José Alfredo López Hernández
Expediente 250/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Alfredo López Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA 6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE Vistos: agréguese el escrito signado por el quejoso José Alfredo López Hernández, con el cual solicita la devolución de la documental, que exhibió en el presente asunto, autorizando para tales efectos a los profesionistas Iturbide Álvarez Lara o Celia Beatriz Martínez Lanestosa. En consecuencia, al no existir inconveniente alguno, devuélvase la citada documental, previa copia certificada y constancia de recibido que queden en el expediente.
- Principal
MESA 6.-VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, de la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el doce de abril de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ el juicio de amparo al quejoso José Alfredo López Hernández; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con treinta y cinco minutos del doce de abril de dos mil diecinueve, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia del juicio de amparo 250/2019-6, promovido por JOSÉ ALFREDO LÓPEZ HERNÁNDEZ, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, el juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario hace una relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: 1. Escrito de demanda recibido el veintiséis de febrero último, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, turnado a este juzgado el mismo día (fojas 2 a 5); 2. Auto admisorio de veintisiete de febrero ultimo, asimismo no se ordenó emplazamiento de la parte tercero interesada, dada la naturaleza del acto reclamado (fojas 41 a 44); 3. Informe justificado rendido por las autoridades responsables, mismo que se encuentran agregados en autos (fojas 51 a 59); y demás actuaciones judiciales. Atento a lo anterior, el juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación de constancia para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, consistentes en la documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda de amparo, y a su escrito de veinte de marzo del presente año, recepcionado por este Juzgado el veintiuno de marzo siguiente, mismas que se encuentra agregadas en autos (fojas 6 a 40 y 63 a 65); al respecto el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas aludidas y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con el escrito del quejoso recibido por este Juzgado el veintiuno de marzo de la presente anualidad, (foja 61 a 62), por lo que, el suscrito Juez acuerda: se tiene a la parte quejosa formulando alegatos, para los efectos legales conducentes y por perdido el derecho de las demás partes a presentarlos con posterioridad; acto continuo, se hace constar que el Fiscal Federal de la adscripción no formuló alegato ministerial, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, procédase en su oportunidad a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 250/2019-6, promovido por José Alfredo López Hernández, contra actos de la Subdirectora del Departamento de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, remitido el mismo día, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, José Alfredo López Hernández, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Subdirectora del Departamento de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, y otra autoridad, que hizo consistir en: IV. ACTO RECLAMADO. A).- De la primera autoridad que señalé como ORDENADORA reclamo el indebido mandamiento que hace a la Ejecutora, al cometer OMISIÓN DE DAR TRÁMITE A ESCRITURA PÚBLICA, violando las garantías individuales que consagran nuestra Carta Magna, en los artículos 14 y 16.- B).- Y de la EJECUTORA reclamo el indebido cumplimiento que se le pretende dar a dicho mandamiento sin fundamento alguno, aun violando nuestras garantías que consagran nuestra Carta Magna." SEGUNDO. Mediante acuerdo de veintisiete de febrero del presente año (fojas 41 a 44), se registró la demanda de amparo bajo el número 250/2019-6 y este juzgado federal admitió a trámite aquélla; solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Este Juzgado Tercero de Distrito, en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que se reclama un acto imputado a autoridad con residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 1º, fracción I, del propio ordenamiento, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se hace consistir en: La hoja de observaciones de trece de febrero de dos mil diecinueve mediante el cual se le indicó al quejoso la negativa de inscribir en el catastro municipal la escritura pública número ochenta y nueve de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Notario número Uno, de la Ciudad de Palizada, estado Campeche, que contiene el contrato de la donación de un predio ubicado en la Ranchería Boquerón, Cuarta Sección, del Municipio de Centro, Tabasco, en virtud de que no cumple con los requisitos del artículo 40 de la Ley del Notariado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Subdirectora de Catastro adscrita a la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, por si en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable ejecutora Tramitadora y revisora del Departamento de Tramitación catastral, al rendir su informe justificado, si bien manifestó que no existen los actos reclamados, de sus manifestaciones se advierte su certeza (fojas 51 a 59). Lo que se corrobora con la copia de la hoja de observaciones de trece de febrero de dos mil diecinueve (foja 06); a la cual se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la referida documental fue exhibida por la parte quejosa a su demanda de garantías; sin embargo la autoridad responsable, en la parte final del segundo párrafo del capítulo de contestación de los actos reclamado de su informe justificado, admite la emisión de la referida documental. Resultan aplicables los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio. No obstante la certeza de los actos reclamados, debe decirse que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para examinar si el acto reclamado es constitucional o no. Luego, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza en forma conjunta con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, previo al estudio del fondo, por ser una cuestión de orden público, se procede a analizar las causas de improcedencia que se adviertan en autos, o bien, que en su caso, hagan valer las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este órgano jurisdiccional considera, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. Lo anterior es así, toda vez que la finalidad del juicio