Jose Alfredo Ricardez Arias
Expediente 158/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jose Alfredo Ricardez Arias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE
- Principal
SE DA VISTA ALAS PARTES CON INFORME JUSTIFICADO
- Principal
DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL 9 DE MARZO DE 2023 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
- Principal
Villahermosa, Tabasco, siete de febrero de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por José Alfredo Ricárdez Arias, por medio del cual bajo protesta de decir verdad, manifiesta que sí José Alfredo Ricárdez Arias Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta. En ese sentido, se tiene a la parte quejosa cumpliendo con la prevención de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en los términos precisados en dicho auto. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 2, 37, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve José Alfredo Ricárdez Arias, contra los actos reclamados al: 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2. Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitar incidente de suspensión toda vez que la parte quejosa no lo peticionó expresamente. Además, el acto reclamado no es de aquellos por los que se deba tramitarse el incidente de suspensión de manera oficiosa, como lo establece el diverso 127 de la Ley de la materia. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la ley de amparo, se ordena notificar electrónicamente a la Fiscal del Ministerio Público de la Federación adscrita a través del usuario "OROPEZAARPAIZ". De igual manera se autoriza el acceso al expediente electrónico al citado usuario para que esté en aptitud de imponerse del presente juicio de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación del presente proveído, debiendo anexar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, apercibida que de no dar cumplimiento, se sancionará, con una multa de cien (100) veces el valor diario de Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos); la que resulta de multiplicar por 100 la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), que es el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero siguiente, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, esto es (100 UMA x $103.74 VALOR DIARIO DE LA UMA = $10,374.00), y en su caso, en relación con los numerales 237, fracción I, 238, 260, fracción II de la ley de la materia. COMUNICACIÓN DE CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que, en caso que tengan conocimiento de alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato; apercibidas que de no dar cumplimiento al requerimiento antes señalado o no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa de treinta (30) veces el valor diario de Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos con veinte centavos); la que resulta de multiplicar por 100 la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), que es el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero siguiente, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, esto es (30 UMA x $103.74 VALOR DIARIO DE LA UMA = $3,112.20), en términos de los numerales 64, 238 y 251, en relación a los diversos 61, fracción XXI y 63 de la Ley de Amparo. Ahora, cabe señalar que de conformidad con el artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, se debe dar vista al quejoso con la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; empero, la referida vista es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como de los Tribunales Colegiado de Circuito, según sea el caso, en razón de la facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, este órgano jurisdiccional no se encuentre en el supuesto de dar vista con alguna posible causa de improcedencia en los términos reseñados, pues -como se adelantó la obligación de hacerlo corresponde específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiado de Circuito. Se afirma lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 426/2013, sostuvo que para que se actualice el supuesto normativo de que se trata se deben presentar ambas hipótesis, es decir, (que la causa de improcedencia no sea alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior) para que surja la obligación del juzgador de dar vista al quejoso con la actualización de la causal de improcedencia detectada de oficio; lo anterior, debido a que la palabra inferior a que se refiere la parte final de la segunda frase cuestionada, se puede interpretar que se refiere a jerarquía de órganos desde el punto de vista jurisdiccional; en ese sentido, en primera no existe órgano inferior dado que en su categoría se encuentran los juzgadores que conocen de primera mano del juicio de amparo de que se trate, es decir, es con los que inicia el juicio, en este medida los Tribunales Colegiados tratándose del amparo indirecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo, tendrán el carácter de superior, cuya característica principal es que por mandato legal conocerán y resolverán de algunos de los recursos de impugnación previstos en la ley en segunda instancia, para que en su caso se revoque, modifique o confirme la decisión revisada, siendo que al órgano inferior se le conoce como juez a quo, dado que su fallo controvertido ante el tribunal superior, cuya denominación de éste es de Ad Quem, pues será el tribunal de alzada que conocerá del recurso interpuesto. De lo expuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que la obligación prevista en el precepto 64, párrafo segundo, está dirigida particularmente a la segunda instancia de las dos vías de tramitación del juicio de amparo a que alude el numeral 2, párrafo primero de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J.51/2014 (10a.) sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 24, Décima Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.". EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Se hace constar que, en el presente asunto la parte quejosa no señaló terceros interesados. Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que podría estimarse que les asiste el carácter de terceros interesados a la parte demandada en el juicio de origen; acorde a la jurisprudencia 90/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO"; sin embargo, en el caso concreto, de la lectura integral de la demanda se advierte que si bien podría asistirle dicha naturaleza a los demandados en el expediente laboral de origen del índice del Tribunal señalado como autoridad responsable, también lo es que a la fecha no se encuentran emplazados al juicio laboral de origen, lo cual constituye uno de los actos reclamados en el presente asunto, por ende, al no haberse constituido la relación procesal, no pueden resentir menoscabo en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible en la página 265, tomo XXIX, mayo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente señala: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender". PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la documental que adjuntó a su escrito de demanda, consistente en copia del escrito de tres de mayo de dos mil veintidós, recepcionado el cuatro de mayo siguiente, como se advierte del sello original de acuse de recibo, relativo al expediente laboral de origen, medio de convicción que se admiten y desahogan por virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la Fiscal del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable y por lista a la parte quejosa.
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