Jose Alfredo Zuñiga Hernandez

Expediente 634/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
634/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
21/08/2019

Partes del expediente

  • Jose Alfredo Zuñiga Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos, el oficio 767 del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 607/2019 (orden 857/2019) del índice de este juzgado; en el que se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara al promovente José Alfredo Zúñiga Hernández, el auto de veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Atento a lo anterior, dese de baja el aludido despacho en el Libro de Gobierno respectivo. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto once de julio del año en curso (fojas 18 a 23), en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla. b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso José Alfredo Zúñiga Hernández, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 634/2019-E; Notifique al quejoso el presente proveído; Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación antes ordenada sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de julio de dos mil diecinueve Agréguese a sus autos el escrito signado por Roberto Zeferino Reyes y Aldo Adalberto Poceros Román, quienes se ostentan como defensores particulares de José Alfredo Zúñiga Hernández, así como por éste último, en su carácter de quejoso directo, a través del cual, pretenden desahogar la prevención que se formuló mediante acuerdo de uno de julio de dos mil diecinueve (fojas 8 a 11) Del que se advierte lo siguiente: Que señalan como acto reclamado la orden de aprehensión girada en contra de José Alfredo Zúñiga Hernández, por alguna de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras en el escrito de demanda; Que no señalan como acto reclamado la diligencia de identificación de persona; y, Bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la personalidad de Roberto Zeferino Reyes y Aldo Adalberto Poceros Román, como defensores particulares de José Alfredo Zúñiga Hernández, se encuentra acreditada en el proceso penal 9/2019/CDSER del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla; y que las órdenes de aprehensión reclamadas derivan de causas penales diversas a la 9/2019/CDSER Ahora bien, de autos de advierte que la demanda que dio origen al presente juicio, fue presentada por Roberto Zeferino Reyes y Aldo Adalberto Poceros Román, quienes se ostentaron como defensores particulares de José Alfredo Zúñiga Hernández; sin embargo, del escrito de cuenta se advierte la representación con la que se ostentan los promoventes de amparo, únicamente se encuentra reconocida en el proceso penal 9/2019/CDSER del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla y como la orden u órdenes de aprehensión aquí reclamadas pudieran derivar de diversos procedimientos, en donde Roberto Zeferino Reyes y Aldo Adalberto Poceros Román, no tienen reconocido el carácter de defensores particulares de José Alfredo Zúñiga Hernández, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO En la especie, el suscrito juzgador Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, 14 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, por lo que se provee Los citados preceptos disponen: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: () XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 6o El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita Artículo 14 Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión Artículo 15 Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona" De los transcritos preceptos legales se advierte lo siguiente: El juicio de amparo únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado El juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal El juicio de amparo en materia penal puede promoverse por el defensor, y bastará, que manifieste bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter El juicio de amparo puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia A esta legitimación se le conoce con el nombre de en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo Cobra aplicación la siguiente tesis: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA CONCEPTO Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable" De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues ya se dijo que esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1) Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2) Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte la existencia de alguno de los actos previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional, ya que los hechos que el promovente señala como actos reclamados, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y tampoco constituyen penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales Esto es así, pues si bien se encuentra interno en el Centro de Reinserción de Ciudad Serdán, Puebla, como ya se dijo no está en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 de la ley reglamentaria, aunado a que en ningún momento señaló que se encuentre incomunicado, por lo que no existe algún impedimento por el cual pueda promover por su propio derecho la demanda de garantías Por lo que, en el caso en particular, si bien el quejoso directo José Alfredo Zúñiga Hernández se encuentra recluido, también lo es, que el promovente no refiere que tenga impedimento legal alguno para firmar la demanda de garantías que se analiza, pues si bien se encuentra interno en el Centro de Reinserción de Ciudad Serdán, Puebla, cierto es también que, alguna otra persona o abogado pudo accesar y recabar la firma, ya que no hay motivo para determinar, como ya se dijo, que se encuentra incomunicado Lo anterior evidencia, que no se acredita el primer requisito previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, en virtud de que no se reclama ningún acto de los citados en el párrafo que antecede Además, se insiste, en el caso no se actualiza alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que la legitimación en la causa, para promover el juicio de amparo indirecto, en términos del citado precepto legal, requiere, como se dijo, que se cumplan dos requisitos esenciales, primero, que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y, segundo, que el afectado esté imposibilitado para hacerlo directamente (lo que no ocurre en el presente caso); y que alguno de los actos reclamados encuadren en las hipótesis previstas por el citado precepto Constitucional Así las cosas, se advierte que no existió legitimación procesal para instaurar la presente demanda de amparo en favor de la parte quejosa, porque no se reclama algún acto prohibido por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional y, en ese sentido, que el quejoso esté imposibilitado para ejercer la acción constitucional, porque ninguna razón se expone en ese sentido; por lo que, no existe razón que le impida promover personalmente en lo individual o por conducto de representante legal Sin que sea obstáculo a la anterior determinación el hecho de que los promoventes Roberto Zeferino Reyes y Aldo Adalberto Poceros Román hayan manifestado, bajo protesta de decir verdad, que su representación como defensores particulares de José Alfredo Zúñiga Hernández, se encuentra reconocida en el proceso penal 9/2019/CDSER del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, pues la orden u órdenes de aprehensión aquí reclamadas pudieran derivar de diversos procedimientos En consecuencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo Orienta esta determinación, la tesis aislada VI2oC242 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, página 1051, novena época, con número de registro 175298, la cual no ha sido superada, que dice: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL AMPARO NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE SI NO ES TITULAR DEL DERECHO VIOLADO O DESCONOCIDO CUYA TUTELA PRETENDE A TRAVÉS DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL Si bien es cierto que al tenor de la jurisprudencia P/J 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, si el juzgador federal advierte que la representación con que se ostenta el promovente del juicio de amparo no está debidamente justificada, debe prevenirlo para que satisfaga el requisito omitido; también lo es que tal obligación no se actualiza cuando quien pide amparo no tiene legitimación en la causa, por no ser titular del derecho violado o desconocido cuya tutela pretende a través del juicio de control constitucional, esto en virtud de que, aun cuando se trata de un presupuesto procesal, no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, dado que si la ley no otorga al sujeto el derecho de ser parte quejosa, por más que se le previniera para que demostrara tener tal carácter, tarde o temprano tendría que sobreseerse de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII y 4o de la Ley de Amparo" De conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso José Alfredo Zúñiga Hernández, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 634/2019-E; Notifique al quejoso el presente proveído; Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo Queda a cargo del secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación antes ordenada sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación

  4. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS ABOGADOS ROBERTO ZEFERINO REYES Y ALDO ADALBERTO POCEROS ROMAN, DEFENSORES PARTICULARES DEL QUEJOSO LA RESOLUCION DE ONCE DE JULIO DE 2019, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, once de julio de dos mil diecinueve Agréguese a sus autos el escrito signado por Roberto Zeferino Reyes y Aldo Adalberto Poceros Román, quienes se ostentan como defensores particulares de José Alfredo Zúñiga Hernández, así como por éste último, en su carácter de quejoso directo, a través del cual, pretenden desahogar la prevención que se formuló mediante acuerdo de uno de julio de dos mil diecinueve (fojas 8 a 11) Del que se advierte lo siguiente: Que señalan como acto reclamado la orden de aprehensión girada en contra de José Alfredo Zúñiga Hernández, por alguna de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras en el escrito de demanda; Que no señalan como acto reclamado la diligencia de identificación de persona; y, Bajo protesta de decir verdad, manifiestan que la personalidad de Roberto Zeferino Reyes y Aldo Adalberto Poceros Román, como defensores particulares de José Alfredo Zúñiga Hernández, se encuentra acreditada en el proceso penal 9/2019/CDSER del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla; y que las órdenes de aprehensión reclamadas derivan de causas penales diversas a la 9/2019/CDSER Ahora bien, de autos de advierte que la demanda que dio origen al presente juicio, fue presentada por Roberto Zeferino Reyes y Aldo Adalberto Poceros Román, quienes se ostentaron como defensores particulares de José Alfredo Zúñiga Hernández; sin embargo, del escrito de cuenta se advierte la representación con la que se ostentan los promoventes de amparo, únicamente se encuentra reconocida en el proceso penal 9/2019/CDSER del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla y como la orden u órdenes de aprehensión aquí reclamadas pudieran derivar de diversos procedimientos, en donde Roberto Zeferino Reyes y Aldo Adalberto Poceros Román, no tienen reconocido el carácter de defensores particulares de José Alfredo Zúñiga Hernández, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO En la especie, el suscrito juzgador Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6, 14 y 15, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, por lo que se provee Los citados preceptos disponen: Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente:.. XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita Artículo 14 Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión Artículo 15 Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona" De los transcritos preceptos legales se advierte lo siguiente: El juicio de amparo únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado El juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal El juicio de amparo en materia penal puede promoverse por el defensor, y bastará, que manifieste bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter El juicio de amparo puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo Conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia A esta legitimación se le conoce con el nombre de en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo Cobra aplicación la siguiente tesis: LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA CONCEPTO Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante, y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues ya se dijo que esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1) Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2) Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte la existencia de alguno de los actos previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional, ya que los hechos que el promovente señala como actos reclamados, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y tampoco constituyen penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales Esto es así, pues si bien se encuentra interno en el Centro de Reinserción de Ciudad Serdán, Puebla, como ya se dijo no está en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 de la ley reglamentaria, aunado a que en ningún momento señaló que se encuentre incomunicado, por lo que no existe algún impedimento por el cual pueda promover por su propio derecho la demanda de garantías Por lo que, en el caso en particular, si bien el quejoso directo José Alfredo Zúñiga Hernández se encuentra recluido, también lo es, que el promovente no refiere que tenga impedimento legal alguno para firmar la demanda de garantías que se analiza, pues si bien se encuentra interno en el Centro de Reinserción de Ciudad Serdán, Puebla, cierto es también que, alguna otra persona o abogado pudo accesar y recabar la firma, ya que no hay motivo para determinar, como ya se dijo, que se encuentra incomunicado Lo anterior evidencia, que no se acredita el primer requisito previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que permite que cualquier persona, inclusive un menor de edad, pueda promover la demanda de amparo a nombre de otro, en virtud de que no se reclama ningún acto de los citados en el párrafo que antecede Además, se insiste, en el caso no se actualiza alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ya que la legitimación en la causa, para promover el juicio de amparo indirecto, en términos del citado precepto legal, requiere, como se dijo, que se cumplan dos requisitos esenciales, primero, que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y, segundo, que el afectado esté imposibilitado para hacerlo directamente (lo que no ocurre en el presente caso); y que alguno de los actos reclamados encuadren en las hipótesis previstas por el citado precepto Constitucional Así las cosas, se advierte que no existió legitimación procesal para instaurar la presente demanda de amparo en favor de la parte quejosa, porque no se reclama algún acto prohibido por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional y, en ese sentido, que el quejoso esté imposibilitado para ejercer la acción constitucional, porque ninguna razón se expone en ese sentido; por lo que, no existe razón que le impida promover personalmente en lo individual o por conducto de representante legal Sin que sea obstáculo a la anterior determinación el hecho de que los promoventes Roberto Zeferino Reyes y Aldo Adalberto Poceros Román hayan manifestado, bajo protesta de decir verdad, que su representación como defensores particulares de José Alfredo Zúñiga Hernández, se encuentra reconocida en el proceso penal 9/2019/CDSER del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, pues la orden u órdenes de aprehensión aquí reclamadas pudieran derivar de diversos procedimientos En consecuencia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo Orienta esta determinación, la tesis aislada VI2oC242 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Abril de 2006, página 1051, novena época, con número de registro 175298, la cual no ha sido superada, que dice: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL AMPARO NO DEBE PREVENIRSE AL PROMOVENTE SI NO ES TITULAR DEL DERECHO VIOLADO O DESCONOCIDO CUYA TUTELA PRETENDE A TRAVÉS DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL Si bien es cierto que al tenor de la jurisprudencia P/J 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: PERSONALIDAD EN EL AMPARO EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 48, si el juzgador federal advierte que la representación con que se ostenta el promovente del juicio de amparo no está debidamente justificada, debe prevenirlo para que satisfaga el requisito omitido; también lo es que tal obligación no se actualiza cuando quien pide amparo no tiene legitimación en la causa, por no ser titular del derecho violado o desconocido cuya tutela pretende a través del juicio de control constitucional, esto en virtud de que, aun cuando se trata de un presupuesto procesal, no es de aquellos que puedan enmendarse o satisfacerse durante el procedimiento, dado que si la ley no otorga al sujeto el derecho de ser parte quejosa, por más que se le previniera para que demostrara tener tal carácter, tarde o temprano tendría que sobreseerse de conformidad con los artículos 73, fracción XVIII y 4o de la Ley de Amparo. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Chalchicomula de Sesma, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso José Alfredo Zúñiga Hernández, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 634/2019-E; Notifique al quejoso el presente proveído; Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo Queda a cargo del secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación antes ordenada sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación

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