José Alid Domínguez Rojas
Expediente 1289/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1289/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Alid Domínguez Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional la omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del conflicto laboral 1225/16, en virtud de que -señala- a la fecha no se ha emplazado a la parte demandada. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Luego, a criterio del suscrito, se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracciones XI y XXIII, esta última en relación con el diverso 192, ambos de la Ley de Amparo, atendiendo a las siguientes consideraciones: En primer lugar, conviene precisar el contenido de tales porciones normativas (la fracción X se cita porque complementa la XI): "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." Conforme al artículo 61, fracción XI [complementada con la fracción X del propio artículo] de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se impugne un acto que haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, siempre que sea promovido por el mismo quejoso y contra la(s) misma(s) autoridad(es) responsable(s), aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La aludida fracción XI emplea la palabra "ejecutoria", lo que implica que la sentencia que analizó la legalidad del acto reclamado, causó estado, sea porque la declaró el juez o a causa del fallo de un superior. Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61, permite que la improcedencia del juicio de amparo pueda resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley de Amparo. Esta porción legal no viola el derecho de acceso a la justicia, puesto que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Resulta aplicable la tesis 2a. XCI/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, página 690, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." En efecto, la causal de improcedencia se funda en la existencia del juicio de amparo 2165/2016-V-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. La demanda que originó el juicio de amparo 2165/2016-V-B, fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el doce de diciembre de dos mil dieciséis. A través de ésta, José Alid Domínguez Rojas, por derecho propio, solicitó la protección constitucional contra la negativa de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos a tramitar su demanda laboral en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo, así como la falta de radicación, notificación del auto de admisión, de emplazamiento a la parte demandada y desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente 1225/16. En el considerando segundo de la sentencia dictada en el amparo 2165/2016-V-B, el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, este tribunal fijó como acto reclamado, la falta de acuerdo a la demanda laboral presentada el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis y su notificación, dentro del expediente 1225/16. En dicha sentencia, se otorgó el amparo de la justicia federal al quejoso, para que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, realizara lo siguiente: Dicte las medidas necesarias y notifique a la parte actora tanto el auto de admisión de cuatro de enero de dos mil diecisiete, emitido en el conflicto laboral 1225/16, como aquel por el que en su caso, haya fijado la nueva fecha para desahogar la audiencia bifásica. Dicte las medidas necesarias para efectuar el emplazamiento de la parte demandada al juicio 1225/16. Pero si notificó a la parte actora y emplazó a la parte demandada, envíe las constancias que lo demuestren. Así, el amparo se concedió para que, entre otras cosas, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos dictara las medidas necesarias para efectuar el emplazamiento de la parte demandada al juicio 1225/16. La sentencia de treinta y uno de enero de enero de dos mil diecisiete causó ejecutoria el veinte de febrero del año en curso y procedió requerir su cumplimiento a la autoridad responsable. Ahora, la demanda que originó el amparo 1289/2017-IV-B -en que se actúa-, fue presentada por José Alid Domínguez Rojas, ante la Oficina de Correspondencia Común, el once de agosto de dos mil diecisiete y se admitió a trámite el catorce siguiente, donde -como se dijo- se reclama omisión de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del conflicto laboral 1225/16, en virtud de que -señala el quejoso- a la fecha no se ha emplazado a la parte demandada. Debe decirse que la improcedencia derivada de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conocida doctrinariamente como "cosa juzgada", surge cuando: 1) El acto reclamado en determinado juicio de amparo versa o involucra un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) El juicio respectivo hubiera sido promovido por el mismo quejoso, contra la(s) misma(s) autoridad(es) y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Dicha causa de improcedencia está instituida para evitar que una misma cuestión pueda ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro que se emitan posibles fallos contradictorios en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social. Al respecto, es pertinente traer a colación la tesis 2a./J. 112/2012 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 3, página 1545, del tenor literal siguiente: "COSA JUZGADA REFLEJA. NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. En términos del precepto invocado, la cosa juzgada que actualiza la improcedencia del juicio de amparo exige de manera estricta la concurrencia de los supuestos consistentes en que: 1) El acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) Los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De ese modo, si la llamada cosa juzgada refleja no comparte esos supuestos, porque en su configuración