José Alfredo López Jiménez

Expediente 504/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 24 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
504/2020
Año
2020
Actuaciones
24
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • José Alfredo López Jiménez
  • Juzgado Primero del Ramo Civil, del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes en proveído de veintidós de marzo del año en curso, para que manifestaran en relación con el cumplimiento dado a la sentencia constitucional por la autoridad responsable Juez Primero en Materia Civil el Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en esa localidad. Tal término transcurrió para la parte quejosa, tercero interesada y Agente del Ministerio Público Federal adscrita, del veinticinco al veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, toda vez que fueron notificados por lista el veintitrés de marzo del año en curso y para la representante especial de la menor M.I.L.A., del treinta de marzo al seis de abril del año que transcurre, toda vez que fue notificada por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; sin contar el treinta y uno de marzo, uno y dos de abril del año en curso, así como los sábados y domingos, al ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, sin que se hayan manifestado al respecto. Por consiguiente, este Órgano de Control Constitucional, procede a analizar si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, atendiendo a lo que ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, en el sentido de que éstas constituyen una cuestión de orden público, en la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, tomo XI, marzo de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se dictó resolución constitucional en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa José Alfredo López Jiménez, a efecto que el Juez Primero en Materia Civil el Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en esa localidad, realizara lo siguiente: De manera inmediata y con libertad de jurisdicción, tomará las medidas necesarias a fin de vigilar que la medida decretada en proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, esté siendo acatada de manera cabal por la progenitora de la menor de iniciales M.I.L.A. Verificará el estado de salud de la menor de iniciales M.I.L.A. FIRMEZA DE LA SENTENCIA. En acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se determinó que la sentencia constitucional de dieciocho de noviembre del año próximo pasado, causó ejecutoria, por tanto con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que mediante el referido auto se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento con lo ahí establecido. ACTOS DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. Por acuerdo de uno de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 230-B/2021, de veintiséis de febrero del año en curso, mediante el cual la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de veinticinco de febrero del año en cita, emitido en autos del expediente 340/2020, de su índice, en el que ordenó notificar a la parte demandada María Dolores Arias Martínez, para que informara a esa autoridad del cumplimiento dado al proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, notificado el seis del referido mes y año, y acreditara estar acatando las medidas decretadas en dicho proveído, dentro del término de veinticuatro horas, de igual forma facultó a la Trabajadora Social, para que de inmediato y en compañía de la Actuaria Judicial, ambas Adscritas a dicho Juzgado, se constituyeran al domicilio de la parte actora y verificaran si ahí guarda a la menor con iniciales M.I.L.A., así como las condiciones en que vive la referida menor con su progenitora, asimismo realizara el estudio socioeconómico correspondiente, toda vez que la progenitora fue apercibida en salvaguardar la salud y brindar los cuidados necesarios para su protección durante la pandemia de la citada menor. Asimismo, requirió para que en el acto de la diligencia correspondiente hiciera del conocimiento a la referida demandada que dentro del término de veinticuatro horas de su legal notificación, exhibiera certificado médico de la menor M.I.L.A., expedida por institución pública, y prueba relativa al virus SARS-COV2 (COVID-19), apercibiéndola que en caso de no dar cumplimiento a lo antes requerido dicha autoridad modificara la guarda y custodia provisional de la infante y se entregara al aquí quejoso. Posteriormente, en auto de veintidós de marzo de este año, mediante diverso 260-B/2021 de ocho de marzo de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente 340/2020, de su índice, en las que se advierte que obra acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por recibido el estudio socioeconómico practicado a María Dolores Arias Martínez, y suscrito por la oficinista en funciones de trabajadora social adscrita al referido juzgado, dos impresiones fotográficas y una receta médica, asimismo certificado médico, expedido por una Institución Pública, donde se hizo constar el estado de salud de la menor con iniciales M.I.L.A. y una prueba relativa al virus SARS-COV2 (COVID-19) practicada a la misma. Documentales antes mencionadas a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad dentro de los límites de su competencia y en ejercicio de sus funciones. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia que es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VISTA CON EL CUMPLIMIENTO. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos dicha notificación, manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la resolución con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Por tanto, éste órgano procede a pronunciarse sobre el cumplimiento a que se refiere la autoridad responsable, en términos de las constancias que obran en el presente sumario. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA Para una mejor comprensión, se procede a plasmar en una tabla comparativa, la actuación de la autoridad responsable en relación con los efectos de la ejecutoria de amparo: TÉRMINOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE a).- De manera inmediata y con libertad de jurisdicción, tome las medidas necesarias a fin de vigilar que la medida decretada en proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, este siendo acatada de manera cabal por la progenitora de la menor de iniciales M.I.L.A. b).- Verifique el estado de salud de la menor de iniciales M.I.L.A. Mediante proveído de veinticinco de febrero del año en cita, emitido en autos del expediente 340/2020, de su índice, la responsable ordenó notificar a la parte demandada María Dolores Arias Martínez, para que informara el cumplimiento dado al proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, notificado el seis del referido mes y año, y acreditara estar acatando las medidas decretadas en dicho proveído, dentro del término de veinticuatro horas, de igual forma facultó a la Trabajadora Social, para que de inmediato y en compañía de la Actuaria Judicial, ambas Adscritas a dicho Juzgado, se constituyeran al domicilio de la parte actora y verificaran si ahí guarda a la menor con iniciales M.I.L.A., así como las condiciones en que vive la referida menor con su progenitora, asimismo realizara el estudio socioeconómico correspondiente, toda vez que la progenitora fue apercibida en salvaguardar la salud y brindar los cuidados necesarios para su protección durante la pandemia de la citada menor. Asimismo, requirió para que en el acto de la diligencia correspondiente hiciera del conocimiento a la referida demandada que dentro del término de veinticuatro horas de su legal notificación, exhibiera certificado médico de la menor M.I.L.A., expedida por institución pública y prueba relativa al virus SARS-COV2 (COVID-19), apercibiéndola que en caso de no dar cumplimiento a lo antes requerido dicha autoridad modificara la guarda y custodia provisional de la infante y se entregara al aquí quejoso. Posteriormente, en auto de veintidós de marzo de este año, mediante diverso 260-B/2021 de ocho de marzo de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente 340/2020, de su índice, en las que se advierte que obra acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por recibido el estudio socioeconómico practicado a María Dolores Arias Martínez, y suscrito por la oficinista en funciones de trabajadora social adscrita al referido juzgado, dos impresiones fotográficas y una receta médica, asimismo certificado médico, expedido por una Institución Pública, donde se hizo constar el estado de salud de la menor con iniciales M.I.L.A. y una prueba relativa al virus SARS-COV2 (COVID-19) practicada a la misma. De lo anterior, se obtiene que la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, tomó las medidas necesarias a fin de vigilar que la medida decretada en proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, fuera acatada de manera cabal por la progenitora de la menor de iniciales M.I.L.A, asimismo hizo constar el estado de salud de la misma. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable cumplió cabalmente los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada por este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, motivo por el cual, en términos del artículo 196 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, debe concluirse que se tiene POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. En su oportunidad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, ordénese el archivo del presente expediente, como asunto concluido. Dese vista de lo anterior a la partes, para los efectos del artículo 201, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, ASÌ COMO A LA PARTE TERCERO INTERESADA, POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA, Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes en proveído de veintidós de marzo del año en curso, para que manifestaran en relación con el cumplimiento dado a la sentencia constitucional por la autoridad responsable Juez Primero en Materia Civil el Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en esa localidad. Tal término transcurrió para la parte quejosa, tercero interesada y Agente del Ministerio Público Federal adscrita, del veinticinco al veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, toda vez que fueron notificados por lista el veintitrés de marzo del año en curso y para la representante especial de la menor M.I.L.A., del treinta de marzo al seis de abril del año que transcurre,días inhábiles y los de descanso, sin que se hayan manifestado al respecto. Por consiguiente, este Órgano de Control Constitucional, procede a analizar si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, atendiendo a lo que ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, en el sentido de que éstas constituyen una cuestión de orden público, Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se dictó resolución constitucional