José Alfredo Guillen Hidalgo
Expediente 1554/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1554/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- José Alfredo Guillen Hidalgo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el pedimento de cuenta firmado criptográficamente por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual formula opinión ministerial y manifiesta que comparte el criterio emitido por esta juzgadora en la resolución de veintidós de noviembre del año en curso, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda. Téngase por hecha la manifestación realizada en el pedimento de cuenta, en el sentido de la conformidad de la representación social con la sentencia emitida en este juicio de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Fanny del Carmen Gallegos Sernas, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso tercero de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Fanny del Carmen Gallegos Sernas, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto, el libelo de cuenta suscrito por la parte quejosa ******************** y ********************, por medio del cual amplían su demanda respecto de un nuevo acto reclamado. Al efecto, se acuerda. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la Jurisprudencia, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la ampliación de demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se desprende que la actuación combatida, es: El auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual le da contestación a su escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés, en autos del expediente laboral ******************** antes ********************, que atribuye a la autoridad responsable: Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. En ese orden de ideas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los numerales 17 y 18 del citado ordenamiento legal, prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Se afirma lo anterior, ya que de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado en el escrito de ampliación de demanda lo constituye el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual la autoridad responsable da contestación a su escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés, en autos del expediente laboral ******************** antes ********************. Ahora, a fin de evidenciar que se actualiza la causal de improcedencia anunciada, es preciso tener a la vista como hecho notorio, las constancias del expediente laboral ******************** antes ********************, que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el principio jurídico contenido en la jurisprudencia, de texto y rubro siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. De lo anterior, se tiene que el quejoso conoció del acto que reclama en su escrito de ampliación de demanda, por lo menos desde el doce de septiembre de dos mil veintitrés; de ahí que, el plazo de quince días para promover la demanda, conforme a lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, transcurrió del DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE AL CINCO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, sin contar los días inhábiles que mediaron entre esas fechas, de conformidad con los artículos 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, su escrito de ampliación fue presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional hasta el día veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, como se advierte del escrito que obra agregado en autos; de ahí que se estime promovida extemporáneamente. En consecuencia, dado que el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera su demanda transcurrió en exceso, su presentación resulta extemporánea, traduciéndose dicha circunstancia, en el consentimiento tácito del acto reclamado. Es aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235 del tomo XI, correspondiente al mes de junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Máxime, que el impetrante no se ubica dentro de las hipótesis legales que contempla el artículo 17, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Apoya a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." Aunado a lo anterior, del análisis íntegro del escrito de ampliación demanda de amparo, revela -como se viene diciendo- que el acto reclamado tienen su origen a partir del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual le da contestación a su escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés, en autos del expediente laboral ******************** antes ********************, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, el punto medular del presente asunto es un acto dentro de juicio cuyos efectos no son de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, ello, de conformidad con la definición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En principio, dicha porción normativa establece que los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: a) Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; b) Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. Atendiendo a dicha línea argumentativa y tomando en cuenta las notas distintivas apuntadas, este órgano de control constitucional concluye que los actos reclamados por el promovente del amparo no son de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues define una cuestión meramente procesal, que involucra derechos de naturaleza adjetiva. Es decir, no le causan afectación a sus derechos sustantivos, pues en el auto combatido únicamente se le dijo que no era procedente decretar la caducidad de la instancia solicitada, por no proceder dicha figura en materia laboral, sino la que contempla la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 771, 772 y 773. Por tanto, es inconcuso que no puede ser considerado de imposible reparación por no afectar derechos sustantivos el acto que tenga como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues sus efectos son únicamente formales y pueden repararse si el afectado obtiene una resolución favorable, lo cual si bien no es una certeza, existe esa posibilidad. En las relatadas circunstancias, es indubitable que en el caso a estudio se actualizan las causas de improcedencia invocadas; en tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Fanny del Carmen Gallegos Sernas, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 1554/2023 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto, el libelo de cuenta suscrito por la parte quejosa ******************** y ********************, por medio del cual amplían su demanda respecto de un nuevo acto reclamado. Al efecto, se acuerda. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la Jurisprudencia, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la ampliación de demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se desprende que la actuación combatida, es: El auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual le da contestación a su escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés, en autos del expediente laboral ******************** antes ********************, que atribuye a la autoridad responsable: Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. En ese orden de ideas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los numerales 17 y 18 del citado ordenamiento legal, prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Se afirma lo anterior, ya que de la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado en el escrito de ampliación de demanda lo constituye el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual la autoridad responsable da contestación a su escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés, en autos del expediente laboral ******************** antes ********************. Ahora, a fin de evidenciar que se actualiza la causal de improcedencia anunciada, es preciso tener a la vista como hecho notorio, las constancias del expediente laboral ******************** antes ********************, que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el principio jurídico contenido en la jurisprudencia, de texto y rubro siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. De lo anterior, se tiene que el quejoso conoció del acto que reclama en su escrito de ampliación de demanda, por lo menos desde el doce de septiembre de dos mil veintitrés; de ahí que, el plazo de quince días para promover la demanda, conforme a lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, transcurrió del DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE AL CINCO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, sin contar los días inhábiles que mediaron entre esas fechas, de conformidad con los artículos 19 de la ley de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, su escrito de ampliación fue presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional hasta el día veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, como se advierte del escrito que obra agregado en autos; de ahí que se estime promovida extemporáneamente. En consecuencia, dado que el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera su demanda transcurrió en exceso, su presentación resulta extemporánea, traduciéndose dicha circunstancia, en el consentimiento tácito del acto reclamado. Es aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 235 del tomo XI, correspondiente al mes de junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Máxime, que el impetrante no se ubica dentro de las hipótesis legales que contempla el artículo 17, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Apoya a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." Aunado a lo anterior, del análisis íntegro del escrito de ampliación demanda de amparo, revela -como se viene diciendo- que el acto reclamado tienen su origen a partir del auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual le da contestación a su escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés, en autos del expediente laboral ******************** antes ********************, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, el punto medular del presente asunto es un acto dentro de juicio cuyos efectos no son de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, ello, de conformidad con la definición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En principio, dicha porción normativa establece que los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: a) Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; b) Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. Atendiendo a dicha línea argumentativa y tomando en cuenta las notas distintivas apuntadas, este órgano de control constitucional concluye que los actos reclamados por el promovente del amparo no son de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues define una cuestión meramente procesal, que involucra derechos de naturaleza adjetiva. Es decir, no le causan afectación a sus derechos sustantivos, pues en el auto combatido únicamente se le dijo que no era procedente decretar la caducidad de la instancia solicitada, por no proceder dicha figura en materia laboral, sino la que contempla la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 771, 772 y 773. Por tanto, es inconcuso que no puede ser considerado de imposible reparación por no afectar derechos sustantivos el acto que tenga como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues sus efectos son únicamente formales y pueden repararse si el afectado obtiene una resolución favorable, lo cual si bien no es una certeza, existe esa posibilidad. En las relatadas circunstancias, es indubitable que en el caso a estudio se actualizan las causas de improcedencia invocadas; en tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Fanny del Carmen Gallegos Sernas, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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