José Alfredo Pacheco Muñoz

Expediente 64/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
64/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
03/08/2018

Partes del expediente

  • José Alfredo Pacheco Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El auto dictado el doce de julio de dos mil dieciocho, ha causado ejecutoria, el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo del mismo.

  2. Principal

    Se recibe el presente oficio, únicamente para que obre como corresponda.

  3. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA, EFECTUADO MEDIANTE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE TRECE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cancún, Quintana Roo, doce de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por: N Autoridad: 1 Juez Primero Penal "B" de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con su contenido dese vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, al efecto agréguense en autos para que obre como corresponda, mismo que será valorado en líneas subsecuentes. Ahora, con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida la prueba documental exhibida por la responsable, consistente en la sentencia de diez de julio de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 571/2015 de su índice. Por otro lado, visto el estado que guarda el presente expediente del análisis que se realiza de forma integral al escrito de la demanda de conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, obtenemos que el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en:  La omisión de pronunciar la sentencia correspondiente dentro de la causa penal número 571/2015, que se substancia ante el Juzgado Primero Penal Auxiliar "B" de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. En el caso, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. En el caso de los actos de carácter negativo, debe considerarse que sus efectos han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión del Juez Primero Penal Auxiliar "B" de Primera Instancia de este Distrito Judicial, de dictar sentencia en la causa penal 571/2015. En estos términos, de las constancias que el Juez Primero Penal "B" de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo señalado como responsable exhibió, a las que se confirió valor probatorio pleno en párrafos anteriores, se advierte que el diez de julio de esta anualidad, dictó sentencia correspondiente en el citado proceso penal. De acuerdo a lo anterior, se encuentra acreditado en autos que la omisión reclamada, ha cesado en forma incondicional y absoluta. Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Juez de Distrito, resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos fundamentales imputados por el quejoso a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo es improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de lo expuesto, se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, del citado ordenamiento jurídico, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las diez horas con catorce minutos del veinte de julio de dos mil dieciocho, ya que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, el hecho de que las partes tercero interesadas no hayan sido emplazadas a juicio, pues tomando en consideración que el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en la dilación procesal en la que ha incurrido la autoridad responsable dentro de los autos del juicio penal de origen; es inconcuso que ningún perjuicio le depara a la citada tercero interesada el sentido de la presente determinación. Finalmente, no es óbice para este juzgador el hecho que no se advierta de las constancias remitidas por la autoridad responsable, la notificación a las partes de la sentencia emitida el diez de julio de dos mil dieciocho, en la causa penal 571/2015, toda vez que este órgano jurisdiccional le hará de su conocimiento el citado auto al notificarle la presente determinación.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el escrito del quejoso, con el que informa su imposibilidad de señalar un domicilio de la tercero interesada; se requiere a la autoridad responsable, para que manifieste y proporcione el domicilio último de la tercero interesada, señalado en autos de la causa penal de su índice.

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