Jose Alfredo Martinez Garcia
Expediente 581/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Alfredo Martinez Garcia
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del acuerdo dictada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la constancia de notificación practicada al quejoso José Alfredo Martínez García, el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en el lugar de su reclusión (Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla), se advierte que el Actuario judicial requirió al citado quejoso para que expresara sí era su deseo ratificar o no el escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintiocho de junio pasado, señalando el peticionario del amparo que sí ratifica la firma y contenido del aludido escrito, en el cual se desiste del presente juicio de amparo. Atento lo anterior, se concluye que ha operado la causa de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional. Tienen aplicación a lo anterior, las tesis emitidas respectivamente por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto se citan a continuación: DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo SOBRESEIMIENTO, POR DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO. Si el quejoso en un juicio de amparo se desiste expresamente de él, ratificando legalmente el escrito correspondiente, procede sobreseer en el juicio uniinstancial de que se trata, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con cuarenta minutos del veinte de julio de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso ********************, y Jordan Bernabé Manilla, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del citado quejoso, a través del cual manifiesta la referida parte procesal que se desiste de la demanda de derechos fundamentales promovida, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso ********************, para que manifieste si ratifica o no el escrito de cuenta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado su ocurso y se continuará con el procedimiento del presente juicio. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 295, Tomo XXIV, de Agosto de 2006, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y contenido son: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. Ahora bien, en atención a que el quejosos de mérito se encuentran recluido en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario judicial adscrito a este juzgado a fin de que se constituya en el referido centro penitenciario, y requiera al quejoso *** a fin de que manifieste si ratifica o no el escrito de cuenta, mediante el cual se desiste del presente juicio de amparo, mostrándole copia del mismo, apercibiéndolo que para el caso de no hacerlo se tendrá por no presentada dicha promoción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio CUMP. 658-3 relativo al acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dirigido a la autoridad que la parte quejosa señaló como Juzgado Penal de Tenosique, en el Estado de Tabasco con la leyenda "cambio de dirección (no existe en este municipio)", sin embargo, de las constancias que integran el controvertido en que se actúa, se advierte que la referida autoridad responsable fue emplazada al presente sumario constitucional en dicho domicilio (foja 35) sin que haya informado su cambio de residencia; por lo tanto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tiene por hecha la notificación del acuerdo citado de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro que a continuación se citan: NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo.
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