José Alfredo Horta Zuñiga
Expediente 175/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Alfredo Horta Zuñiga
Actuaciones
- Principal
Certificación de archivo.
- Principal
Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
Se ordena separación de autos. De autos se obtiene que el quejoso acude al amparo reclamando los siguientes actos: ".Resolución interlocutoria de fecha 23 de febrero de 2021, emitida en el Recurso de Revocación en contra del auto de fecha 12 de febrero de 2012, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número *** sobre pago de pesos, del índice del Juzgado responsable, promovido por ***, por conducto de su endosatario en procuración en contra de ***, substanciado en el Juzgado responsable." ".Resolución Interlocutoria de fecha 26 de febrero de 2021, dictada en el incidente de liquidación de intereses moratorios, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número *** sobre pago de pesos, del índice del Juzgado responsable, promovido por ***, por conducto de su endosatario en procuración en contra de ***, substanciado en el Juzgado responsable." En consecuencia, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en sentido contrario, se decreta la separación de los autos que integran este juicio de amparo, lo anterior, en aras de lograr con efectividad la prontitud en la impartición de la justicia constitucional, contemplada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento dieciocho, Tomo VI, Septiembre de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.- Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." En términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil tres, el criterio anterior es aplicable al caso por analogía, porque no contraviene las disposiciones de dicha ley. II. Se determina la litis de expedientes separados. En razón de lo anterior, se ordena la separación de juicios, en los siguientes términos: En el presente expediente de amparo se resolverá respecto del acto reclamado consistente en el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de doce de febrero de dos mil veintiuno dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Menor Mixto de la Ciudad de San Felipe, Guanajuato. En otro expediente, se analizará la resolución interlocutoria de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, que resolvió el incidente de liquidación de intereses moratorios promovido en el Juicio Ejecutivo Mercantil número *** sobre pago de pesos, del índice del Juzgado Menor Mixto de la Ciudad de San Felipe, Guanajuato. Se ordena obtener copia certificada de la papeleta, de la demanda y las constancias conducentes a fin de que en juicios separados se resuelva en relación con el acto que se reclama de la autoridad referida en el inciso b. Levántese certificación de las constancias con que se forme los expedientes con motivo de la separación de juicios. III. Se gira oficio a la Oficina de Correspondencia Común. Se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, a efecto de que efectúe el registro del nuevo expediente que se formará con motivo de la separación de autos, lo turne a este Juzgado de Distrito y realice la compensación correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ***. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ***, contra actos del titular del Juzgado Menor Mixto de San Felipe, Guanajuato. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. La parte quejosa reclama la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno que resolvió el recurso de revocación en el sentido de revocar el auto de doce de febrero de dos mil veintiuno en el sentido de: ".no se autoriza levantar el embargo de los inmuebles que fueron embargados en autos, en virtud de que si bien, ya cubrió la suerte principal a que fue condenado en la sentencia definitiva de este negocio, sin embargo, aún tiene pendiente por cubrir los intereses liquidados en la interlocutoria dictada el día veintitrés de mayo de dos mil dieciocho y los que se liquiden en el periodo del nueve de mayo de dos mil dieciocho al cuatro de febrero de dos mil veintiuno." Actuaciones emitidas dentro del juicio ejecutivo mercantil número *** del índice del juzgado responsable. Acto reclamado sobre el cual, de manera manifiesta e indudable, se concreta la causa de improcedencia a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, primer párrafo, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; esto es, que la resolución reclamada no es la última dictada en la etapa de ejecución. Los numerales en comento disponen que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Los preceptos legales transcritos establecen la procedencia del amparo indirecto contra actos ejecutados por autoridades judiciales después de concluido un juicio. Respecto de dichos actos cabe distinguir entre los que se refieren a la ejecución de sentencia y los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución, en cuanto a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, hasta que se apruebe de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Los segundos, son aquellos que aun cuando son dictados después de concluido el juicio, no quedan vinculados con la fase ejecutiva, y por ello no se posterga la procedencia del juicio constitucional. Sirve de sustento a lo afirmado la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, visible en la página 11 del tomo XVII, junio de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Se invoca como apoyo tal criterio no obstante que se refiera a la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece; sin embargo, se estima que la sustancia de la norma ahí examinada coincide con la vigente, de donde es permisible su aplicación conforme con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, la resolución controvertida se dictó en la etapa de ejecución de sentencia del procedimiento de origen: del hecho once de la demanda de amparo se advierte que el tres de octubre de dos mil diecisiete se dictó sentencia; y, del antecedente doce se anota que el hoy quejoso promovió demanda de amparo directo en contra de la mencionada sentencia definitiva, el que fue negado. Ahora, la resolución aquí reclama tiene la finalidad de que los bienes embargados en el juicio de origen sigan bajo ese carácter con la intención de garantizar el pago de los intereses moratorios a que fue condenada la parte vencida. Por tanto, se trata de un acto relacionado con la ejecución de lo sentenciado, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que, como ya se dijo, podrán reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase que hubiesen dejado sin defensa a la partes. Además, en las condiciones apuntadas, dicho embargo no debe ser considerado como un acto de imposible reparación: resulta ser una consecuencia de la cosa juzgada en el juicio natural que ante el incumplimiento de los pagos acordados al vencido se le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor. Fundamenta el tema tratado las tesis siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2004223 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: III.4o.(III Región) 8 C (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, página 1647 Tipo: Aislada EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor." Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2003470 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XVII.1o.C.T.6 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1705 Tipo: Aislada AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, PROMOVIDO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de levantamiento del embargo, llevado a cabo dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de levantamiento de embargo, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio. Bajo esa condición, en atención a que el acto reclamado no cumple con el presupuesto de procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. CONSULTA DE EXPEDIENTES O COMPARECENCIAS. Asimismo, indíquese a las partes que la consulta del expediente deberá llevarse a cabo a través del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas a que hace alusión el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", ello con la finalidad de disminuir la concentración de personas en el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional; para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicítese a las partes que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. MEDIDAS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO. Los actuarios de la adscripción deberán practicar las notificaciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, de conformidad con los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Por lo que hace a la notificación a las autoridades responsables, con fundamento en la fracción III del diverso numeral 28 de la Ley de Amparo, realícese mediante oficio a través de cualquier medio oficial (como puede ser el correo electrónico institucional).
- Principal
... Téngase por recibido el oficio signado por la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, sin que sea necesario emitir pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, en virtud de que en auto de doce de enero de dos mil veintiuno se proveyó lo conducente. Tribunal colegiado admite recurso. Por otra parte, agréguese el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja 101/2020 interpuesto por la citada fiscalía. Como lo solicita la autoridad oficiante, infórmesele que la sentencia dictada en el presente expediente fue impugnada y mediante proveido de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se remitió el recurso de revisión al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,874 expedientes
- José Alfonso Gómez Bustos472/2022
- Jose Alfredo Cuevas Anguiano856/2017
- Jose Alfredo Galvan Herrera1110/2017
- Jose Alfredo Galvan Herrera862/2017
- Jose Alfredo Galvan Herrera1553/2017
- José Alfredo García Hernández y Otros.1133/2023
- Jose Alfredo Lopez Perez178/2019
- Jose Alfredo Lopez Perez352/2016
- José Alfredo López Pérez y Otros.265/2019
- Jose Alfredo Lopez Perez267/2019
- José Alfredo López Pérez234/2017
- José Alfredo Loza Montañez372/2018