Jose Alfredo Lopez Perez

Expediente 888/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
888/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Jose Alfredo Lopez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Jose Alfredo Lopez Perez, contra acto del Juez Primero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 888/2018. Ahora, este órgano de control constitucional considera carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer la presente demanda, conforme a los razonamientos que se expondrán. En ese contexto, se debe dejar en claro que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, ya que el conocimiento de un asunto no puede quedar sujeto a la voluntad del juzgador o de alguna de las partes. En ese sentido, la competencia constitucional de los juzgados de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37, de la Ley de Amparo. Dicha disposición constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". El precepto transcrito, es preciso al indicar que el juicio de amparo se promoverá ante el juez bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez, para efectos de tramitar el juicio y dictar la sentencia correspondiente. Luego, el numeral 37 de la ley invocada, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los juzgados de Distrito, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis del párrafo primero de dicho precepto, se obtiene que la circunstancia que es de tomar en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que este ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, como se ha puntualizado, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado y en la especie se verifica fuera del ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. De la lectura de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en ".el haberme negado el Incidente donde solicito el Beneficio de la Libertad Condicionada, El Beneficio de la Libertad Preparatoria y Retención, o alguno de los beneficios de Libertad.". Ahora, como consecuencia de la negativa reclamada, a partir de ese momento la libertad personal del amparista se encontrará restringida no sólo por la sentencia que lo condenó, sino por la resolución que recaiga a su solicitud planteada; por tanto, dicho acto afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que tal privación es consecuencia de la sentencia que se le dictó en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social 12, con residencia en Ocampo Guanajuato, como consecuencia del acto reclamado. Por ende, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el Punto Cuarto, fracción XVI, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, solicitándole el acuse de recibo ya sea vía fax al número 55 53 22 17 00, extensión 1476, y para confirmar su recepción a la extensión 1437, o bien al correo oficial 13jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx (en caso de que cuenten con ese medio) o por correo acelerado, y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica en este órgano de control constitucional, por haber señalado para ello los estrados, así como autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a la persona que se menciona, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de que puede ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado.

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