José Alfredo Leija Mateos y Otros.

Expediente 416/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
416/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • José Alfredo Leija Mateos y Otros.
  • José Alfredo Leija Mateos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en determinación emitida el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se valoró depurar el cuaderno original de este incidente de suspensión conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Sin embargo, el veintiséis de agosto de dos mil veinte, se aprobó el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" en donde se contempla el tratamiento del incidente de suspensión original. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regula el procedimiento y debido que en esta instancia se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. En ese sentido, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, advirtiéndose que ha transcurrido el plazo legal que se otorgó a las partes, en proveído de cinco de noviembre de la presente anualidad (fojas 165-166), a efecto de que señalaran las constancias que en copia certificada deberían remitirse al Tribunal de Alzada para la substanciación del recurso de queja interpuesto por Blanca Ordaz Núñez, autorizada legal de la parte quejosa, contra el auto de treinta de octubre del año en curso (fojas 155-159); sin que en ese plazo hubieren hecho manifestación alguna al respecto. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que en proveído de cinco de noviembre del año actual (fojas 165-166), se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de queja contra el acuerdo de treinta de octubre del presente año (fojas 155-159), en el que se tuvo por desechada la prueba que propuso en su escrito de dieciséis de octubre de dicha anualidad (fojas 31-32); consecuentemente, toda vez que la autorizada legal precisó en su escrito de interposición de queja (fojas 163-164) las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal de Alzada, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e) y 101, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, para resolver el recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, por conducto de su Jefe de la Oficina de Correspondencia, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la substanciación del recurso interpuesto. Ríndase el informe materia de la queja, conforme lo establece el numeral 101, primero párrafo de la Ley de Amparo. Notifíquese. MESA I-B

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Se tienen por recibidos y se agregan a los autos, los escritos de cuenta, signados por Blanca Ordaz Núñez, autorizada de la parte quejosa, al respecto se provee: En atención al primer ocurso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2, de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, asentando razón de su recibo. Ahora, con el diverso escrito, la promovente aludida interpone recurso de queja contra del auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve (fojas 155-159). Consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, con copia del escrito precisado en líneas previas, notifíquese a las partes para que en el plazo de tres días señalen las constancias que deban remitirse con el recurso de queja, apercibidas que de no hacerlo, se remitirá con las que este juzgador estime pertinentes junto con el informe respectivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se ordena suspender el procedimiento hasta en tanto la superioridad comunique la resolución que recaiga al recurso de queja. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia por unificación de criterio identificado con el registro Tesis: P./J. 4/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, junio de 2012, página 6 que establece: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO. La suspensión derivada de la admisión del indicado recurso, en los supuestos establecidos en los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, tiene como fin conservar la litis constitucional desde la interposición del referido medio de defensa hasta su resolución, con el objeto de que se detenga el trámite del juicio de amparo para que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo, para cuyo efecto el juzgador debe analizar que efectivamente se colmen los requisitos previstos en el precepto citado en último lugar. Para que esta protección sea efectiva, la suspensión debe ser total y no parcial, en virtud de que sería muy difícil discernir qué tipo de actuación no resulta o resultaría vinculada con la materia de la queja y sus efectos. Por tanto, la suspensión a que hace referencia el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo debe ser total, tanto de la celebración de la audiencia constitucional y, por consiguiente, del dictado de la sentencia correspondiente, como del trámite de amparo en su conjunto, por lo que no ha lugar a un seguimiento parcial del procedimiento del juicio; lo anterior, en el entendido de que dicha suspensión no involucra al incidente de suspensión ni a los recursos pendientes de resolución en otra instancia." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional que tendría verificativo el doce de noviembre de dos mil diecinueve, y se reserva señalar nueva fecha, hasta en tanto el Tribunal Colegiado notifique la resolución que en derecho proceda respecto al recurso de mérito. Notifíquese personalmente a las partes y vía oficio a las autoridades responsables. I-B