de amparo es tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en la Ley Suprema del país, pero en ningún caso dicha defensa debe utilizarse de modo tal que supla el ejercicio de otros medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional; dado que no se puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza del juicio de amparo. Apoya lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis II.2º.P.70 P, instada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a página 1023, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época, materias Penal y Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICO-PROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL. La finalidad del juicio de amparo, como un mecanismo de control de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en esa Ley Suprema del país, pero de ninguna manera puede constituir un mecanismo de defensa que sea utilizado de modo tan amplio que con él se pretende suplir el ejercicio, en su caso, de los diversos medios jurídico-procesales existentes en el marco jurídico nacional, tendentes a dirimir cuestiones como las de responsabilidad o de reclamación de indemnizaciones, por ejemplo. El juicio de amparo mexicano es una institución ampliamente reconocida, incluso en el extranjero, destacada como medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que afecten o atenten contra los derechos fundamentales de los gobernados y así se ha caracterizado desde el siglo XIX; por tanto, la ulterior tendencia al reconocimiento por parte de la comunidad internacional respecto del carácter positivo de la voluntad de generalizar ese reconocimiento, creando incluso organismos facultados para emitir recomendaciones a los Estados suscriptores de los tratados correspondientes, no implica de ningún modo que dichas instancias se sustituyan en la tutela de los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en el contexto del propio derecho constitucional de la nación, y en el procedimiento que, en su caso, debe ejercerse de acuerdo con el medio de control de constitucionalidad que en la propia Constitución se prevé, el juicio de amparo. Por lo que es menester para lograr su procedencia el que se cumpla previamente con todos y cada uno de los presupuestos establecidos en la propia ley de la materia de donde emane el acto reclamado, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías." En ese orden, resulta importante traer a contexto el contenido del artículo 157 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, el cual establece: "Artículo 157.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades; II. Los decretos y acuerdos emitidos por autoridades administrativas, estatales o municipales, de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; III. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, incluyendo a los organismos descentralizados, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; IV. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal del Estado, indebidamente percibido por el Estado o por el municipio, incluyendo a sus organismos descentralizados, o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales estatales; V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas locales o municipales; VI. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VII. Las resoluciones administrativas y fiscales favorables a las personas físicas o jurídicas colectivas que impugnen las autoridades, por considerar que lesionan los derechos del estado; VIII. Las que se dicten en materia de pensiones con cargo al erario estatal o municipal; IX. Las que determinen el actuar de manera unilateral de las autoridades, tratándose de rescisión, terminación anticipada, ejecución de fianzas, interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal centralizada y paraestatal; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales y municipales cuando las disposiciones aplicables señalen expresamente la competencia del Tribunal; X. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente; XI. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XII. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Estado, o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución afirmativa ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; como en aquellos en que la Ley de la materia establezca que los particulares no gozan de derechos preferentes; XIII. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos por faltas administrativas no graves en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, incluyendo las resoluciones dictadas por los órganos constitucionales autónomos; XIV. Las resoluciones de la Contraloría del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que impongan sanciones por faltas administrativas no graves, en términos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco; XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización, en términos de las Leyes aplicables; XVI. Las resoluciones definitivas que determinen la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los agentes del Ministerio Público; peritos; custodios, y miembros de las instituciones policiales del Estado y municipios de Tabasco; y XVII. Las señaladas en ésta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley." De la intelección a la porción normativa transcrita, se desprende que la resolución aquí reclamada es impugnable a través del juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. En ese sentido, si en el caso concreto la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar la hoja de observaciones de trece de febrero de dos mil diecinueve mediante el cual se le indicó al quejoso la negativa de inscribir en el catastro municipal la escritura pública número ochenta y nueve de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Notario número Uno, de la Ciudad de Palizada, estado Campeche, que contiene el contrato de la donación de un predio ubicado en la Ranchería Boquerón, Cuarta Sección, del Municipio de Centro, Tabasco, en virtud de que no cumple con los requisitos del artículo 40 de la Ley del Notariado; es incuestionable que estaba obligada a promover juicio contencioso administrativo contra esa resolución previamente a intentar el juicio de amparo; lo anterior, en términos de lo previsto por el artículo 157, fracción I, de la citada legislación; pues se trata de un acto administrativo emitido por autoridades municipales, máxime que no se está en ninguno de los supuestos de excepción a ese principio, en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia I.17o.A. J/1 de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Materia Común, Noviembre de 2009, página 836 