José Alfredo Puc Rosado
Expediente 954/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 27 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José Alfredo Puc Rosado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Chetumal, Quintana Roo, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta, firmado por el juez de Control en el Estado, actuando en los juzgados de Control y Tribunales de Juicio oral penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, por medio del cual, informa que en cumplimiento a lo ordenado en audiencia de veintiocho de marzo del año en curso, en la carpeta administrativa ********************, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por el delito de robo agravado, por lo cual, remite copia certificada del acta mínima, así como el audio y video, como sustento a sus manifestaciones. Asimismo, atendiendo a que la autoridad responsable, remitió un medio óptico certificado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como medio de convicción de la citada autoridad la prueba que refiere. En tal virtud, se ordena el resguardo de disco compacto remitido por la autoridad oficiante, en la Secretaría de este Juzgado Federal, a disposición de las partes; medida que se adopta para evitar que se deteriore y tener un mejor manejo de este expediente. Al respecto, es de sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, por los motivos que a continuación se indican. En efecto, del informe de cuenta, se advierte que con relación al acto reclamado en esta instancia consiste de manera medular en lo siguiente: -Órdenes de aprehensión y detención. La existencia del citado acto reclamado, fue reconocido por el juez de Control en el Estado, actuando en los juzgados de Control y Tribunales de Juicio oral penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, al indicar que el catorce de octubre de dos mil veintidós, emitió orden de aprehensión contra el aquí quejoso José Alfredo Puc Rosado por el hecho que la ley señala como delito de robo agravado. Asentado lo anterior se impone señalar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, del propio ordenamiento, que establece la improcedencia del juicio cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, tal y como se verá a continuación: La causa de improcedencia establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Del numeral transcrito, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente cuando dentro de un procedimiento judicial o administrativo haya cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumadas las violaciones reclamadas en dicho procedimiento, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, la causa de improcedencia invocada para que se actualice es necesario lo siguiente: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora, es dable precisar que la libertad personal puede restringirse por diferentes motivos tales como: 1. La aprehensión. 2. La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del Ministerio Público y/o del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica. 3. La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión (o en su equivalente- auto de vinculación a proceso) y, 4. Por último, la pena. Cada una de ellas tiene sus características peculiares, de tal manera que al conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos mencionados, se le denomina situación jurídica. De modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por ello, desaparecen los efectos que originó la situación jurídica anterior. En ese entendido, si se reclama la detención del quejoso cuya emisión se encuentra regulada por el artículo 16 Constitucional, no debe considerarse que sólo con la sentencia se podrá establecer que existe cambio de situación jurídica, al haberse excluido a dicho numeral de la causal invocada. En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. En el caso concreto, mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se recibió el oficio de la autoridad responsable juez de Control del Sistema Penal Acusatorio actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral de Primera Instancias del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, el cual informó que en cumplimiento a la orden de aprehensión, el veintitrés de marzo del año en curso, el quejoso fue puesto a disposición de dicha autoridad, fijándose la audiencia inicial a las diez horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. De igual manera, indicó que en esa misma audiencia se formuló prisión preventiva oficiosa, por lo que el quejoso se acogió al término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas. Luego, en audiencia de veintiocho de los corrientes, en la carpeta administrativa ******************** de su índice, se vinculó a proceso al quejoso por el delito de robo agravado. En mérito de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, ya que veintitrés de marzo del año en curso se dio cumplimiento a la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, luego en audiencia de veintiocho de marzo del año actual se le vinculó a proceso por el delito de robo agravado. Por tanto, es evidente que el dictado del auto de vinculación a proceso en el cual se resolvió la situación jurídica del quejoso; implica el cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, toda vez que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, pues la condición particular que guardaba antes de la ejecución de tal mandamiento judicial, motiva que las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse dicha orden de captura, queden consumadas irreparablemente. Resulta aplicable la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 17/2008, con número de registro digital 169410, Novena Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, Junio de 2018, Página: 270, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, localizable con el número de registro 184572, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, página: 386, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Como consecuencia del presente sobreseimiento fuera de audiencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés. Toda vez que no existió oposición expresa de las partes para manifestar su inconformidad con relación a la publicación de sus datos personales en las resoluciones dictadas por este órgano de control constitucional, con fundamento en los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se les tiene consintiendo tácitamente esa publicación. En el entendido que la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis", captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, agente del ministerio público adscrito y por oficio a las autoridades correspondientes.