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 93 y 94), remite copias certificadas del expediente personal laboral de los quejosos José Alfredo Leija Mateos y Rosendo Juárez Hernández, adscritos a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de ese Ayuntamiento; así como de la constancia expedida por la Dirección de Recursos Humanos del citado Ayuntamiento, en la que hace constar que aquéllos se encuentran activos; además, dos recibos de pago de nómina (fojas 103 y 104), correspondientes a la primera quincena del mes de octubre del año en curso, a nombre de los quejosos de referencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas recabadas de manera oficiosa dichas documentales, sin perjuicio de que se haga relación de las mismas el día de la celebración de la audiencia constitucional; y por ende, se deja sin efecto el apercibimiento decretado. Por tanto, se levanta la reserva decretada en proveído de dieciocho de este mes y año (foja 33), respecto de las pruebas ofertadas por la autorizada de los quejosos, atento a que ya obran y al efecto se provee: Primeramente, se precisa que el artículo 119 de la Ley de Amparo, así como 79, 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal citado en primer orden, deriva que en el amparo debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, la facultad de que gozan las partes para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, lo que se traduce en el principio de la idoneidad. Ahora bien, es dable establecer que de la demanda de amparo se advierte que los impetrantes reclaman esencialmente la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento administrativo, la resolución donde resolvieron cesarlos como policías municipales adscritos a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal del municipio de Salina Cruz, Oaxaca, y la suspensión de pagos salariales; y, del escrito de pruebas la oferente refiere que las inspecciones, esencialmente son para determinar: a) La existencia del expediente administrativo de cada uno de los quejosos en los que existe: -Denuncia, resolución de cese y el oficio de baja como policías. b) En el inmueble de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Salina Cruz, el actuario pida el libro de novedades, y verifique: -Que los quejosos aparecen adscritos a la guardia "1", y con el grado de policía en la guardia "1" conforme al pase de lista desde el veintidós de septiembre de dos mil diecinueve. c) En la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, el fedatario certifique que: -Se encuentran activos los quejosos en la nómina adscritos a la guardia "1" de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. -Existe un oficio o escrito donde se ordene la suspensión del pago salarial, y que aún lo perciben. Por tanto, el resultado que pretenden con dichos medios de convicción es patente que se advierte de las constancias que obran en autos, ello debido a que se aprecia que son tendientes a mostrar la existencia de un procedimiento de separación de cargo como policías adscritos a la guardia "1" y que perciben o no, aún un salario por tal cargo. Aunado a que tal como lo dispone el artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. De tal manera que de ordenar su desahogo sólo implicaría retardar la resolución de la Litis en el presente asunto, lo cual contravendría a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, es decir, el principio de la pronta y expedita impartición de justicia. Cobra aplicación, la Jurisprudencia P./J. 41/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, foja 157, que establece: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Sin que en la especie se actualice la excepción que establece el numeral 75 de la Ley de Amparo, pues si bien no ha tenido oportunidad de rendirlas ante las autoridades respecto del acto que la parte quejosa combate, lo cierto es que de las constancias que han remitido aquéllas, se advierten documentales de las que se aprecian las constancias respecto de las cuales los oferentes quieren se inspeccionen, a saber: a) y c) Los informes de las responsables en el que atento a lo requerido por este Juzgado en proveído de veinticuatro de octubre de esta anualidad (fojas 93-94), manifestaron bajo protesta de decir verdad que "no se ha elaborado procedimiento administrativo, como lo es la denuncia, acuerdo, omisión de emplazamiento, resolución, y como consecuencia la orden de suspensión de pago." Aunado a que adjuntaron al efecto, copia certificada de los recibos de pago de treinta de septiembre de este año (fojas 40 y 41), a nombre de los aquí quejosos, relativos a la segunda quincena de ese mes. b) De los recibos de pago de mérito se lee que es por concepto a dicha quincena en el puesto de policía municipal, en la Comisaría de Seguridad Pública. Asimismo, en esta data se tiene por recibidas las copias certificadas de los expedientes personales de los quejosos en los que se advierten los oficios 205 y 206 de veintiocho de octubre de este año, relativos a las constancias