José Alfredo Rosales Quezada
Expediente 15/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Alfredo Rosales Quezada
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, por medio del cual propone realizar el pago por concepto de alumbrado público, erogado por la quejosa, en seis parcialidades. Se tiene por hecha la comunicación anterior, y en atención a su contenido, por única ocasión, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional procederá conforme al contenido de los numerales 192 y 193 del ordenamiento referido. Por otro lado, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente auto, remita las constancias con las cuales acredite que hizo del conocimiento de la Comisión Federal de Electricidad, que con motivo de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, la quejosa quedó desvinculada de las obligaciones tributarias de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, específicamente su artículo 31. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
se ordena agregar a los autos el telegrama remitido por el Operador Telegráfico, por medio del cual, informa su imposibilidad de entregar el oficio telegráfico 44879/2018 a la autoridad vinculada Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México. Al respecto téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad vinculada Presidente Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada del presente proveído, informe lo relativo al emplazamiento a juicio de la demandada Desarrolladora de Casas del Noroeste Sociedad Anónima de Capital Variable, Conjunto Habitaciones Bonanza y José Luis Gallardo Estrada, encomendado mediante exhorto 626/2018-JE4, derivado del juicio laboral 01/2811/12-JE1 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, o en su caso, las gestiones que ha realizado para llevar a cabo dicho emplazamiento. Asimismo, remita las constancias que acrediten su dicho. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada del presente proveído, informe si ya fue emplazada la parte demandada Desarrolladora de Casas del Noroeste Sociedad Anónima de Capital Variable, Conjunto Habitaciones Bonanza y José Luis Gallardo Estrada en el juicio laboral 01/2811/12-JE1, o en su caso, las gestiones que ha realizado para su debido emplazamiento, de lo cual deberá remitir las constancias que acrediten su dicho. Se apercibe a dicha autoridad responsable para el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
se admite la demanda de amparo. Del incidente de suspensión Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informes justificados De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, acompañando copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. Denominación de las Autoridades Responsables Se previene a la parte quejosa de que si la autoridad que señaló como responsable no existe con la denominación que indica en la demanda que se acuerda, se tendrá por inexistente, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación de la responsable, lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que este órgano jurisdiccional esté obligado a subsanar tal deficiencia, al no operar la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia, ya que la misma no tiene el alcance de autorizar al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.P.36/K, sustentada por los Tribunales Colegiados, visible en la página 2329, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Además, de que no es obligación de este juzgado de Distrito en términos de la Ley de Amparo, cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas con el carácter de responsables, pues tal señalización compete única y exclusivamente a la parte quejosa. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 464, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, del mes de agosto de 1993, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. No existe ningún precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación para los jueces del orden federal en cuanto a que tengan que cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas como responsables, y esto es así, precisamente porque le corresponde a quien promueve la acción de amparo el indicar la autoridad o autoridades a quienes se les atribuyen los actos reclamados, en los términos del artículo 116, fracciones III y IV, de la ley de la materia, numeral que en su parte relativa expresa que en la demanda de amparo se debe precisar ".La autoridad o autoridades responsables." y ".la ley o acto que de cada autoridad se reclame.". De la parte tercero interesada Esta autoridad federal se reserva a acordar lo conducente en cuanto a la parte tercero interesada, hasta en tanto obren los informes con justificación rendidos por las autoridades señaladas como responsables en el libelo de amparo. De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligaciones de las partes Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Transparencia y acceso a la información pública Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Marco Antonio García García y Reyna Belem Mena Acosta, toda vez que, cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; no así Salvador López González y José Antonio Linares Cárdenas, quienes no cubrieron dicho requisito, por lo cual se les tiene por autorizados, al igual que las demás personas que indica, en términos de la última parte del referido precepto legal. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Guillermo Amaro Correa, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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