José Alfredo Sánchez Medrano
Expediente 213/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 213/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Alfredo Sánchez Medrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la sentencia resulta innecesario hacer el cómputo para el resto de las partes, toda vez que en la misma se decretó el sobreseimiento; por tanto, dicha resolución no les causa perjuicio. ? Archivo y valoración del expediente Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 21, inciso a) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó su archivo puesto que se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo.
- Principal
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las quince horas con diez minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, día y hora programados para el verificativo de la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo 213/2021-1; estando en audiencia pública el maestro en derecho Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, quien actúa asistido del licenciado Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario que autoriza y da fe, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la comparecencia de las partes, procediendo a su celebración. Se pone en relieve que ninguna de las partes solicitó que esta audiencia se verificará mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de esta forma; asimismo, el secretario certifica que se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la firma se realizará de forma digital. Relación de constancias A continuación el secretario hizo relación de las constancias que obran en autos, de las que destacan: La demanda de amparo presentada por **** a favor de ****; Acuerdo de catorce de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda respecto de la orden de traslado que reclamó el quejoso; y se concedió la suspensión de plano sobre los actos reclamados consistentes en incomunicación y tortura. Auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, con el que se inició la tramitación del presente juicio de amparo, en relación con los actos de incomunicación o tortura que reclama, en virtud de haber ratificado la demanda el directo quejoso; Informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, en esta fecha se da cuenta con el informe justificado de la directora general en el Centro Penitenciario Federal 18 "CPS Coahuila", en el cual niega los actos reclamados. A lo anterior el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, y por rendidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, por lo que hace al informe registrado con el número 5065 de cuenta, agréguese sin mayor proveído, en virtud de que el ocho de junio del año en curso, se tuvo por rendido el mismo, junto con las documentales que allega. Período probatorio Seguidamente, se abre el período probatorio, en el que se da cuenta con las documentales aportadas por la autoridad responsable directora general en el Centro Penitenciario Federal 18 "CPS Coahuila"; las que se tienen por desahogadas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Etapa de alegatos Se abre la fase de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se cierra dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia; y se procede a dictar la resolución que corresponde: Vistos los autos del juicio de amparo número 213/2021; y, Resultando Primero. Demanda de Amparo. Por escrito recibido el catorce de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este juzgado el mismo día, **** a favor de ****, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. Se reclama el traslado ilegal de mi defendido JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ MEDRANO, por virtud del cual está completamente incomunicado y con temor de que sea sometido a tortura para pretender imputársele un delito más el cual no cometió, pues la autoridad penitenciaria local, se ha negado en todo momento a proporcionarnos información alguna sobre la situación jurídica y ubicación del mismo; combatiendo esencialmente, lo siguiente: a) El oficio ****, por medio del Sistema Integral de Gestión Operativa SIGO a las 04:58 horas del día 11 de los actuales, suscrito por el Licenciado ****, encargado del Despacho de la Dirección del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Celaya, Guanajuato, y sus anexos, por medio del cual informa del traslado del inculpado **** del Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS" de Coahuila, quien se encuentra a disposición de esta autoridad con motivo de la causa penal ****. b) El auto de fecha 12 de abril del año en curso, dictado por la C. Juez de Control, LIC. ****, por medio del cual califica de legal el traslado involuntario que de manera ilegal fue sometido mi defendido ****, mismo que se encuentra sometido a proceso dentro de la Causa Penal ****. c) La actuación administrativa por medio de la cual la Autoridad penitenciaria que recibió el traslado involuntario que de manera ilegal fue sometido mi defendido ****, por medio de la cual acepte y ejecute el traslado involuntario antes referido." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresaron los conceptos de violación que consideraron pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, esta potestad registró la demanda con el número 213/2021-I, y concedió la suspensión de plano de los actos consistentes en incomunicación y tortura reclamados, y se requirió al quejoso para si ratificaba la demanda por tales actos. Mientras por lo que se refiere a la orden de traslado, su calificación y demás actos, se estimó actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el promovente no agotó el principio de definitividad. TERCERO. Por auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al directo quejoso ****, ratificando la demanda de amparo, por lo que se admitió a trámite en relación a los actos reclamados consistentes en la incomunicación o tortura; solicitó el informe justificado a las responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; y señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede; y, Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al reclamarse actos de autoridad con efectos de ejecución iniciados en esta ciudad, lugar donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: La incomunicación o tortura. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados y sobreseimiento. Las autoridades responsables, en su denominación correcta: Juez de control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. Encargada de la Dirección del Centro Estatal de Prevención Social de Celaya, Guanajuato. Directora General del Centro Penitenciario Federal 18 "CPS COAHUILA". Al rendir su respectivo informe negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Por tanto, si la parte quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. Máxime que tal negativa se corrobora con las constancias allegadas por la autoridad responsable directora general del Centro Penitenciario Federal 18 "CPS COAHUILA"; de las que se advierte las llamadas telefónicas efectuadas por el quejoso y el certificado psicofísico en el que se hizo constar clínicamente sano, sin lesiones externas. Documentales que adquieren valor probatorio en términos de los artículos 79, 93 fracción I, 129, 197, 202, 207 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo; por los motivos expuestos en el último considerativo de esta resolución.
- Principal
Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el telegrama que remite la directora general del Centro Penitenciario Federal 18 "CPS COAHUILA", con sede en Ramos Arizpe, Coahuila, a través del cual rinde su informe justificado, en virtud de que el pasado ocho del mes y año en curso se tuvo por rendido tal informe. Finalmente, visto el estado de autos, se advierte que por auto de once de los actuales, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Dirección del Centro Estatal de Prevención Social, con sede en esta ciudad, por lo que a la fecha en la que se actúa, programada para la celebración de la audiencia constitucional, no median los ocho días que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fija para su celebración las quince horas con diez minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, materia común, página 5, que es del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la encargada de la Dirección del Centro Estatal de Prevención Social, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde su informe justificado, en el que niega el acto reclamado; de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional.
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