -, emitió acuerdos por los cuales se ordena la ejecución del embargo sobre los bienes del ahora Quejoso, de dichos acuerdos se anexa copia. Sin embargo, es necesario precisar que estos acuerdos no son directamente el acto que se reclama sino el inminente embargo sobre la pensión jubilatoria del Quejoso, pues posterior a los acuerdos señalados en el párrafo anterior, el tercero interesado realizó diversas gestiones para identificar el número de la cuenta del ahora Quejoso, lo cual consiguió ya que mediante oficio número -, el responsable de CFE suministrador de Servicios Básicos Administración y Recursos Humanos, informó los datos de identificación de la cuenta en alusión, de lo cual se desprende la pretensión del ahora tercero interesado de trabar embargo sobre la pensión que recibe el Quejoso. Cabe aclarar que en virtud a lo anterior, dentro del juicio de origen, el ahora Quejoso, mediante escrito de fecha cinco de abril del presente año, solicitó a la Juez Responsable se ponderaran los criterios jurisprudenciales que sostienen la garantía constitucional sobre la pensión jubilatoria respecto al embargo, compensación o descuento, pues en el caso de que se ejecutara materializaría un acto de imposible reparación que afecta los derechos sustantivos de supervivencia del adulto mayor jubilado, escrito que se ratificó mediante comparecencia el 18 dieciocho de abril del año que transcurre. Se acompañan al presente ocurso la copia del escrito y ratificación mencionados. Por otro lado, dicho acuerdo que se combate, robustece el planteamiento que se ha venido sosteniendo sobre el inminente embargo sobre la cuenta donde recibe su pensión jubilatoria el quejoso el cual de consumarse estaría trasgrediendo los derechas humanos tutelados por la Constitución, y los consagrados en la Convención Interaméricana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En atención a lo anterior, vista la demanda de amparo presentada por el quejoso en cita y escritos aclaratorios, contra actos del Juez Sexto Civil de este Distrito Judicial, se advierte que el quejoso señala esencialmente como acto reclamado: El inminente embargo sobre la cuenta donde recibe su pensión jubilatoria, ordenado en el juicio de origen, el cual actualmente se encuentra en etapa de ejecución. Al respecto, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, para lo cual conviene citar lo que establece el precepto legal 113 de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. En ese sentido, debemos estarnos a lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley... Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Este último precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución de sentencia -como lo es el caso en el presente asunto, ya que así se advierte del análisis de la demanda y escritos aclaratorios-, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese período que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Precisando que la última resolución, es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien la determinación que ordena el archivo definitivo del expediente, que será entonces, impugnable en amparo y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, ya que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público. Consecuentemente, del escrito de demanda y ocursos aclaratorios se advierte que el quejoso reclama actos derivados de la etapa de ejecución del juicio Sumario Civil -del índice del Juzgado Sexto de lo Civil de este Distrito Judicial, dentro del cual es parte, y por tanto, la demanda de amparo para los efectos de procedencia del juicio de garantías, deviene improcedente, pues como ya se dijo, en tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, en el que podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, en términos del segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. En efecto, se estima que los actos reclamados, que aquí nos ocupan, no son los últimos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que no tienden a aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado o declarar la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al fallo definitivo de origen. Lo anterior se estima de ese modo, tomando en consideración que, si bien existen casos de excepción a la regla, cuando el juicio que se encuentre en etapa de ejecución, los actos reclamados gocen de autonomía propia, es decir, que no tengan como finalidad directa o inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; sin embargo, los autos dictados con fecha diecisiete y veintitrés de marzo del presente año, los cuales por una parte ordenan girar oficio a la Oficina de Seguridad Social en la Oficina de la División Centro Occidente de la Comisión Federal de Electricidad y al Departamento Jurídico de la División Centro de Occidente de la Comisión Federal de Electricidad para el efecto de que informe el número de cuenta bancaria en donde se deposita al quejoso la pensión por jubilación en edad avanzada, y en el segundo, se confirma el primero de los acuerdos, así como el diverso dictado el dieciocho de abril del presente