José Alfredo Gutierrez Pacheco
Expediente 600/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 34 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Alfredo Gutierrez Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
ELECTRONICA MP... "(.) ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de inconformidad. (.)" De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes; ACÚSESE RECIBO, hágase del conocimiento de las partes y realícese las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Atento a lo anterior, y como se ordenó en el proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria adscrita al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual hace del conocimiento el auto de veinticuatro de junio del año en curso, emitido en el recurso de inconformidad registrado con el número de toca 17/2022, a través del cual acusa recibo del referido recurso hecho valer por la parte quejosa en contra el proveído de nueve de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo; asimismo, informa que el mismo quedó registrado y admitido con el número de toca antes señalado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo prevé su numeral 2°, agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por José Alfredo Gutiérrez Pacheco parte quejosa en el presente asunto, a través del cual, interpone recurso de inconformidad en contra de la sentencia emitida el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, 202 párrafo primero y 203 de la Ley de Amparo y en atención al Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de septiembre de dos mil trece, por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I, noveno, al que se adiciona un párrafo segundo y décimo tercero, párrafo segundo del Acuerdo General número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiado de Circuito, el cual establece que se aplicará a los recursos de Inconformidad interpuestos a partir del diecisiete de septiembre de dos mil trece, del que se advierte que se delega la competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito, de las inconformidades interpuestas en términos de lo previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo; hágase del conocimiento de las partes el presente proveído. Por lo anterior, remítase al tribunal de alzada que deba resolver, mediante el vínculo de "PROMOCIONES ELECTRÓNICAS INTERCONEXIÓN IOJ", a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se instruye al encargado del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (SISE), para que una vez que se conozca el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que corresponda conocer del presente recurso, vincule el presente expediente por medio de la citada plataforma; a fin de que se encuentre en aptitud de resolver lo conducente. En ese orden, envíese mediante correo electrónico institucional, oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, a fin de saber qué órgano colegiado conocerá del citado medio de impugnación. Finalmente, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, se encuentren en período vacacional o no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanude sus labores, entregue los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregada a sus receptores.
- Principal
MP Ciudad de México; nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en proveído de treinta de mayo de mayo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] Por lo que, se concluye que al haber sido omisa las autoridades responsables para cumplir lo resuelto en la sentencia de nulidad, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que las autoridades responsables Director General y Subdirector de Prestaciones y Jubilaciones, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México den cumplimiento a la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve pronunciada por la Quinta Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el juicio TJ/V-138714/2018, misma que fue confirmada por el Pleno Jurisdiccional de dicho Tribunal en el recurso de apelación RAJ. 58102/2019; así como a la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno dictada en el recurso de queja por incumplimiento a la sentencia. Por otra parte, de las constancias que integran el expediente de nulidad referido se advierte que la sala responsable no ha notificado a las autoridades demandadas de la resolución al recurso de queja emitida el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, incluso cuando las autoridades demandadas en esta instancia aceptaron el conocimiento de ésta y no haberla acatado. Asimismo, aun cuando el quejoso mediante escrito de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno intentó nuevamente promover recurso de queja por incumplimiento a la sentencia y pidió a la sala requiriera a las autoridades demandadas el cumplimiento de la ejecutoria del juicio de nulidad; también lo es que únicamente lo agregó a los autos y remitió al quejoso a lo resuelto el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, sin que con posterioridad hubiere alguna actuación relativa a conminar a las responsables a acatar el fallo. Ahora, el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé: "Artículo 106. En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podrá, por una sola vez, acudir en queja, ante la Sala, la que dará vista a la autoridad responsable para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se interpondrá por escrito dirigido al Magistrado Instructor que corresponda; en dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada, o bien, se expresará la omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trate. El Magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de sentencia, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, la Sala Ordinaria resolverá si la autoridad demandada ha cumplido con los términos de la sentencia, de lo contrario, la requerirá para que cumpla en un término de otros cinco días, amonestándola y previniéndola de que en caso de renuencia se le impondrá al servidor público respectivo una multa de 50 a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, apercibiéndola además respecto a una sanción de mayor severidad si el incumplimiento persiste. De este requerimiento se dará vista también a su superior jerárquico, con el objeto de que conmine al renuente a realizar el cumplimiento. Si la sentencia no quedó cumplida en el plazo fijado, la Sala emitirá la resolución respectiva, e impondrá el arresto del servidor público renuente hasta por treinta y seis horas, y a su superior jerárquico una multa de 50 a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, requiriéndoles por una última vez el cumplimiento íntegro de la sentencia respectiva en un término no mayor a cinco días. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, la Sala Ordinaria podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo el apercibimiento efectuado. Si en el término fijado no se acredita haber dado cumplimiento cabal a la sentencia, la Sala Ordinaria podrá determinar una nueva sanción al servidor público renuente y a su superior jerárquico, en su caso." Conforme al precepto legal transcrito, las Salas están facultadas para imponer al servidor público renuente una multa de 50 a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, apercibiéndola además respecto a una sanción de mayor severidad si el incumplimiento persiste. Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente, que quedaron valoradas previamente, se advierte que obra únicamente la resolución de queja de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno donde declaró fundada la misma; amonestó a las autoridades demandadas y las requirió para que en el término de cinco días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación dieran cabal cumplimiento a la sentencia definitiva emitida, sin que obre con posterioridad actuación alguna donde haga diverso requerimiento, imponga multa o siga el procedimiento de ejecución. Luego, puede concluirse que la sala ante la que ha sido substanciado el procedimiento contencioso, ha hecho un solo requerimiento para lograr la cabal y total observancia de la ejecutoria dictada el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve; sin que existan otros requerimientos dirigidos a las demandadas para que acaten el fallo, o en su caso, opte por la imposición de multas para lograr el acatamiento de la ejecutoria del juicio de nulidad. Por lo que, también se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que la Quinta Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, provea lo conducente para lograr el total cumplimiento a la ejecutoria, previsto por el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. [.]" Del análisis a lo anterior, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, las autoridades responsables deberán acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: Director General y Subdirector de Prestaciones y Jubilaciones, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México Den cumplimiento a la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve pronunciada por la Quinta Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el juicio TJ/V-138714/2018, misma que fue confirmada por el Pleno Jurisdiccional de dicho Tribunal en el recurso de apelación RAJ. 58102/2019; así como a la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno dictada en el recurso de queja por incumplimiento a la sentencia. Quinta Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México Provea lo conducente para lograr el total cumplimiento a la ejecutoria, previsto por el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En cumplimiento a lo anterior, junto con el oficio registrado con el folio 10545, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el veintinueve de abril de dos mil veintidós, la Apoderada Legal de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, remitió las siguientes documentales: Acuerdo de Pensión por Jubilación número DPBS/PJUB/018651 de seis de octubre de dos mil veintidós. Recibo de Pago de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno. Comprobante de operación bancaria de veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Así, con dichas documentales, en proveído de dos de mayo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, situación que si desahogó a través del escrito con número de folio 11220; en el cual la impetrante manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Con las constancias de referencia, en auto de trece de mayo de dos mil veintidós, se requirió a la Quinta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a efecto de que informara si, con las documentales exhibidas por la autoridad responsable, se dio cumplimiento a la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el juicio TJ/V-138714/2018, de su índice, misma que fue confirmada por el Pleno Jurisdiccional de dicho Tribunal en el recurso de apelación RAJ. 58102/2019. En atención a lo anterior, a través del oficio presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el veintisiete de mayo del año en curso, registrado con el folio 13352, la Secretaria de Acuerdos de la Ponencia Catorce de la Quinta Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, hizo del conocimiento el acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente TJ/V-138714/2018, de su índice, en el que dicho órgano jurisdiccional determinó lo siguiente: / Constancia que por ser pública, merece eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con dicha constancia se dio vista a la parte quejosa en proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, para que, en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera, cuestión que SI realizó a través del escrito registrado con el número de promoción 14142, en donde manifestó su desacuerdo con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, por los motivos que en el referido escrito se exponen. Ahora bien, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal, y la constancia remitida en cumplimiento a los mismos, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión de la protección constitucional, pues, por una parte, la Sala de origen proveyó lo conducente para lograr el total cumplimiento a la ejecutoria, previsto por el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y, por el otro, el Director General y Subdirector de Prestaciones y Jubilaciones, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, acreditó ante la Sala responsable que dio cumplimiento a la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el juicio TJ/V-138714/2018, de su índice, misma que fue confirmada por el Pleno Jurisdiccional de dicho Tribunal en el recurso de apelación RAJ. 58102/2019. Cabe precisar que los alcances de la ejecutoria de amparo impiden que este Juzgado Federal, en el procedimiento de ejecución del fallo protector, pueda examinar los motivos o fundamentos que sustentan la resolución dictada por la sala de origen, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, consultable en su página 203, cuyo texto precisa: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." En efecto, el hecho de que el artículo 196 de la Ley de Amparo, establezca que la ejecutoria de amparo se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, no implica el estudio de aspectos que no fueron materia de análisis en el juicio de amparo, sino exclusivamente del exacto cumplimiento de las cuestiones que sí lo fueron, concretamente, de aquellas que dieron lugar a la concesión de la protección de la Justicia Federal. Así pues, el análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a aspectos que no forman parte de los efectos del amparo. En ese orden de ideas, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por la impetrante del amparo, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión. Atento a lo anterior y, tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la vigente Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de garantías, precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201, fracción primera y 202 de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanude sus labores, entregue los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregada a sus receptores. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa en atención a lo ordenado en proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, y vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en unión de Josué Yoao García García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jueza Secretario
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