José Alfredo Ordoñez Arreola

Expediente 341/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
341/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
08/10/2021

Partes del expediente

  • José Alfredo Ordoñez Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el trece de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se negó el amparo, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Destino del expediente Este juicio no es de relevancia documental y no contiene valores, ni documentos originales exhibidos por las partes; es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Y ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva, únicamente el original del incidente es susceptible de depuración, por lo cual se conservarán en este caso, todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, por lo que su duplicado es susceptible de destrucción. Al resultar innecesaria la conservación de las documentales remitidas por la autoridad responsable, devuélvansele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa la resolución de trece de septiembre del año en curso, que en lo conducente dice: "VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 341/2021; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. El catorce de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo presentada oportunamente por .; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de la litis. La parte promovente reclama del (1) Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Seis; así como del (2) Jefe General de la Policía de Investigación y (3) del Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia, ambos de la Ciudad de México, respectivamente, la emisión y ejecución de: ? La orden de aprehensión de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, decretada en su contra dentro de la carpeta judicial . del registro de la mencionada Unidad, por el hecho que la ley señala como delito de extorsión agravada. Lo anterior, en el entendido que se tienen por inexistentes las autoridades que identificó en su demanda como "JEFE GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"; "DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN FISCALÍAS CENTRALES DE LA FISCALÍAGENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"; y, "DIRECTORA DE EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN FISCALÍAS CENTRALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO", al no haber desahogado el apercibimiento decretado en autos para que aclarara o corrigiera su denominación o bien acreditara su existencia. TERCERO. Certeza de actos. El citado juez de control aceptó haber emitido el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial ., orden de aprehensión en contra de ., por el hecho que la ley señala como delito de extorsión agravada; además, remitió diversas documentales [entre ellas, la videograbación de la audiencia relativa] relacionadas con ese expediente y que adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por lo que se tiene plenamente probada su existencia. Mientras que las otras autoridades, si bien negaron su ejecución, lo cierto es que esa negativa se tiene por desvirtuada, dado el carácter de ejecutoras que les reviste y porque el órgano jurisdiccional hizo del conocimiento haberla informado a la representación social para su ejecución. CUARTO. Causas de improcedencia. No se advierte que en el caso se actualice alguna. QUINTO. Estudio. A efecto de contextualizarlo, es menester señalar que de la audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la carpeta judicial en mención, se obtiene en lo que interesa lo siguiente: 1. Solicitud de la orden de aprehensión: El agente del Ministerio Público hizo la petición relativa bajo el argumento de que . participó en el hecho que la ley señalada como delito de extorción agravada en perjuicio de E.D.M. 2. Segmento fáctico señalado: El veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las catorce horas, encontrándose en su domicilio, E.D.M. recibió en su teléfono con terminación 26-22-96, una llamada desde el diverso con numeración ., de una persona que se identificó como José Luis y comandante del ., quien le dijo que lo tenían ubicado y que sabían a que se dedicaba y que manejaba fuertes cantidades de dinero, por lo que le exigió entregara cien mil pesos [$100,000.00 M.N.]; a lo que el pasivo respondió que no tenía esa suma, pero fue reconvenido a que juntara lo que más pudiera. Frente a tal exigencia, E.D.M. logra reunir la cantidad de diecisiete mil pesos [$17,000.00 M.N.], que deposita a una cuenta bancaria que le fue proporcionada por el mismo interlocutor; y, decide pactar con éste la entrega de una camioneta Ford Lobo 2010 -para completar la cantidad exigida-, por lo que el activo de la conducta lo fue guiando hasta un costado de la Central de Abastos, donde dejó el vehículo y sus documentos. A las diecinueve horas con veintiocho minutos, a esa ubicación llegaron dos sujetos en una motocicleta, entre ellos ., quien pretendió llevarse la