no existe la concatenación de tales elementos personales y objetivos, es inconcuso que su prevalencia no actualiza la improcedencia del juicio de amparo." Asimismo, cobra aplicación la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, página 1107, del rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." De la misma forma, orienta la tesis I.6o.T. J/86, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, ubicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de 2007, página 1532, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." En estas condiciones, resulta inconcuso que si bien a la fecha, la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 2165/2016-V-B no ha quedado cumplida, el acto reclamado en esta instancia constitucional es materia de la ejecutoria del amparo citado, por lo que, en todo caso, cesará por virtud de la ejecución de la sentencia emitida en éste, que debe ser cumplida en términos del artículo 192 de la ley de la materia. Por consiguiente, al actualizarse las causales de improcedencia derivadas del artículo 61, fracciones XI y XXIII, ésta en relación con el diverso 192, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional y, por ende, dejar sin efectos la fecha señalada para tal efecto. Sirve de apoyo la tesis 2a./J. 10/2003, del rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, página 386. Las tesis invocadas en la presente determinación, relativas a disposiciones de la ley de la materia abrogada, no contravienen lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. No pasa inadvertido para el suscrito Juzgador que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero, que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo como indirecto. En ese sentido, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 62, y que permiten sobreseer el juicio de amparo, o bien, desechar de plano una demanda de amparo, por lo que, de aplicar dicha hipótesis, se contravendría al segundo supuesto, toda vez que, al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, impediría desechar de plano una demanda; que, en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, pues se procedería a dar vista, en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra soporte en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I correspondiente a la Décima Época, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.". Oficio proveniente del Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos Por otra parte, se tiene por recibido el oficio 5181A/2017, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a través del cual, en atención al requerimiento efectuado por auto de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, remite el expediente original 1225/2016, puesto que aduce carecer de recursos materiales para hacer llegar a este Juzgado copia certificada de éste. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar, déjese sin efectos el apercibimiento decretado a la autoridad oficiante en proveído de referencia y, dado el sentido de la presente determinación y el contenido del artículo 117 de la Ley de Amparo -que obliga a las autoridades a acompañar copia certificada de las constancias en que apoyen la constitucionalidad del acto reclamado-, devuélvase a ésta el expediente original 1225/16. Escrito de alegatos de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado Finalmente, téngase por recibido el escrito de alegatos que formula la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado. En mérito del sobreseimiento fuera de audiencia constitucional decretado, únicamente agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y, por tanto, al no existir sentencia en el presente juicio de amparo, no ha lugar a autorizar copia de ésta. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Jefe de la Oficina Postal Chapultepec, de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, por medio del cual informa el tratamiento dado a las piezas postales referentes a los oficios: ???????????????36642/2017COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (AUTORIDAD RESPONSABLE)???????????????36643/2017DIRECTOR DE AMPAROS Y DERECHOS HUMANOS DEL COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) ??????????????? 36644/2017 DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) ??????????????? 36645/2017 COORDINADORA GENERAL DE CENTROS FEDERALES DEL COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) ??????????????? 36646/2017 TITULAR DE ASUNTOS LEGALES Y DERECHOS HUMANOS DEL COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL (AUTORIDAD RESPONSABLE) En atención a lo anterior, únicamente se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda, toda vez que por dichas piezas postales ya obran en autos. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde: Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por conducto de su Presidente Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En relación con las pruebas documentales, que adjunta la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por anunciadas, se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán relacionadas en la audiencia constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, el suscrito está obligado a recabar las constancias necesarias para resolver el presente juicio, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de su legal notificación, remita copia certificada del expediente laboral 1225/2016. Apercíbase a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos que, de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por auto de catorce de agosto de dos mil diecisiete, para rendir su informe justificado. En consecuencia, para dar tiempo a la llegada del informe justificado en comento, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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