José Alfredo May Dzib
Expediente 2290/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2290/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Alfredo May Dzib
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se realizó a las partes por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el día dieciocho de noviembre siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión relativo, es DESTRUÍBLE, en virtud de que se negó la medida cautelar en el mismo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que el presente sumario coincide en su totalidad con el expediente electrónico, hasta el treinta de noviembre del dos mil veintidós. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que solo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 2290/2022-V-B, promovido por , en contra de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, turnado el veintidós siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció , solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó de las siguientes autoridades responsables: 1. COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO DE VALLADOLID, EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CONFORMADO POR SU PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, con residencia en Valladolid, Yucatán. 2. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, con residencia en esta ciudad; y, 3. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, con residencia en Valladolid, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en primer término, por los motivos ahí expuestos, se desechó parcialmente la demanda de que se trata, por lo que hace al acto reclamado a la autoridad responsable COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO DE VALLADOLID, EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CONFORMADO POR SU PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, con residencia en Valladolid, Yucatán. Por otro lado, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto a las restantes autoridades responsables; se solicitó su informe justificado; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los numerales 35 y 37 de la Ley de la materia, 49, en relación con el numeral 56 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: La orden de arresto y/o detención y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: 1) SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, con residencia en esta ciudad (22113). 2) DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, con residencia en Valladolid, Yucatán (23752). Ello, pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que, a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por , contra los actos de las autoridades responsables precisadas en esta sentencia, por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, donde se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de once de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se efectuó a la parte quejosa personalmente el día catorce de octubre siguiente, sin que a la fecha se hubiese desahogado la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Por sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil veintidós, en su primer punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ANTONINO ALMAZÁN ARTEAGA, en contra de los actos reclamados al Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, para el efecto de que: ". las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen las gestiones necesarias, a fin de que de inmediato concluyan el procedimiento correspondiente a la solicitud de mérito. Así como para que, en breve término, sea puesto a disposición el título de propiedad respectivo al promovente, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado, caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de las responsables dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncien en determinado sentido". Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo. Seguidos los trámites de ejecución, mediante oficio número RAN/YUC/SR/DJ/4059/2022, la jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede esta ciudad, en ausencia de la encargada del Despacho de dicha Delegación, informó y acreditó que a fin de concluir el procedimiento correspondiente a la solicitud 31190005517, puso a disposición de la aquí parte quejosa, el título de propiedad de origen parcelario número 1005647, señalando las doce horas con treinta minutos del día veintiuno de octubre del año en curso, para hacerle entrega del mismo. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables se encontraban obligadas a realizar dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones, las gestiones necesarias, a fin de que de inmediato concluyan el procedimiento relativo y en breve término sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir inconveniente legal alguno justificado; lo que así hicieron y acreditaron. No se contrapone a lo anteriormente acordado el hecho de que no obren en autos los informes de las autoridades responsables residentes en la Ciudad de México, pues como se advierte de las constancias que obran en este juicio, ya fue emitido y puesto a disposición el título de propiedad de la parcela que constituyó el acto de molestia del que se quejó el promovente; pues para que dicho certificado pudiera se generado, obviamente tuvieron que cumplir aquellas con las funciones que les corresponden, analizadas y señaladas como directrices en el fallo constitucional. Por tanto, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulneradas, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en donde en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente coincide en su totalidad con el electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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