Jose Alfredo Guzman Palacios
Expediente 669/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jose Alfredo Guzman Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado procesal que guardan los presentes autos y a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado en este juicio, en el que se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia. Por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2º de la ley en aplicación, se declara que dicho auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el punto Décimo Primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a la partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo proveyó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de María Chávez Valencia, secretaria que da fe. Doy fe.-
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio con evidencia criptográfica por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por vacaciones del titular, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto electrónico 776/2022, con las constancias practicadas, de las que se advierte que el doce de agosto pasado, se notificó al quejoso el acuerdo de dos de agosto pasado, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este sumario; en tal virtud, glósese a las presentes actuaciones para que surta sus efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales. Por otro lado, atenta a la comparecencia de Alfonso Soto Radilla, asesor jurídico federal adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Guerrero; en atención a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo que le fue conferido como representante del quejoso José Alfredo Guzmán Palacios. Asimismo, se tiene como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas del Instituto Federal de Defensoría Pública, edificio sede del Poder Judicial de la Federación, boulevard de las Naciones 640, Granja 39-A, Edificio C, primer nivel, fraccionamiento Granjas del Marqués, código postal 38890, en esta ciudad. Notifíquese Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; Se tiene por recibido el oficio firmado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; sin que resulte necesario otorgar vista a las partes con su contenido y documental anexa, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de amparo, dada la conclusión que se expondrá a continuación. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión del juez responsable de dictar las medidas necesarias para obtener la ratificación de peritos y defensores ordenada por el Tribunal de Alzada, mediante ejecutoria en la que ordenó la reposición del procedimiento para esos efectos. Precisado lo anterior, la autoridad responsable Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada de las constancias relativas, de las que se advierte la ejecutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, en esta ciudad, en el toca penal 120/2021 de su índice, en la que repuso el procedimiento en la causa penal 23/2013, a efecto de que, desahogara las diligencias de ratificación de los dictámenes emitidos por los peritos Luis Alejandro Mendoza Ignacio, Amalia Gamboa Zúñiga, Telmo Erick Nájera Rodríguez y María del Carmen Cabrera Bautista; asimismo, verificara si los defensores públicos federales Margarita Ramírez Salazar, Julio César Alvarado Cebrero, Gabriela Vizcaíno Méndez, Margarita Mariano Saldaña, Humberto Flores González y Andrés Octavio García Bustamante, que llevaron la defensa del ahora quejoso, son licenciados en derecho, y además de que debería citarlos para que aceptaran y ratificaran el cargo conferido ante ese juzgado federal. Bajo ese contexto, también obran sendas diligencias de ratificación que de los peritos, Luis Alejandro Mendoza Ignacio, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, Amalia Gamboa Zúñiga y Telmo Erick Nájera Rodríguez el veinte de enero de dos mil veintidós, y María del Carmen Cabrera Bautista el siete de marzo de dos mil veintidós. En tanto que por lo que hace a los defensores públicos federales nombrados con antelación, previo a cerciorarse de que son licenciados en derecho, como se advierte de la copia certificada que se allegó de su correspondiente cédula profesional, aceptaron y protestaron el cargo conferido en la causa penal de origen, como defensores públicos, Julio César Alvarado Cebrero, el treinta de junio de dos mil veintidós; Margarita Ramírez Salazar, el trece de julio de dos mil veintidós; Gabriela Vizcaíno Méndez y Humberto Flores González, el catorce de julio de dos mil veintidós, Margarita Mariano Saldaña, el trece de julio de dos mil veintidós y Andrés Octavio García Bustamante, el veinte de julio de dos mil veintidós. En virtud de lo anterior, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De ahí que, en acato a lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas generadas en el presente asunto; para ello, es importante citar los artículos antes precisados, que disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En efecto, conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que al haberse desahogado las diligencias de ratificación de los dictámenes emitidos por los peritos antes citados y cerciorarse que los defensores públicos federales en dicha causa penal, son licenciados en derecho, los que, además ante la presencia judicial aceptación y protestaron el cargo conferido, diligencias que fueron ordenadas por el Tribunal de Alzada, mediante ejecutoria pronunciada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, es inminente que dejó de existir el agravio que le fue causado al aquí quejoso con el acto que reclama en la presente instancia. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad, argumento que no se contrapone a lo preceptuado en la Ley de Amparo, en términos del artículo sexto transitorio. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 103, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI). Así como en la diversa Jurisprudencia P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71 del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la omisión del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Así, de las constancias exhibidas por la propia autoridad, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, dicha omisión procesal dejó de existir, al haberse desahogado las diligencias de ratificación de los dictámenes emitidos por los peritos antes citados, así como el haberse cerciorado el juez responsable de que los defensores públicos federales en la causa penal, son licenciados en derecho, los cuales además aceptaron y protestaron el cargo conferido ante el juez de la causa, de lo cual la parte quejosa se duele en esta instancia constitucional. Ahora bien, la cesación de los efectos del acto reclamado constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud del hecho que se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Sirve de sustento a esta determinación la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Consecuentemente, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con cincuenta minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso José Alfredo Guzmán Palacios, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; de conformidad con los artículos 3 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y el numeral 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena girar atento exhorto vía electrónica al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO OAXACA, EN TURNO, CON SEDE EN SAN BARTOLO COYOTEPEC, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda, que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique al quejoso este acuerdo, corriéndole traslado con copia del mismo. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa; personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y por oficio al tercero interesado. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/1364/2022, de treinta de mayo de dos mil veintidós, quien actúa asistido por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.-
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio firmado -con evidencia criptográfica- por la titular de la Delegación Guerrero del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en esta ciudad, a través del cual informa que designó al licenciado Alfonso Soto Radilla, Defensor Público Federal para que asuma el patrocinio legal del quejoso José Alfredo Guzmán Palacios; de lo cual toma conocimiento este Juzgado para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe. "
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