José Alfredo Nájera Gutiérrez

Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
26/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • José Alfredo Nájera Gutiérrez
  • José Alfredo Nájera Gutiérrez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Como esta ordenado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que al haberse negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.L´lgwm

  3. Principal

    Visto para resolver el Juicio de Amparo 26/2021-I-B, promovido por José Alfredo Nájera Gutiérrez, contra actos del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Capital, y otras autoridades; y, R e s u l t a n d o: Primero. Que mediante escrito recibido en Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el quince de enero de dos mil veintiuno y turnado a este juzgado el día siguiente, José Alfredo Nájera Gutiérrez, promovió juicio de amparo, contra actos de la autoridad, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Capital, y otras autoridades, a quienes les reclama: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: En mi calidad de tercero extraño, reclamo del SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, sito en Chihuahua capital, la resolución emitida el pasado 9 de noviembre de 2020 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el día 3 de diciembre de 2020, por lo que ordena la cancelación de mi concesión identificada con el siguiente consecutivo: 3612006786; así como la falta de notificación al procedimiento de donde deriva esa determinación. De las diversas responsables reclamo la inminente ejecución de dicha orden de cancelación de concesión de la cual el suscrito soy titular." Segundo. Por auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 26/2021-I-B; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o: Primero. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que es en el lugar en que ejerce Jurisdicción este Juzgado Federal, en donde se aplicara a la parte quejosa el acto materia de reclamo. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tomando en consideración los datos que emanan de la demanda de derechos fundamentales y de la totalidad de las constancias del juicio de amparo en que se actúa, procede a precisar los actos reclamados, los cuales son: La resolución de nueve de noviembre de dos mil veinte, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, mediante la cual se ordenó la cancelación de la concesión 3612006786, así como la falta de notificación al procedimiento de donde deriva esa determinación. Así como su inminente ejecución Actos impugnados de inconstitucionales, que se advierten del contenido íntegro de la demanda de derechos fundamentales, la cual constituye un todo, atento a lo expuesto en los capítulos de actos reclamados, antecedentes, preceptos constitucionales violados y conceptos de violación que la peticionaria narra en tal demanda. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Tercero. Del contenido del informe justificado rendidos por el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología se advierte que negó la existencia del acto reclamado, sin embargo debe decirse que dicha negativa se encuentra desvirtuada, en virtud de que emitió la resolución materia del reclamo, mediante la cual se ordenó la cancelación de la concesión 3612006786, de ahí que se tengan como ciertos los actos materia del reclamo, pues así se advierte del análisis efectuado a su informe justificado, por tanto, es que se tiene como cierto el acto materia del reclamo. Por su parte, el Director de Transporte del Estado y la Jefa del Departamento de Transporte, negaron la existencia de los actos que se les reclama, sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada, en razón de que el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, emitió la resolución mediante la cual se ordenó la cancelación de la concesión 3612006786, de ahí que se tengan por ciertos los actos que se les atribuye a dichas autoridades responsables. Finalmente, el Coordinador General de Seguridad Vial, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante que fue debidamente notificado para que lo rindiera, por lo que se presumen como ciertos los actos que se le reclaman, aunado a ello, el que se tuvo como cierto el acto atribuido al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, por tanto, es jurídicamente factible que ejecute los actos materia del reclamo. De lo anterior se advierte la certeza del acto reclamado, en específico la resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se ordenó la cancelación de la concesión 3612006786, misma que fue publicada mediante el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, el dos de diciembre de dos mil veinte, circunstancia ésta que se acredita con la documental que a la demanda de amparo anexó la parte quejosa, relativa al resolución en comento, misma que se advierte que fue publicada en la fecha en mención; de ahí que se tengan por ciertos los referidos actos. Lo cual, desde luego, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. Cuarto. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio, porque constituye un aspecto jurídico que, al ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al respecto, cabe destacar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, al exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al efecto, se invoca la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sentado lo anterior, se advierte que en este asunto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" En la norma citada se encuentra consagrado el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo por cuanto hace a los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues si uno de éstos constituye el acto reclamado y en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, debe agotarse esa instancia antes de acudir a la vía constitucional, para así respetar aquel principio que implica que el juicio de amparo sólo sea admisible contra actos definitivos. En efecto, el dispositivo transcrito establece lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia invocada requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; d) Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . IV.