José Alfredo Gutiérrez Aguayo

Expediente 2158/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 128 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2158/2016
Año
2016
Actuaciones
128
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • José Alfredo Gutiérrez Aguayo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 128.

  1. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en incidente de Inejecución de sentencia 7/2022 de su índice; por tanto, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa para sus efectos, que dicho incidente fue resuelto en los siguientes términos: "PRIMERO. Se declara SIN MATERIA el incidente de inejecución de sentencia a que esta determinación se concreta. SEGUNDO. No ha lugar a dictaminar que hubo desacato o inejecución injustificada a la sentencia por parte de las autoridades responsables." Al respecto, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para que obre como constancia. Acúsese de recibo correspondiente, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, toda vez que mediante auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós se ordenó el archivo; devuélvase los autos al mismo.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Debe decirse que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "SEXTO. Efectos del amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, mismos que se concretan a lo siguiente: Las autoridades responsables Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco y Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, deberán emitir resolución en la que se determine la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el quejoso, con motivo de la separación de su cargo. La presente ejecutoria de amparo constriñe a la responsable a resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso mediante el pago de: I. La indemnización respectiva, consistente en el pago de tres meses de salario, veinte días por año de servicio y partes proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes, conforme lo que establecen los artículos 123, apartado B, fracción XIII constitucional y 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; y, II. De las demás prestaciones a que tenga derecho, consistente en el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII constitucional. (.) Luego, no es dable dejar insubsistentes las consecuencias que se concretaron en la separación del cargo del quejoso, dado el imperativo categórico previsto en el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución, que se traduce en la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad, aun cuando esta autoridad de amparo haya resuelto la violación a garantías individuales por los motivos antes precitados, pues en ningún caso, procede la reincorporación al servicio. De manera que, como se precisó con anterioridad, las autoridades responsables únicamente tienen una obligación resarcitora al servidor público como responsabilidad administrativa del Estado, pues esa fue la intención del constituyente permanente, porque la reforma constitucional privilegió el interés de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, efectivas y eficaces; y si bien la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni debe llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado. Se puntualiza que al quedar subsistente la resolución sólo en la parte que decreta la terminación de la relación jurídica administrativa del quejoso con la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, se cumple con el imperativo constitucional, pues debe quedar asentado en las instituciones la mencionada separación a fin de que no proceda con posterioridad la reincorporación al servicio en las instituciones públicas por parte del quejoso, pues de otra manera, no quedaría evidencia de la separación. Luego, no procede la reinstalación en el cargo que venía ocupando en la dependencia citada, en los mismos términos y condiciones que desempaña previo a la emisión de la resolución por la que se decretó la terminación de la relación jurídico administrativa, porque como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 102/2010, el derecho a una reinstalación, constituía una simple expectativa de derecho. Se acata por obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción número 102/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos nueve, del tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, que establece: (.) En ese sentido, la excepción constitucional establecida en el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, aplica para todos los cuerpos de seguridad del País, sean, federales, estatales o municipales, por lo que prevalece dicha norma magna frente a las disposiciones legales y reglamentarias que se le opongan, atento al orden jerárquico que establece el artículo 133 de la misma Constitución, que otorga a esta, la Supremacía sobre cualquier otra disposición. Más aun cuando existe jurisprudencia de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Se cita al respecto la tesis P. VIII/2007, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible a página seis, del tomo XXV, abril de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, que por rubro y texto dice: (.) En ese sentido, en el caso la separación del cargo a los elementos policiacos, implica el cese de sus funciones, por lo que no cabe, que a virtud del amparo, sean restituidos en el puesto que desempeñaban, porque el cese los ubica en la excepción constitucional que prohíbe la reinstalación, y además debe acatarse en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que se originó al interpretar el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, donde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó claro que tiene preferencia la decisión del constituyente de impedir que los elementos de los cuerpos de seguridad pública entre otros, que hubieran causado baja, se reincorporen al servicio, sea cual fuere la causa de su baja o cese. Así pues, al no proceder la reincorporación del quejoso en el servicio público que desempeñaba, en razón de la terminación de la relación jurídica administrativa decretada el diez de agosto de dos mil dieciséis, porque el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo prohíbe, es innegable que debe prevalecer dicha norma magna, frente a las disposiciones legales y reglamentarias que se le opongan, atento al orden jerárquico que establece el artículo 133 de la misma Constitución, que otorga a esta la Supremacía sobre cualquier otra disposición. Más aun cuando existe jurisprudencia de aplicación obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo." Luego, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el amparo en revisión 82/2017, en sesión de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, resolvió: "PRIMERO. Queda INTOCADO el resolutivo "SEGUNDO", de la sentencia recurrida ante su falta de impugnación, que concedió el amparo al quejoso, en cuanto al procedimiento de separación; empero, con la salvedad de que los efectos de la concesión del amparo, deberán abarcar, que la autoridad responsable, realice la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada, en los términos expuestos en la parte última del considerando séptimo de esta resolución. (.)" De la transcripción se advierte que el amparo se concedió para que el Secretario de la entonces Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco y Comisión de Honor y Justicia de dicha Secretaría, hoy Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, pagara al quejoso la indemnización constitucional respectiva, la cual englobaría el pago de tres meses de salario, veinte días por cada año de servicio y demás prestaciones a que pudiera tener derecho, conforme a la legislación aplicable; asimismo, para que se efectuara la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, que fue separado o destituido de su cargo de manera injustificada. Luego, mediante resoluciones de quince de noviembre de dos mil diecinueve y dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se resolvió el incidente innominado de liquidación, así como su actualización, en la que se cuantificó la cantidad de ****, respectivamente. Por su parte, la autoridad responsable mediante oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el uno de octubre de dos mil veinte y veinticuatro de junio de dos mil veintidós, informó el cumplimiento y remitió diversas copias certificadas, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que puso a disposición del aquí quejoso las cantidades de ****. Luego, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve y ocho de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio ****, así como la constancia de ****, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Le de Amparo, de la que se advierte que el Director del Sistema Estatal de Información Sobre Seguridad Pública, informó al Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, que se realizaron las anotaciones correspondientes en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que fue separado y/o destituido de su cargo de manera injustificada. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, en su caso las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente proveído. Una vez terminado el proceso de depuración, se podrá realizar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de depurable. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En consecuencia de lo anterior, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. Finalmente, en acatamiento al artículo 18, del citado acuerdo Plenario, se ordena notificar a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Incidental

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión. En cumplimiento a lo previsto en los artículos 20, 21 y 24 del ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación y tomando en cuenta que se concedió la medida cautelar, se considera susceptible de depuración el cuaderno original, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la mencionada medida, así como el presente proveído. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, por lo que, una vez concluido el plazo de seis meses, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los cuadernos original y duplicado. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Notifíquese.

  4. Principal

    NOTIFIQUESE Y VIA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS. Visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y exhibe constancia de ello; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que declarará si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

Quedan 124 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,927 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano