José Alfredo Macario Castillo Mendoza
Expediente 964/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 964/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Alfredo Macario Castillo Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Visto el estado de autos y toda vez que se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva este incidente; por tanto, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este cuaderno incidental es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse.-
- Principal
Vista la cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de julio del año en curso, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia. se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. En relación con lo anterior, acuérdese lo relativo en los autos del incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.-
- Principal
Vista la cuenta, particularmente la copia autenticada de la carpeta de investigación 37760/2022 remitida por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de Irapuato, Guanajuato, en apoyo a su informe justificado, se desprende medularmente, lo siguiente: La representación social responsable no ha emitido orden privativa o restrictiva de libertad dictada en contra del quejoso, Tal investigación no se ha judicializado, por ende, no se ha intentado hacer comparecer al justiciable como imputado a causa penal alguna; y El promovente de amparo no ha sido sujeto de un acto de molestia ni se ha pretendido recibir su entrevista. Causas de improcedencia. Por lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación a los principios que rigen el juicio de amparo, establecidos en el diverso 107, fracción V, de la ley de la materia, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: } (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, no contiene algún motivo específico de improcedencia del juicio de amparo, sino que permite deducir la improcedencia de alguna disposición tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la Ley de Amparo. El contenido de la fracción V del artículo 107 del referido ordenamiento legal permite advertir una regla general de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos suscitados al desahogarse un juicio; esto tiene su razón en que por una parte el juicio de amparo no deber obstaculizar el desarrollo de tales procesos, y por otra, que las violaciones que en su caso ocurran son susceptibles de análisis constitucional a través de amparo directo o indirecto, al reclamarse la decisión definitiva que se emita en el juicio o procedimiento respectivo. Empero, como se dijo, la improcedencia aludida constituye una regla general y como tal tiene su excepción, ya que el juicio de amparo indirecto es procedente si el acto realizado en el juicio o procedimiento es de imposible reparación, entendido como aquel afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Así, es el carácter de irreparable, la característica esencial del acto que permite acudir al juicio de amparo indirecto, puesto que, de ser reparable en un acto posterior, como lo es en la resolución que decide la materia del juicio o procedimiento, la acción constitucional es improcedente. Al respecto, se cita como criterio de orientación y por los principios jurídicos que la informan, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de 1992, página 11, Octava Época, con registro digital 205651, de rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, en los términos antes indicados, se cita la jurisprudencia 3a. 43, emitida por la Tercera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, primera parte, julio-diciembre de 1989, página 291, octava época, registro digital 207343, del tenor siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...' ". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, consecuencias son susceptibles SI sus de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Acto reclamado. El análisis integral de la demanda permite advertir que el quejoso señala como actos reclamados: La negativa de acceso a la carpeta de investigación 37760/2022 de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres del Centro de Justicia para las Mujeres de Irapuato, Guanajuato, la cual se sigue en contra del justiciable. La omisión de girar orden de citación y/o comparecencia a José Alfredo Macario Castillo Mendoza (quejoso), en calidad de imputado en la carpeta de investigación descrita. Dichos actos no quebrantan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos protegidos en la Constitución. Respecto al acto reclamado a) Ello es así, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que el agente del ministerio público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos; y el desahogo de tales diligencias, per se, no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos de que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordene la privación ilegal de la libertad o bien, se vean comprometidos derechos humanos como podría ser tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluidos corporales, vello o cabello, entre otros. Lo que en la especie no acontece, pues a la fecha en que la autoridad responsable suscribió su informe justificado (veinticinco de julio de dos mil veintidós), se advierte que no ha otorgado el acceso a la carpeta de investigación 26452/2022, toda vez que no se ha configurado alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto, resulta relevante destacar que el numeral 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que cuando el ministerio público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en dicha legislación. De lo anterior válidamente se sigue que en la etapa inicial de la investigación no formalizada, el agente del ministerio público únicamente recaba datos de prueba para sustentar la eventual solicitud de control ante el juez competente, con el objeto de establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de participación del imputado en su comisión; de ahí que, por regla general, los actos reclamados en esa etapa carecen de efectos de imposible reparación para la procedencia de la acción constitucional. Es así, pues la simple sospecha o el temor fundado de que podría ser sujeto de algún acto de molestia, no genera obligación al Ministerio Público para dar acceso a la carpeta de investigación ni establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de acceso a los registros que integren esa carpeta. Empero, la ausencia de acto (s) de molestia en la indagatoria formada en su contra, desvirtúa el temor de que la autoridad responsable esté fabricando algún delito o registro de investigación en su perjuicio. Se expone tal aserto, toda vez que el derecho de acceder a los registros recabados por el ministerio público en el proceso penal acusatorio -etapa de investigación inicial y complementaria-, le pertenece únicamente a las partes que se encuentren involucradas, de tal forma, para que el interesado pueda acudir al juicio de amparo a reclamar la negativa de acceso a ésta, es necesario que haya sido citado para comparecer o sea sujeto de un acto de molestia -recabar entrevista inicial, inspección personal, revisión corporal, etc, -; se encuentre detenido -control de detención-; o, que figure como imputado en la causa penal generada con esa indagatoria (formulación de imputación). Momentos en los que la persona investigada puede defenderse en los plazos y con formalidades previstas en la legislación penal vigente. En consecuencia, el solo hecho de manifestar ser investigado resulta insuficiente para alegar la afectación de un derecho subjetivo, por lo que, es indispensable que la autoridad ministerial realice alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado para que esa persona pueda reclamar la negativa de acceso a los registros de la carpeta respectiva. Adicionalmente, si bien conforme al artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental que al imputado le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso formado por la posible comisión de un delito; lo cierto es que en relación con los registros de la investigación -copias certificada de la carpeta iniciada en su contra-, establece que su acceso se da en tres momentos; 1. Cuando el imputado se encuentre detenido; 2. Cuando pretenda recibírsele su declaración o entrevistarlo; y, 3. Antes de su primera comparecencia ante el juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. De la interpretación sistemática de dicha porción normativa, válidamente se colige que los registros de investigación que integra el ministerio público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, esta última etapa judicializada, deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, cuando el imputado no ha sido detenido, el acceso a los registros contenidos en la carpeta de investigación se encuentra supeditado a la voluntad del órgano investigador, para efecto de que se lleven a cabo diligencias como la de recibir declaraciones o entrevistas durante la investigación inicial, con el objeto de esclarecer los hechos denunciados. De lo anterior se concluye que existe una restricción de índole constitucional que impide que quien no tenga reconocido el carácter de imputado durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera libre y espontánea a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, de conformidad con la fracción III del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armonía con el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, en la especie no existe afectación al derecho de defensa del quejoso, pues, en todo caso, si la fiscal que tiene a su cargo la carpeta de investigación le confiere esa calidad, oportunamente le hará saber los datos de la investigación a fin de que pueda preparar su defensa. En otras palabras, en caso de que la autoridad ministerial no decidiera citarlo durante la investigación inicial, a fin de que pudiera comparecer y acceder a los registros de la carpeta respectiva, aún tendría la oportunidad de conocer los datos de prueba recabados por el ministerio público en la fase de investigación, en la audiencia inicial, con la posibilidad de controvertirlos y desvirtuarlos. Si bien el derecho de defensa debe ser efectivo desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, es a partir de la celebración de la audiencia de formulación de imputación que las partes que integran el proceso, como lo son el imputado y su defensor, quienes tienen derecho a acceder a todos los antecedentes que integran la investigación practicada por el ministerio público, a fin de que puedan imponerse debidamente a sus contenidos y hacer valer sus defensas como lo estimen conveniente. De lo que se infiere que los derechos aludidos son respetados en el sistema de justicia penal acusatorio oral, pues aun cuando el representante social no cite al imputado para los objetivos indicados, este sujeto procesal puede conocer los registros respectivos, controvertirlos y desvirtuarlos, a fin de impedir que se dicte un auto de vinculación a proceso en su contra. En estas condiciones, la interpretación sistemática de los artículos 113, fracción VIII, 211, fracción I, inciso a) y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite establecer que el solicitante del amparo no queda en estado de indefensión por el hecho de no tener acceso en la carpeta de investigación en este momento, habida cuenta de que, en su caso, una vez que sea convocado a la audiencia inicial, tendrá con toda oportunidad acceso a la misma. Respecto al acto reclamado b) Por cuanto a la omisión de citación y/o comparecencia a José Alfredo Macario Castillo Mendoza (quejoso), en calidad de imputado en la carpeta de investigación multicitada; resulta necesario traer a colación los artículos 90, 91, 92, 93 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen respectivamente, lo siguiente: "Artículo 90. Citación Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva. Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. (.) La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. Artículo 92. Citación al imputado Siempre que sea requerida la presencia del imputado para realizar un acto procesal por el Órgano jurisdiccional, según corresponda, lo citará junto con su Defensor a comparecer. La citación deberá contener, además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el domicilio, el número telefónico y en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que ordene la citación. Artículo 93. Comunicación de actuaciones del Ministerio Público Cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones de este Código. (.) Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código." (Énfasis añadido) De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ministerio Público tiene facultad para citar o hacer comparecer a la persona investigada cuando: 1) sea requerida su comparecencia para realizar algún acto procesal, 2) deba comunicarle alguna actuación, o 3) cuando se encuentre en libertad y el representante social tenga interés en formularle imputación; además, el citatorio debe efectuarse por lo menos cuarenta y ocho horas antes de la celebración del acto por el que se pretenda citar, a fin de dar intervención legal al Defensor, y estos puedan comparecer debidamente preparados e impuestos de los registros de investigación. Asimismo, se aprecian las modalidades por las que puede citarse al imputado (por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje) y las formalidades que deben cumplirse para ese efecto (requisitos que debe contener el citatorio). Por ende, si la autoridad responsable no ha citado o hecho comparecer a José Alfredo Macario Castillo Mendoza, es dable concluir que a la fecha: No es requerida su comparecencia en la carpeta de investigación formada en su contra, No existe actuación que deba comunicársele ni hay necesidad de su intervención para realizar algún acto procesal. No se cuenta con los registros necesarios para que el Ministerio Público tenga interés en formularle imputación. Consecuentemente, la omisión examinada no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo, pues los registros de la carpeta de investigación pueden ser desvirtuados en el desarrollo del juicio penal, por lo que sus efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse al judicializarse dicha carpeta, y con ello no se irroga perjuicio alguno al aquí quejoso. Máxime que el justiciable no está restringido de proporcionar a la representación social correspondiente, medios de contacto que agilicen y garanticen la recepción del citatorio respectivo, una vez que se actualice alguna de las hipótesis descritas. De considerar lo contrario se entorpecerían las obligaciones y facultades conferidas al Agente del Ministerio Público, así como las atribuciones del Juez de Control para conocer y dirigir ese procedimiento, colocando el interés de un particular sobre el interés social. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.154/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 175142, publicada en la página 49 del tomo XXIII del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Decisión. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los preceptos legales multicitados, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". [Énfasis añadido]. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las diez horas con veinte minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 29 DEJULIO DE 2022, QUE A LA LETRA DICE "...Vista la cuenta, particularmente la copia autenticada de la carpeta de investigación 37760/2022 remitida por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Integral a las Mujeres de Irapuato, Guanajuato, en apoyo a su informe justificado, se desprende medularmente, lo siguiente: La representación social responsable no ha emitido orden privativa o restrictiva de libertad dictada en contra del quejoso, Tal investigación no se ha judicializado, por ende, no se ha intentado hacer comparecer al justiciable como imputado a causa penal alguna; y El promovente de amparo no ha sido sujeto de un acto de molestia ni se ha pretendido recibir su entrevista. Causas de improcedencia. Por lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación a los principios que rigen el juicio de amparo, establecidos en el diverso 107, fracción V, de la ley de la materia, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: } (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." El artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, no contiene algún motivo específico de improcedencia del juicio de amparo, sino que permite deducir la improcedencia de alguna disposición tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la Ley de Amparo. El contenido de la fracción V del artículo 107 del referido ordenamiento legal permite advertir una regla general de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos suscitados al desahogarse un juicio; esto tiene su razón en que por una parte el juicio de amparo no deber obstaculizar el desarrollo de tales procesos, y por otra, que las violaciones que en su caso ocurran son susceptibles de análisis constitucional a través de amparo directo o indirecto, al reclamarse la decisión definitiva que se emita en el juicio o procedimiento respectivo. Empero, como se dijo, la improcedencia aludida constituye una regla general y como tal tiene su excepción, ya que el juicio de amparo indirecto es procedente si el acto realizado en el juicio o procedimiento es de imposible reparación, entendido como aquel afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Así, es el carácter de irreparable, la característica esencial del acto que permite acudir al juicio de amparo indirecto, puesto que, de ser reparable en un acto posterior, como lo es en la resolución que decide la materia del juicio o procedimiento, la acción constitucional es improcedente. Al respecto, se cita como criterio de orientación y por los principios jurídicos que la informan, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de 1992, página 11, Octava Época, con registro digital 205651, de rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, en los términos antes indicados, se cita la jurisprudencia 3a. 43, emitida por la Tercera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, primera parte, julio-diciembre de 1989, página 291, octava época, registro digital 207343, del tenor siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...' ". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, consecuencias son susceptibles SI sus de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Acto reclamado. El análisis integral de la demanda permite advertir que el quejoso señala como actos reclamados: La negativa de acceso a la carpeta de investigación 37760/2022 de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres del Centro de Justicia para las Mujeres de Irapuato, Guanajuato, la cual se sigue en contra del justiciable. La omisión de girar orden de citación y/o comparecencia a José Alfredo Macario Castillo Mendoza (quejoso), en calidad de imputado en la carpeta de investigación descrita. Dichos actos no quebrantan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos protegidos en la Constitución. Respecto al acto reclamado a) Ello es así, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que el agente del ministerio público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos; y el desahogo de tales diligencias, per se, no causan un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos de que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordene la privación ilegal de la libertad o bien, se vean comprometidos derechos humanos como podría ser tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluidos corporales, vello o cabello, entre otros. Lo que en la especie no acontece, pues a la fecha en que la autoridad responsable suscribió su informe justificado (veinticinco de julio de dos mil veintidós), se advierte que no ha otorgado el acceso a la carpeta de investigación 26452/2022, toda vez que no se ha configurado alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto, resulta relevante destacar que el numeral 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que cuando el ministerio público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en dicha legislación. De lo anterior válidamente se sigue que en la etapa inicial de la investigación no formalizada, el agente del ministerio público únicamente recaba datos de prueba para sustentar la eventual solicitud de control ante el juez competente, con el objeto de establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de participación del imputado en su comisión; de ahí que, por regla general, los actos reclamados en esa etapa carecen de efectos de imposible reparación para la procedencia de la acción constitucional. Es así, pues la simple sospecha o el temor fundado de que podría ser sujeto de algún acto de molestia, no genera obligación al Ministerio Público para dar acceso a la carpeta de investigación ni establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de