en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa José Alfredo López Jiménez, a efecto que el Juez Primero en Materia Civil el Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en esa localidad, realizara lo siguiente: De manera inmediata y con libertad de jurisdicción, tomará las medidas necesarias a fin de vigilar que la medida decretada en proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, esté siendo acatada de manera cabal por la progenitora de la menor de iniciales M.I.L.A. Verificará el estado de salud de la menor de iniciales M.I.L.A. FIRMEZA DE LA SENTENCIA. En acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se determinó que la sentencia constitucional de dieciocho de noviembre del año próximo pasado, causó ejecutoria, por tanto con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que mediante el referido auto se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento con lo ahí establecido. ACTOS DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. Por acuerdo de uno de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 230-B/2021, de veintiséis de febrero del año en curso, mediante el cual la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de veinticinco de febrero del año en cita, emitido en autos del expediente 340/2020, de su índice, en el que ordenó notificar a la parte demandada María Dolores Arias Martínez, para que informara a esa autoridad del cumplimiento dado al proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, notificado el seis del referido mes y año, y acreditara estar acatando las medidas decretadas en dicho proveído, dentro del término de veinticuatro horas, de igual forma facultó a la Trabajadora Social, para que de inmediato y en compañía de la Actuaria Judicial, ambas Adscritas a dicho Juzgado, se constituyeran al domicilio de la parte actora y verificaran si ahí guarda a la menor con iniciales M.I.L.A., así como las condiciones en que vive la referida menor con su progenitora, asimismo realizara el estudio socioeconómico correspondiente, toda vez que la progenitora fue apercibida en salvaguardar la salud y brindar los cuidados necesarios para su protección durante la pandemia de la citada menor. Asimismo, requirió para que en el acto de la diligencia correspondiente hiciera del conocimiento a la referida demandada que dentro del término de veinticuatro horas de su legal notificación, exhibiera certificado médico de la menor M.I.L.A., expedida por institución pública, y prueba relativa al virus SARS-COV2 (COVID-19), apercibiéndola que en caso de no dar cumplimiento a lo antes requerido dicha autoridad modificara la guarda y custodia provisional de la infante y se entregara al aquí quejoso. Posteriormente, en auto de veintidós de marzo de este año, mediante diverso 260-B/2021 de ocho de marzo de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente 340/2020, de su índice, en las que se advierte que obra acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por recibido el estudio socioeconómico practicado a María Dolores Arias Martínez, y suscrito por la oficinista en funciones de trabajadora social adscrita al referido juzgado, dos impresiones fotográficas y una receta médica, asimismo certificado médico, expedido por una Institución Pública, donde se hizo constar el estado de salud de la menor con iniciales M.I.L.A. y una prueba relativa al virus SARS-COV2 (COVID-19) practicada a la misma. Documentales antes mencionadas a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad dentro de los límites de su competencia y en ejercicio de sus funciones. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia que es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VISTA CON EL CUMPLIMIENTO. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos dicha notificación, manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la resolución con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Por tanto, éste órgano procede a pronunciarse sobre el cumplimiento a que se refiere la autoridad responsable, en términos de las constancias que obran en el presente sumario. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA Para una mejor comprensión, se procede a plasmar en una tabla comparativa, la actuación de la autoridad responsable en relación con los efectos de la ejecutoria de amparo: TÉRMINOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE a).- De manera inmediata y con libertad de jurisdicción, tome las medidas necesarias a fin de vigilar que la medida decretada en proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, este siendo acatada de manera cabal por la progenitora de la menor de iniciales M.I.L.A. b).- Verifique el estado de salud de la menor de iniciales M.I.L.A. Mediante proveído de veinticinco de febrero del año en cita, emitido en autos del expediente 340/2020, de su índice, la responsable ordenó notificar a la parte demandada María Dolores Arias Martínez, para que informara el cumplimiento dado al proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, notificado el seis del referido mes y año, y acreditara estar acatando las medidas decretadas en dicho proveído, dentro del término de veinticuatro horas, de igual forma facultó a la Trabajadora Social, para que de inmediato y en compañía de la Actuaria Judicial, ambas Adscritas a dicho Juzgado, se constituyeran al domicilio de la parte actora y verificaran si ahí guarda a la menor con iniciales M.I.L.A., así como las condiciones en que vive la referida menor con su progenitora, asimismo