de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. CUANDO EL PARTICULAR OPTA POR IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN MEDIANTE UN RECURSO ADMINISTRATIVO Y ÉSTE PROCEDE, QUEDA OBLIGADO, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, A RECORRER TODAS LAS INSTANCIAS Y MEDIOS ORDINARIOS DE IMPUGNACIÓN QUE DERIVEN DE AQUÉL, PUES TAL DECISIÓN IMPLICA SUJETARSE AL MENCIONADO PRINCIPIO. Cuando el particular opta por impugnar una resolución mediante un recurso administrativo y éste procede, queda obligado, previamente a la promoción del amparo, a recorrer todas las instancias y medios ordinarios de impugnación que deriven de aquél, asumiendo sus consecuencias, las cuales no puede abandonar a su conveniencia porque renunció a su oportunidad de acudir inmediatamente al juicio de garantías, pues tal decisión implica sujetarse al principio de definitividad que rige a dicho medio de control de constitucionalidad; por lo que el quejoso no puede hacer valer una excepción a dicho principio en una instancia intermedia." Es ilustrativa, por identidad de razón, la jurisprudencia XX.1o. J/48 de los de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Materia Administrativa, Agosto de 1997, página 598, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA ESTAR EN APTITUD DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, LA QUEJOSA DEBE AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD AUN CUANDO HAYA HECHO VALER EN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, en sus artículos primero y tercero, da la opción a la interesada para interponer el recurso de reconsideración ante la misma autoridad que dictó la resolución administrativa reclamada, antes de acudir al juicio de nulidad; pero de cualquier manera, si se opta por este recurso, una vez resuelto en contra de la quejosa, tiene que controvertir la resolución en comento a través del juicio de nulidad a que se ha hecho referencia, que constituye un medio de defensa legal por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama, habida cuenta de que dicha ley estatuye la suspensión del acto en forma semejante a la que establece el ordenamiento regulador del juicio de amparo; por tanto, si la quejosa hizo valer el recurso de reconsideración, debió agotar el juicio de nulidad ya citado para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías; caso contrario, éste resulta improcedente." Así como la Jurisprudencia 2a./J 130/2013 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 2, Materia Común, Septiembre de 2013, página 1446, que reza lo siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." También cobra aplicación, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Primera Parte, Materia Constitucional, Común, del tenor literal siguiente: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACION DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses." Además, tampoco se está en el supuesto de que la ley del acto prevea más requisitos que la Ley de Amparo para suspenderlo, pues los numerales 70, 71 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, prevén lo siguiente: "Artículo 70.- La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan sólo podrá ser acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Unitario que conozca del asunto, quien de inmediato lo hará del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento. Tratándose de juicios de lesividad, se hará del conocimiento de las demás partes. La suspensión podrá ser revocada en cualquier momento, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó. Artículo 71.- La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio, hasta antes del cierre de la instrucción y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución del mismo. No se otorgará la suspensión si con ello se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden a la Coordinación Catastral y Registral de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, de custodiar el folio real del predio, cuando se trate de un juicio de nulidad o de lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros." "Artículo 74.- En los casos en que proceda la suspensión, pero se puedan ocasionar daños o perjuicios a terceros, sólo se concederá si el actor otorga garantía bastante, mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar el daño e indemnizar los perjuicio que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que la hubiere concedido." Como se ve, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, ya que el actor puede solicitarla en su demanda o en cualquier momento del juicio, y el Magistrado debe acordarla inmediatamente, lo cual tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, en tanto se pronuncia sentencia, además que la garantía que debe otorgarse cuando pudieran ocasionarse daños y perjuicios a un tercero con la concesión, lo cual corrobora que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión. Apoya a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis aislada X.1o.15 A, Tomo XIII, Febrero de 2001, Materia Administrativa, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1748, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 190328, cuyo rubro y texto rezan: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. EN EL ESTADO DE TABASCO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL RECURSO ORDINARIO TRATÁNDOSE DE BAJA DE POLICÍAS, AUN CUANDO EL MEDIO DE DEFENSA NO SE ENCUENTRE PREVISTO EN LA LEY QUE RIGE EL ACTO. Tratándose de resoluciones dictadas en procedimientos administrativos de responsabilidad, en que se decrete baja o destitución de policías judiciales, previamente al juicio de garantías el quejoso debe agotar el principio de definitividad que impera en el amparo, establecido en el artículo 73 de la ley en cita, lo aleguen o no las partes, por así disponerlo el último párrafo del citado precepto, no obstante que el medio de defensa se encuentre previsto en una ley distinta a la que rige el acto, pues para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento del principio de definitividad a que se alude, no existe limitación a que el recurso, juicio o medio legal de impugnación se encuentre previsto en la ley que rige el acto reclamado y de donde emana el mismo, sino que basta que en alguna ley, formal y material, se establezca de manera directa e inmediata la procedencia de alguno o algunos de esos medios de defensa que tiendan a modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo, para que el quejoso esté obligado a agotar tales medios de impugnación antes de acudir al juicio constitucional. Bajo esa tesitura, si bien es cierto que los quejosos no estaban obligados a agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 