José Alfredo Juárez Montejo

Expediente 672/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
672/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • José Alfredo Juárez Montejo

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, quince de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual rinde su informe justificado y al efecto, remite copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes, respecto del proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, relativo al expediente laboral 377/2013 de su estadística, documental a la cual se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, antes de acordar lo conducente, es conveniente realizar un análisis integral de la demanda de amparo para precisar el acto reclamado por la parte quejosa, el cual en esencia es la omisión del Tribunal Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de realizar la certificación que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral 377/2013. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese sentido, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. En ese sentido, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Como ya se precisó, en el particular el acto de reclamo consiste en la omisión del Tribunal Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de realizar la certificación que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral 377/2013; sin embargo, de las constancias que en esta data se proveen, se advierte que el dieciocho de junio de la presente anualidad, el Tribunal responsable realizó la certificación en comento y dio vista a las partes por el plazo de tres días hábiles, para que manifestaran su conformidad con la supracitada certificación y lo notificó a las partes. Sentado lo anterior, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (veintidós de junio de dos mil veintiuno) la autoridad responsable ya había acordado respecto a la certificación que no quedaban pruebas pendientes por desahogar en el presente asunto (dieciocho de junio de dos mil veintiuno), lo cual resulta ser previo a la interposición del amparo; sin embargo, las partes, incluyendo al quejoso fueron notificados con posterioridad a la data de la presentación del juicio, por lo que durante el transcurso de la tramitación de este expediente, el acto reclamado dejó de surtir sus efectos, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular y sin haber dejado huella alguna en el que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Sustenta lo anterior, la Tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De la misma forma, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En razón de lo expuesto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracciones XXI, del citado ordenamiento jurídico, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional estuviere señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo el Juez de Distrito, resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos fundamentales imputados por el quejoso a la autoridad responsable y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, siete de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por: N° Autoridad: 1 Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco Mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con su contenido dese vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que deberá tomarse en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, conforme al artículo 119 de la citada ley, se tienen como pruebas la documental consistente en copia certificada del auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, relativo al expediente laboral 377/2013 de su estadística, que anexó la responsable, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Ahora, si bien la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, relativo al expediente laboral 377/2013 de su estadística; empero, fue omiso en adjuntar copia de las constancias de notificación relativas a dicho auto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que: En el plazo improrrogable de TRES DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído remita copia certificada de las constancias de notificación supracitado acuerdo. Bajo el apercibimiento que de no cumplir lo ordenado dentro del término señalado, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($89.62 ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos de la Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. En ese sentido, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del presente libelo actio de amparo, en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 108, 109, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda en sus términos. Registro del expediente impreso y electrónico. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el número 672/2021-VII-1, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incidente. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni encontrarse en los supuestos por los que deba aperturarse de oficio. Fijación de fecha y hora para audiencia constitucional. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las diez horas con siete minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Se hace del conocimiento de las partes que no habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Requerimiento de informe justificado. Con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun y cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo; acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Se autoriza a la responsable para que remita su informe justificado a la dirección de correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx. con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. De igual forma, indíquese a la citada responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, en relación con el diverso 238, dispone que podrá multársele con cien Unidades de Medida y Actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rinda su informe justificado, lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Prevención en caso de negarse a recibir notificación. Se comunica a la autoridad responsable que se le sancionará con multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del arábigo 260 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238, en caso de que se niegue a recibir la notificación a que se refiere el numeral 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita. Aviso de eventual promoción de diversos juicios y de causal de improcedencia. De conformidad con lo establecido por los numerales 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento del quejoso, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se impondrán al omiso las sanciones monetarias previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con el acto reclamado en el presente sumario; y, para que manifiesten oportunamente la cesación de los efectos del acto reclamado, o bien, la actualización de causas de sobreseimiento. Intervención de las demás partes. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Por otra parte, resérvese de ordenar emplazar a las terceras interesadas, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad señalada como responsable. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que adjuntó a su escrito y la presuncional legal y humana; mismas que se admiten y se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, por cuanto hace a la prueba instrumental de actuaciones consistente en todo lo actuado en el juicio laboral de origen y el informe justificado, que rinda la responsable, no ha lugar acordar favorablemente, en razón de que aún no obra en autos sin perjuicio de que las ofrezcan con posterioridad, por tanto se reserva proveer lo conducente respecto de las mismas. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta, y por autorizados en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en el mismo. Uso de medios electrónicos. En relación a la autorización solicitada por el promovente, de conformidad con la circular 12/2009, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio, se acuerda favorable a su petición. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID- 19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. En otro orden, en cuanto al número telefónico que proporciona la quejosa para recibir notificaciones, dígasele que es improcedente hacerlo a través de la dirección del correo electrónico que refiere, ya que de conformidad con el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, 6 y 28 ambos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que proceda realizar las notificaciones vía electrónica es necesario hacerlo a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, mediante el empleo de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación por parte de quien promueve la demanda. Protección de datos personales y transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.

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