camioneta, ésta como pago de la extorción de la que fue objeto E.D.M., siendo detenido al igual que su acompañante en el lugar de los hechos, por la propia víctima -que desde que arribó al lugar se mantuvo ahí a la expectativa- y con apoyo de algunos vecinos, resultado lesionado en el evento el aquí quejoso - incluso por disparo de arma de fuego-, hasta que elementos de seguridad pública lo aseguraron, encontrándolo en portación de un arma de fuego, pero como se encontraba herido, fue llevado a un centro hospitalario [cabe precisar que quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien solicitó audiencia inicial para la calificación de legal de la detención e imputación, sin embargo se declaró sin materia precisamente porque no pudo ser presentado ante la autoridad judicial, por ello se solicitó la orden de aprehensión]. 3. Datos de prueba en que soporta: La denuncia de la víctima, las entrevistas de la testigo A.T.E.G.A. y de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: . así como el informe policial homologado por estos signado, que en conjunto dan noticia de las circunstancias comisivas del segmento factico de referencia; además de la cadena de custodia de un arma de fuego, de la camioneta y de la motocicleta, y la impresión diagnostica en materia de psicología de E.D.M., que concluye que éste presenta afectación relacionada con el evento denunciado. 4. Hipótesis normativa preliminar: Delito de extorción previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 236, primero, cuarto, fracciones I y III, y último párrafos, [tipo básico de extorción, agravada por la circunstancia de que participó una persona armada, se hizo creer a la víctima la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada y se utilizó un medio telefónico], agravada por la figura de pandilla de conformidad con el diverso 252, ambos del Código Penal para la Ciudad de México. 5. Necesidad de cautela: Se hace valer el riesgo fundado para la víctima y su familia, así como el riesgo de sustracción de la acción de la justicia atendiendo a la penalidad de la conducta que se le atribuye al imputado. 6. Consideraciones que sustentan la determinación judicial. Habiendo escuchado a la fiscalía y al considerar colmados los requisitos constitucionales y legales exigidos, el juez responsable libró orden de aprehensión en contra de . al considerar que la información que aportan los datos de prueba referenciados, a su juicio, en el momento procesal de que se trata, corrobora el segmento fáctico y la hipótesis normativa planteada como extorción agravada, pero únicamente en términos del artículo 236, párrafos primero, cuarto-fracción I y último, del Código Penal para la Ciudad de México [tipo básico de extorción, agravada por la circunstancia de que se hizo creer a la víctima la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada y se utilizó un medio telefónico], así como la probabilidad de que aquél incurriera en la conducta imputada. Por cuanto hace al requisito legal de necesidad de cautela, la responsable estimó que, a partir de la valoración de los hechos materia de la solicitud, el agente del Ministerio Público la justifica tomando en cuenta la posible pena a imponer y, sobre todo, la seguridad de la víctima. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. Frente a lo anterior, la parte quejosa sostiene que la orden de aprehensión reclamada viola en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dice de ninguna manera faculta a las autoridades responsables a coartar su libertad personal fuera de procedimiento judicial. Tal concepto de violación resulta inoperante, pues al margen de que ese artículo no prevé una garantía de libertad absoluta, como parece pretende hacerlo ver la parte quejosa, lo cierto es que no es oponible al acto de molestia que no ocupa, ya que es el fundamento primigenio de la prisión ante autoridad judicial -prisión preventiva- y en el caso se trata de una orden de aprehensión, cuyo régimen de procedencia el constituyente lo estableció en los diversos 14 y 16 de la propia Constitución. Por lo que, a ningún fin práctico conduciría analizar si en el caso existe o no violación al artículo 19 en mención, porque con independencia del resultado, en nada incide en el acto reclamado, cuyo análisis debe necesariamente transitar a la luz de los otros numerales señalados -que incluso son materia de concepto de violación-; de ahí la inoperancia de tal planteamiento. De hecho, en relación con lo anterior, en cuanto al argumento relativo a que la resolución reclamada transgrede lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho concepto de violación, aun suplido en sus deficiencias, resulta infundado. El derecho fundamental a la seguridad jurídica, contenido en los artículos antes citados, parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de las propias disposiciones constitucionales y legales que definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar, cumpliendo con las formalidades del procedimiento