José Alfredo Ríos Banda

Expediente 473/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
473/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
09/08/2017

Partes del expediente

  • José Alfredo Ríos Banda
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto de diecinueve de julio de los corrientes, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, se declara que ese auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.

  2. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 19 DE JULIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO:Vista la certificación que antecede de donde se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de seis de junio de dos mil diecisiete, más veinte para que compareciera a este órgano jurisdiccional a exhibir las constancias que acreditaran la publicación de los edictos ordenados para emplazar a los terceros interesados Seguridad Privada Grupo Joisa e Israel García Arenas, o en su caso acreditara la imposibilidad para cubrir el gasto de éstos, sin que lo hubiera hecho, no obstante que fue debidamente notificado del acuerdo en que se le pusieron a disposición, y visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 473/2017-IV, promovido por José Alfredo Ríos Banda, por conducto de su apoderada legal Nora Coronado López, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; que consideró violatorios, en su perjuicio, de las garantías individuales contenidas en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de quien reclamó la determinación tomada en audiencia de conciliación demanda y excepciones de once de mayo de dos mil diecisiete, al señalarse como nueva data para su desahogo las nueve horas con diez minutos del doce de septiembre del año en curso, dentro de los autos del juicio laboral 3/17/0002. Conforme a lo anterior, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 5°, fracción III y 27, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XVII. XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio". "ARTÍCULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: I a II. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia". "ARTÍCULO 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: I, II. III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". De la lectura sistemática de estos preceptos se advierte que si no consta en autos el domicilio del tercero interesado y la designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones, el notificador lo asentará así, a fin de que se dé cuenta al titular del órgano jurisdiccional que conozca del asunto, a efecto de que dicte las medidas pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. Es decir, el emplazamiento de los terceros interesados que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa realice el trámite necesario para la publicación de los edictos respectivos o en su caso, manifieste su imposibilidad a fin de que se acordara lo conducente, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guardan los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento, tal y como lo ha sostenido la doctrina (Hernando Devis Echandía) o como un presupuesto de validez del proceso (Eduardo J. Couture). En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de probidad en la realización del trámite necesario para la publicación de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, para lograr el emplazamiento de los terceros interesados, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los plazos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. De lo que sigue que si ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos, la parte promovente del amparo no los recoge, paga su publicación y los exhibe, o no manifiesta y demuestra en su caso, la imposibilidad de cubrir la publicación de éstos, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, pues con esa actitud incumple con una formalidad esencial del procedimiento por lo que hace que este juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, lo que ocasiona que se actualice la causa de improcedencia señalada. En la especie, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se resuelve, las que tienen valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: a) En auto de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, y se reconoció el carácter de terceros interesados a Seguridad Privada Grupo Joisa e Israel García Arenas, a quien se ordenó emplazar en el domicilio señalado por la parte quejosa, en esta ciudad (foja 6), por lo que se comisionó al actuario judicial adscrito para que se constituyera en dicho domicilio, a fin de que llevara a cabo el emplazamiento ordenado; sin que pudiera cumplir con ello, por los motivos expuestos en su constancia de veintitrés de mayo del año en curso (foja 11). c) En vista de lo anterior, a fin de darle celeridad al asunto, mediante proveído de veinticuatro del citado mes y año, se requirió al quejoso para que informara, si conocía un lugar diverso donde emplazar a los terceros, así mismo se decretaron las medidas de investigación pertinentes y al efecto, se giraron oficios a diversas dependencias para que en auxilio de las labores de este órgano judicial, informaran si dentro de sus bases de datos se encontraba algún domicilio registrado a nombre de éstos, y de ser así los proporcionaran o la imposibilidad que tuvieran para hacerlo. d) Recibiéndose un escrito de la parte quejosa, mediante el cual informó que éste era el que proporcionó al inicio del juicio. c) Así mismo, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento a lo solicitado informó de un diverso sitio donde podrían ser emplazados los terceros, ordenándose la constitución del actuario al mismo a fin de llevar a cabo la diligencia encomendada; levantándose de nueva cuenta el dos de junio del año en curso en donde el fedatario, expuso los motivos por los cuales no pudo llevar a cabo el emplazamiento (foja 29). d) Sin que de los diversos oficios recibidos de las dependencias, se advirtiera alguno diverso en donde pudiera llevarse a cabo la encomienda. e) Por