de que los impetrantes se encuentran en activo (fojas 100 y 101). No se soslaya el hecho de que de las documentales no se aprecia tal cual que aquéllos están adscritos a la guardia "1" como lo aducen los impetrantes que quieren acreditar, pues de la relación de las constancias aludidas y por lo expresado por las responsables en los informes de mérito, es dable advertir: que a esta data no hay procedimiento administrativo, que sí se encuentran activos y que no se ha cancelado sus percepciones salariales, por lo que resultaría ocioso el requerir a las responsables para que informaran aquello, o bien, que el actuario judicial de la adscripción se constituya para verificarlo en el "libro de novedades" que refieren los oferentes. Por tanto, dado que en la especie pretende el oferente es que se inspeccione un expediente y circunstancias de las que ya obran en autos constancias de los que se aprecian las cuestiones que quiere se verifiquen por el fedatario de la adscripción; en consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar las pruebas de inspección de mérito. Asimismo, es aplicable en lo conducente a contrario sensu, la tesis aislada I.8o.C.19 K (10a.), emitida por los Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2016, Libro 34, Tomo IV, página 2888, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL AMPARO, NO RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ALCANCE DE LA EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 75 de la Ley de Amparo establece como regla general que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquélla. A su vez, en su segundo párrafo contempla una excepción, a saber, que tratándose del amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Para fijar el correcto alcance de la excepción que consagra el citado precepto, debe atenderse al artículo 1o. de la Ley de Amparo, partiendo de la naturaleza y finalidad del juicio de garantías que, como la propia norma lo define, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Así, puede decirse que el juicio de amparo no constituye una nueva o segunda o tercera instancia del procedimiento del orden común, donde puedan recibirse las pruebas que no se desahogaron con anterioridad, ni dicho juicio, que es autónomo, tiene por objeto decidir directamente sobre acciones, excepciones o pretensiones que se plantean en el procedimiento ordinario, pues lo que en él se juzga, es exclusivamente si el acto reclamado vulnera derechos humanos, siendo por esta razón que el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, tomando en consideración sólo los elementos que tuvo ante sí y pudo esa autoridad ponderar, dado que lo que se juzga es precisamente su actuación. Por ello, si el quejoso es parte en el juicio respectivo y no ha tenido oportunidad de rendir la prueba que justifique su derecho, porque se desechó o por cualquier otra causa, el remedio no puede consistir en que el Juez de amparo reciba la prueba, sino en obligar a la autoridad responsable a que lo haga, siempre y cuando los conceptos de violación relativos se consideren fundados. Estimar lo contrario, implicaría desnaturalizar el juicio constitucional, atribuyendo al Juez de Distrito facultades equivalentes a las de las autoridades responsables, incluso la de resolver directamente el conflicto planteado ante éstas, bajo el argumento de que el quejoso no pudo antes rendir la prueba. De ahí que la disposición de que se viene haciendo mérito deba entenderse aplicable al supuesto del amparo promovido por terceros extraños, dado que son éstos los que no podrían haber rendido pruebas ante las responsables, y aun en este caso, las pruebas admisibles tendrían que estar vinculadas con la demostración de la violación del derecho de audiencia, y nunca con el fondo de la controversia correspondiente, toda vez que estas últimas tendrían en todo caso que desahogarse ante aquellas autoridades, dentro de la obligación de éstas de otorgar audiencia al quejoso, en caso de concederse el amparo. También debe tenerse presente que la posibilidad de rendir pruebas en el amparo tampoco existe cuando la ley que rija el asunto no la establezca para el procedimiento correspondiente, pudiendo presentarse al respecto dos situaciones: La primera, cuando la ley de la materia, válidamente, no contemple dicha posibilidad, como podría suceder, por ejemplo, si concluyó el periodo probatorio, si se pretende rendir prueba contra presunciones legales que no la admitan, o en la segunda instancia de un juicio, cuando la ley no las permite, o por cualquier otra causa; casos en los que evidentemente no cabría que en el amparo se admitiesen las propias pruebas, precisamente por ser válida la prohibición de hacerlo. La segunda situación que podría presentarse sería la consistente en que la ley, indebidamente, no permitiese rendir pruebas; en cuya hipótesis la solución no podría ser la de recibirlas en el juicio constitucional, para resolver de esa manera, directamente, el conflicto sometido ante la responsable, sino la de declarar la inconstitucionalidad de la ley, con las consecuencias inherentes, según la situación concreta de que se tratase." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. I-B

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