y los requisitos de legalidad, principalmente en cuanto que esté fundada y motivada la causa legal de la emisión de sus actos, entendido esto último como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración, además, exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo que en el caso concreto se actualiza, ya que la resolución reclamada se encuentra adecuadamente fundada y motivada, en cuanto a los requisitos constitucionales y legales que debe reunir como todo acto de molestia, además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Veamos: 1. Requisitos constitucionales para el dictado de una orden de aprehensión. El artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Federal, dispone que no podrá librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial competente y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En el caso concreto, los antecedentes previamente narrados, revelan que la orden de aprehensión (1) fue decretada por autoridad judicial competente -el juez responsable es competente por razón de fuero, materia y territorio-, (2) existe denuncia de parte ofendida sobre un hecho que la ley señala como delito y sancionado con pena privativa de libertad -la víctima denunció el delito de extorsión-, así como (3) datos de prueba que establecen que se ha cometido y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Se explica esto último. En el proceso penal acusatorio y oral, el estándar probatorio para el dictado de una orden de aprehensión, se redujo a la referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, pero razonable, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, en esta etapa del proceso, se requiere que, como de hecho acontece en el caso, el Ministerio Público aporte datos idóneos, pertinentes y suficientes para establecer tales extremos. Y en el presente asunto es así, pues la información derivada de los datos de prueba que expuso la representación social, de momento, como lo resuelve el juez responsable, de manera idónea, pertinente y suficiente, establecen razonablemente, el segmento factico planteado, concretamente que el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, bajo la creencia o amenaza de que estaba atendiendo a una exigencia de un grupo notoriamente vinculado a la delincuencia organizada, que vía telefónica le comunicó una persona identificada como José Luis, la víctima de identidad reservada E.D.M. depositó la cantidad de diecisiete mil pesos [$17,000.00 M.N.] a una cuenta bancaria que aquél le proporcionó y consintió la entrega de una camioneta de su propiedad, que condujo hasta un costado de la Central de Abastados, hasta donde llegó . con la intención de llevársela, pero en ese momento fue sorprendido por la propia víctima y vecinos del lugar, logrando su detención y posterior aseguramiento por parte de elementos de seguridad. Segmento fáctico que, se conviene con el juez responsable, efectivamente encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 236, párrafos primero, cuarto-fracción I y último, del Código Penal para la Ciudad de México, que define y sanciona el delito de extorción -en lo que trasciende- como el hecho de que una persona obligue a otra a dar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio patrimonial, agravándose precisamente cuando sea vía telefónica y previa amenaza a la víctima o que se le haga creer sobre la supuesta intervención en el ilícito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada sin ser ello cierto. Veamos lo que dispone tal hipótesis normativa: "CAPÍTULO VI EXTORSIÓN Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil unidades de medida y actualización. . Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo se impondrá de tres a ocho años de prisión, cuando en la comisión del delito: . III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho. Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica y cuando el delito emplee imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo." Encuadramiento -segmento fáctico frente a hipótesis normativa- que se estima constitucionalmente válido, porque el análisis de los datos de prueba en la etapa inicial es sintético y no analítico, esto es, en el tratamiento metódico ante una solicitud de orden de aprehensión, con el objeto de verificar si se actualizan los lineamientos de mérito, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos de la descripción típica, sino que sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Para ello, únicamente debe examinarse el grado de racionabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad, esto es, si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas, así como la ponderación, la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario de aquélla. Incluso, es precisamente por lo que aquí, como lo hace el juez responsable, se pondera en forma armónica el contenido de los antecedentes de investigación propuestos, pues la teoría fáctica del Ministerio Público se sustenta no en un dato de prueba