José Alfredo Ramírez Pardo
Expediente 97/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 25/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Alfredo Ramírez Pardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Por lista notifico a la parte promovente, el siguiente auto: Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009 En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el presente juicio de amparo, por lo que se estima que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. DESTINO A INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, es susceptible de DEPURARSE, por lo que se deberán conservar todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTE Finalmente, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial ubicado en Toluca, Estado de México, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. DEVOLUCIÓN DE BILLETE DE DEPÓSITO Finalmente, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N-829938, valioso por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N) expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., mismo que fue exhibido por el quejoso y toda vez que en el presente sumario constitucional no fue llamado ningún tercero interesado, indíquesele al promovente José Alfredo Ramírez Pardo que queda a su disposición dicha cédula bancaria, para que una vez que comparezca ante este Juzgado debidamente identificado y previa acta e identificación se deje en autos, le será devuelta debidamente endosada a su favor, con apercibimiento que de no hacerlo transcurrido el lapso de dos años, con fundamento en el artículo 36, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, prescribirá dicho billete a favor del erario federal y se realizará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de ocho de mayo de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase a las autoridades responsables Magistrado de la Tercera Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, ambos con sede en esta ciudad, las constancias que en su momento remitieron como sustento de su informe justificado, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.
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Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 97/2018 promovido por José Alfredo Ramírez Pardo por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio, se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Sala Penal del supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, quien se encuentra legalmente emplazado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Encargado de la Dirección de Investigación y Análisis Región Morelia, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Magistrado de la Tercera Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Uruapan, Michoacán. Agente de la Policía Ministerial Encargado del área de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Uruapan, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad responsable Magistrado de la Tercera Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó como sustento de su informe las documentales consistentes en: Testimonio autorizado del duplicado del toca penal I-110/2017. Constancias relativas al juicio de amparo 584/2017, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan. Constancias relativas al juicio de amparo 597/2017-I, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán. Constancias anteriores que obran en cuadernos de prueba por separado y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. También obra la documental que la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, adjuntó a su oficio 337, de dos de marzo de dos mil dieciocho, consistente en copia certificada del auto de formal prisión pronunciado en esa misma data dentro de la causa penal número 33/2017-II, de su índice, así como la diversa que adjuntó a su informe justificado, consistente en testimonio autorizado de los dos tomos que conforman la causa penal 33/2017 de su índice, mismos que obran en cuadernos de prueba por separado. De igual manera, obran las constancias remitidas por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, relativas al juicio de amparo 597/2017 de su índice, así como el oficio a través del cual informó que la sentencia pronunciada dentro del mismo, causó ejecutoria. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que mediante pedimento 14/2018, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló los alegatos que a su parte corresponden. EL JUEZ: Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 97/20108, promovido por José Alfredo Ramírez Pardo, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, José Alfredo Ramírez Pardo, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previo cumplimiento de una prevención formulada a la parte promovente, mediante auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, este juzgado registró y admitió a trámite la demanda con el número de expediente III-97/2018; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, tercer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Además, la competencia a favor de este órgano jurisdiccional se surte toda vez que los actos reclamados se centran en una orden de aprehensión, que si bien es emitida por una autoridad que reside fuera de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción, de la revisión de constancias que integran la causa penal 33/2017 que se sigue en contra de José Alfredo Ramírez Pardo y Ma. Ledesma Ortiz, no se advierte la existencia de la posible ejecución material de la orden reclamada en contra del aquí quejoso, máxime que dentro de los juicios 584/2017 del índice del Juzgado Sexto de Distrito, 597/2017, del índice del Juzgado Quinto de Distrito, y dentro del juicio que ahora se resuelve, se otorgó al promovente la suspensión provisional y definitiva, por lo que en tal aspecto los efectos de las medidas cautelares se refirieron a la comparecencia del imputado dentro de la causa penal, sin que necesariamente se ejecute la orden de aprehensión. En esa medida, al no existir elementos para establecer la ejecución material de la orden de aprehensión reclamada en contra del aquí quejoso, en los términos de la regla general que contempla el artículo 37 de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar la competencia a favor de este órgano jurisdiccional en los términos del tercer párrafo del arábigo citado, es decir, el Juez de Distrito que previene la demanda de amparo es quien debe continuar conociendo de ella. Por el principio rector ahí contenido, se estima aplicable la jurisprudencia 2a./J. 2/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se transcriben: Época: Novena Época Registro: 200824 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Abril de 1995 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 2/95 Página: 31 "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCION LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los juzgados de Distrito contendientes y, por ende, los actos reclamados pueden tener ejecución material dentro de esas jurisdicciones, bajo la premisa de que se trata de actos que requieren ejecución material, será competente para conocer de la demanda de amparo, cualquiera de ellos, a prevención, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda es quien debe continuar conociendo de ella. Competencia 39/92. Suscitada entre la Juez Tercero de Distrito en el Estado de México y el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 12 de junio de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos de Silva Nava. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos. Competencia 224/94. Suscitada entre el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California y el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 3 de marzo de 1995. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco. Competencia 299/94. Suscitada entre el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 de marzo de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Competencia 341/94. Suscitada entre el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 de marzo de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Gabriel Ortiz Reyes. Competencia 315/94. Suscitada entre el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora y el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 10 de marzo de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocío Balderas Fernández. Tesis de Jurisprudencia 2/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos de los señores Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.". SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, pruebas y demás constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado por el quejoso a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, consiste en: 1. Del Magistrado de la Tercera Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia: - La orden que haya dictado para que los jueces Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, dictaran una orden de aprehensión en su contra. 2. De los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán: - La orden de aprehensión dictada en su contra. 3. Del Agente de la Policía Ministerial del Estado de Encargado de la Sección de Aprehensiones de la Región Uruapan y del Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán. - La ejecución al mandamiento de captura. TERCERO.- INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe con justificación las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, el Agente de la Policía Ministerial del Estado de Encargado de la Sección de Aprehensiones de la Región Uruapan y el Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, negaron la existencia del acto que en ámbito de su competencia se les atribuyó en su calidad de ordenadora y ejecutoras. Lo anterior, sin que la solicitante de amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de las autoridades responsables antedichas. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe SOBRESEERSE en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia de los actos que la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, el Agente de la Policía Ministerial del Estado de Encargado de la Sección de Aprehensiones de la Región Uruapan y el Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado el Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal en Uruapan, Michoacán, aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con la causa penal 33/2017 del índice del juez responsable; así como el duplicado del toca penal I-110/2017, en el que se encuentra glosada la resolución que se reclamó al Magistrado responsable, así como los autos de la causa penal 33/2017 anteriormente referida; medios de convicción que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. QUINTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben de examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [...]". Del numeral y fracción trascritos se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados en un juicio hayan sido materia de diversa ejecutoria de amparo, de manera que ya existe un pronunciamiento sobre el análisis de constitucionalidad de los actos reclamados que hace imposible emitir un nuevo pronunciamiento al respecto. En efecto, en el juicio de amparo la cosa juzgada se rige por las mismas bases de la generalidad de los procesos, porque tiene el objeto primordial de proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se ha suscitado litigio, mediante la inmutabilidad de lo resuelto, pero a su vez, tiene ciertas particularidades establecidos en la doctrina, esto es que exista identidad entre los sujetos, objeto y causa. En cuanto a los sujetos, en el juicio de amparo la relación directa se establece entre el quejoso y la autoridad responsable, y el tercero perjudicado sólo participa como adyuvante de ésta, en tanto el Ministerio Público ejerce funciones de representación social. Respecto al objeto, en el juicio de amparo se pueden distinguir dos: el directo o material, que es el acto o resolución reclamado, y el jurídico o indirecto, que consiste en verificar si el acto reclamado, o también el procedimiento del cual deriva, en el caso de amparo directo, son o no violatorios de garantías individuales. La causa se constituye por los argumentos jurídicos expresados por el quejoso en los conceptos de violación, encaminados a demostrar la violación de ciertas garantías individuales por determinadas partes o la totalidad del acto o resolución reclamada. Por lo anterior, la cosa juzgada recaerá en el juzgamiento del tribunal de amparo, sobre la violación de determinados garantías individuales; lo cual deriva de una sentencia dictada en juicio de amparo que tendría efectos respecto del procedimiento ordinario del cual derivó la resolución reclamada. Apoya lo anterior la tesis aislada que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 167947 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Febrero de 2009 Materia(s): Común Tesis: I.4o.C.35 K Página: 1843 COSA JUZGADA EN LOS JUICIOS DE AMPARO. INFLUENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVA EL ACTO RECLAMADO. En las sentencias emitidas en los juicios de amparo, la cosa juzgada se rige, en principio, con las mismas bases que la generalidad de los procesos, porque igualmente tiene el objeto primordial de proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, pero a su vez, tiene ciertas particularidades en los elementos establecidos uniformemente por la doctrina, cuya identidad se requiere para que opere la cosa juzgada: sujetos, objeto y causa. En cuanto a los sujetos, en el juicio de amparo la relación directa se establece entre el quejoso y la autoridad responsable, y el tercero perjudicado sólo participa como coadyuvante de ésta, en tanto el Ministerio Público ejerce funciones de representación social, por