Jose Alfredo Martinez Castro
Expediente 1012/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1012/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Alfredo Martinez Castro
- Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el que remite testimonio de la resolución dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 268/2019, en la que se resolvió: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja, interpuesto en contra del auto de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve en el juicio de amparo indirecto 1012/2019, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con base en los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de esta resolución." Comuníquese la determinación anterior, y como lo solicita la Superioridad, acúsese el recibo de estilo. En consecuencia, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto décimo primero, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental para su archivo, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia ni contra el ambiente y la gestión ambiental; además de que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica y no contiene información reservada. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó Jacobo Jaimes Brito, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del artículo 161, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de octubre de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/5252/2019 de esa fecha), ante Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
...Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Décimo Octavo Circuito, comunica se admite el recurso de queja promovido por el quejoso en contra del auto que tuvo por desechada su demanda de amparo...
- Principal
En nueve de agosto de dos mil diecinueve, el Secretario da cuenta con el escrito registrado con el número de folio 15084.- Conste.Cuernavaca, Morelos, nueve de agosto de dos mil diecinueve.Por recibido el escrito del quejoso José Alfredo Martínez Castro, por propio derecho y en su carácter de Director Operativo de la Policía Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos, mediante el cual refiere interponer recurso de queja en contra del acuerdo que desechó la presente demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra de la determinación de treinta y uno de julio de la presente anualidad, por la que se desechó la demanda de amparo. Finalmente, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito en turno en el Estado de Morelos, copia certificada del auto recurrido, el informe sobre la materia de la queja, así como de las demás constancias necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Por cuanto al domicilio que indica para los efectos de oír y recibir notificaciones, dígasele que se esté a lo acordado en auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida treinta y uno de julio de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por José Alfredo Martínez Castro, por sí y en su carácter de Director Operativo de la Policía Preventiva Municipal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Cuautla, Morelos, contra actos del Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y otra. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "".la orden para hacer efectiva la MULTA IMPUESTA EQUIVALENTE A DIEZ UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, Y TODAS LAS QUE EMANEN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR ORDENAR SE EJECUTEN, mismas que me notificada A TRAVES DEL REQUERIMIENTO DE PAGO en fecha 10 de julio de 2019, por motivo de un supuesto desacato en cumplimiento a la Sentencia Definitiva de fecha 13 de marzo de 2018, y a la resolución de fecha 7 de marzo de 2019 emitidas dentro del expediente TJA/1ªS/8517.". No obstante, se precisa que de las constancias que anexa a su demanda se advierte que el auto donde se le impone la multa que refiere es el del siete de marzo de dos mil diecinueve. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el ordinal 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que es del contenido siguiente: El referido artículo de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La disposición transcrita, establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, el amparo será improcedente o inoperante el concepto de violación. Este principio, aunque tiene varias excepciones, es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos, de modo que para acudir a él, es necesario promover en la vía ordinaria conducente, los recursos que procedan. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". De la simple lectura de la fracción transcrita, así como del criterio jurisprudencial citado, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia los siguientes: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto legal. De lo anterior se colige que, el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. El principio de definitividad encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, por lo que el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias para obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, salvo los casos de excepción previstos en la ley y la jurisprudencia. Luego, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que el inconforme, previo al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, por virtud del cual éste pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el precitado artículo 61, fracción XVIII. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, está condicionado a que se agote, sin distinción alguna, el recurso o medio de defensa que la ley que rija el acto establezca en contra del acto de autoridad que se estime lesivo a las garantías individuales o derechos humanos del impetrante, consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. En efecto, los artículos 98, 104 y 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos indican: "Artículo 98. Se establecen los recursos de queja, reconsideración y excitativa". "Artículo 104. El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala". "Artículo 105. El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de notificación de la actuación impugnada, expresando los agravios que dicha actuación cause al recurrente". De los preceptos transcritos, se desprende que en contra de los acuerdos o providencias dictadas por las Salas, el interesado podrá interponer en su contra el recurso de reconsideración, el cual presentará por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha en que se haya hecho la notificación de la actuación impugnada al recurrente para que exprese los agravios que estime pertinentes. En esas condiciones, en contra del acto reclamado consistente en el auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del autos del expediente TJA/1ªS/85/2017 del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, procedía previamente a la interposición del juicio de amparo, agotar el recurso de reconsideración que establece la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, aplicable, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de biinstancial, en razón de que con la interposición del recurso previamente indicado, el quejoso tiene la oportunidad de modificar, revocar o nulificar el acto aquí reclamado. Sin que en el caso concreto se justifique alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, en virtud de que la determinación reclamada deriva de un controvertido jurisdiccional de naturaleza administrativa, en el cual la inconforme no se ubica en alguna de las excepciones que se indican en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha la demanda, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior determinación, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 986, publicada en la página seiscientos setenta y ocho, Tomo VI, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, relativo a los años mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir el juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción legal antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas al procedimiento y/o auto de vinculación a proceso, pues como se ha visto, el acto de molestia, se refiere a la imposición de una multa en contra del quejoso. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificación únicamente el ubicado en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. Por otra parte, no ha lugar a tener como delegados a las personas que cita, toda vez que dicha facultad solo es concedida a las autoridades responsables, tal y como lo establece el artículo 9, de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene por autorizados para los efectos de oír y recibir notificaciones a las personas que cita. Notifíquese personalmente.
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