en particular sino en un conjunto de ellos; de hecho, se soporta preponderantemente en lo señalado por la víctima E.D.M., quien narra como viéndose amenazado deposita el dinero y consiente la entrega del vehículo de su propiedad, y que al igual que la testigo A.T.E.G.A., presencia cuando . intentó llevárselo, lo que definitivamente hubiese acontecido sino fuere porque el propio agraviado, con apoyo de vecinos del lugar, logró inmovilizarlo hasta que fue detenido y/o asegurado por los elementos -dos- de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes fueron contestes en este último extremo de la conducta imputada. De ahí que, a criterio de quien resuelve, la imputación al aquí quejoso sí tiene fundamento -incluso, tales datos y circunstancias, de momento, no genera duda sobre que la información aportada se base en suposiciones o especulaciones-, cuenta habida que, dada la etapa procesal en que nos ubicamos, el Ministerio Público no se encuentra obligado a acreditar fehacientemente la intervención del aquí quejoso, sino que es adecuado que, como lo asumió el juez responsable, su argumentación basada en indicios, resulte idónea y suficiente para establecer su participación a título probable en los hechos con apariencia de delitos señalados y, con ello, justificar su aprehensión como forma de conducción al proceso, pues aún se está en la etapa de investigación. Por lo que, en el caso concreto que se analiza, la resolución que ordena la aprehensión reclamada se encuentra ajustada a lo que dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a los requisitos de fondo y forma que debe reunir, además de encontrase lo suficientemente fundada y motivada, exigencia para todo acto de autoridad de molestia, así como cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, pues no se advierte de momento violación alguna al debido proceso. 2. Requisitos legales de procedencia de la orden de aprehensión. El artículo 1412 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público podrá solicitar al juez de control el libramiento de la orden de aprehensión, para conducir a su presencia al imputado, cuando: a) El Ministerio Público advierta la necesidad de cautela; 2 Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. b) La persona contra quien se sigue la investigación, se resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito amerite sanción privativa de libertad; c) El imputado sea declarado sustraído a la acción de la justicia, esto es, que por causa injustificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo; o, d) El imputado incumpla una medida cautelar. En el caso, se advierte que el agente del Ministerio Público, al solicitar ese mandamiento judicial contra el aquí quejoso, invocó la hipótesis referente a que existe necesidad de cautela; para lo que, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. Lo anterior, pues en efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2553, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo." En ese orden, se conviene con el juez de control responsable en cuanto a que el agente del Ministerio Público justifica la necesidad de cautela a partir de la posible pena a imponer, que puede traer consigo la sustracción del imputado de la acción de la justicia, pero sobre todo, a que atiende a salvaguardar la seguridad de la víctima. Lo anterior, reside esencialmente en una evaluación razonable de las circunstancias particulares del caso, de las que se desprende que es posible que exista resistencia a comparecer voluntariamente ante el juez de control, a efecto que le formule imputación, pero sobre todo que se ponga en riesgo la integridad de la víctima y de la testigo directa de los hechos, pues es claro que, en el contexto en que éstos se narran, es posible que se encuentren expuestos frente al imputado. De ahí que, la resolución reclamada, en la parte que justifica la necesidad de cautela, se encuentra lo suficientemente fundada y motivada, pues a partir de una evaluación razonable, a juicio de este juzgador, se encuentra debidamente justificado tal requisito legal, pues la información aportada por la fiscalía permite establecer, de manera inobjetable, los supuestos de procedencia aludidos. Así, lo analizado en el presente considerando, revela que el acto reclamado, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, no es violatorio de lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de lo previsto en el diverso 1º de la propia Carta Magna, pues en su dictado se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento y sobre todo con la regularidad constitucional y legal exigida para su dictado, tanto en aspectos de forma como de fondo. En vía de consecuencia, y al no advertirse algún otro aspecto que deba ser analizado en suplencia de la queja, lo procedente es NEGAR el AMPARO y la PROTECCIÓN de la Justicia de la Unión a .. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo: SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la parte quejosa respecto del acto reclamado y por las razones y en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LAS PARTES. " toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 341/2021; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. El catorce de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo presentada oportunamente por .; tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de la litis. La parte promovente reclama del (1) Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Seis; así como del (2) Jefe General de la Policía de Investigación y (3) del Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia, ambos de la Ciudad de México, respectivamente, la emisión y ejecución de: ? La orden de aprehensión de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, decretada en su contra dentro de la carpeta judicial . del registro de la mencionada Unidad, por el hecho que la ley señala como delito de extorsión agravada. Lo anterior, en el entendido que se tienen por inexistentes las autoridades que identificó en su demanda como "JEFE GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"; "DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN FISCALÍAS CENTRALES DE LA FISCALÍAGENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO"; y, "DIRECTORA DE EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN FISCALÍAS CENTRALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO", al no haber desahogado el apercibimiento decretado en autos para que aclarara o corrigiera su denominación o bien acreditara su existencia. TERCERO. Certeza de actos. El citado juez de control aceptó haber emitido el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial ., orden de aprehensión en contra de ., por el hecho que la ley señala como delito de extorsión agravada; además, remitió diversas documentales [entre ellas, la videograbación de la audiencia relativa] relacionadas con ese expediente y que adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por lo que se tiene plenamente probada su existencia. Mientras que las otras autoridades, si bien negaron su ejecución, lo cierto es que esa negativa se tiene por desvirtuada, dado el carácter de ejecutoras que les reviste y porque el órgano jurisdiccional hizo del conocimiento haberla informado a la representación social para su ejecución. CUARTO. Causas de improcedencia. No se advierte que en el caso se actualice alguna. QUINTO. Estudio. A efecto de contextualizarlo, es menester señalar que de la audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la carpeta judicial en mención, se obtiene en lo que interesa lo siguiente: 1. Solicitud de la orden de aprehensión: El agente del Ministerio Público hizo la petición relativa bajo el argumento de que . participó en el hecho que la ley señalada como delito de extorción agravada en perjuicio de E.D.M. 2. Segmento fáctico señalado: El veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las catorce horas, encontrándose en su domicilio, E.D.M. recibió en su teléfono con terminación 26-22-96, una llamada desde el diverso con numeración ., de una persona que se identificó como José Luis y comandante del ., quien le dijo que lo tenían ubicado y que sabían a que se dedicaba y que manejaba fuertes cantidades de dinero, por lo que le exigió entregara cien mil pesos [$100,000.00 M.N.]; a lo que el pasivo respondió que no tenía esa suma, pero fue reconvenido a que juntara lo que más pudiera. Frente a tal exigencia, E.D.M. logra reunir la cantidad de diecisiete mil pesos [$17,000.00 M.N.], que deposita a una cuenta bancaria que le fue proporcionada por el mismo interlocutor; y, decide pactar con éste la entrega de una camioneta Ford Lobo 2010 -para completar la cantidad exigida-, por lo que el activo de la conducta lo fue guiando hasta un costado de la Central de Abastos, donde dejó el vehículo y sus documentos. A las diecinueve horas con veintiocho minutos, a esa ubicación llegaron dos sujetos en una motocicleta, entre ellos ., quien pretendió llevarse la camioneta, ésta como pago de la extorción de la que fue objeto E.D.M., siendo detenido al igual que su acompañante en el lugar de los hechos, por la propia víctima -que desde que arribó al lugar se mantuvo ahí a la expectativa- y con apoyo de algunos vecinos, resultado lesionado en el evento el aquí quejoso - incluso por disparo de arma de fuego-, hasta que elementos de seguridad pública lo aseguraron, encontrándolo en portación de un arma de fuego, pero como se encontraba herido, fue llevado a un centro hospitalario [cabe precisar que quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien solicitó audiencia inicial para la calificación de legal de la detención e imputación, sin embargo se declaró sin materia precisamente porque no pudo ser presentado ante la autoridad judicial, por ello se solicitó la orden de aprehensión]. 