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el cuatro de abril del año en curso el cual en lo conducente dice: Chetumal, Quintana Roo, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta, firmado por el juez de Control en el Estado, actuando en los juzgados de Control y Tribunales de Juicio oral penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, por medio del cual, informa que en cumplimiento a lo ordenado en audiencia de veintiocho de marzo del año en curso, en la carpeta administrativa ********************, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por el delito de robo agravado, por lo cual, remite copia certificada del acta mínima, así como el audio y video, como sustento a sus manifestaciones. Asimismo, atendiendo a que la autoridad responsable, remitió un medio óptico certificado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como medio de convicción de la citada autoridad la prueba que refiere. En tal virtud, se ordena el resguardo de disco compacto remitido por la autoridad oficiante, en la Secretaría de este Juzgado Federal, a disposición de las partes; medida que se adopta para evitar que se deteriore y tener un mejor manejo de este expediente. Al respecto, es de sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, por los motivos que a continuación se indican. En efecto, del informe de cuenta, se advierte que con relación al acto reclamado en esta instancia consiste de manera medular en lo siguiente: -Órdenes de aprehensión y detención. La existencia del citado acto reclamado, fue reconocido por el juez de Control en el Estado, actuando en los juzgados de Control y Tribunales de Juicio oral penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, al indicar que el catorce de octubre de dos mil veintidós, emitió orden de aprehensión contra el aquí quejoso José Alfredo Puc Rosado por el hecho que la ley señala como delito de robo agravado. Asentado lo anterior se impone señalar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, del propio ordenamiento, que establece la improcedencia del juicio cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, tal y como se verá a continuación: La causa de improcedencia establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Del numeral transcrito, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente cuando dentro de un procedimiento judicial o administrativo haya cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumadas las violaciones reclamadas en dicho procedimiento, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, la causa de improcedencia invocada para que se actualice es necesario lo siguiente: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora, es dable precisar que la libertad personal puede restringirse por diferentes motivos tales como: 1. La aprehensión. 2. La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del Ministerio Público y/o del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica. 3. La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión (o en su equivalente- auto de vinculación a proceso) y, 4. Por último, la pena. Cada una de ellas tiene sus características peculiares, de tal manera que al conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos mencionados, se le denomina situación jurídica. De modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por ello, desaparecen los efectos que originó la situación jurídica anterior. En ese entendido, si se reclama la detención del quejoso cuya emisión se encuentra regulada por el artículo 16 Constitucional, no debe considerarse que sólo con la sentencia se podrá establecer que existe cambio de situación jurídica, al haberse excluido a dicho numeral de la causal invocada. En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. En el caso concreto, mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se recibió el oficio de la autoridad responsable juez de Control del Sistema Penal Acusatorio actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral de Primera Instancias del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, el cual informó que en cumplimiento a la orden de aprehensión, el veintitrés de marzo del año en curso, el quejoso fue puesto a disposición de dicha autoridad, fijándose la audiencia inicial a las diez horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. De igual manera, indicó que en esa misma audiencia se formuló prisión preventiva oficiosa, por lo que el quejoso se acogió al término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas. Luego, en audiencia de veintiocho de los corrientes, en la carpeta administrativa ******************** de su índice, se vinculó a proceso al quejoso por el delito de robo agravado. En mérito de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, ya que veintitrés de marzo del año en curso se dio cumplimiento a la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, luego en audiencia de veintiocho de marzo del año actual se le vinculó a proceso por el delito de robo agravado. Por tanto, es evidente que el dictado del auto de vinculación a proceso en el cual se resolvió la situación jurídica del quejoso; implica el cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, toda vez que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, pues la condición particular que guardaba antes de la ejecución de tal mandamiento judicial, motiva que las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse dicha orden de captura, queden consumadas irreparablemente. Resulta aplicable la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 17/2008, con número de registro digital 169410, Novena Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, Junio de 2018, Página: 270, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, localizable con el número de registro 184572, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, página: 386, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Como consecuencia del presente sobreseimiento fuera de audiencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés. Toda vez que no existió oposición expresa de las partes para manifestar su inconformidad con relación a la publicación de sus datos personales en las resoluciones dictadas por este órgano de control constitucional, con fundamento en los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se les tiene consintiendo tácitamente esa publicación. En el entendido que la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis", captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, agente del ministerio público adscrito y por oficio a las autoridades correspondientes.
- Principal
II- Agréguese el oficio de cuenta, firmado por el juez de Control en el Estado, actuando en los juzgados de Control y Tribunales de Juicio oral penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, por medio del cual, remite copia certificada del acta mínima del índice cronológico deducida en la carpeta administrativa 245/2022, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las documentales que exhiben las autoridades oficiantes, mismas que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
II-Agréguese el oficio de cuenta, firmado por el juez de Control en el Estado, actuando en los juzgados de Control y Tribunales de Juicio oral penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, por medio del cual, informa que en la carpeta administrativa , de su índice, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por el delito de robo agravado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese.
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