José Alfredo Ramírez Moreno

Expediente 486/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
486/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • José Alfredo Ramírez Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.YARIGH*

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, al advertirse que ha transcurrido el término de cinco días concedido mediante auto de once de octubre de dos mil dieciocho, sin que el Director General del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" haya dado cumplimiento a la ejecutoria, ocasionando con ello un retraso en la impartición de la justicia federal. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo y, acredite los lineamientos establecidos a las autoridades ejecutoras en lo concerniente a las medidas necesarias a fin de que el quejoso reciba atención medica remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Ordene bajo las medidas de seguridad que estime necesarias, el traslado del quejoso al Hospital militar que corresponda, con la prontitud, expeditez y periodicidad necesaria; a fin de que reciba la atención médica de la cual es derechohabiente el quejoso, para lo que a fin de tener por cumplida la presente sentencia deberá expedir los lineamientos atinentes." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el primer punto resolutivo sobreseer en el presente juicio de amparo, y en el segundo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, tomando en consideración que mediante proveído de tres de octubre del año en curso, este Juzgado Federal se reservó el acuerdo conducente a las promociones registradas bajo el folio 42657, 42658 y 42659 hasta en tanto transcurriera a las partes el termino establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo y, dado que lo anterior ya aconteció, en relación a dichas promociones téngase a las autoridades responsables realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL "MORELOS", para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo y, acredite los lineamientos establecidos a las autoridades ejecutoras en lo concerniente a las medidas necesarias a fin de que el quejoso reciba atención medica remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Ordene bajo las medidas de seguridad que estime necesarias, el traslado del quejoso al Hospital militar que corresponda, con la prontitud, expeditez y periodicidad necesaria; a fin de que reciba la atención médica de la cual es derechohabiente el quejoso, para lo que a fin de tener por cumplida la presente sentencia deberá expedir los lineamientos atinentes." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 486/2018-IIl, promovido por JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ MORENO, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el día siguiente en este juzgado, JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ MORENO, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", con residencia en Atlacholoaya y otras autoridades (fojas 2 a 14). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda; se concedió la suspensión de plano, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. (fojas 9 a 12) Se hace la precisión que el Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", con residencia en Atlacholoaya, se integró a la relación procesal mediante el oficio 3888/04/2018, de dos de abril de dos mil dieciocho. (foja 62) Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuye el acto reclamado, con ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el quejoso reclamó a las autoridades, en su denominación correcta; 1) Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", 2) Coordinador General de la Unidad de Reinserción Social, 3) Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" y 4) Subdirector Médico de la Dirección Técnica del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos; todas con residencia en Xochitepec, Morelos, los actos consistentes en: Falta de atención médica. Omisión y retraso en el traslado al Hospital Médico Militar de la Ciudad de Cuernavaca, para la atención especializada para el padecimiento de VIH/SIDA. Omisión de suministrar medicamentos para combatir la patología que presenta. A la autoridad 5) Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", como superior jerárquico de los jefes de Seguridad y Custodia del Primer y Segundo turno operativo y del personal de seguridad y custodia, con residencia en Atlocholoaya, Morelos, reclamó: La falta de tratamiento coadyuvante en el padecimiento. Las restricciones, impedimentos y obstáculos, para ser trasladado al área médica del propio centro carcelario. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado a la autoridad 5) Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", como superior jerárquico de los jefes de Seguridad y Custodia del Primer y Segundo turno operativo y del personal de seguridad y custodia; con residencia en Xochitepec, Morelos, consistente en la falta de tratamiento coadyuvante a su padecimiento, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado; sin que la parte quejosa haya desvirtuado la negativa, por tanto debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Aunado a que corresponde al Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", organizar, operar, desarrollar, supervisar y evaluar los servicios del Centro, según lo establece el artículo 38, fracción II del Reglamento Interior del Centro Estatal de Readaptación Social Morelos y el artículo 29 de dicho ordenamiento, establece que el Subdirector Técnico de dicho Centro, contará para el desempeño de sus funciones, en la parte que interesa, con médicos, instalaciones y oficinas adecuadas contando con un hospital para la consulta y chequeo de los internos, personal de enfermería, laboratorio clínico y de Rayos x y de odontología, por tanto el acto reclamado consistente en la falta de tratamiento coadyuvante a su padecimiento, sería en su caso atribuible a las autoridades médico administrativas, más no al Área de custodia del Centro; de ahí que se corrobora la inexistencia del acto reclamado. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables 1) Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", 2) Coordinador General de la Unidad de Reinserción Social, 3) Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", 4) Subdirector Médico de la Dirección Técnica de la Coordinación Estatal de Reinserción Social y 5) Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", como superior jerárquico de los jefes de Seguridad y Custodia del Primer y Segundo turno operativo y del personal de seguridad y custodia; todas con residencia en Xochitepec, Morelos, al rendir sus informes justificados negaron los actos consistentes en la falta atención médica, la omisión de suministrar medicamentos, las restricciones, obstáculos e impedimentos para ser trasladado al propio hospital del centro de reclusión y la omisión y retraso en el traslado al hospital médico militar tratante. Sin embargo, se encuentra desvirtuada la negativa la falta atención médica, la omisión de suministrar medicamentos y las restricciones, obstáculos e impedimentos para ser trasladado al propio hospital del centro de reclusión, toda vez en sus informes justificados manifestaron que la atención médica está a cargo de los hospitales militares, aunado a que en el dictamen rendido por el Dr. Aníbal Pila Ensaldo, Perito Médico oficial adscrito a la Delegación Estatal Morelos de la Procuraduría General de la República, se asentó que la atención clínica ha sido proporcionada por especialistas del Hospital Militar. Por tanto se advierte que las autoridades del Centro Estatal de Readaptación Social, con residencia en Cuernavaca, no han brindado de manera directa atención médica al quejoso en razón de su padecimiento, tampoco le han suministrado medicamentos, ni lo han trasladado al hospital del propio Centro, porque se reitera, toda la atención médica y medicamentos han sido proporcionados por los hospitales militares, de ahí que resulten ciertos los actos omisivos que se reclaman. Por cuanto al acto reclamado consistente en la omisión y retraso en el traslado al hospital médico militar tratante, la negativa también se desvirtúa, toda vez que el interno padece Virus de Inmunodeficiencia Humana, el cual de conformidad con la nota de valoración médica del Centro de reclusión de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, ha evolucionado a Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, por lo cual necesita atención médica constante que debe proporcionarse por diversos hospitales militares, pues el quejoso es militar jubilado y por tanto es derechohabiente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; sin embargo, las autoridades no acreditaron haber trasladado al quejoso para su atención médica con la diligencia, prontitud y periodicidad que su padecimiento requiere. Esto atiende a que como en el caso las autoridades responsables al rendir su informe negaron las omisiones que se les atribuyen, debe estimarse que en virtud de que tal negativa lleva implícita la afirmación de que se ha brindado la canalización del quejoso al hospital tratante para que reciba la atención médica adecuada, se les revierte la carga de la prueba en torno a tal aspecto. En ese sentido, se observa que no ha existido diligencia, prontitud y periodicidad en los egresos del quejoso para el tratamiento por parte del hospital militar, en relación a la enfermedad que padece, lo que se advierte de la copia del expediente clínico formado en el Centro Penitenciario, con motivo del ingreso del quejoso el veinticinco de octubre de dos mil catorce; así como la copia certificada del expediente médico que se formó al impetrante durante su estancia en el nosocomio del veintidós de marzo de dos mil dieciocho a siete de abril de dos mil dieciocho (tomos I, II y III); que se recabó oficiosamente del Director del Hospital Central Militar, con residencia en la Ciudad de México, documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora; si bien es cierto que el veintidós de marzo (fecha en que se presentó la demanda de amparo ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito), se ordenó el traslado del interno quejoso al servicio de urgencias del Hospital Militar de Cuernavaca, Morelos, del dictamen rendido por el Dr. Aníbal Pila Ensaldo, Perito Médico oficial adscrito a la Delegación Estatal Morelos de la Procuraduría General de la República se observa que en el expediente clínico foja 00153 del Hospital Central Militar, se advierte la existencia de nota médica de valoración de urgencias fechada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en