José Alfredo Ortega Torres

Expediente 460/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
460/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
25/10/2021

Partes del expediente

  • José Alfredo Ortega Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 74 y 75), quienes no realizaron manifestación alguna al respecto (fojas 81 y 82). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, este Órgano Colegiado resolvió conceder a José Alfredo Ortega Torres, la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 57): ".De acuerdo a lo anterior, debe concederse al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que el tribunal de conciliación y arbitraje proceda en los siguientes términos: 1. Deje insubsistente el auto reclamado, en el cual decretó la caducidad de la instancia y ordenó el archivo del asunto. 2. Una vez hecho lo anterior proceda conforme a derecho corresponda" Para lograr una mayor explicación es oportuno citar la parte considerativa de la ejecutoria de amparo, la cual es del texto siguiente: "(.) Ahora bien, destacado lo anterior es pertinente partir de la base de que el artículo 115 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, vigente a la fecha en que inició el juicio de origen, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 115. Se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de seis meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento, no se tendrá por transcurrido dicho término si están desahogadas las pruebas de las partes o está pendiente de dictar la resolución sobre alguna promoción de las mismas, la práctica de alguna diligencia o la recepción de informes que se hubieren solicitado." Tal como se observa el dispositivo transcrito, en una parte, dispone que se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de seis meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. Esto es, el precepto de mérito, en una parte, sanciona la inactividad procesal con la caducidad del procedimiento cuando tal inactividad sea atribuible a las partes. Sin embargo, en otra, dispone que no se tendrá por transcurrido el término de seis meses para que opere la caducidad si están desahogadas las pruebas de las partes o está pendiente de dictar la resolución sobre alguna promoción de las mismas, la práctica de alguna diligencia o la recepción de informes que se hubieren solicitado. Esta parte del precepto pone de manifiesto que no opera la caducidad cuando la continuación del procedimiento dependa del impulso procesal oficioso que deba realizar la autoridad. Por su relevancia en el asunto debe tenerse en cuenta que el artículo 144 de la citada de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, dispone: "ARTÍCULO 144. Al concluir el periodo de demanda y excepciones se pasará inmediatamente al ofrecimiento de pruebas, la cual se desarrollará en la forma siguiente: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y deberá objetar las de su contraparte y aquél podrá objetar las del demandado: II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa respectiva; III. Las partes deberán ofrecer pruebas observando las disposiciones del capítulo noveno de este título, y IV. Concluido el ofrecimiento de pruebas, el Tribunal resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. Concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas sólo se admitirán las que se refieran a hechos supervenientes o de tachas." Es patente que el citado dispositivo, en su fracción IV, impone a la autoridad la carga de impulsar el procedimiento, pues es categórico en establecer que, concluido el ofrecimiento de pruebas, el Tribunal resolverá inmediatamente sobre los medios de convicción que admita y las que deseche. Por tanto, es incorrecta la conclusión de la responsable de decretar en el proveído reclamado la caducidad de la instancia. En efecto, como ya se mencionó, el cinco de noviembre de dos mil diez, una vez agotado el periodo de demanda y excepciones, la responsable inició la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas en el cual los demandados ofrecieron los medios de convicción que estimaron convenientes y, con motivo de ello, dicho tribunal decidió reservar la emisión del proveído en el que acordaría lo conducente sobre la admisión de pruebas, mismo que, dijo, sería notificado a las partes; no obstante ello se abstuvo de dictar el auto correspondiente. Siendo así, a partir de la audiencia de cinco de noviembre de dos mil diez, la continuación del procedimiento no dependía del impulso de las partes, sino que tal carga recae en la autoridad, por lo que no podía operar la caducidad de la instancia al estar pendiente la emisión del acuerdo de admisión de probanzas. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 51/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 733, cuyo rubro y contenido son: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA CUANDO LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEPENDE DE QUE EL TRIBUNAL DEL TRABAJO PROVEA SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). El artículo 146 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur condiciona la declaratoria de caducidad de la instancia no sólo al transcurso del plazo de 3 meses sin promoción alguna, sino además a la circunstancia de que ésta sea "necesaria para la continuación del procedimiento". Así, cuando la continuación del procedimiento dependa únicamente del impulso de las partes, sea porque la ley así lo establezca o el tribunal haya concedido un plazo para el desahogo de un requerimiento sin que exista promoción de aquéllas, procede declarar la caducidad. En cambio, si la ley impone al tribunal estatal del trabajo la obligación de resolver sobre la admisión de las pruebas en el término de 72 horas y señalar fecha para su desahogo, conforme al artículo 137, párrafo último, fracción III, del ordenamiento mencionado, entonces la continuación del procedimiento cuando se esté en esa fase procedimental no depende del impulso de las partes, por lo que no opera la caducidad de la instancia si está pendiente de emitirse el acuerdo de admisión de probanzas." Consecuentemente se determina que los conceptos de violación resultan fundados. (.)" Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que, por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno realizó lo siguiente (fojas 70 a 73): 1) Dejó insubsistente el auto de seis de marzo de dos mil veinte, en el cual había declarado la caducidad de la instancia (reclamado en el juicio de amparo). 2) Se ocupó del ofrecimiento de pruebas realizado por el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, pues admitió las confesionales, interrogatorios libres, inspecciones, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, habiendo señalado fecha para el desahogo de las que así lo requirieron. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 74 y 75), quienes no realizaron manifestación alguna al respecto (fojas 81 y 82). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, este Órgano Colegiado resolvió conceder a José Alfredo Ortega Torres, la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 57): ".De acuerdo a lo anterior, debe concederse al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que el tribunal de conciliación y arbitraje proceda en los siguientes términos: 1. Deje insubsistente el auto reclamado, en el cual decretó la caducidad de la instancia y ordenó el archivo del asunto. 2. Una vez hecho lo anterior proceda conforme a derecho corresponda" Para lograr una mayor explicación es oportuno citar la parte considerativa de la ejecutoria de amparo, la cual es del texto siguiente: "(.) Ahora bien, destacado lo anterior es pertinente partir de la base de que el artículo 115 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, vigente a la fecha en que inició el juicio de origen, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 115. Se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de seis meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento, no se tendrá por transcurrido dicho término si están desahogadas las pruebas de las partes o está pendiente de dictar la resolución sobre alguna promoción de las mismas, la práctica de alguna diligencia o la recepción de informes que se hubieren solicitado." Tal como se observa el dispositivo transcrito, en una parte, dispone que se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de seis meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. Esto es, el precepto de mérito, en una parte, sanciona la inactividad procesal con la caducidad del procedimiento cuando tal inactividad sea atribuible a las partes. Sin embargo, en otra, dispone que no se tendrá por transcurrido el término de seis meses para que opere la caducidad si están desahogadas las pruebas de las partes o está pendiente de dictar la resolución sobre alguna promoción de las mismas, la práctica de alguna diligencia o la recepción de informes que se hubieren solicitado. Esta parte del precepto pone de manifiesto que no opera la caducidad cuando la continuación del procedimiento dependa del impulso procesal oficioso que deba realizar la autoridad. Por su relevancia en el asunto debe tenerse en cuenta que el artículo 144 de la citada de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, dispone: "ARTÍCULO 144. Al concluir el periodo de demanda y excepciones se pasará inmediatamente al ofrecimiento de pruebas, la cual se desarrollará en la forma siguiente: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y deberá objetar las de su contraparte y aquél podrá objetar las del demandado: II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa respectiva; III. Las partes deberán ofrecer pruebas observando las disposiciones del capítulo noveno de este título, y IV. Concluido el ofrecimiento de pruebas, el Tribunal resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. Concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas sólo se admitirán las que se refieran a hechos supervenientes o de tachas." Es patente que el citado dispositivo, en su fracción IV, impone a la autoridad la carga de impulsar el procedimiento, pues es categórico en establecer que, concluido el ofrecimiento de pruebas, el Tribunal resolverá inmediatamente sobre los medios de convicción que admita y las que deseche. Por tanto, es incorrecta la conclusión de la responsable de decretar en el proveído reclamado la caducidad de la instancia. En efecto, como ya se mencionó, el cinco de noviembre de dos mil diez, una vez agotado el periodo de demanda y excepciones, la responsable inició la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas en el cual los demandados ofrecieron los medios de convicción que estimaron convenientes y, con motivo de ello, dicho tribunal decidió reservar la emisión del proveído en el que acordaría lo conducente sobre la admisión de pruebas, mismo que, dijo, sería notificado a las partes; no obstante ello se abstuvo de dictar el auto correspondiente. Siendo así, a partir de la audiencia de cinco de noviembre de dos mil diez, la continuación del procedimiento no dependía del impulso de las partes, sino que tal carga recae en la autoridad, por lo que no podía operar la caducidad de la instancia al estar pendiente la emisión del acuerdo de admisión de probanzas. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 51/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 733, cuyo rubro y contenido son: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA CUANDO LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEPENDE DE QUE EL TRIBUNAL DEL TRABAJO PROVEA SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). El artículo 146 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur condiciona la declaratoria de caducidad de la instancia no sólo al transcurso del plazo de 3 meses sin promoción alguna, sino además a la circunstancia de que ésta sea "necesaria para la continuación del procedimiento". Así, cuando la continuación del procedimiento dependa únicamente del impulso de las partes, sea porque la ley así lo establezca o el tribunal haya concedido un plazo para el desahogo de un requerimiento sin que exista promoción de aquéllas, procede declarar la caducidad. En cambio, si la ley impone al tribunal estatal del trabajo la obligación de resolver sobre la admisión de las pruebas en el término de 72 horas y señalar fecha para su desahogo, conforme al artículo 137, párrafo último, fracción III, del ordenamiento mencionado, entonces la continuación del procedimiento cuando se esté en esa fase procedimental no depende del impulso de las partes, por lo que no opera la caducidad de la instancia si está pendiente de emitirse el acuerdo de admisión de probanzas." Consecuentemente se determina que los conceptos de violación resultan fundados. (.)" Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que, por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno realizó lo siguiente (fojas 70 a 73): 1) Dejó insubsistente el auto de seis de marzo de dos mil veinte, en el cual había declarado la caducidad de la instancia (reclamado en el juicio de amparo).2) Se ocupó del ofrecimiento de pruebas realizado por el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, pues admitió las confesionales, interrogatorios libres, inspecciones, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, habiendo señalado fecha para el desahogo de las que así lo requirieron. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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