José Alfredo Urbina Ramírez
Expediente 350/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/05/2016
Partes del expediente
- José Alfredo Urbina Ramírez
- Jefe de Vigilancia del Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio de garantías que promovió José Alfredo Urbina Martínez, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, glósese el original del incidente de suspensión respectivo y resguárdese su duplicado, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción; ello, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito. Por otro lado, con apoyo en la certificación que antecede y con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa, archívese el presente asunto.
- Principal
Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 350/2016, promovido por José Alfredo Urbina Ramírez; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por oficio recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, José Alfredo Urbina Ramírez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1 DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO", EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 2 INTEGRANTES DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO", EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 3 CRIMINOLOGO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y DE READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO", EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 4 JEFE DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO", EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 5 SUBJEFE DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIAGUITO", EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 6 JEFE DEL PRIMER TURNO DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIGUITO", EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 7 JEFE DEL SEGUNDO TURNO DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIGUITO", EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 8 JEFE DEL TERCER TURNO DE VIGILANCIA DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL "SANTIGUITO", EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO ACTOS RECLAMADOS: La orden de traslado a diverso centro de reclusión, dormitorio o celda o pasillo al en que se encuentra, así como su ejecución. SEGUNDO. Por auto de once de marzo de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México; radicó el expediente bajo el consecutivo 350/2016; posteriormente el catorce siguiente admitió a trámite la demanda; dio intervención al Fiscal adscrito y señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es competente para resolver el presente juicio de garantías de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado se atribuyó al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, por lo que, es a este órgano jurisdiccional a quien le compete el conocimiento y resolución del presente expediente. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia P. /J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, página 32, registro 192097, del epígrafe siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, se concluye que el peticionario de amparo reclama La orden de traslado a diverso centro de reclusión, dormitorio o celda o pasillo al en que se encuentra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables siguientes: Subjefe de Vigilancia del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México; Criminólogo del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México; Jefe de Vigilancia del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México; Jefe de Vigilancia y Encargado de los Tres Turnos de Vigilancia del Centro de Prevención y Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México; Secretaria General, en suplencia por ausencia del Director del Centro de Prevención y Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México; y, El Secretario General, en suplencia por ausencia de los Integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito", México; Al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto que se le reclama. En tal virtud, al haberse negado los actos controvertidos, se atribuye a la parte quejosa desvirtuar esa manifestación, debiendo, por un lado, acreditar su existencia, y por otro, su inconstitucionalidad. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia VI.2o. J/308, que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Ahora bien, la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Así, del análisis de las constancias que integran el cuaderno de amparo, se advierte que la parte quejosa no ofertó ningún medio probatorio para acreditar la existencia de los actos negados por las autoridades responsables; por lo que resulta procedente decretar el sobreseimiento en esta instancia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por la mencionada fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo: Apoya las anteriores consideraciones la jurisprudencia 284, que es de la siguiente voz: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia 53, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". En consecuencia, al resultar evidenciada una causa de improcedencia, no se pueden analizar los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, al tenor de las tesis 509 y 1028, emitidas por las anteriores integraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, respectivamente, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por José Alfredo Urbina Ramírez, por cuanto hace a los actos y por las autoridades precisadas en el considerando tercero de la presente resolución.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios de cuenta, remitidos por: el Subjefe de Vigilancia, el Criminólogo, por el Subjefe en suplencia del Jefe de Vigilancia en su carácter de Encargado de los Tres Turnos de Vigilancia, el Subjefe en suplencia del Jefe de Vigilancia, el Secretario General por ausencia del Presidente del Consejo Técnico, todos del Centro Preventivo de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través de los cuales rinden su informe justificado. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los referidos informes, para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de dar nueva cuenta con ellos en la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte y tomando en consideración lo acordado en párrafos precedentes, es evidente que a la hora prevista para la audiencia constitucional del día de hoy no ha transcurrido el término de ocho días que debe mediar entre la notificación del informe a las partes, en relación con el día señalado para la audiencia de ley, según lo estipula el numerario 117 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales; en consecuencia, a fin de no violentar las reglas fundamentales que rigen al juicio constitucional, la audiencia de ley señalada el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las ** horas con **minutos del** de ** de **para su celebración.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Directora del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, Estado de México, mediante el cual, en atención a los oficios 5391, 5392 y 5393, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en autos; oficio que se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, toda vez que por proveído de once de los cursantes se tuvo por recibida la información que remite; asimismo, en relación al anexo que se acompaña a la misiva que se atiende, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y ténganse a la responsable de mérito acreditando dicho cumplimiento con las constancias recibidas. Ahora, del estado de los autos se advierte que por proveído de dos de marzo del presente año, se tuvo por recibido el oficio registrado con control interno 4362 enviado por la autoridad responsable Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, en el que informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, lo que se omitió dar vista a la parte quejosa, hasta en tanto la responsable indicada en el párrafo que antecede rindiera su cumplimiento respectivo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días exprese lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no desahogarse la vista en el término concedido, este Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente. Sobre el particular, es aplicable la Tesis 2ª./J.26/2000, visible a página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito", Almoloya de Juárez y al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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