las características de este juicio, por ser de orden constitucional. Respecto al objeto, en el juicio de amparo se pueden distinguir dos: el directo o material, que es el acto o resolución reclamado, y el jurídico o indirecto, que consiste en verificar si el acto reclamado, o también el procedimiento del cual deriva, en el caso de amparo directo, son o no violatorios de garantías individuales de las consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La causa se constituye por los argumentos jurídicos expresados por el quejoso en los conceptos de violación, encaminados a demostrar la violación de ciertas garantías individuales por determinadas partes o la totalidad del acto o resolución reclamada. De esa manera, la cosa juzgada recaerá en el juzgamiento del tribunal de amparo, sobre la violación de determinadas garantías individuales, respecto a ciertas partes del acto reclamado o de su totalidad, o con la decisión de que los argumentos expuestos por el peticionario de garantías no demostraron su violación. Considerando lo anterior, la cosa juzgada derivada de una sentencia dictada en juicio de amparo tendría efectos respecto del procedimiento ordinario del cual derivó la resolución reclamada cuando el tribunal de amparo se pronuncie sobre algún punto de la controversia al analizar su constitucionalidad o legalidad y asuma un criterio claro, que conduzca como consecuencia necesaria a vincular a la responsable a asumir cierta posición. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 450/2008. Beatriz María Varo Jiménez. 30 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado." En la especie, respecto de los actos reclamados que en este juicio se corroboró su certeza, se enuncian siguientes: 1. Del Magistrado de la Tercera Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia: - La orden que haya dictado para que el juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, dictara una orden de aprehensión en su contra. 2. Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán: - La orden de aprehensión dictada en su contra. Lo anterior, dentro de la causa penal 33/2017, seguida en contra del aquí quejoso por la probable comisión de los delitos de usura y fraude en agravio de Cecilia Valdovinos Soriano. Por otra parte, de las constancias remitidas por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, se desprende dentro del juicio de amparo 597/2017 de su índice, el aquí quejoso reclamó a las autoridades responsables los siguientes actos: "1. Del Magistrado de la Tercera Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. - La sentencia de uno de diciembre de dos mil diecisiete, que dictó en el toca de apelación T.P. I-110/2017, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público y apoderado jurídico de la víctima Cecilia Valdovinos Soriano, contra la resolución de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, que dictó el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en la causa penal 33/2017, que se instruye contra Ma. Del Carmen Ledesma Ortiz y José Alfredo Ramírez Pardo, por el delito de usura y José Alfredo Ramírez Pardo, por el delito de tentativa de fraude, ambos en agravio de Cecilia Valdovinos Soriano; donde revocó tal determinación e instruyó al Juez del proceso para que dicte la orden de aprehensión correspondiente. 2. Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. - La orden de aprehensión de siete de diciembre de dos mil diecisiete, que dictó en la causa penal 33/2017, seguida contra Ma. Del Carmen Ledesma Ortiz y José Alfredo Ramírez Pardo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de usura y José Alfredo Ramírez Pardo, por el delito de tentativa de fraude, ambos en agravio de Cecilia Valdovinos Soriano. [.]". De lo anterior se advierte que el promovente de amparo señala en dos juicios distintos a las mismas autoridades responsables reclamándoles la orden de aprehensión dictada en su contra, en la causa penal 33/2017 del índice del juzgado responsable. Por lo que primordialmente se destaca que mediante ejecutoria de ocho de febrero de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo 597/2017, al considerar que se actualizó la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues advirtió que el dos de marzo de dos mil dieciocho la juez responsable informó que se resolvió la situación jurídica del quejoso e imputado José Alfredo Ramírez Pardo, por lo que si en esa vía se reclamó la orden para librar el mandamiento de captura emitidos por el Magistrado y Juez responsables, es evidente que con la comparecencia del quejoso a la causa penal, se dictó en su contra auto de formal prisión, con lo que se actualiza un cambio de situación jurídica. Según lo informado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito, dicha resolución causó estado el seis de abril de dos mil dieciocho, quedando firme el sobreseimiento ya decretado. Es decir, entre el juicio de amparo que se resuelve y el diverso 597/2017 referido, existe una identidad de sujetos, al ser promovido por el mismo quejoso; identidad de objeto, al ser impugnada la orden de aprehensión dictada en su contra dentro de la causa penal 33/2017; así como identidad de causa, esto es la violación a su garantía de audiencia sin juicio previo, con lo cual queda de manifiesto la causal de improcedencia que se invoca; siendo que se dictó sentencia ejecutoria decretó el sobreseimiento en el juicio. Lo anterior, sin que pase desapercibido para este juzgador que no se haya entrado al fondo del asunto, puesto que la naturaleza de la casual que el Juez Quinto de Distrito invocó, se refiere al cambio de situación jurídica, que por mayoría de razón, hace imposible entrar al estudio de constitucionalidad de los actos reclamados en este juicio de amparo, de manera que el pronunciamiento ya decretado en una ejecutoria reconoce la imposibilidad jurídica de restituir al impetrante en el goce de los derechos vulnerados. En las relatadas condiciones, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, y lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades aquí precisadas. Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra". Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Alfredo Ramírez Pardo, por los motivos que quedaron precisados en los considerandos TERCERO y CUARTO de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil dieciocho. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que mediante oficio 4457, de veintisiete de marzo del año en curso, se solicitó al Juez Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, que una vez que la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo 597/2017-I, de su índice, causara ejecutoria, lo informara a este juzgado a efecto de estar en posibilidad de proveer lo que en derecho proceda; lo que a la fecha no ha acontecido. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy FeJso.
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