José Alfredo Pérez Aguirre
Expediente 928/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Evelyn Nataly Balboa Casanova
- José Alfredo Pérez Aguirre
- Encargados de la Vigilancia del Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "Cps-Coahuila"
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado estado para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Toda vez que se concedió la suspensión de plano, este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Sin efecto. Queda sin efecto la suspensión de plano decretada en auto de veinte de julio de dos mil veintiuno, al considerar que perdió vigencia dicha medida con la ejecutoria dictada en el presente auto; ello, de conformidad con el artículo 130 de la Ley de Amparo, a contrario sensu. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiséis de abril de dos mil veintidós. Oficio. Se tiene por recibido el oficio signado por el encargado de la Dirección General Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango, por el cual remite las constancias relativas a la situación jurídica del quejoso José Alfredo Pérez Aguirre, en las cuales aparece que dicho peticionario se acogió el beneficio de la libertad condicionada. Atento a lo anterior, este juzgado estima que tal hecho actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". En efecto, del precepto transcrito se colige que el juicio de garantías es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conviene precisar que el quejoso José Alfredo Pérez Aguirre, reclama en este juicio los actos de tortura, agresión física o verbal por las autoridades responsables. Sobre el particular, importa destacar que el encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango, remitió copia certificada de las constancias relativas a la situación jurídica del quejoso José Alfredo Pérez Aguirre, en las cuales aparece que fue dejado en libertad el veintidós de enero de dos mil veintidós, con motivo del beneficio de libertad condicional que le fue otorgado por el Juez Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, dentro del expediente SIPE 561/2016. Documentales las anteriormente reseñadas que gozan de valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Así las cosas, debe indicarse que dichos actos han quedado sustituidos con la nueva situación jurídica del quejoso, pues sus consecuencias quedaron insubsistentes al haber recuperado su libertad con motivo del indicado beneficio, lo que implica que no pueden ser analizadas por tratarse de un nuevo acto, es decir de un estado procesal diferente del que generó los actos reclamados por el quejoso. Apoya las consideraciones anteriores, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se lee bajo el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En esas condiciones, al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis III.2o.C.3 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, al no existir un domicilio convencional de la parte quejosa, notifíquesele por lista este acuerdo y las subsecuentes notificaciones que deban ser personales, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; dieciocho de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango", con sede en Gómez Palacio, no ha remitido las constancias que le fueron solicitadas en auto de veinticinco de marzo de este año, respecto de la libertad condicional del quejoso José Alfredo Pérez Aguirre. Requerimiento. En tales condiciones, a fin de verificar lo anterior y con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango", con sede en Gómez Palacio, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al que quede notificado del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relativas a la libertad del quejoso José Alfredo Pérez Aguirre; o en su caso manifieste si se encuentra en otro centro de reclusión. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no manifestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de cuatro mil treinta pesos, esto con fundamento en lo dispuesto por los artículo 238 en relación con el 259 de la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Razón Actuarial. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, la razón del actuario adscrito con la que informa que no le fue posible notificar personalmente al quejoso José Alfredo Pérez Aguirre, dado que dicha persona obtuvo su libertad condicional, según lo manifestó el personal jurídico del centro penitenciario; de ahí que, no pudo notificar el acuerdo de veintidós de febrero de este año. Requerimiento. En tales condiciones, a fin de verificar lo anterior y con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango", con sede en Gómez Palacio, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al que quede notificado del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relativas a la libertad del quejoso José Alfredo Pérez Aguirre; o en su caso manifieste si se encuentra en otro centro de reclusión. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no manifestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de cuatro mil treinta pesos, esto con fundamento en lo dispuesto por los artículo 238 en relación con el 259 de la Ley de Amparo, y en el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se fijan las trece horas del dieciocho de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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