acceso a los registros que integren esa carpeta. Empero, la ausencia de acto (s) de molestia en la indagatoria formada en su contra, desvirtúa el temor de que la autoridad responsable esté fabricando algún delito o registro de investigación en su perjuicio. Se expone tal aserto, toda vez que el derecho de acceder a los registros recabados por el ministerio público en el proceso penal acusatorio -etapa de investigación inicial y complementaria-, le pertenece únicamente a las partes que se encuentren involucradas, de tal forma, para que el interesado pueda acudir al juicio de amparo a reclamar la negativa de acceso a ésta, es necesario que haya sido citado para comparecer o sea sujeto de un acto de molestia -recabar entrevista inicial, inspección personal, revisión corporal, etc, -; se encuentre detenido -control de detención-; o, que figure como imputado en la causa penal generada con esa indagatoria (formulación de imputación). Momentos en los que la persona investigada puede defenderse en los plazos y con formalidades previstas en la legislación penal vigente. En consecuencia, el solo hecho de manifestar ser investigado resulta insuficiente para alegar la afectación de un derecho subjetivo, por lo que, es indispensable que la autoridad ministerial realice alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado para que esa persona pueda reclamar la negativa de acceso a los registros de la carpeta respectiva. Adicionalmente, si bien conforme al artículo 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental que al imputado le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso formado por la posible comisión de un delito; lo cierto es que en relación con los registros de la investigación -copias certificada de la carpeta iniciada en su contra-, establece que su acceso se da en tres momentos; 1. Cuando el imputado se encuentre detenido; 2. Cuando pretenda recibírsele su declaración o entrevistarlo; y, 3. Antes de su primera comparecencia ante el juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. De la interpretación sistemática de dicha porción normativa, válidamente se colige que los registros de investigación que integra el ministerio público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, esta última etapa judicializada, deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, cuando el imputado no ha sido detenido, el acceso a los registros contenidos en la carpeta de investigación se encuentra supeditado a la voluntad del órgano investigador, para efecto de que se lleven a cabo diligencias como la de recibir declaraciones o entrevistas durante la investigación inicial, con el objeto de esclarecer los hechos denunciados. De lo anterior se concluye que existe una restricción de índole constitucional que impide que quien no tenga reconocido el carácter de imputado durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera libre y espontánea a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, de conformidad con la fracción III del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en armonía con el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, en la especie no existe afectación al derecho de defensa del quejoso, pues, en todo caso, si la fiscal que tiene a su cargo la carpeta de investigación le confiere esa calidad, oportunamente le hará saber los datos de la investigación a fin de que pueda preparar su defensa. En otras palabras, en caso de que la autoridad ministerial no decidiera citarlo durante la investigación inicial, a fin de que pudiera comparecer y acceder a los registros de la carpeta respectiva, aún tendría la oportunidad de conocer los datos de prueba recabados por el ministerio público en la fase de investigación, en la audiencia inicial, con la posibilidad de controvertirlos y desvirtuarlos. Si bien el derecho de defensa debe ser efectivo desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, es a partir de la celebración de la audiencia de formulación de imputación que las partes que integran el proceso, como lo son el imputado y su defensor, quienes tienen derecho a acceder a todos los antecedentes que integran la investigación practicada por el ministerio público, a fin de que puedan imponerse debidamente a sus contenidos y hacer valer sus defensas como lo estimen conveniente. De lo que se infiere que los derechos aludidos son respetados en el sistema de justicia penal acusatorio oral, pues aun cuando el representante social no cite al imputado para los objetivos indicados, este sujeto procesal puede conocer los registros respectivos, controvertirlos y desvirtuarlos, a fin de impedir que se dicte un auto de vinculación a proceso en su contra. En estas condiciones, la interpretación sistemática de los artículos 113, fracción VIII, 211, fracción I, inciso a) y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite establecer que el solicitante del amparo no queda en estado de indefensión por el hecho de no tener acceso en la carpeta de investigación en este momento, habida cuenta de que, en su caso, una vez que sea convocado a la audiencia inicial, tendrá con toda oportunidad acceso a la misma. Respecto al acto reclamado b) Por cuanto a la omisión de citación y/o comparecencia a José Alfredo Macario Castillo Mendoza (quejoso), en