la que se asentó que el interno fue llevado con disnea súbita y tos no productiva de un mes de evolución, resultando con el diagnóstico final de Tromboembolia Pulmonar. Luego, no se advierte de la copia certificada del expediente clínico de la responsable que con anterioridad a la fecha en que presentó una tromboembolia pulmonar haya sido referido al hospital militar para recibir atención médica previa en relación a la tos o a los malestares que refirió padecer en su escrito de demanda -bajo protesta de decir verdad- desde el mes de febrero del presente año, tales como fiebre, diarrea abundante, malestar, pérdida de apetito, sudoración, dolor en el abdomen de manera abundante y desmayos. Luego, por más que las autoridades responsables negaron los actos que nos ocupan, esa negativa aparece desvirtuada en este juicio y, en particular, por la naturaleza y alcance constitucional del derecho a la salud en el sistema jurídico mexicano. Sin que obste lo anterior, el hecho de que el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho haya sido egresado del Hospital militar en la Ciudad de México al que fue remitido y que actualmente se encuentre recluido en el Centro Estatal de Readaptación Social, con residencia en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, toda vez que si bien podría considerarse una cesación de efectos, esto no puede estimarse así, dada la naturaleza del acto reclamado que consiste en la omisión y retraso en el traslado para ser atendido por el servicio médico de las fuerzas militares para la atención especializada para el padecimiento de VIH/SIDA, ya que si bien fue internado en esa ocasión por el episodio grave que presentó, la enfermedad que padece es incurable y continúa necesitando la atención médica por parte del hospital militar, por lo que será motivo de análisis determinar si como lo impugna el quejoso se obstaculiza por parte de las autoridades del centro de internamiento la atención médica a que es derechohabiente por parte de las fuerzas militares a que tiene derecho como lo refirió. Para sostener que la atención médica debe continuar, debido a que el Virus de inmunodeficiencia humana es una enfermedad incurable, se cita la jurisprudencia del máximo tribunal, en la que se hace alusión a ese aspecto del padecimiento, con datos de localización P./J. 131/2007, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, Página 12, de rubro y texto siguientes: "SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 226, SEGUNDA CATEGORÍA, FRACCIÓN 45, DE LA LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, QUE PREVÉ LA CAUSA LEGAL DE RETIRO POR INUTILIDAD BASADA EN LA SEROPOSITIVIDAD A LOS ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH), VIOLA EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El legislador a través de dicha causa legal de retiro persigue, como finalidad constitucionalmente válida, la eficacia de las fuerzas armadas, así como la protección de la integridad de sus miembros y de terceros; sin embargo, dicha regulación implica una distinción legal entre los integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas violatoria de las garantías de igualdad y de no discriminación por razón de salud contenidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que carece de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, toda vez que: 1) es inadecuada para alcanzar la finalidad mencionada, porque la ciencia médica, reflejada en distintas directrices nacionales e internacionales, ha demostrado la inexactitud de que quienes porten dichos virus sean -per se- agentes de contagio directo y en consecuencia, individuos ineficaces para desempeñar las funciones requeridas dentro del Ejército; 2) es desproporcional, porque el legislador, para alcanzar el mencionado objetivo, tenía a su disposición alternativas menos gravosas para el militar implicado, considerando que la legislación castrense hace posible su traslado a un área distinta, acorde a las aptitudes físicas que va presentando durante el desarrollo del padecimiento, como sucede con diversas enfermedades incurables; y, 3) carece de razonabilidad jurídica, en virtud de que no existen bases para justificar la equiparación que ha hecho el legislador del concepto de inutilidad con el de enfermedad o, en este caso, con la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), pues bajo esa concepción habría múltiples casos en los que la merma en la salud permitiría justificar la separación inmediata del trabajo y la sustracción a los servicios de salud respectivos, sin analizar previamente si los efectos del mal le permiten o no desplegar con solvencia la actividad para la cual hubiera sido contratado, nombrado o reclutado." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. En ese sentido, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues se estima que los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica, la omisión de suministrar medicamento, así como las restricciones, impedimentos y obstáculos para ser trasladado al área médica del centro de reclusión, no son susceptibles de combatirse en la presente vía constitucional, al adolecer de definitividad, por las razones que se vierten a continuación. Ello, al margen que en el presente asunto se impugnen actos relacionados con la situación que la parte quejosa guarda en el centro de reclusión en el que se encuentran, relacionados con aspectos inherentes a su salud, pues no impide que se analice la existencia de una causa de improcedencia en el juicio de amparo, en la medida que la aplicación de causas de admisibilidad de un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de acceso efectivo a un recurso. Este principio descansa en la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene la parte quejosa de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte quejosa estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. En ese sentido, los artículos 18 y 21 de nuestra Carta Magna disponen: "Artículo 18. [.] El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. [.] Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad". "Artículo 21. [.] La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial [.]". Los dispositivos constitucionales transcritos establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que esta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Conforme al nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Lo anterior tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 17/2012, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.". En el caso, los actos son combatidos por quien tiene la condición de persona privada de la libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", con residencia en Atlacholoaya, por lo que se encuentran vinculados con la vida penitenciaria en dicho centro, observando que con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, lo que trae como consecuencia que todos los aspectos que se generen durante la ejecución de la pena de prisión o incluso de encontrarse en prisión preventiva, deben ser considerados como inherentes e integrantes de la etapa de ejecución de la pena y que, por ello, deben ser supervisados por la autoridad judicial en materia penal correspondiente. En adición a lo vertido, es oportuno destacar que con la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, se realizó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y los eventos que acontezcan durante el cumplimiento de las penas, sino que ello corresponde a las autoridades judiciales, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal. Por su parte, en la jurisprudencia P./J. 31/2013 (10a.), con registro 2005105, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro "REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". Reforma Constitucional en la que se consideró la atención a la salud como una parte medular de la reinserción social. Ahora bien, los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Ilustra lo anterior, la siguiente jurisprudencia: PC.III.P. J/18 P de la Décima Época, emitida por los Plenos de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017822, que establece: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.". Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor- pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema penal bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. Ilustra el tema de vigencia de la Ley Nacional Ejecución Penal, la jurisprudencia I.2o.P. J/3 (10a.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, página 3157, de número de registro 2016366, del siguiente rubro "LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA.". Por tanto, se aprecia que la parte quejosa, acude a reclamar en esta instancia constitucional, la falta de atención médica, la omisión de suministrar medicamento y las restricciones, impedimentos y obstáculos para ser trasladado al área médica del centro carcelario. Sin que se advierta que el quejoso actualmente se encuentre sin el medicamento que requiere por su padecimiento, toda vez que manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, que recibía el suministro por parte del Hospital médico militar de Cuernavaca, Morelos. Lo anterior también se corrobora, de las constancias que obran en autos, ya que al ser dado de alta el siete de abril de dos mil dieciocho del Hospital Central Militar en razón de que el quejoso presentó mejoría clínica importante y por tanto estaba en condiciones de continuar la convalecencia como externo; se asentó en la hoja de egreso que respecto del estatus de ser VIH positivo que se encuentra en tratamiento retroviral con metas de control. Sin embargo, el quejoso no observó el procedimiento legalmente establecido a la luz de las reformas constitucionales invocadas, para combatir previo a la promoción del juicio de amparo los aludidos actos de autoridad relacionados con su condición de interno en su vertiente de atención a la salud; ya que la explicada afectación que aduce, está inmersa en aquéllos actos u omisiones que afectan las condiciones de vida digna en la situación de internamiento en que se encuentra el peticionario de amparo a virtud de un procedimiento de naturaleza penal y de ahí que se consideren como regulados por la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, y por ende si el quejoso reclama la falta de atención médica, la omisión de suministrar medicamentos y las restricciones, impedimentos y obstáculos para ser trasladado al área médica del centro penitenciario, sin que aduzca que ha llevado a cabo el protocolo del Centro de reclusión para obtener la atención médica, esto es plantear la