3. Datos de prueba en que soporta: La denuncia de la víctima, las entrevistas de la testigo A.T.E.G.A. y de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: . así como el informe policial homologado por estos signado, que en conjunto dan noticia de las circunstancias comisivas del segmento factico de referencia; además de la cadena de custodia de un arma de fuego, de la camioneta y de la motocicleta, y la impresión diagnostica en materia de psicología de E.D.M., que concluye que éste presenta afectación relacionada con el evento denunciado. 4. Hipótesis normativa preliminar: Delito de extorción previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 236, primero, cuarto, fracciones I y III, y último párrafos, [tipo básico de extorción, agravada por la circunstancia de que participó una persona armada, se hizo creer a la víctima la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada y se utilizó un medio telefónico], agravada por la figura de pandilla de conformidad con el diverso 252, ambos del Código Penal para la Ciudad de México. 5. Necesidad de cautela: Se hace valer el riesgo fundado para la víctima y su familia, así como el riesgo de sustracción de la acción de la justicia atendiendo a la penalidad de la conducta que se le atribuye al imputado. 6. Consideraciones que sustentan la determinación judicial. Habiendo escuchado a la fiscalía y al considerar colmados los requisitos constitucionales y legales exigidos, el juez responsable libró orden de aprehensión en contra de . al considerar que la información que aportan los datos de prueba referenciados, a su juicio, en el momento procesal de que se trata, corrobora el segmento fáctico y la hipótesis normativa planteada como extorción agravada, pero únicamente en términos del artículo 236, párrafos primero, cuarto-fracción I y último, del Código Penal para la Ciudad de México [tipo básico de extorción, agravada por la circunstancia de que se hizo creer a la víctima la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada y se utilizó un medio telefónico], así como la probabilidad de que aquél incurriera en la conducta imputada. Por cuanto hace al requisito legal de necesidad de cautela, la responsable estimó que, a partir de la valoración de los hechos materia de la solicitud, el agente del Ministerio Público la justifica tomando en cuenta la posible pena a imponer y, sobre todo, la seguridad de la víctima. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. Frente a lo anterior, la parte quejosa sostiene que la orden de aprehensión reclamada viola en su perjuicio la garantía consagrada en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dice de ninguna manera faculta a las autoridades responsables a coartar su libertad personal fuera de procedimiento judicial. Tal concepto de violación resulta inoperante, pues al margen de que ese artículo no prevé una garantía de libertad absoluta, como parece pretende hacerlo ver la parte quejosa, lo cierto es que no es oponible al acto de molestia que no ocupa, ya que es el fundamento primigenio de la prisión ante autoridad judicial -prisión preventiva- y en el caso se trata de una orden de aprehensión, cuyo régimen de procedencia el constituyente lo estableció en los diversos 14 y 16 de la propia Constitución. Por lo que, a ningún fin práctico conduciría analizar si en el caso existe o no violación al artículo 19 en mención, porque con independencia del resultado, en nada incide en el acto reclamado, cuyo análisis debe necesariamente transitar a la luz de los otros numerales señalados -que incluso son materia de concepto de violación-; de ahí la inoperancia de tal planteamiento. De hecho, en relación con lo anterior, en cuanto al argumento relativo a que la resolución reclamada transgrede lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho concepto de violación, aun suplido en sus deficiencias, resulta infundado. El derecho fundamental a la seguridad jurídica, contenido en los artículos antes citados, parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de las propias disposiciones constitucionales y legales que definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar, cumpliendo con las formalidades del procedimiento y los requisitos de legalidad, principalmente en cuanto que esté fundada y motivada la causa legal de la emisión de sus actos, entendido esto último como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración, además, exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo que en el caso concreto se actualiza, ya que la resolución reclamada se encuentra adecuadamente fundada y motivada, en cuanto a los requisitos constitucionales y legales que debe reunir como todo acto de molestia, además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Veamos: 1. Requisitos constitucionales para el dictado de una orden de aprehensión. El artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Federal, dispone que no podrá librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial competente y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En el caso concreto, los antecedentes previamente narrados, revelan que la orden de aprehensión (1) fue decretada por autoridad judicial