calidad de imputado en la carpeta de investigación multicitada; resulta necesario traer a colación los artículos 90, 91, 92, 93 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen respectivamente, lo siguiente: "Artículo 90. Citación Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia. Cuando haya que examinar a los servidores públicos o a las personas señaladas en el párrafo anterior, el Órgano jurisdiccional dispondrá que dicho testimonio sea desahogado en el juicio por sistemas de reproducción a distancia de imágenes y sonidos o cualquier otro medio que permita su trasmisión, en sesión privada. La citación a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, distintos a los señalados en este artículo, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, a menos que para garantizar el éxito de la comparecencia se requiera que la citación se realice en forma distinta. En el caso de cualquier persona que se haya desempeñado como servidor público y no sea posible su localización, el Órgano jurisdiccional solicitará a la institución donde haya prestado sus servicios la información del domicilio, número telefónico, y en su caso, los datos necesarios para su localización, a efecto de que comparezca a la audiencia respectiva. Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. También podrá citarse por teléfono al testigo o perito que haya manifestado expresamente su voluntad para que se le cite por este medio, siempre que haya proporcionado su número, sin perjuicio de que si no es posible realizar tal citación, se pueda realizar por alguno de los otros medios señalados en este Capítulo. (.) La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento. Artículo 92. Citación al imputado Siempre que sea requerida la presencia del imputado para realizar un acto procesal por el Órgano jurisdiccional, según corresponda, lo citará junto con su Defensor a comparecer. La citación deberá contener, además de los requisitos señalados en el artículo anterior, el domicilio, el número telefónico y en su caso, los datos necesarios para comunicarse con la autoridad que ordene la citación. Artículo 93. Comunicación de actuaciones del Ministerio Público Cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones de este Código. (.) Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código." (Énfasis añadido) De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ministerio Público tiene facultad para citar o hacer comparecer a la persona investigada cuando: 1) sea requerida su comparecencia para realizar algún acto procesal, 2) deba comunicarle alguna actuación, o 3) cuando se encuentre en libertad y el representante social tenga interés en formularle imputación; además, el citatorio debe efectuarse por lo menos cuarenta y ocho horas antes de la celebración del acto por el que se pretenda citar, a fin de dar intervención legal al Defensor, y estos puedan comparecer debidamente preparados e impuestos de los registros de investigación. Asimismo, se aprecian las modalidades por las que puede citarse al imputado (por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje) y las formalidades que deben cumplirse para ese efecto (requisitos que debe contener el citatorio). Por ende, si la autoridad responsable no ha citado o hecho comparecer a José Alfredo Macario Castillo Mendoza, es dable concluir que a la fecha: No es requerida su comparecencia en la carpeta de investigación formada en su contra, No existe actuación que deba comunicársele ni hay necesidad de su intervención para realizar algún acto procesal. No se cuenta con los registros necesarios para que el Ministerio Público tenga interés en formularle imputación. Consecuentemente, la omisión examinada no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo, pues los registros de la carpeta de investigación pueden ser desvirtuados en el desarrollo del juicio penal, por lo que sus efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse al judicializarse dicha carpeta, y con ello no se irroga perjuicio alguno al aquí quejoso. Máxime que el justiciable no está restringido de proporcionar a la representación social correspondiente, medios de contacto que agilicen y garanticen la recepción del citatorio respectivo, una vez que se actualice alguna de las hipótesis descritas. De considerar lo contrario se entorpecerían las obligaciones y facultades conferidas al Agente del Ministerio Público, así como las atribuciones del Juez de Control para conocer y dirigir ese procedimiento, colocando el interés de un particular sobre el interés social. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.154/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 175142, publicada en la página 49 del tomo XXIII del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Decisión. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los preceptos legales multicitados, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, lo que es contrario a las garantías y derechos fundamentales que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". [Énfasis añadido]. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba programada para las diez horas con veinte minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes..."
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