solicitud correspondiente; y en todo caso ante la falta de respuesta, o bien, si ésta fuere en sentido negativo, tendría que formular controversia ante el Juez de Ejecución. No se soslaya el hecho que el derecho fundamental a la salud, previsto en el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra integrado en la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que la reinserción social se centra -entre otros derechos humanos- en el de la salud, ya que en los centros de reinserción las personas privadas de la libertad deben recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud vinculando incluso a la Secretaría del ramo a su cumplimiento, pues ello no desvincula dicha obligación a los sujetos procesales relacionados con el acto de autoridad que la mantiene privada de la libertad y, por ende, obligada a vigilar su situación de salud. En efecto, el quejoso recluido en el aludido Centro de Reclusión, si solicita la atención médica a las autoridades del centro penitenciario y éstas omiten proporcionársela, está en aptitud de formular controversia ante el Juez de Ejecución. En ese tenor, si bien con la "petición administrativa" el legislador buscó privilegiar y sacar provecho de la inmediatez con las autoridades penitenciarias y auxiliares, lo cierto es que éstas de cualquier forma se encuentran bajo la vigilancia y control de una autoridad jurisdiccional durante su tramitación. Queda en evidencia que los actos reclamados en esta instancia constitucional necesariamente tienen que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y que se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal. Por ello no pueden ser combatidos en esta instancia constitucional, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede obtener, de ser necesaria, la atención médica que alega, solicitándola a las autoridades del Centro Penitenciario y si éstas omiten hacerlo, podrá acudir ante el juez de ejecución, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada, ya que, como se evidenció, su impugnación en sede constitucional sin agotar el procedimiento indicado, trae como consecuencia que adolezcan de definitividad; razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Constitución General de la República. Al caso, es aplicable la tesis III.2o.P.135 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que señala: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Así como la tesis XVI.1o.P (10ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, que establece: "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMEN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN.". Así las cosas, es dable señalar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia de referencia, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, respecto de la omisión de las autoridades señaladas como responsables en brindarle asistencia médica. Sin embargo, no acreditó haber presentado previamente a las autoridades penitenciarias la solicitud de atención médica; y en todo caso, de haber presentado la petición correspondiente, de existir omisión o negativa tendría que agotar la vía ante el Juez de Ejecución previo a promover el presente juicio de amparo ya que, se insiste, a través de él es posible lograr que la autoridad penitenciaria se pronuncie respecto a su petición. Dicho de otro modo, en los casos que una persona privada de su libertad pretenda que el centro de reclusión en que se encuentra le preste asistencia médica, la parte interesada debe -previamente a la promoción de la acción constitucional- promover las acciones tendentes a atender el acto lesivo a sus intereses; por lo que, al no haberlo hecho así el quejoso, es que se actualiza causa de improcedencia en análisis. Sostener lo contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, ignorando las instancias competentes ante quienes debe dilucidarse lo planteado, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis por la autoridad competente. Así, como quedó apuntado, la parte quejosa acude al juicio de amparo reclamando: la falta de atención médica, la omisión de suministrar medicamentos y las restricciones, impedimentos y obstáculos para ser trasladado al área médica del centro de internamiento. Sin embargo, conforme a lo antes citado, debió solicitar la atención médica que específicamente requiere a la autoridad penitenciaria y en caso de omisión o negativa, formular controversia ante el Juez de Ejecución, pues aunque se trate de una disposición tendente a revisar las condiciones de internamiento de la parte quejosa, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas. Sin que lo anterior signifique que se soslaye el padecimiento del quejoso, sin embargo, como se precisó con anterioridad, recibe suministro de los retrovirales para tratar la patología de Virus de Inmunodeficiencia Humana; y será objeto de análisis en el presente el acto reclamado que el quejoso hizo consistir en la omisión y retraso en el traslado al Hospital Médico Militar tratante, para la atención especializada del padecimiento de VIH. En conclusión al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo con relación al numeral 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica; la omisión de suministrar medicamentos y las restricciones, obstáculos e impedimentos para ser trasladado al área médica del