71 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tabasco, en virtud de que para el otorgamiento de la suspensión del acto dicha ley exige mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo, no menos cierto es que ello no los exime de que previo al juicio de garantías agotaran el diverso medio de defensa establecido por el artículo 16, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Lo anterior, tomando en consideración que dicho medio de defensa tiene como efecto modificar, revocar o nulificar el acto de que se duelen en la demanda de amparo y que, además, en los artículos 55, 56 y 57 del mismo ordenamiento se prevé la suspensión de dicho acto sin exigir mayores requisitos que los contemplados por la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, para la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo a esta última ley, advirtiéndose que en ambos ordenamientos son sustancialmente los mismos requisitos. Por tanto, si los inconformes no agotaron, previamente a la interposición de la acción constitucional, el medio de defensa ordinario a que alude la fracción V del artículo 16 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que consiste precisamente en el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo de esta propia entidad, debe considerarse correcta la determinación del Juez de Distrito al sobreseer en el juicio de garantías, en términos de la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 idem, sin que en el caso exista contravención a la jurisprudencia por contradicción de tesis del rubro: "POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. EN CONTRA DE SU BAJA PROCEDE EL AMPARO SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", dado que en ésta se contienen hipótesis totalmente distintas; ya que en dicha jurisprudencia se alude, como primer supuesto, que en contra de la baja de un policía judicial del Distrito Federal, procede el amparo sin necesidad de agotar el recurso de revocación previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tomando en cuenta que esta ley, para el otorgamiento de la suspensión, exige mayores requisitos que los establecidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, llegando a la conclusión de que en la revocación administrativa se condiciona el otorgamiento de la suspensión a que el acto impugnado sea de imposible reparación, mientras que la fracción III del artículo 124 citado, sólo condiciona la medida, en el aspecto de que el acto reclamado sea de difícil reparación; y, como segunda hipótesis señala que el amparo es procedente sin que previamente deba agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, lo que se justifica al comparar los requisitos de la suspensión en el amparo con la del procedimiento contencioso administrativo, ya que el Código Fiscal de la Federación en su título VI, no contempla la suspensión de dicho acto reclamado, sino únicamente prevé la suspensión ante el Magistrado instructor que conozca del asunto, tratándose de dicho procedimiento cuando la suspensión sea negada por la autoridad ejecutora y haya rechazado la garantía ofrecida para asegurar el interés fiscal, reiniciando la ejecución de dicho procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, en relación con el numeral 144, ambos del Código Fiscal de la Federación. Supuestos que resultan ser totalmente distintos al caso que ocupa la atención de este Tribunal Colegiado." Se afirma que en el presente asunto no se está en ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que del análisis del acto reclamado no se advierte que carezca de fundamentación, lo que únicamente haría procedente la excepción de que se trata. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." Aunado a ello, precisa destacar que tampoco se advierte que la parte quejosa se ostente como tercero extraño ni que reclame la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que el medio de defensa a que se ha hecho referencia se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, o de actos qie importen violación a los derechos fundamentales en materia penal previstos en los artículos 19 y 20 de la Carta Magna, de ahí que el quejoso estaba obligado a agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Elementos de razón por los que este juzgador concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra del acto que por esta vía reclama la sociedad quejosa, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco y, por lo tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo. Consecuentemente, y toda vez que el quejoso inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente; por lo que, lo procedente es sobreseer en el presente asunto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley invocada. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de sobreseimiento o improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 525, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2012, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 530, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2012, Décima Época, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Y la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible en la página 1587, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, que literalmente establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Circunstancia que además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, del tomo VI, Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la Tramitadora y Revisora del Departamento de Tramitación Catastral de la Subdirección de Catastro del Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco, por no haber sido combatido por vicios propios sino en vía de consecuencia. QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. En consecuencia, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento antes precisado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de aquéllas de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: <<DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN>>. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Alfredo López Hernández, contra actos de las autoridades señalas cómo responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en la parte final de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia. NOTIFÍQUESE.
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PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Alfredo López Hernández, contra actos de las autoridades señalas cómo responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en la parte final de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia.
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