lo anterior, mediante proveído de seis de junio de dos mil diecisiete, se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados Seguridad Privada Grupo Joisa e Israel García Arenas, por medio de edictos y, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, se presentara, en el local de este juzgado, a recibir aquellos medios de comunicación procesal, a fin de que dentro de los veinte días posteriores a que los recogiera acreditara su publicación y, con el apercibimiento que, de no hacer cualquiera de esos supuestos (recogerlos o acreditar su pago), se sobreseería en el juicio de amparo (fojas 40 y 41). La prevención referida en el párrafo que antecede, se notificó a la parte quejosa mediante lista publicada en los estrados de este órgano federal el doce de junio de dos mil diecisiete; sin que la parte quejosa acudiera dentro de los tres días siguientes a recogerlos, ni expusiera los motivos que le impidieran hacer la publicación de los mismos, sin que al día de hoy (dieciocho de julio de dos mil diecisiete) hubiere comparecido a acreditar su liquidación o en su caso, para manifestar y comprobar su imposibilidad de cubrir el pago de la publicación de aquéllos. De lo reseñado se advierte que la conducta omisiva de la parte quejosa en cuanto a recoger, acreditar el pago y la publicación de los edictos ordenados a efecto de emplazar a juicio a los terceros interesados Seguridad Privada Grupo Joisa e Israel García Arenas, constituye un obstáculo para la prosecución de este juicio de amparo, y denota desinterés de su parte en colmar ese requisito procesal, ya que a pesar de que se le requirió para que desplegara una de las conductas necesarias para lograr la continuación del procedimiento, la omisión en que incurrió, generó que este sumario se paralizara, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ello impide a este órgano jurisdiccional, pronunciarse acerca de la constitucionalidad del acto reclamado. Por tanto, en virtud de que el procedimiento en el que se actúa es de orden público y no puede quedar paralizado al arbitrio de las partes, el impedimento legal de que se trata, es suficiente para considerar que opera en el caso, la causa de improcedencia indicada. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, aún antes del verificativo de la audiencia constitucional, pues a nada práctico conduciría esperar hasta el próximo veintiuno de julio; para la celebración de la misma, porque el plazo que se le otorgó en proveído de seis de junio del año en curso ya le transcurrió, dando lugar al sobreseimiento del juicio por no haber recogido los edictos, ni acreditar o realizar manifestación de su imposibilidad para llevar a cabo la publicación de los mismos, lo cual no puede variar ni volverse a abrir un plazo para ello, atento al principio de la preclusión, relativo a que extinguido o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejercerse nuevamente. Por esa razón, procede citar la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintiuno de julio de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    agréguese el informe justificado que rinde la representante del Presidente de la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo al momento de celebrarse la audiencia constitucional, con el que se da vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se tiene por presentada la documental que acompaña, la que se admite y se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de la materia, misma que será considerada en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE 06 DE JUNIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, EN EL QUE SE DETERMINÓ:De la constancia realizada por el actuario judicial adscrito, así como de la certificación que antecede se advierte que fue imposible emplazar a los terceros interesados Seguridad Privada Grupo Joisa e Israel García Arenas en el domicilio que para ello se proporcionó, y en el diverso que se obtuvo por parte de autoridad responsable Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, motivo por el que no pudo dar cumplimiento al emplazamiento ordenado en autos. En tal virtud, tal y como se estableció en el acuerdo de veinticuatro de mayo anterior, al no lograrse el emplazamiento de los terceros interesados pese a las medidas de investigación realizadas; con apoyo en lo previsto por el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a los terceros perjudicados Seguridad Privada Grupo Joisa e Israel García Arenas por edictos, en términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, los que deberán contener una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, hágasele saber que deben presentarse ante este juzgado a deducir sus derechos dentro del plazo de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación, sobre el cual se fijará otro ejemplar en los estrados de este tribunal, todo lo anterior a costa de la parte quejosa; se les apercibe que de no comparecer, las ulteriores notificaciones aun las de carácter personal le surtirán efectos por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional. Al efecto, con apoyo en los dispuesto por el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se dejan a disposición de la amparista los referidos edictos para que los recoja dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este auto, y con ello proceda a su publicación, para lo cual deberá acreditar dentro del plazo de veinte días siguientes al en que los haya recogido que pagó su publicación; con la indicación que de no hacerlo así, o no acreditar la imposibilidad para cubrir el gasto de ello, dará lugar al sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, lo anterior, de conformidad a lo que se establece en el artículo 27, fracción III, inciso b), último párrafo, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.64/2002 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, página 211, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los plazos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso".

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