centro de internamiento, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al no existir más causales de improcedencia que se hayan hecho valer por las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Estudio del concepto de violación. Suplidos en su deficiencia, con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló son fundados y suficientes para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que se explicaran más adelante en relación al acto reclamado consistente en la omisión y retraso en el traslado al hospital médico militar tratante. En efecto, durante su estadía dentro del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, con residencia en Atlacholoaya, las autoridades responsables no han sido diligentes en la canalización al hospital médico militar a efecto de que se le brinde la atención médica necesaria para el tratamiento de VIH y otros padecimientos, por lo cual no se ha garantizado su derecho fundamental a la salud, reconocido en el numeral 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 4 (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la Salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (.)" Ahora bien y a fin de sustentar la anterior conclusión, es importante señalar que el artículo constitucional en cita establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, de suerte que se debe establecer en primer término que dicha protección no sólo se constriñe a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, pues ello desconocería la propia naturaleza humana y la dignidad de las personas; sino que va más allá, pues no sólo comprende su estado físico, sino aspectos internos y externos, como el buen estado mental y emocional del individuo; de ahí que la salud es, en realidad, la obtención de un determinado bienestar general, que se integra necesariamente por el estado físico, mental, emocional y social del sujeto. Así, el Máximo Tribunal Constitucional del País, ha sostenido que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, como se advierte en la tesis 1a. LXV/2008, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, Materia(s): Constitucional, Administrativa, página 457 de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.". En congruencia con lo anterior, el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad; cuyo contenido y la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; encuentra compatibilidad con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. Lo anterior permite establecer que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados. Así, el derecho a la salud es inherente a la dignidad de la persona humana, y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe interpretarse armónicamente con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución General de la República; lo cual significa que el bien jurídico tutelado es la salud de la población, como cuestión de orden público e interés social, pues conforme al artículo 4°. constitucional, todas las personas tienen derecho a su protección. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el derecho a la salud, es una obligación inicialmente a cargo del Estado y sus organismos, pero también es una responsabilidad social, puesto que para el alcance de este derecho es necesaria la participación de diversos sectores, de allí que la salud es una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los particulares. A lo anterior tiene aplicación la tesis plenaria P.J. 136/2008, Novena Época, Tesis: P./J. 136/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página: 61 de rubro y texto: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Ahora bien, en el caso particular, el quejoso es militar en retiro, por lo que es derechohabiente del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, tal como lo manifestó en su propio escrito de demanda y como lo afirmaron las responsables al rendir el informe justificado, por tal razón, se encuentra dentro de la hipótesis de protección al derecho a la salud señalada en la jurisprudencia que antecede, en la variante de ser derechohabiente de una institución pública de seguridad social, al haber cotizado conforme la ley de dicho Instituto. En ese sentido, cabe destacar lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 18, fracción XXII y 142 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que contemplan al Servicio médico integral como una prestación para los militares; y describen que la Atención Médica- Quirúrgica es el sistema por el cual se trata de conservar y preservar la salud de las personas, entendiéndose por este concepto no sólo el bienestar físico y mental, sino también la ausencia de enfermedad. También señala el artículo 142 recién citado, que la atención médico-quirúrgica a los militares con haber de retiro y a los familiares de los militares que perciban haberes y haber de retiro, se prestará por el Instituto en sus propias instalaciones o como servicio subrogado. En este punto, resulta conveniente señalar los aspectos relacionados con la salud del quejoso. Del expediente clínico remitido por la responsable, se advierte que tiene como antecedentes personales patológicos linfoma no Hodgki diagnosticado en dos mil nueve en remisión completa desde octubre del año mismo año, trombocitopenia grave en el año dos mil quince y