José Alfredo Vásquez Rivas
Expediente 609/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 609/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Alfredo Vásquez Rivas
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con quince minutos del veintinueve de junio de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente relativo, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto admisorio de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós (iii) informes justificados. Acto seguido, el Juez Quinto de Distrito en Estado de Oaxaca, tiene por hecha la relación de constancias; por tanto, se ordena pasar a la siguiente etapa de la audiencia. Etapa probatoria. En esta etapa se hace relación de las documentales exhibidas por la autoridad responsable, las cuales con fundamento en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que no habiendo más pruebas que relacionar se cierra el período probatorio para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que ninguna de las partes formuló alegato alguno; por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 609/2022, promovido por José Alfredo Vásquez Rivas, contra la omisión de contestar la omisión de substanciar y resolver su solicitud de traslado voluntario realizada el ocho de abril de dos mil veintidós al administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y otra autoridad. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de José Alfredo Vásquez Rivas, el administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y otra autoridad, vulneraron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 8º, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO José Alfredo Vásquez Rivas, promovió el presente juicio de amparo mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cual fue recibido el mismo día en este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Señaló como autoridad responsable al administrador y al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, ambos, del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y como actos reclamados la omisión de substanciar y tramitar su solicitud de traslado voluntario. La parte quejosa precisó que se vulnera sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 8º, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 609/2022, misma que se admitió a trámite el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. En autos aparecen los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el presente asunto, la lectura de la demanda de amparo, permite establecer como actos reclamados de las autoridades responsables administrador y al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, ambos, del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, los siguientes: La omisión de substanciar y tramitar su solicitud de traslado voluntario presentada el siete de abril de dos mil veintidós. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, rindió su informe justificado negando el acto reclamado, sin que la quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa, debido a que no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. En ese contexto, si la inconforme no desvirtuó la negativa que las referidas autoridades sostuvieron ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." No obsta a lo anterior, el hecho que el juez responsable refiera que en sus registros correspondientes obraba la solicitud reclamada; sin embargo, la misma fue remitida a la oficialía de partes de ese Centro de Justicia para que fuera atendida por Gestión Judicial a cargo de la Administración, conforme a lo estatuido en el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Centro de Justicia penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales en su artículo 11. Lo cual se corrobora con el análisis del informe de la restante responsable que se abordará el siguiente apartado. VI EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, negó la existencia del acto que se le atribuye, bajo el argumento que el seis de junio de dos mil veintidós ya se había dado trámite a su solicitud. Y para acreditar su dicho remitió, la impresión electrónica de dicho proveído, dictado en el expediente ST OAX/000318/2022, por el que se pronunció en el sentido de que previo pronunciarse respecto de la competencia para de dicha solicitud, requirió al Centro Federal de Readaptación Social número "13 CPS OAXACA" la partida actualizada del quejoso de mérito, constancia a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene como cierto el acto reclamado por el impetrante de amparo. VI. PROCEDENCIA El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el sumario, como se especificó, el quejoso reclama la omisión por parte de la autoridad responsable de atender su solicitud de traslado voluntario, presentado el siete de abril de dos mil veintidós; sin embargo, del informe justificado rendido por la responsable manifestó que previo a determinar la competencia para atender esa solicitud, solicitó la partida actualizada del directo quejoso al centro de reclusión en donde se encuentra interno (CEFERESO 13); informe con el que se le dio vista a la parte quejosa mediante proveído de siete de junio de dos mil veintidós . Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la omisión a atender su solicitud de traslado voluntario, es evidente que en esta instancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al iniciar el trámite correspondiente, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tales omisiones no hubieran invadido la esfera jurídica de la particular. Por tanto, lo pretendido por el promovente de la acción constitucional, en el sentido que se cesara la omisión que reclamó, se satisfizo, al proveer su petición de siete de abril de dos mil veintidós. Asimismo, no pasa por desapercibido que ni de las constancias que anexa la responsable o de la revisión del expediente electrónico 318/2022 de la responsable, se advierta que dicha terminación haya sido notificada directamente al quejoso, pues si bien la quejosa alega, entre otros, como conceptos de violación el contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que refiere que a toda petición deberá de recaer un acuerdo escrito, el cual deberá de hacérselo saber en breve termino. Cierto es también que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal ya se ha pronunciado en el sentido que cuando se reclama la violación del artículo 8º dentro de un procedimiento administrativo, como en el que actúa la quejosa, no puede considerarse como de ejecución irreparable, pues no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, puesto que no se trata de una actuación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria, para obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada, así como de constreñirla a impulsar el procedimiento. Motivo por el cual, la falta de notificación no puede combatirse de forma autónoma, por no causa a la quejosa un daño irreparable. Apoya lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 7/2015 (10a.), y 1a./J. 8/2015 (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil quince y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, páginas 480 y 478, que reza: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. Aunado a que con el citado informe justificado se dio vista a la parte quejosa, como se desprende la notificación por lista realizada el ocho de junio de dos mil veintidós. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó el quejoso, es decir, los efectos de la falta de contestación desaparecieron, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. VII. DECISIÓN En ese contexto, este juzgador determina que debe sobreseerse en el juicio. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por José Alfredo Vásquez Rivas, en cuanto a los actos reclamados al administrador y al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, ambos, del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguense las promociones señaladas en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución y al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhiben, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia. Finalmente, con apoyo en el artículo 75 de la ley de la materia, a efecto de dictar una sentencia acorde a derecho, atentamente se solicita al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Ejecución, que de no tener inconveniente, realice la vinculación permanente de las constancias electrónicas de la solicitud de traslado*** de su índice, con el presente asunto (juicio de amparo 609/2022) de la estadística propia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda y los anexos señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 609/2022. Admisión. Con fundamento en lo estatuido por los normativos 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, inciso d), 108, 110, 112, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite la demanda de amparo presentada por José Alfredo Vásquez Rivas y/o José Vásquez, en contra de los actos reclamados al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y otra autoridad. Informe justificado. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables para que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlo y, en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Ahora bien, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este juzgado, sino también para la autoridad responsable el llevar a cabo la entrega de oficios de manera impresa en papel en su lugar de residencia; en consecuencia, se autoriza al actuario de la adscripción para que la solicitud de informes justificados sean entregadas al correo electrónico oficial de cada autoridad, misma que deberá ser corroborada por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que deberán exponer las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibida de que de no hacerlo así, a la omisa, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización , al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de amparo vigente. Fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las partes en este juicio para que, dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo estar presentes en el desahogo de la audiencia constitucional. Dicho requerimiento se hace con la finalidad de que este órgano jurisdiccional atienda lo establecido por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su artículo 6°, relativo al modelo de atención presencial basado en citas, esto es que cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Apercíbaseles que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo estar presente físicamente en la misma, sin perjuicio de que puedan presentar sus alegatos o escritos pertinentes. Emplazamiento del representante social de la Federación. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5º, fracción IV, 26, inciso K), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, entregándole copia íntegra del mismo. Emplazamiento a la parte tercera interesada. Resérvese a emplazar a juicio a quien le resulte el carácter de tercero interesado hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado. Pruebas.- Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa la documental que acompaña la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Domicilio y autorizados del quejoso. Téngase a la quejosa autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Miguel Santiago Martínez con número de cédula profesional 3982462, por estar inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y a las demás personas que refiere únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo de manera expresa el impetrante del amparo. Como lo solicita la parte quejosa se autoriza al usuario "LMSANTIAGO", que menciona para la consulta del expediente electrónico, así como, para ser notificado, de conformidad con los numerales 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 que rige del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En ese orden, instrúyase a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las gestiones administrativas correspondientes, a efecto que el referido usuario pueda consultar el expediente por la vía electrónica y para que sea notificado de los autos que se dicten en este asunto. Sin que obste el hecho que el disidente del amparo haya señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el recinto penitenciario donde se encuentra recluido; sin embargo, para mayor celeridad y al haber señalada domicilio para recibir notificaciones de su autorizado en términos amplios se tiene como tal el que se precisó en el párrafo que antecede. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase al disidente por señalado el correo electrónico que proporciona, únicamente como medio de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Exhortación para el señalamiento de Exhortación para el señalamiento de correo electrónico. Con fundamento en el ordinal 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal requiérase a las partes para que proporcionen un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos dato será únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.
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