José Alfredo Padilla Almaguer
Expediente 122/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Alfredo Padilla Almaguer
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de siete de marzo del año en curso, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor y archívese este expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Por tanto, devuélvase el tomo de pruebas remitido por la Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en apoyo a su informe justificado, toda vez que es innecesario su resguardo.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese el oficio signado por la Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; en atención a su contenido, téngase rendido el informe justificado que le corresponde, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con su contenido, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, recíbase la copia certificada del proceso administrativo ******************** remitida en apoyo al informe de mérito, y con ella fórmese un tomo de pruebas relativo a este juicio. De una revisión a dicha documental, se aprecia que el trece de febrero del año en curso, la sala responsable emitió interlocutoria por la que resolvió el incidente de falsedad de firma promovido por las autoridades demandadas Subdirector de Tránsito, Transporte y Vialidad, así como Agente de Tránsito, ambos de Silao, Guanajuato, en el proceso administrativo de referencia, al contestar la demanda del aquí quejoso ********************, por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, esta juzgadora federal estima que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional; por ende, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con el precepto legal citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando se promueva en contra de actos en los que sus efectos han cesado o cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó de la magistrada responsable la omisión de resolver el incidente de falsedad de firma promovido por las autoridades demandadas en el proceso administrativo ********************. Ahora, visto el estado de autos y la documental remitida por la autoridad responsable, se desprende que el trece de febrero del año en curso (posterior a la promoción del presente juicio constitucional), dicha autoridad resolvió el incidente de falsedad de firma de referencia; determinación que fue notificada vía electrónica al quejoso, en el mismo día. Por tanto, la conducta omisiva de la autoridad responsable desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan los efectos del acto negativo y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa, se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la omisión dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda ya que hasta el trece de febrero del en curso, se resolvió el incidente de falsedad de firma interpuesto en el juicio natural, y se notificó al quejoso en esa misma data; en ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las diez horas con veinte minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Recepción y registro de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao; fórmese expediente y regístrese con el número 122/2023-VI. Admisión. Se admite la demanda promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con residencia en Silao. Incidente de suspensión. Sin que resulte necesario tramitar incidente de suspensión en el presente juicio, toda vez que no fue solicitado por el promovente, de conformidad con el numeral 128 de la Ley de Amparo. Solicitud de informe [s] justificado [s]. Requiérase de la [s] autoridad [es] señalada [s] como responsable [s] su informe justificado, el cual deberá [n] rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de la notificación del presente proveído, al que deberá [n] acompañar copia certificada, completa, legible y ordenada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado; apercibida [s] con que de no hacerlo, se entenderá que su actuación es de mala fe y, en consecuencia, se impondrá una multa por el equivalente a cien veces la unidad diaria de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIRÉS, para el verificativo de la audiencia constitucional. Hágase saber a la [s] autoridad [es] responsable [s] que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el trascurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá [n] consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Información sobre los cuadernos auxiliares. Hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por regla general, las constancias que aporten las partes como pruebas, no se agregarán al expediente impreso ni a su versión electrónica, por lo que deberá formarse cuaderno auxiliar de tomo de prueba por separado, el cual quedará a su disposición para consultarlos en la secretaría del juzgado, lo anterior, dada la carga de trabajo con que cuenta este órgano jurisdiccional. Intervención al ministerio público. Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado con la presente determinación, así como la intervención que legalmente le corresponde en este juicio. De igual manera, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 55, 57 y 58 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que el fiscal adscrito, bajo el usuario FRANCISCOGOCE, acceda al expediente electrónico de este asunto y reciba las notificaciones que le atañen por dicha vía. Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Terceros interesados. Una vez que se reciba el informe justificado de la autoridad responsable ordenadora, se proveerá si persona alguna tiene carácter de tercera interesada en el presente asunto, en tanto se reserva acordar al respecto. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Transparencia y protección de datos personales. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
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