José Alfredo Salceda Jimenez

Expediente 832/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
832/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • José Alfredo Salceda Jimenez y Otros.
  • José Alfredo Salceda Jimenez
  • Agente de la policía Investigadora adscrita a la Unidad General de Investigación número Cuatro , ciudad
  • Coordinador regional de la fiscalía general de justicia en el estado de Tamaulipas, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    SENTENCIA QUE SOBRESEYO HA CAUSADO EJECUTORIA ...

  2. Principal

    En Reynosa, Tamaulipas, a las diez horas con cincuenta minutos del catorce de julio de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes, no obstante su legal notificación, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha y hora en el juicio de amparo 832/2022-I. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia constitucional, y la Secretaria de Juzgado hace relación de las constancias, haciendo constar que obran en autos, el escrito inicial de demanda promovida por Ashel Grajeda Castro, en favor del directo quejoso José Alfredo Salceda Jiménez, los informes de suspensión de plano y justificados rendidos por las autoridades responsables, las constancias que remitió el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación 4, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y las relativas al informe justificado que obran por cuerda separada en un tomo de pruebas. El auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por el cual se tuvieron como inexistentes a las autoridades responsables 1) Agente de la Policía Investigadora adscrita al Centro de Justicia Para las Mujeres, 2) Agente de la Policía Investigadora adscrita a la Unidad de Atención Inmediata, 3) Agente de la Policía Investigadora adscrita a la Unidad General de Investigación Número Uno, y 4) Coordinador Regional de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tamaulipas, todas con sede en esta ciudad; y El oficio 4123/2022, de la Jefa de Unidad de Seguimiento de la Causa de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual remitió el registro digital de la audiencia inicial y continuación, desahogada en la causa penal CP/0075/2022. A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes; tómense en consideración los informes al momento de resolver el presente asunto; asimismo, por lo que respecta a las documentales y disco versátil digital de trato, provéase lo conducente en el periodo correspondiente de la presente audiencia. De igual forma, no se hará pronunciamiento alguno al respecto a las autoridades que se tuvieron por inexistentes, al resolver el presente asunto. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, dando cuenta con las constancias que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado y el disco versátil que remitió el juzgado de mérito. A lo que el Juez acuerda: Téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas de referencia, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la ley de la materia; las que serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto; sin más pruebas que relacionar se cierra este periodo. Por otro lado, se abre el periodo de alegatos, en el que se hace constar que las partes no hicieron valer alegatos. A lo que el Juez acuerda: Sin alegatos pendientes que reproducir, se concluye la presente audiencia, ordenando se dicte la sentencia que en derecho corresponda. Visto, para resolver el juicio de amparo 832/2022-I promovido por José Alfredo Salceda Jiménez, contra actos del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Penal adscrito al Centro de Justicia para Mujeres, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintidós, Ashel Grajeda Castro, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, a favor del directo quejoso José Alfredo Salceda Jiménez, contra actos del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Penal adscrito al Centro de Justicia para Mujeres, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 22 Constitucionales, que aparecen en la foja ocho de estos autos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, el que mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, otorgó al quejoso directo la suspensión de plano, quien en diligencia realizada a las veintitrés horas con veintinueve minutos del doce de mayo del año en curso, ratificó la demanda de amparo promovida en su favor, por lo que se admitió a trámite el dieciséis de mayo del presente año; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; no se tuvo a persona alguna con el carácter de tercero interesado; se dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por sí disponerlo los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, con relación al Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al actualizarse la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo; esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097, y la tesis aislada P.VI/2004, con registro 181810, integradas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos XI página 32, y XIX página 255, cuyos rubros, respectivamente dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en la especie, los actos reclamados consisten en: Incomunicación. Privación ilegal de la libertad. Orden de traslado de las celdas de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia al CEDES. Tercero. Las autoridades responsables: 1). Agente del Ministerio Publico Orientador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata. 2). Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número 1. 3). Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número Dos. 4). Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número Tres. 5). Encargado de la Policía Investigadora adscrito a la Unidad General de Investigación Número Dos. 6) Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia Para Mujeres. 7) Encargado del Centro de Ejecución de Sanciones. Todas con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea en contrario que desvirtúe dichas negativas; por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema precedente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiados del Séptimo Circuito, donde aparecen como datos de publicación la página 49, del tomo I, Segunda Parte- 1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si las autoridades responsables niegan el acto reclamado que se les imputa y de autos no aparece que el quejoso aportara prueba alguna tendiente a desvirtuar la negativa de los actos reclamados hecha por las autoridades señaladas como responsables, debe sobreseerse en el amparo respectivo con apoyo en el artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo.". Así como la diversa tesis XXI. 1o. 102 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, donde aparecen como datos de publicación, la página 349, del tomo XIV, relativo a Septiembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". TERCERO. Por cuanto hace a la privación de la libertad, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número 4 y Encargado de la Policía Investigadora Distrito Reynosa (en su denominación correcta a la señalada en la demanda de amparo como Agentes de la Policía Investigadora adscritos a la Unidades Generales de Investigación Números Tres y Cuatro), ambas con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron categóricamente el acto que se les reclama. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, dado que de las constancias que remitió la primera de ellas, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación 124/2022, se advierte que el quejoso directo fue detenido en flagrancia a las 7:55 horas del doce de mayo de dos mil veintidós, y puesto a disposición del citado fiscal, por el delito de cohecho, y contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su vertiente de posesión simple. De igual forma se allegó a los autos el disco versátil digital que contiene la audiencia inicial y continuación de la misma, desahogada en la causa penal CP/0075/2022, instruida en contra del quejoso por los aludidos hechos, constancias a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal citado en último término; por lo tanto, se tiene como legalmente cierto. En mérito de lo anterior, en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, con relación al numeral 62 de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al numeral citado en último término y en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Es conveniente dejar establecido que el análisis de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando al aquí quejoso su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo arriba dicho, la tesis III.2o.C.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, tomo 3, enero de 2013, Materia Común, localizable en la página 2066, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer elderecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Sentado lo anterior, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que por esta vía se reclama ha cesado sus efectos. Así es, tenemos que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y por ende de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. Sobre esa base, tenemos que la parte quejosa reclama primordialmente la privación de su libertad que sufrió a partir del doce de mayo del año en curso, por parte de las autoridades responsables, y como consecuencia, diverso actos relacionados con dicha detención (incomunicación y orden de traslado). Ahora, de las la constancias que obran en autos, la cuales fueron valoradas en párrafos que anteceden, se advierte que en la audiencia inicial desahogada el catorce de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal CP/0075/2022, relacionada con los hechos que originaron la detención que ahora se duele el quejoso, el juez de control determinó dejar en libertad al quejoso, bajo las medidas precautorias que establecen las fracciones I, II y V, del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica ante el Juez o ante la autoridad distinta que aquel designe; la exhibición de garantía económica; y la prohibición de salir sin autorización del país, por el tiempo que dure el proceso. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba el quejoso hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, quedó en libertad; por ende, la detención que reclama en este juicio como acto primordial, ha cesado, habida cuenta que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Al respecto, también debe mencionarse que con las documentales que obran en autos, deja de manifiesto que ahora la situación jurídica del quejoso depende del cumplimiento o no de las obligaciones que se le impusieron en el procedimiento penal que se sigue en su contra, de ahí que ello ha generado un nuevo entorno respecto del que imperaba al presentarse la demanda de amparo, por lo que de suscitarse actos diversos relacionados con la nueva situación que guarda frente a ese procedimiento, los mismos ya no pueden ser analizables en este expediente, habida cuenta que ocurrirían con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio. Conviene agregar que, en la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, el quejoso expresó que se encontraba bien de salud y que no había sido objeto de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; de ahí que se tenga la plena certeza de que tales actos nunca existieron; máxime que ello constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, tampoco se aprecia que haya sido trasladado a algún otro centro de reclusión pues, como se evidenció le fue otorgada la libertad con motivo de la medida precautoria fijada; circunstancia por la cual, tal acto, a su vez se considera inexistente. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado como principal. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el inconforme en relación a la inconstitucionalidad que aducen de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI, 1o.J/23, Octava Época, con registro electrónico 226555, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, materia común, página 252, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIODE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". CUARTO. En otro aspecto, al no haber señalado expresamente la parte quejosa, su conformidad con la publicación de sus datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto conforme al primer párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; por tanto, atento a los artículos 11, fracción VI, 68 y 113, de la citada ley, al tratarse de información confidencial, los datos personales y sensibles contenidos en este fallo y en el presente juicio, no podrán publicarse ni estarán sujetos a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. No obstante, en función al principio de máxima publicidad contenido en los artículos 3, 6, 11, fracciones XI y XVI, y 118, de la mencionada ley federal, en relación con las obligaciones de transparencia contenidas en los diversos 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General relativa, y la restricción del 110, fracción XI, de la Ley Federal de trato, este último interpretado en sentido contrario, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, será susceptible de publicación en la versión pública que en su momento se realice acorde a los criterios de supresión de datos, previstos en el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos , y a través de los procedimientos previstos para ello en la ley federal invocada y en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 77, 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 832/2022-I, promovido por José Alfredo Salceda Jiménez; respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo y tercero de esta sentencia y por los motivos expuestos en los mismos. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe sobre la suspensión de plano rendido por la autoridad Encargado de la Policía Investigadora Distrito Reynosa, Tamaulipas, únicamente para que obre como en derecho corresponda, tomando en consideración que mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso, se tuvo a dicha autoridad rindiendo el aludido informe. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 4123/2022, signado electrónicamente por la autoridad responsable Jefa de Unidad de Seguimiento de la Causa de la Quinta Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, remite copia del registro digital de la audiencia inicial y continuación de la misma, desahogada en la carpeta procesal CP/0075/2022; en tal virtud, se pone a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga y tómese en cuenta al resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. Notifíquese. ...

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