-En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" Como se advierte, el citado precepto es claro al establecer que en materia administrativa el amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes, se suspendan los efectos de dichos actos, ya sea de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. Dicha suspensión deberá contar con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. La norma constitucional dispone como excepción, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios ha determinado que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, estipule, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Asimismo, ha sostenido como excepciones al principio de definitividad, cuando se reclaman: 1. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan; 2. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la ley de amparo, para suspender su ejecución. 3. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Ley de Amparo establece respecto al tema que nos ocupa, las siguientes excepciones: 1. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. 2. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como lo son entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. 3. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. 4. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. Dicho criterio tuvo lugar con motivo de la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2000, página 156, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Por su parte, la quejosa refiere en su escrito de demanda que se actualizan como excepciones al principio de definitividad, las siguientes: a) Refiere que no está obligada agotar el recurso de inconformidad previsto en el artículo 174 y siguientes de la Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, porque exige mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. b) Señala que el artículo 178 de la Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, tiene dos exigencias más que las que establece la Ley de Amparo, las citadas en las fracciones III y V, del referido numeral, es decir, que no se trate de infracciones reincidentes y que se garantice el importe de las multas impuestas. Así, refiere la quejosa, que es evidente que se surten las excepciones al principio de definitividad previstas en la fracción XX, del artículo 61 de la ley de la materia. Ahora, como se adelantó, el acto reclamado resulta ser la resolución de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictada en el procedimiento de cancelación de concesiones (previsto en el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, vigente) instaurado en contra del aquí quejoso, en la que se determinó la cancelación de la concesión para la prestación de servicio de transporte público número 3612006786. Precisado lo anterior, en el caso, tenemos que se actualiza la causa de improcedencia invocada y no se da ninguna excepción al principio de definitividad, en virtud de lo siguiente: I. Los actos reclamados fueron emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en atención a que los actos reclamados se atribuyen a autoridades administrativas, a saber, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Director de Transporte del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de Chihuahua, Capital; Jefe del Departamento de Transporte y Coordinador General de Seguridad Vial, de esta ciudad. II. Los actos reclamados son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, con fundamento en el artículo 3, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, que señala: "CAPÍTULO II DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) X. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. (.)" III. En efecto, a través del juicio contencioso administrativo previsto en la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Chihuahua, pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. Así, el artículo 60, de la referida Ley, señala -en esencia- que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, o declarar la nulidad de la resolución impugnada, ya sea de manera lisa y llana o para los efectos previstos por esa norma. IV. El Capítulo IV "De las medidas cautelares", artículo 31, en relación con el diverso numeral 36, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, establece, regula y permite la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo. V. La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua: Ley de Amparo Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 36, fracción III, inciso c). 24 horas (artículo 112). Requisitos: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 36, fracción I). -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo para rendir informe: 48 horas (artículo 36, fracción III, inciso d). 48 horas (artículo 138, fracción III). < Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 36, fracción III, inciso a). En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130). Además, debe indicarse que el artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución del acto impugnado; criterio jurisprudencial que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." (Registro digital: 2004553, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Tesis: 2a./J. 130/2013 (10a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página 1446, Tipo: Jurisprudencia) Bajo esa óptica, son infundadas las excepciones del principio de definitividad que refiere la quejosa en su demanda, mismas que fueron sintetizadas en los incisos a) y b), de la presente resolución, en las que en esencia refiere que el recurso de inconformidad previsto en el artículo 174 y siguientes de la Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, exige mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, tiene más limitados los alcances de la suspensión del acto reclamado y que la suspensión solo puede solicitarse al momento de interponer dicho recurso, sin que de su regulación se advierta que puede solicitarse en momento posterior, lo cual es contrario a lo previsto a en la Ley de Amparo, respecto de la suspensión del acto reclamado. Lo anterior, es así, dado que el acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua y no mediante el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, el cual, como ya quedó asentado líneas atrás no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. VI. No existe excepción al principio de definitividad, en razón de lo siguiente: a) Los actos administrativos respecto de los cuales la ley que los rige exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. No se actualiza porque, como ha quedado ya expuesto, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos impugnados. Además, la circunstancia de que el acto pueda ser de imposible reparación, no es obstáculo para la improcedencia en estudio; toda vez que los medios de defensa ordinarios que