realizara el estudio socioeconómico correspondiente, toda vez que la progenitora fue apercibida en salvaguardar la salud y brindar los cuidados necesarios para su protección durante la pandemia de la citada menor. Asimismo, requirió para que en el acto de la diligencia correspondiente hiciera del conocimiento a la referida demandada que dentro del término de veinticuatro horas de su legal notificación, exhibiera certificado médico de la menor M.I.L.A., expedida por institución pública y prueba relativa al virus SARS-COV2 (COVID-19), apercibiéndola que en caso de no dar cumplimiento a lo antes requerido dicha autoridad modificara la guarda y custodia provisional de la infante y se entregara al aquí quejoso. Posteriormente, en auto de veintidós de marzo de este año, mediante diverso 260-B/2021 de ocho de marzo de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente 340/2020, de su índice, en las que se advierte que obra acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por recibido el estudio socioeconómico practicado a María Dolores Arias Martínez, y suscrito por la oficinista en funciones de trabajadora social adscrita al referido juzgado, dos impresiones fotográficas y una receta médica, asimismo certificado médico, expedido por una Institución Pública, donde se hizo constar el estado de salud de la menor con iniciales M.I.L.A. y una prueba relativa al virus SARS-COV2 (COVID-19) practicada a la misma. De lo anterior, se obtiene que la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, tomó las medidas necesarias a fin de vigilar que la medida decretada en proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, fuera acatada de manera cabal por la progenitora de la menor de iniciales M.I.L.A, asimismo hizo constar el estado de salud de la misma. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable cumplió cabalmente los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada por este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, motivo por el cual, en términos del artículo 196 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, debe concluirse que se tiene POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. En su oportunidad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, ordénese el archivo del presente expediente, como asunto concluido. Dese vista de lo anterior a la partes, para los efectos del artículo 201, de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual, en atención al oficio 10293 de veinticinco de marzo del año en curso, y a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano de control constitucional, refiere que mediante diverso 260-B/2021, de ocho de marzo del año en curso, remitió las constancias correspondientes para realizar la determinación correspondiente al fallo o bien se ordenara lo conducente, al afecto este juzgado toma nota de lo anterior para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual, en atención a la ejecutoria de amparo dictada por este órgano de control constitucional, refiere que mediante diverso 260-B/2021, de ocho de marzo del año en curso, remitió las constancias correspondientes para realizar la determinación correspondiente al fallo o bien se ordenara lo conducente, ahora bien tomando en consideración que de las constancias remitidas por la citada responsable se advierte que obra acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 340/2020 de su índice, en el que se tuvo por recibido el estudio socioeconómico practicado a María Dolores Arias Martínez, y suscrito por la oficinista en funciones de trabajadora social adscrita al referido juzgado, dos impresiones fotográficas y una receta médica, asimismo se advierte la imposibilidad de la referida trabajadora social de dar cumplimiento al proveído de veinticinco de febrero del año en curso, en el sentido que desde el seis de enero del año cita, la referida demandada ya no tiene en su poder a la menor con iniciales M.I.L.A., ya que se encuentra con su progenitor; ante tal circunstancia se advierte que ordenó notificar personalmente a la parte actora José Alfredo López Jiménez, en su domicilio procesal para que dentro del término de veinticuatro horas contados a partir de su legal notificación, exhiba certificado médico, expedido por una Institución Pública, donde se haga constar el estado de salud de la referida menor, asimismo deberá realizar una prueba relativa al virus SARS-COV2 (COVID-19) practicada a la misma, apercibiéndolo con multa. Al efecto, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad responsable, para que una vez que la parte actora, exhiba certificado médico, expedido por una Institución Pública, donde se haga constar el estado de salud de la menor con iniciales M.I.L.A., asimismo prueba relativa al virus SARS-COV2 (COVID-19) practicada a la misma, remita las constancias que corroboren dicha circunstancia, asimismo continúe informando el cumplimiento al fallo protector, dentro del término de tres días siguientes en que quede legalmente notificado de dicho proveído. En tal virtud, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se apercibe a la referida autoridad, que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá multa de Cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se ordena a la citada autoridad responsable, mediante el correo electrónico proporcionado civil1sancris@poderjudicialchiapas.gob.mx, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÀS PARTES.

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