competente -el juez responsable es competente por razón de fuero, materia y territorio-, (2) existe denuncia de parte ofendida sobre un hecho que la ley señala como delito y sancionado con pena privativa de libertad -la víctima denunció el delito de extorsión-, así como (3) datos de prueba que establecen que se ha cometido y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Se explica esto último. En el proceso penal acusatorio y oral, el estándar probatorio para el dictado de una orden de aprehensión, se redujo a la referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, pero razonable, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, en esta etapa del proceso, se requiere que, como de hecho acontece en el caso, el Ministerio Público aporte datos idóneos, pertinentes y suficientes para establecer tales extremos. Y en el presente asunto es así, pues la información derivada de los datos de prueba que expuso la representación social, de momento, como lo resuelve el juez responsable, de manera idónea, pertinente y suficiente, establecen razonablemente, el segmento factico planteado, concretamente que el veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, bajo la creencia o amenaza de que estaba atendiendo a una exigencia de un grupo notoriamente vinculado a la delincuencia organizada, que vía telefónica le comunicó una persona identificada como José Luis, la víctima de identidad reservada E.D.M. depositó la cantidad de diecisiete mil pesos [$17,000.00 M.N.] a una cuenta bancaria que aquél le proporcionó y consintió la entrega de una camioneta de su propiedad, que condujo hasta un costado de la Central de Abastados, hasta donde llegó . con la intención de llevársela, pero en ese momento fue sorprendido por la propia víctima y vecinos del lugar, logrando su detención y posterior aseguramiento por parte de elementos de seguridad. Segmento fáctico que, se conviene con el juez responsable, efectivamente encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 236, párrafos primero, cuarto-fracción I y último, del Código Penal para la Ciudad de México, que define y sanciona el delito de extorción -en lo que trasciende- como el hecho de que una persona obligue a otra a dar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio patrimonial, agravándose precisamente cuando sea vía telefónica y previa amenaza a la víctima o que se le haga creer sobre la supuesta intervención en el ilícito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada sin ser ello cierto. Veamos lo que dispone tal hipótesis normativa: "CAPÍTULO VI EXTORSIÓN Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil unidades de medida y actualización. . Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo se impondrá de tres a ocho años de prisión, cuando en la comisión del delito: . III. Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho. Asimismo, las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica y cuando el delito emplee imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo." Encuadramiento -segmento fáctico frente a hipótesis normativa- que se estima constitucionalmente válido, porque el análisis de los datos de prueba en la etapa inicial es sintético y no analítico, esto es, en el tratamiento metódico ante una solicitud de orden de aprehensión, con el objeto de verificar si se actualizan los lineamientos de mérito, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos de la descripción típica, sino que sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Para ello, únicamente debe examinarse el grado de racionabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad, esto es, si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas, así como la ponderación, la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario de aquélla. Incluso, es precisamente por lo que aquí, como lo hace el juez responsable, se pondera en forma armónica el contenido de los antecedentes de investigación propuestos, pues la teoría fáctica del Ministerio Público se sustenta no en un dato de prueba en particular sino en un conjunto de ellos; de hecho, se soporta preponderantemente en lo señalado por la víctima E.D.M., quien narra como viéndose amenazado deposita el dinero y consiente la entrega del vehículo de su propiedad, y que al igual que la testigo A.T.E.G.A., presencia cuando . intentó llevárselo, lo que definitivamente hubiese acontecido sino fuere porque el propio agraviado, con apoyo de vecinos del lugar, logró inmovilizarlo hasta que fue detenido y/o asegurado por los elementos -dos- de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes fueron contestes en este último extremo de la conducta imputada. De ahí que, a criterio de quien resuelve, la imputación al aquí quejoso sí tiene fundamento -incluso, tales datos y circunstancias, de momento, no genera duda sobre que la información aportada se base en suposiciones o especulaciones-, cuenta habida que, dada la etapa procesal en que nos ubicamos, el Ministerio Público no se encuentra obligado a acreditar fehacientemente la intervención del aquí quejoso, sino que es adecuado que, como lo asumió el juez responsable, su argumentación basada en indicios, resulte idónea y suficiente para establecer su participación a título probable en los hechos con apariencia de delitos señalados y, con ello, justificar su aprehensión como forma de conducción al proceso, pues aún se está en la etapa de investigación. Por lo que, en el caso concreto que se analiza, la resolución que ordena la aprehensión reclamada se encuentra ajustada a lo que dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a los requisitos de fondo y forma que debe reunir, además de encontrase lo suficientemente fundada y motivada, exigencia para todo acto de autoridad de molestia, así como cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, pues no se advierte de momento violación alguna al debido proceso. 2. Requisitos legales de procedencia de la orden de aprehensión. El artículo 1412 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público podrá solicitar al juez de control el libramiento de la orden de aprehensión, para conducir a su presencia al imputado, cuando: a) El Ministerio Público advierta la necesidad de cautela; 2 Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. b) La persona contra quien se sigue la investigación, se resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito amerite sanción privativa de libertad; c) El imputado sea declarado sustraído a la acción de la justicia, esto es, que por causa injustificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo; o, d) El imputado incumpla una medida cautelar. En el caso, se advierte que el agente del Ministerio Público, al solicitar ese mandamiento judicial contra el aquí quejoso, invocó la hipótesis referente a que existe necesidad de cautela; para lo que, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. Lo anterior, pues en efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2553, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo." En ese orden, se conviene con el juez de control responsable en cuanto a que el agente del Ministerio Público justifica la necesidad de cautela a partir de la posible pena a imponer, que puede traer consigo la sustracción del imputado de la acción de la justicia, pero sobre todo, a que atiende a salvaguardar la seguridad de la víctima. Lo anterior, reside esencialmente en una evaluación razonable de las circunstancias particulares del caso, de las que se desprende que es posible que exista resistencia a comparecer voluntariamente ante el juez de control, a efecto que le formule imputación, pero sobre todo que se ponga en riesgo la integridad de la víctima y de la testigo directa de los hechos, pues es claro que, en el contexto en que éstos se narran, es posible que se encuentren expuestos frente al imputado. De ahí que, la resolución reclamada, en la parte que justifica la necesidad de cautela, se encuentra lo suficientemente fundada y motivada, pues a partir de una evaluación razonable, a juicio de este juzgador, se encuentra debidamente justificado tal requisito legal, pues la información aportada por la fiscalía permite establecer, de manera inobjetable, los supuestos de procedencia aludidos. Así, lo analizado en el presente considerando, revela que el acto reclamado, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, no es violatorio de lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de lo previsto en el diverso 1º de la propia Carta Magna, pues en su dictado se cumplen con las formalidades esenciales del procedimiento y sobre todo con la regularidad constitucional y legal exigida para su dictado, tanto en aspectos de forma como de fondo. En vía de consecuencia, y al no advertirse algún otro aspecto que deba ser analizado en suplencia de la queja, lo procedente es NEGAR el AMPARO y la PROTECCIÓN de la Justicia de la Unión a .. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo: SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la parte quejosa respecto del acto reclamado y por las razones y en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que el juicio de amparo 341/2021 del índice de este órgano de control constitucional, se encuentra con audiencia celebrada y pendiente de que se emita la sentencia correspondiente; por tanto, ya que se recibió una promoción dirigida a dicho sumario, se ordenó formar este cuadernillo. Seguidamente, glósese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual su titular solicita diversas constancias relativas a este expediente; remítase a la autoridad oficiante las copias que solicita vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin que haya necesidad de requerir el acuse respectivo, pues como tal se tendrá la constancia que dicho sistema genere; asimismo, hágasele saber que el presente juicio de amparo se encuentra con audiencia celebrada y pendiente de que se emita la sentencia correspondiente. Notifíquese.

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