tiene a su alcance el accionante de amparo, así como la suspensión de la que dispone al interponer el juicio administrativo, es idóneo, trayendo a su análisis la tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." b) Actos o resoluciones respecto de los cuales la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. No se actualiza la excepción porque, como ya se dijo, el Capítulo IV "De las medidas cautelares", artículo 31, párrafo segundo, en relación con el diverso numeral 36, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo. c) Los actos que carezcan totalmente de fundamentación. No se actualiza la excepción, porque del estudio integral de la demanda se desprende que la verdadera intención de la parte quejosa fue reclamar, entre otras cuestiones, que el acto reclamado fue indebidamente fundado y motivado, y no así que carece de fundamentación, lo que se corrobora con la lectura de la resolución impugnada, pues de su contenido se evidencia que la autoridad sí invocó los fundamentos legales y expuso los argumentos por los que consideró que tales preceptos resultaban aplicables, sin embargo, el quejoso alega que esos fundamentos y motivos son insuficientes. Sin embargo, la indebida fundamentación no constituye una excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. d) Los actos en que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. En la especie, no se reclaman únicamente violaciones directas a la Constitución Federal, sino también a ordenamientos secundarios, como lo son la Ley de Transporte y el Código Administrativo, ambos del Estado de Chihuahua. A mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la parte quejosa, debe, antes de promover el juicio de amparo, agotar el juicio establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales, no releva al afectado de la obligación de agotar el principio de definitividad, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el sólo hecho de señalar violaciones a la carta magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Apoya lo antes expuesto, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de DEFINITIVIDAD, SEGÚN EL CUAL ESTE JUICIO, QUE ES UN PROCEDENTE, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN QUE LA MISMA CONSTITUCIÓN Y LA LEY DE AMPARO PRECISAN, Y, CON BASE EN AMBAS, ESTA SUPREMA CORTE EN SU JURISPRUDENCIA, CUANDO SE HAYAN AGOTADO PREVIAMENTE LOS RECURSOS QUE LA LEY DEL ACTO HAYA INSTITUIDO PRECISAMENTE PARA LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, NO HAY RAZÓN PARA PRETENDER QUE, POR EL HECHO DE QUE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE ADUZCA, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, NO DEBA AGOTARSE EL RECURSO ORDINARIO, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. EL QUEJOSO DEBE, PUES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AGOTAR EL RECURSO ESTABLECIDO POR LA LEY DE LA MATERIA, PUES LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN LA DEMANDA DE AMPARO SE HAGA REFERENCIA A VIOLACIONES DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES NO RELEVA AL AFECTADO DE LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR, EN LOS CASOS EN QUE PROCEDA, LOS RECURSOS QUE ESTATUYE LA LEY ORDINARIA QUE ESTIMA TAMBIÉN INFRINGIDA, PUES DE LO CONTRARIO IMPERARÍA EL ARBITRIO DEL QUEJOSO, QUIEN, POR EL SOLO HECHO DE SEÑALAR VIOLACIONES A LA CARTA MAGNA, PODRÍA OPTAR ENTRE ACUDIR DIRECTAMENTE AL JUICIO DE AMPARO O AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS de defensa que la ley secundaria establezca." -lo resaltado corresponde a este órgano Colegiado." (Registro digital: 237480, Instancia: Segunda Sala, Séptim a Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 175-180, Tercera Parte, página 119, Tipo: Jurisprudencia) e) Los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. No se actualiza la excepción porque el juicio contencioso administrativo está previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, y no en un reglamento. Ahora bien, la autoridad responsable al dictar la resolución que en esta vía se impugna señaló que esa resolución es definitiva, en contra de la cual procede el recurso de inconformidad, lo cierto es que bastaba con imponerse del contenido del artículo 3, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, para advertir su procedencia, pues se insiste, el acto reclamado, resulta ser la resolución de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictada en el procedimiento de cancelación de concesiones (previsto en el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, vigente) instaurado en contra del aquí quejoso, en la que se determinó la cancelación de la concesión para la prestación de servicio de transporte público número 3612006786, de ahí que de conformidad con el citado precepto legal, se actualizaba la procedencia del juicio ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, al tratarse de una resolución dictada por las autoridades administrativas que puso fin al procedimiento administrativo, independientemente de su definitividad, pues eso no condicionaba su procedencia. Máxime que el juicio contencioso administrativo está previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, y no en un reglamento, por lo que era necesario acudir a dicha normativa, para verificar su procedencia. d) La parte accionante de amparo reclame la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22, constitucional. Aunado a ello, es preciso destacar que tampoco se advierte que la parte accionante de amparo reclame la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22, constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. e) La parte quejosa sea tercero extraño al procedimiento. Sin que pase inadvertido para este juzgado que la parte quejosa aduzca ser tercero extraño al procedimiento, virtud a que de las constancias remitidas por la parte quejosa, en específico la resolución de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictada por la autoridad responsable, se tiene que tuvo conocimiento del procedimiento de referencia e inclusive compareció al mismo. Circunstancia que además se corrobora de la transcripción del acto reclamado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el dos de diciembre de dos mil veinte, y que se cita por ser un hecho notorio para este tribunal en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º; cuya parte conducente se transcribe para mayor claridad: "(.) 3.