año, por la autoridad señalada como responsable donde se tuvieron por hechas las manifestaciones realizadas por el quejoso ante la autoridad señalada como responsable mediante diverso presentado en el juicio de origen el cinco de abril del año que transcurre, para ser tomadas en consideración al momento en que la actuaria de su adscripción cumplimente en sus términos el auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, por ser la autoridad a quien corresponde llevar a cabo dicha diligencia y en su momento deberá tomar en consideración las manifestaciones a que se contrae el quejoso en el sentido de que se trata de un adulto mayor en estado de vulnerabilidad; actos emitidos en un juicio en el que el quejoso es parte y por ende, ha sido escuchado en defensa de sus intereses, actos que por su propia naturaleza no pueden ser conceptuados como una determinación judicial en la que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirigen a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentran supeditados a la eficacia de la diligenciación material de los mandamientos judiciales impetrados, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dichas resoluciones no pueden estimarse como la última dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo, precisamente porque fueron pronunciados estando el juicio de origen en la etapa de ejecución de la sentencia y no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y tampoco ordena el archivo definitivo del expediente. Asimismo, no se trata de determinaciones que afecten derechos sustantivos independientes o ajenos a la cosa juzgada, precisamente porque tienden al cumplimiento de la sentencia ejecutoria dictada en el juicio natural, cuyo monto de liquidación fue establecido en sentencia interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis; habiéndose ordenado el embargo de bienes del quejoso desde el auto de once de enero de dos mil diecisiete, así como en los diversos ahora reclamados. Ello es así, toda vez que si se considera que la ejecución de la sentencia debe continuar hasta que se logre en los términos ordenados en la ejecutoria que así lo determine, misma que tiene como finalidad obedecer un fallo con rango de cosa juzgada que debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público; por lo que será hasta que dicte la úItima resolución o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que en su caso procedería el juicio de amparo en contra de los autos que alude el quejoso, pues en el caso, el embargo de la cuenta donde se deposita la pensión por edad avanzada del quejoso, que esencialmente se reclama, forma parte del sistema establecido para que cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado -en su caso- al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase que lo hubiese dejado sin defensa, porque la afectación que se reclama por el ahora inconforme no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de pago. En consecuencia, como la orden contenida en los actos reclamados en el presente asunto pretende la ejecución de sentencia definitiva dictada en el juicio natural, sin que de su contendido se advierta que se pretenda la afectación a derechos sustantivos del quejoso ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se reclama la última resolución. Por lo anterior, es innegable que la demanda de garantías que nos ocupa, deviene improcedente, habida cuenta que, tratándose de actos de ejecución de sentencia, los que no se dictan dentro del juicio del procedimiento de ejecución de sentencia gozan de autonomía con relación a dicha ejecución, por lo que debe impugnarse en el amparo indirecto que se promueva en contra de la resolución que lo apruebe o desapruebe, esto es que, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, la que, como puede apreciarse de los datos aportados por el quejoso aún no se emite, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, son de citarse la jurisprudencia número 108/2010, publicadas en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación, se transcribe su rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.. Resulta oportuno citar como precedente de lo antes determinado, la resolución emitida el dos de febrero de dos mil veintidós, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta Ciudad, en el amparo en revisión - que resolvió el recurso de revisión hecho valer por el aquí quejoso -, en contra de la sentencia dictada el nueve de julio de dos mil veintiuno en el juicio de amparo - del índice de este Juzgado, en el que se reclamaron los autos dictados en el juicio sumario civil - -mismo del que emanan los aquí impetrados- tramitado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con fechas veintiocho de noviembre y diez de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, ejecutoria en la que se determinó sobreseer dicho juicio de garantías, en el que inicialmente esta autoridad determinó negar el amparo y protección de la justicia federal al citado-. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente
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