tromboembolia pulmonar derecha en marzo de dos mil dieciocho; además de encontrarse en tratamiento con retrovirales por padecer VIH. Por otra parte, del informe rendido Dr. Aníbal Pila Ensaldo, Perito Médico oficial adscrito a la Delegación Estatal Morelos de la Procuraduría General de la República se observa que en el expediente clínico foja 00153 del Hospital Central Militar, en la Ciudad de México, obra nota médica de valoración de urgencias de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho en la que se asentó que el interno manifestó que fue llevado a la Unidad hospitalaria por tos no productiva de un mes de evolución a lo que se agregó disnea súbita y pico febril de 37.8° C., con un diagnóstico final de Tromboembolia Pulmonar, para lo cual fue necesario practicar un cateterismo con trombectomia. A los documentos referidos, se otorga valor probatorio de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que dan plena certeza de su existencia y de los términos en que fueron elaborados. Respecto a este punto debe decirse que al ser ingresado al hospital militar presentaba tos no productiva con evolución de un mes, a lo que se agregó una tromboembolia pulmonar, sin que en las constancias que fueron remitidas por las responsables se observe que los síntomas que refirió tener bajo protesta de decir verdad en el escrito inicial de demanda como fiebre, diarrea abundante, malestar, pérdida de apetito, sudoración y color en el abdomen de manera abundante, así como desmayos hubieran sido tratados por médico alguno del hospital militar. Ahora bien, a pesar de que las autoridades responsables al rendir su informe negaron la omisión que se les atribuye, debe estimarse que en virtud de que tal negativa lleva implícita la afirmación de que se ha brindado la canalización del quejoso al hospital tratante para que reciba la atención médica adecuada, se les revierte la carga de la prueba en torno a tal aspecto. Máxime que, de la copia certificada del expediente clínico que se lleva en el hospital del Centro de reclusión, no se advierte periodicidad en la atención médica vía interconsultas, a pesar de que en la nota médica elaborada al ingresar al Centro de reclusión, el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se recomendó vigilancia estrecha, a fin de evitar las complicaciones que conlleva su padecimiento. Además, en el expediente obra copia de hoja de evolución y tratamiento en consulta externa del diez de noviembre de dos mil quince y la copia del carnet de citas presenta como fechas de atención en consulta externa el doce de septiembre, treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis y siete de noviembre, todas de dos mil dieciséis y con posterioridad a esas fechas, sólo se advierte la nota del médico en la que se ordena referir al paciente por urgencia al hospital militar de Cuernavaca, el veintidós de marzo de dos mil dieciocho al haber presentado insuficiencia respiratoria y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, lo que dio lugar a la hospitalización del impetrante en el hospital militar. En consecuencia, las autoridades responsables no han demostrado que han cumplido con la obligación de respetar el derecho de acceso a los servicios de salud del impetrante de amparo porque no han procurado con la periodicidad y expeditez que su padecimiento requiere, el traslado a las instalaciones de los hospitales militares de los cuales es derechohabiente para recibir la asistencia médica especializada. Además, se evidencia que la necesidad de atención médica continúa, ya que además del padecimiento incurable que padece, con motivo del episodio de tromboembolia pulmonar masiva derecha por el que fue hospitalizado, se indicó por parte del hospital militar tratante agendar cita externa de nefrología para seguimiento por proteinuria mórbida, consultas externas de infectología, neumología, cardiología, recabar reporte de Angio-Tac y acudir a angiotomografía programada, estudios y citas a efectuarse entre el mes de abril y mayo del presente año, sin que se tenga conocimiento por parte de este Juzgador si se realizó el egreso del interno quejoso para lo conducente. Lo que pone de manifiesto que en virtud de los padecimientos del quejoso, su atención regular por parte de las autoridades militares debe considerarse urgente, a efecto de salvaguardar su vida e integridad física. En ese contexto, asiste razón a la parte quejosa en cuanto afirma que la autoridad responsable vulneró su derecho a la salud, toda vez que sin atender al estado de salud, obstaculiza e impone restricciones para la atención médica del quejoso por parte de los hospitales militares. Efectivamente, la autoridad responsable ha pasado por alto que el quejoso necesita recibir los servicios médicos de forma periódica y bajo estrecha supervisión debido a su estado de salud; sin embargo, a pesar de tal circunstancia y sin tomar en consideración sus antecedentes médicos, ha sido omisa en permitir el egreso, para su atención periódica al hospital militar. No obstante, como se precisó, el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cuestiones, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona, además que el derecho a la salud es inherente a la dignidad de la persona humana, por lo que todas las personas tienen derecho a su protección; de ahí que la autoridad responsable atendiendo a que el quejoso recibe el servicio médico en su calidad de militar en retiro, en aras de proteger el derecho a la salud, debe permitir el egreso del quejoso para que obtenga la atención médica necesaria. Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la tesis IV.2o.A.23 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página dos mil cuatrocientos sesenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, de rubro y texto: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SOBRE LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS EN SU INFORME JUSTIFICADO, RELATIVOS A OTORGAR INCAPACIDADES Y MEDICAMENTOS, ES INSUFICIENTE PARA REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA Y, POR TANTO, DICHA ACTUACIÓN CONTRAVIENE AQUÉL. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coincidentemente, entre otros tratados internacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Por tanto, si la quejosa demuestra ante la instancia constitucional, mediante los documentos relativos que ha presentado un padecimiento de salud que está siendo atendida en la institución de salud pública correspondiente, y le atribuye a ésta la negativa de otorgarle las incapacidades y medicamentos necesarios; entonces la simple afirmación de las autoridades responsables sobre la inexistencia de esos actos en su informe justificado, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico, pues por estar de por medio el irreductible derecho humano a la salud del derechohabiente, la discrecionalidad en la prescripción de incapacidades y medicamentos a ella, no puede convertirse en una arbitrariedad libre de control de constitucionalidad. En tal virtud, si las citadas autoridades no esclarecen y justifican la constitucionalidad de la negativa que se les atribuye, no obstante que tienen a su alcance los medios documentales adecuados para ello, su actuación contraviene el referido derecho humano a la salud." En ese contexto, al resultar esencialmente fundados los motivos de disenso en estudio, propuestos por la parte quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a la salud, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Director General del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", con residencia en Atlacholoaya: Ordene bajo las medidas de seguridad que estime necesarias, el traslado del quejoso al Hospital militar que corresponda, con la prontitud, expeditez y periodicidad necesaria; a fin de que reciba la atención médica de la cual es derechohabiente el quejoso, para lo que a fin de tener por cumplida la presente sentencia deberá expedir los lineamientos atinentes. Concesión que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, en el sentido de que deberán acatar los lineamientos emitidos por el Director del Centro de Reclusión para efectuar de manera pronta y eficaz los traslados del quejoso al hospital militar para recibir la atención médica que su padecimiento requiere. En el entendido que la concesión del amparo no significa que las autoridades penitenciarias deban dejar de cumplir con sus protocolos de seguridad, custodia y traslado de internos, pues esta sentencia en ninguna forma veda sus atributos legales, sino que por el contrario la indicación se refiere a tutelar la dignidad humana del quejoso y verificar que en caso que lo necesite o le corresponda atención médica en el hospital militar ésta se verifique en las condiciones apuntadas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ MORENO, en contra de las autoridades 1) Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", 2) Coordinador General de la Unidad de Reinserción Social, 3) Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", 4) Subdirector Médico de la Dirección Técnica del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos y 5) Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", como superior jerárquico de los jefes de Seguridad y Custodia del Primer y Segundo turno operativo y del personal de seguridad y custodia; todas con residencia en Xochitepec, Morelos, por los actos consistentes en la falta atención médica, la omisión de suministrar medicamentos y las restricciones, obstáculos e impedimentos para ser trasladado al propio hospital del centro de reclusión; en términos de lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ MORENO, contra las autoridades 1) Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", 2) Coordinador General de la Unidad de Reinserción Social, 3) Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", 4) Subdirector Médico de la Dirección Técnica del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos y 5) Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", como superior jerárquico de los jefes de Seguridad y Custodia del Primer y Segundo turno operativo y del personal de seguridad y custodia; todas con residencia en Xochitepec, Morelos, respecto del acto reclamado consistente en la omisión y retraso en el traslado al hospital médico militar tratante, por las razones y para el efecto indicado en el considerando sexto. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA INTERNO. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe hasta hoy veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

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