- El día 28 de septiembre de 2020, comparece mediante escrito el señor JOSÉ ALFREDO NÁJERA GUTIÉRREZ, por lo que mediante dicho escrito manifestó sus alegatos y ofreció como pruebas (.) De ahí a que contrario a lo aducido por la quejosa, queda desvirtuado el carácter de tercera extraño al procedimiento, y como consecuencia, no se da la excepción al principio de definitividad. Por todo lo anterior, este juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra del acto que por esta vía reclama el accionante de amparo, está legitimado para instar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua; por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligado a cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues no opera alguna de las excepciones planteadas. Al respecto, se cita la tesis aislada 2a. LVI/2000, visible en la página 156, del tomo XII, correspondiente al mes de julio de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Asimismo, se cita en lo conducente la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al efecto establece lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo a anularlo." Así también, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 765, tomo XVIII, correspondiente a noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo criterio es del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Debe tomarse en cuenta que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, establece que el juicio se promoverá, una vez agotados los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén para combatir el acto de autoridad reclamado en la vía constitucional. Con este principio se busca que el acto de autoridad a reclamar en la vía de amparo, tenga el carácter de definitivo. Es aplicable la tesis que se cita enseguida: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Época: Novena Época. Registro: 187016. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002. Materia(s): Común. Tesis: I.6o.C. J/37. Página: 902) La presente resolución no vulnera en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el alcance de la protección de derechos humanos no puede llegar al extremo de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Apoya a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." (Registro digital: 2005717, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 10/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, Tipo: Jurisprudencia) Cabe indicar que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencian en la ciudad de Chihuahua, Capital, sostuvo un criterio similar al expuesto en la presente sentencia, al resolver el recurso de queja administrativo 187/2020 en sesión de ocho de febrero del año en curso. No representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con la presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las responsables y la parte quejosa, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, ya que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Encuentra apoyo el aserto anterior en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Página 544, Octava Época, Registro 211352, del tenor literal siguiente: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." En ese contexto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, cabe precisar que algunos de los criterios judiciales anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, citados en esta sentencia, son aplicables al caso concreto y resulta factible invocarlos, pues no se oponen a las prevenciones contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, por tanto, se está acorde, en lo conducente con lo dispuesto en el transitorio sexto de la invocada legislación, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a las disposiciones actuales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el presente Juicio de Amparo promovido por José Alfredo Nájera Gutiérrez, de conformidad con el último considerando de esta resolución. N o t i f í q u e s e. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y atendiendo a que en el presente asunto, se señalaron las quince horas con veinte minutos del día de hoy, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, en virtud de que el Secretario de Juzgado, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, fue designado en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad médica del titular de este Juzgado, por lo que, para evitar una posible reposición del procedimiento en el presente juicio de amparo, se difiere por única ocasión la presente audiencia constitucional, señalada para el día de hoy, y se fijan en su lugar las QUINCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Tiene aplicación al respecto, la tesis número XV.2o.11 K, que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 433, del Tomo V, Enero de 1997, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CARECE DE VALIDEZ LA SENTENCIA EMITIDA EN LA, SI FUE DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO SIN LA AUTORIZACION FORMAL Y EXPRESA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Acorde con los artículos 43, 81, fracción XXII, y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es atribución del Consejo de la Judicatura Federal, el autorizar a los secretarios de los Juzgados de Distrito para desempeñar las funciones de Jueces de Distrito, en las ausencias temporales de los titulares, y cuando un Juez de Distrito falte por un término menor de quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, y si la ausencia del Juez es superior a quince días, será el Consejo de la Judicatura Federal quien autorizará al correspondiente secretario o designará a la persona que deba sustituirlo durante su ausencia, entre tanto, el secretario se encargará del despacho pero sin resolver en definitiva. En tales condiciones, el fallo en definitiva del juicio de garantías, no constituye un acto de mero trámite que pueda dictar el secretario sin la autorización formal y expresa del Consejo de la Judicatura Federal, que obre en autos, en el supuesto de la ausencia temporal del Juez, inferior a quince días, y por otra parte, se encuentra específicamente impedido el funcionario que actúa, para dictar la sentencia de amparo, por lo que la contravención a las disposiciones citadas primeramente, conduce a la reposición del procedimiento." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- Así lo proveyó y firma el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, de conformidad, con lo que establece el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad medica del titular, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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